Miriam Zamora Gómez
Expediente 434/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Miriam Zamora Gómez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase recibido el oficio signado por la Presidenta de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el que acusa recibo del diverso 12573/2019-II-A, por el que se le devolvieron las constancias que acompañó a su informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 434/2019-II-A, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de siete de noviembre del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. ANOTACION DE VALORACION DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARATULA DE EXPEDIENTE Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS En otro contexto, toda vez que no es necesaria la retención de las constancias que remitió como complemento a su informe justificado la Presidenta de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, devuélvansele y se solicita se sirva acusar recibo, previo glose de la portada del anexo uno formado con las mismas. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de noviembre de dos mil diecinueve. SE RECIBE OFICIO Y EXPEDIENTE Téngase recibido el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria encargada del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y anexo que al mismo acompaña consistente en los autos del juicio de amparo 1098/2019, promovido por ************* contra actos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, toda vez que el citado Juzgado de Distrito declaró carecer de competencia legal para conocer del aludido juicio de amparo, mediante proveído de cuatro de noviembre del año en curso, declinando dicha competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, atento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Fórmese el expediente relativo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 434/2019. Ahora, de la resolución de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la autoridad oficiante, se advierte que ésta declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que dio origen al juicio de que se trata, en la que como acto reclamado se señaló la resolución dictada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en el toca 555/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la peticionaria del amparo en contra de la interlocutoria de veintiuno de mayo del presente año, que resolvió el incidente de falsedad de firma, pronunciada por el Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí, en el expediente 87/2017, municipio que se encuentra dentro de la jurisdicción de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, se acepta la competencia que se plantea en virtud del límite territorial a que se refiere el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por ende, avóquese este Juzgado al conocimiento de la misma, fórmese el expediente relativo, anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo bajo el número 434/2019 y acúsese el recibo de estilo correspondiente. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida ************* contra actos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo, de la que se advierte que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XXlll y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Es así, toda vez que se advierte que el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto en el precitado artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de amparo biinstancial. Se afirma lo anterior, dado que de la demanda que se plantea, se advierte que la quejosa combate la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en el toca 555/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la peticionaria del amparo en contra de la interlocutoria de veintiuno de mayo del presente año, que resolvió el incidente de falsedad de firma, pronunciada por el Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí, en el expediente 87/2017, relativo al juicio ordinario civil por divorcio necesario; mediante la cual se declara procedente el incidente de falsedad de firmas propuesto por su contraria parte, atinente al escrito de ofrecimiento de pruebas que recibió el Juez natural el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, declarando nulo el contenido, así como la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por la ahora quejosa en dicho controvertido, mismas que no deberán tomarse en cuenta en la sentencia definitiva. En efecto, el presente juicio constitucional es improcedente, pues dicho acto reclamado en todo caso constituye un acto procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, toda vez que de lo manifestado en su demanda de amparo, sustancialmente alega la quejosa que con el dictado de la resolución de veinticinco de septiembre se declaró la nulidad del escrito por el cual ofreció pruebas, así como las pruebas desahogadas y que no se tomaran en consideración en la sentencia que en su momento se dicte en el expediente 87/2017; lo que no causa a la quejosa una afectación directa a los derechos humanos que tutela la Ley Suprema, sino sólo de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados al obtener un fallo favorable; máxime porque de la lectura de la demanda se advierte que es parte activa en el controvertido y no se ha dictado sentencia definitiva. De manera tal, que las violaciones de que se duele la impetrante en caso de no resultarle favorable la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, podrá alegarse vía concepto de violación en el juicio de amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia respectiva; por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afectan las defensas del quejoso, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, según se dijo ya. