Miriam Zeferino Vera

Expediente 2051/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2051/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Miriam Zeferino Vera
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal el doce de marzo de dos mil veinte y diecinueve de agosto del año en curso, la delegada y el representante legal de la responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, respectivamente, informaron que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veinte de agosto de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el siete de octubre de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Determinación que fue recurrida por la autoridad responsable. Luego, por resolución emitida el veintitrés de enero de dos mil veinte, en los autos del amparo en revisión 927/2019, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, desechó el recurso de revisión intentado; por lo que se requirió a la responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para los efectos siguientes: "(.) En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sea desincorporado de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I) y $280.00 pesos (fracción XVIII), por cada pago de los conceptos de inscripción de documento público y préstamo hipotecario, con sustento el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por el quejoso, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado y préstamo hipotecario. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) y $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece la fracciones I y XVIII, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago de los derechos por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, (.)" Así, mediante oficio signado por la delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, recibido en la oficialía de partes de este juzgado, el doce de marzo de dos mil veinte, informó y acreditó que se había efectuado a la parte quejosa una transferencia por el monto total de $14,161.18 (catorce mil ciento sesenta y un pesos 18/100 moneda nacional). De igual manera por diverso ocurso, presentado el diecinueve de agosto de la presente anualidad, el representante legal de dicha autoridad, informó la desincorporación del quejoso de los preceptos declarados inconstitucionales. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $14,364.00 (catorce mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), menos el monto de $290.00 pesos, relativo a la cuota fija mínima establecida para la inscripción de documento público o privado y $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, da como resultado un total de $13,794.00 (trece mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve y el once de marzo de dos mil veinte, la responsable efectuó la devolución por transferencia bancaria de la cantidad indicada a la parte quejosa, por concepto de devolución de lo erogado. Por lo que el período de actualización comprende del mes de julio de dos mil diecinueve al mes de febrero de dos mil veinte. Luego, el factor de actualización, debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de febrero de dos mil veinte (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil diecinueve fue de 103.687; y para el mes de febrero de dos mil veinte de 106.889. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03088. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $13,794.00 (trece mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), (cantidad que resulta de descontar la obligación de la cuota mínima por cada uno de los conceptos que se establecieron en el recibo de pago) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $14,219.95 (catorce mil doscientos diecinueve pesos 95/100 moneda nacional); por lo que, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $425.95 (cuatrocientos veinticinco pesos 95/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $14,219.95 (catorce mil doscientos diecinueve pesos 95/100 moneda nacional); sin embargo, de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $14,161.18 (catorce mil ciento sesenta y un pesos 18/100 moneda nacional); es decir, faltó devolverle la cantidad de $58.77 (cincuenta y ocho pesos 77/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de por una parte se sobreseyó, y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio presentado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte promovente del amparo con el oficio y anexo de cuenta, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio constitucional, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. NOTIFÍQUESE Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO******************** Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha la autoridad responsable ha sido omisa en informar el cumplimiento al fallo protector******************** En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ********************, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, informe el cumplimiento dado al fallo protector; esto es: "Notifique a este órgano federal que haya desincorporando de la esfera jurídica los preceptos preceptos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit"******************** Se le apercibe que de no hacerlo con causa justificada, dentro del plazo que se le indica, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de la materia, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México******************** En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis******************** NOTIFÍQUESE

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el libelo signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por medio del cual refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al respecto, remite copia de la transferencia realizada a favor de la parte quejosa; consecuentemente, agréguese a los autos el oficio de referencia para que surta sus efectos legales correspondientes. Al respecto dígasele a la autoridad oficiante que por auto de trece de marzo de la presente anualidad, se tuvo a la autoridad responsable, por conducto de su delegada, remitiendo copia de la trasferencia realizada; sin embargo, mediante auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se requirió a la responsable, a efecto de que diera total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es: "Notifique a este órgano federal que haya desincorporando de la esfera jurídica los preceptos preceptos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit". Por tanto, atendiendo al sentido de dicha sentencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de la materia, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa a cada una de ellas, por la cantidad de cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. Notifíquese.

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