Mirian Leal Nateras

Expediente 218/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
218/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Mirian Leal Nateras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés (foja 52), se dio vista a las partes con el informe y las constancias anexas sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, para que en el término del tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano judicial se pronunciaría al respecto, con base en las constancias que obran en autos. Las partes no realizaron manifestaciones y ya trascurrió el plazo otorgado, como se advierte de la certificación de cuenta; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si el fallo protector se encuentra o no cumplido. SENTENCIA CUMPLIDA Así, por sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo a la parte quejosa para que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, realizara lo siguiente: "Inmediatamente a partir del día siguiente al en que sea notificado de la resolución que declare firme la presente resolución, de no haberlo hecho, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda en los autos del juicio laboral 2967/2019 y cumpla el proceso de aprobación del proyecto de laudo, previsto en la legislación de la materia, hasta su engrose" Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se declaró que dicha sentencia había causado ejecutoria, por lo cual se requirió su cumplimiento (foja 38). Mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el cuatro de abril de dos mil veintitrés (fojas 44 a 51), la autoridad responsable remitió copia certificada del laudo emitido en el juicio laboral 2697/2019. En ese contexto, de las constancias exhibidas por la autoridad responsable, las que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa fue restituida en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, pues se cumplieron los efectos de la sentencia de amparo en sus términos. Por tanto, en con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia, sin excesos ni defectos. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, se declara que el presente expediente carece de relevancia documental; por tanto, en acatamiento del artículo 18, fracción I, inciso b), del invocado acuerdo general, así como el diverso 7.1.1, ordinal 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de depuración, al haberse concedido la protección constitucional. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de abril de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual exhibe diversas constancias con las que refiere dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto. VISTA CON CUMPLIMIENTO En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias recibidas y las que obran en autos con la finalidad de cumplir el fallo protector, para que dentro del término de tres días hábiles, manifiesten lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    L. Toluca, Estado de México; veintidós de marzo de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Del estado de autos y de la certificación de cuenta, se advierte que las partes no expusieron manifestaciones relativas a la manera en que la autoridad responsable expresó haber dado cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, por lo que, se procede a calificar el mismo. ...... En consecuencia, la autoridad responsable obligada a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el expediente en que se actúa, deberá emitir un acuerdo, donde, fundada y motivadamente, expliqué a la ahí actora, aquí quejosa, porqué es o no aplicable la norma que expone y, en el mismo sentido, en la que funda la responsable su determinación. Así, en términos del artículo 196, de la Ley de Amparo, no se tiene por cumplida la sentencia de amparo al existir defecto en su cumplimiento. Notifíquese como legalmente corresponda.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 218/2023-II-A; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Mediante escrito recibido el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, recibido en este Juzgado el mismo día, por razón de turno, Mirian Leal Nateras, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda de amparo y seguido el trámite correspondiente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que precede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, constitucionales; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclama una omisión, por lo cual carecen de ejecución material, y la demanda se presentó en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción en todas las materias de amparo. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado y autoridad responsable. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: Al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México: 1. La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 2967/2019 del índice de la autoridad responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó el Presidente del Tribunal responsable al rendir su informe justificado (foja 17); lo cual constituye una confesión expresa con pleno valor probatorio, en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, párrafo segundo. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, Tomo II, página 830, registro 1002815, cuyo epígrafe y contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que las partes no hicieron valer, ni se actualiza causa alguna de improcedencia que de oficio deba ser examinada por la suscrita; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso. La determinación que antecede encuentra sustento, por analogía, en la jurisprudencia 3a./J. 21/91, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VII, mayo de 1991, foja 49, registro 207000, que establece: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia alguna que amerite su estudio, no es fundado exigirle se haga cargo de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todas y cada una de las hipótesis de improcedencia contenidas en la Ley, porque basta que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Estudio. Es fundado y suficiente el concepto de violación expuesto por la parte quejosa para conceder el amparo solicitado. En efecto, como refiere la parte quejosa, se violenta en su perjuicio el artículo 17 Constitucional, al no acatarse el principio de justicia pronta y expedita en los plazos y términos que fija la ley, particularmente la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Para resolver, es necesario imponerse del contenido del artículo 17 de la Constitución Federal: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del dispositivo constitucional transcrito se desprende que, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, de manera pronta, completa e imparcial. Asimismo, los artículos 204 A, 242, 242 Bis, 243 y 244 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en lo que interesa, establecen: "Artículo 204 A. Operará la declaratoria de la caducidad de la instancia, cualquiera que sea el estado del procedimiento desde el primer auto que se dicte en el mismo hasta la emisión del laudo, si transcurridos ciento veinte días contados a partir de la notificación de la última determinación del Tribunal o la Sala no hubiere promoción que tienda a impulsar el procedimiento por la parte actora, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal o la Sala notificará a las partes a una audiencia, en la que después de oírlas y recibir las pruebas que ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente a la procedencia o improcedencia de la caducidad, dictará resolución. Artículo 242. Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se turnarán los autos al C. Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto de laudo correspondiente, observando el principio de celeridad procesal. Artículo 242 BIS. Una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de 15 días. Artículo 243. En la sesión en que se dicte resolución se observarán las siguientes reglas: I. El presidente dará lectura a su propuesta de laudo; II. Acto seguido se abrirá, en su caso, la discusión correspondiente; III. Finalmente el presidente recogerá la votación y declarará el resultado. Artículo 244. Si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal o de la Sala. Si se le hicieran modificaciones o adiciones, se harán constar en el acta y el presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. Una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes". Así, de las constancias que obran en autos, se advierte que: En proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable cerró instrucción y ordenó turnar los autos del juicio laboral 2967/2019, al Auxiliar Dictaminador para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, sin que a la fecha lo haya dictado. Se considera que en el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno se cerró la instrucción, y no en el de dieciocho de mayo de dos mil veintidós que sostiene la autoridad responsable, porque ésta exhibe copia certificada de este último proveído de cuyo contenido nada se aprecia sobre el cierre de instrucción; por tanto, se tiene por cierta la información de la parte quejosa- En ese contexto, a la fecha de la presente determinación sin duda ha transcurrido en exceso no solo el plazo de quince días a que se refiere el artículo 242 Bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; sino más de los ciento veinte días que prevé el diverso 204 A, para decretar la caducidad de la instancia; por tanto, existe una abierta demora del procedimiento. Consecuentemente, se han vulnerado los preceptos en comento, pues al no haberse emitido el proyecto de laudo, no se ha continuado con las diversas etapas de su dictado, paralizando totalmente el procedimiento laboral de origen. Por tanto, se estima que el tribunal responsable vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho a una administración de justicia expedita, pronta, completa e imparcial, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Luego, se concluye que la dilación reclamada por la promovente del amparo vulnera el derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad responsable debe acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional; independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que la autoridad debe realizar dentro del ámbito de sus facultades las actuaciones necesarias a fin de que el proyecto de laudo sea emitido en tiempo y así estar en posibilidad de concretar el dictado del mismo. Sustenta lo anterior, por el criterio que contiene, la tesis de jurisprudencia IV.3o.T. J/57, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página: 1283, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del texto: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En ese orden, como la responsable no observó el derecho humano que consagra el artículo 17 de la Carta Magna, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México: Inmediatamente a partir del día siguiente al en que sea notificado de la resolución que declare firme la presente resolución, de no haberlo hecho, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda en los autos del juicio laboral 2967/2019 y cumpla el proceso de aprobación del proyecto de laudo, previsto en la legislación de la materia, hasta su engrose. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve a poyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala del más alto Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de los datos siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, fracción V, 77, fracción II, y 107 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Mirian Leal Nateras, contra la omisión y la autoridad responsable precisadas en el considerando segundo, para los efectos señalados en el último apartado de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Laura Gabriela Serrano de la Cruz, secretaria que autoriza y da fe.

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