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable, dado que en este caso se trata de cuestiones que tienen que ver con la recepción y desahogo de pruebas. Sirve de apoyo a lo anterior, Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XXXI correspondiente al mes de Marzo de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuy rubro y texto son los siguientes: "DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN. SU DESECHAMIENTO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que, por regla general, el desechamiento de pruebas en el juicio civil es reclamable mediante juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo y, que esta regla general sufre una excepción cuando se está ante el supuesto en el que el desechamiento de las pruebas pueda tener una ejecución de imposible reparación, porque en tal caso, se estaría vulnerando una garantía individual que no es susceptible de repararse aunque la sentencia llegare a ser favorable. En ese orden, se debe considerar que la naturaleza jurídica del documento que se exhibe como base de la acción en un juicio, es la de un documento probatorio con el que se pretende demostrar un hecho o acreditar un derecho y, en ese sentido, es dable concluir que su desechamiento no genera de manera inexorable la imposibilidad jurídica de que el juez resuelva el fondo del asunto sometido a su consideración, pues la relación jurídica sustantiva existente entre las partes en un juicio civil no sólo es susceptible de ser acreditada con el documento base de la acción, ya que ésta puede quedar demostrada con el demás acervo probatorio; por ende, el acto que desecha el documento base de la acción no reviste la característica de ser un acto de imposible reparación y, siendo así, para su impugnación habrá de seguirse la regla general que estatuye que el desechamiento de las pruebas en el juicio civil constituye una violación reclamable mediante el juicio de amparo directo, sin que se actualice una excepción que haga procedente, de inmediato, el amparo en la vía indirecta." Sin que con lo aquí determinado, se transgredan derechos sustantivos de la quejosa o de la menor de edad producto del matrimonio que se pretende disolver con el juicio, pues las pruebas se ofrecieron para acreditar los planteamientos de la demandada no guardan relación con los derechos de los hijos del matrimonio, de manera que únicamente tendrá efectos en derechos adjetivos de la demandada. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113, de la ley de la materia. AUTORIZADOS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES En otro contexto, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones de la quejosa, a los licenciados Lorenzo Sánchez Andrade, Anahuristela López Cuellar, Dulce María de Monserrat Saldaña, Saul Aguilera Romero, Yasser Karim Lara Rodríguez y Eva Maricela Sabre Moreno; y únicamente para imponerse de autos a las restantes personas señaladas toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. AUTORIZACIÓN DE ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otro lado y como lo solicita la quejosa en su demanda de amparo, se autoriza el acceso para la consulta del expediente electrónico del juicio que nos ocupa, así como las notificaciones personales por vía electrónica, con el usuario "LOSAAN" de conformidad con los artículos 93 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; en tal virtud, instrúyase a la Secretaria de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, así como grabadoras o lectores ópticos, respecto de las actuaciones que obran tanto en este expediente como en el incidente de suspensión derivado del mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista el auto de siete de noviembre de dos mil diecinueve, a la parte quejosa, que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de noviembre de dos mil diecinueve. SE RECIBE OFICIO Y EXPEDIENTE Téngase recibido el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria encargada del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y anexo que al mismo acompaña consistente en los autos del juicio de amparo 1098/2019, promovido por ************* contra actos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, toda vez que el citado Juzgado de Distrito declaró carecer de competencia legal para conocer del aludido juicio de amparo, mediante proveído de cuatro de noviembre del año en curso, declinando dicha competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, atento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Fórmese el expediente relativo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 434/2019. Ahora, de la resolución de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la autoridad oficiante, se advierte que ésta declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que dio origen al juicio de que se trata, en la que como acto reclamado se señaló la resolución dictada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en el toca 555/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la peticionaria del amparo en contra de la interlocutoria de veintiuno de mayo del presente año, que resolvió el incidente de falsedad de firma, pronunciada por el Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí, en el expediente 87/2017, municipio que se encuentra dentro de la jurisdicción de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, se acepta la competencia que se plantea en virtud del límite territorial a que se refiere el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por ende, avóquese este Juzgado al conocimiento de la misma, fórmese el expediente relativo, anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo bajo el número 434/2019 y acúsese el recibo de estilo correspondiente. