Miriam Villagran Sanchez

Expediente 472/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
472/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Miriam Villagran Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha feneció el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que Miriam Villagrán Sánchez, interpusiera recurso de queja en contra el auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Finalmente, se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte promovente.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2021; Que el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del uno de marzo al treinta de junio de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria; Ahora, de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el veinte de mayo de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida en la misma data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 472/2021 que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. DESECHAMIENTO. Debe precisarse que la parte quejosa acude a esta contienda constitucional, en su carácter de víctima dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/NORTE-I/03584/2021 y, reclama a 1. Nancy Rodríguez Romero, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Norte de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Puebla la demora y/o retardo para remitir la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/NORTE-I/03584/2021, a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar; determinación de cinco de marzo de dos mil veintiuno. Por lo que respecta al citado acto reclamado, debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie también se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" De tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Es decir, el principio de definitividad encuentra sustento en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias para producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, ello, siempre que tales recursos o medios de impugnación suspendan el acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio de garantías; salvo los casos de excepción, previstos legal y jurisprudencialmente. No se soslaya que, no existe obligación de agotar los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado cuando el gobernado únicamente aduzca violaciones directas a la Constitución, ya que no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. Así, la excepción al principio de definitividad se actualiza cuando la parte quejosa aduce violaciones directas a la Constitución, se actualiza, por exclusión: 1. Cuando el acto reclamado carece absolutamente de fundamentación y motivación; y, 2. Cuando exclusivamente se aduce violación a la garantía de audiencia, pero fuera de esas hipótesis, los particulares se encuentran obligados a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales -ley reglamentaria en materia procesal penal-, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" De lo que se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el Juez de Control facultado para tal efecto, ya que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, procederá el juicio de amparo. Por tanto, se concluye que la finalidad de los medios de impugnación es combatir la actuación de determinada autoridad, lograr que se realice un examen de lo actuado y, con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna. Entre los diversos medios de impugnación -género-, destacan los recursos -especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad, y son interpuestos mediante un trámite específico para subsanar las omisiones, excesos, defectos y, en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables. Así, los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten su pretensiones. Por tanto, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Así mismo, indicó que las referidas determinaciones no se limitan a las enunciadas en dicho numeral (258), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Luego, bajo esa tesitura, es evidente que la determinación que reclama la parte quejosa, es impugnable, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De esta manera, si el medio de defensa que contempla la ley que rige el acto tildado de inconstitucional tiene por objeto impulsar la prosecución del procedimiento penal, es claro que existe la obligación de promoverlo previamente a la solicitud del amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Luego, la facultad de impugnar prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las omisiones y actuaciones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. En ese sentido, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal-, y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la demora y/o retardo para remitir la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/NORTE-I/03584/2021, a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar; determinación de cinco de marzo de dos mil veintiuno, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, toda vez que el citado artículo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, de impugnar las omisiones y/o determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. En consecuencia demora o retardo antes citados; deben ser impugnados en la vía jurisdiccional ordinaria, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues según lo establece el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, y el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar en sede judicial. Por lo tanto, al no haberse agotado el medio de impugnación ordinario, contra la omisión reclamada, en la especie se actualiza de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; lo que conlleva a desechar la demanda de derechos fundamentales, en términos de lo dispuesto por el numeral 113 de la mencionada Ley, en contra del acto reclamado a la 1. Nancy Rodríguez Romero, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Norte de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, consistente en la demora y/o retardo para remitir la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/NORTE-I/03584/2021, a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar; determinación de cinco de marzo de dos mil veintiuno. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO. Téngase como tal, el que se señala en la demanda de mérito. En diverso aspecto, no ha lugar a tener como medio de comunicación el correo electrónico y número personal que proporciona para tal efecto, pues dicha vía de comunicación no se encuentra prevista por la Ley de Amparo; sin embargo, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, y 2, fracción XIX del Acuerdo General 13/2020, en relación con el diverso 5 de su similar 21/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase únicamente para establecer un contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones ni notificarse por esos medios y solo en casos excepcionales. NOTIFICACIÓN ELECTRONICA Y ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRONICO. Por otra parte, el promovente solicitó que se le realicen las notificaciones vía electrónica, así como el acceso al expediente por la misma vía, a través del usuario "CINDYVILLAGRAN", por lo que con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, vigente al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación -doce de junio de dos mil veinte-, se provee: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del mencionado Acuerdo General 12/20202 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que Cindy Villagrán Sánchez es titular del usuario: "CINDYVILLAGRAN", el cual se encuentra vigente y se concede al ante mencionado, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se ordena que las notificaciones de las resoluciones judiciales se realicen vía electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Signifíquese a la parte promovente que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. AUTORIZADOS. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Cindy Villagrán Sánchez y a Rosa María González Ramírez, ya que se constató que cuentan con cédulas profesionales de licenciados en Derecho. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese electrónicamente a la parte promovente y por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial A adscrito a este Juzgado.

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