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida ************* contra actos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo, de la que se advierte que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XXlll y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Es así, toda vez que se advierte que el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto en el precitado artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de amparo biinstancial. Se afirma lo anterior, dado que de la demanda que se plantea, se advierte que la quejosa combate la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en el toca 555/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la peticionaria del amparo en contra de la interlocutoria de veintiuno de mayo del presente año, que resolvió el incidente de falsedad de firma, pronunciada por el Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí, en el expediente 87/2017, relativo al juicio ordinario civil por divorcio necesario; mediante la cual se declara procedente el incidente de falsedad de firmas propuesto por su contraria parte, atinente al escrito de ofrecimiento de pruebas que recibió el Juez natural el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, declarando nulo el contenido, así como la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por la ahora quejosa en dicho controvertido, mismas que no deberán tomarse en cuenta en la sentencia definitiva. En efecto, el presente juicio constitucional es improcedente, pues dicho acto reclamado en todo caso constituye un acto procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, toda vez que de lo manifestado en su demanda de amparo, sustancialmente alega la quejosa que con el dictado de la resolución de veinticinco de septiembre se declaró la nulidad del escrito por el cual ofreció pruebas, así como las pruebas desahogadas y que no se tomaran en consideración en la sentencia que en su momento se dicte en el expediente 87/2017; lo que no causa a la quejosa una afectación directa a los derechos humanos que tutela la Ley Suprema, sino sólo de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados al obtener un fallo favorable; máxime porque de la lectura de la demanda se advierte que es parte activa en el controvertido y no se ha dictado sentencia definitiva. De manera tal, que las violaciones de que se duele la impetrante en caso de no resultarle favorable la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, podrá alegarse vía concepto de violación en el juicio de amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia respectiva; por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afectan las defensas del quejoso, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, según se dijo ya. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable, dado que en este caso se trata de cuestiones que tienen que ver con la recepción y desahogo de pruebas. Sirve de apoyo a lo anterior, Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XXXI correspondiente al mes de Marzo de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuy rubro y texto son los siguientes: "DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN. SU DESECHAMIENTO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que, por regla general, el desechamiento de pruebas en el juicio civil es reclamable mediante juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo y, que esta regla general sufre una excepción cuando se está ante el supuesto en el que el desechamiento de las pruebas pueda tener una ejecución de imposible reparación, porque en tal caso, se estaría vulnerando una garantía individual que no es susceptible de repararse aunque la sentencia llegare a ser favorable. En ese orden, se debe considerar que la naturaleza jurídica del documento que se exhibe como base de la acción en un juicio, es la de un documento probatorio con el que se pretende demostrar un hecho o acreditar un derecho y, en ese sentido, es dable concluir que su desechamiento no genera de manera inexorable la imposibilidad jurídica de que el juez resuelva el fondo del asunto sometido a su consideración, pues la relación jurídica sustantiva existente entre las partes en un juicio civil no sólo es susceptible de ser acreditada con el documento base de la acción, ya que ésta puede quedar demostrada con el demás acervo probatorio; por ende, el acto que desecha el documento base de la acción no reviste la característica de ser un acto de imposible reparación y, siendo así, para su impugnación habrá de seguirse la regla general que estatuye que el desechamiento de las pruebas en el juicio civil constituye una violación reclamable mediante el juicio de amparo directo, sin que se actualice una excepción que haga procedente, de inmediato, el amparo en la vía indirecta." Sin que con lo aquí determinado, se transgredan derechos sustantivos de la quejosa o de la menor de edad producto del matrimonio que se pretende disolver con el juicio, pues las pruebas se ofrecieron para acreditar los planteamientos de la demandada no guardan relación con los derechos de los hijos del matrimonio, de manera que únicamente tendrá efectos en derechos adjetivos de la demandada. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113, de la ley de la materia. AUTORIZADOS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES En otro contexto, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones de la quejosa, a los licenciados Lorenzo Sánchez Andrade, Anahuristela López Cuellar, Dulce María de Monserrat Saldaña, Saul Aguilera Romero, Yasser Karim Lara Rodríguez y Eva Maricela Sabre Moreno; y únicamente para imponerse de autos a las restantes personas señaladas toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. AUTORIZACIÓN DE ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otro lado y como lo solicita la quejosa en su demanda de amparo, se autoriza el acceso para la consulta del expediente electrónico del juicio que nos ocupa, así como las notificaciones personales por vía electrónica, con el usuario "LOSAAN" de conformidad con los artículos 93 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; en tal virtud, instrúyase a la Secretaria de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, así como grabadoras o lectores ópticos, respecto de las actuaciones que obran tanto en este expediente como en el incidente de suspensión derivado del mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese personalmente. "
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