Miriam Veronica Hernandez Pimentel
Expediente 2308/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2308/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/05/2023
Partes del expediente
- Miriam Veronica Hernandez Pimentel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Tribunal colegiado admite recurso de revisión. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito informa el contenido del acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo indirecto en revisión R-298/2023, del cual advierte que se admitió a trámite dicho medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Atento a su contenido, tómese nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de abril de dos mil veintitrés. Parte quejosa interpone recurso de revisión. La parte quejosa, ..., interpone recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se ordena tramitar el citado recurso y correr traslado a las partes con copia del escrito de agravios, una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente en que se actúa, en el término de tres días siguientes a ello, remítase el original del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, a fin de que se sirva sustanciarlo. En el entendido que de conformidad con el Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula el expediente electrónico, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico los documentos recibidos en ese formato, por lo que únicamente se enviarán al Tribunal Colegiado aquellas constancias que obran de forma física en el expediente. En ese sentido, infórmese al Tribunal Colegiado que conozca del citado medio de impugnación que ya está disponible la consulta del expediente electrónico de este asunto. Finalmente, fórmese cuaderno de antecedentes en el que se integraran al expediente físico, los documentos recibidos en ese formato. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Autoridad cumple requerimiento. El Fiscal General del Estado, por conducto de su representación, da contestación al requerimiento formulado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. En ese orden, se toma conocimiento de lo informado para los efectos legales conducentes y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el auto que lo conminó. Sobreseimiento fuera de audiencia. De acuerdo con en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Bajo esa perspectiva, resulta oportuno precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que litis es la siguiente: Parte quejosa. ********************, por propio derecho. Autoridades responsables: Fiscal General del Estado de Puebla y Fiscal de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Acto reclamado. La omisión de dar contestación a su escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los preceptos legales transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. En esas condiciones, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y particulares, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca, en la órbita ordinaria, el procedimiento contencioso administrativo, así como los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Constitución Federal dispone una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supra a subordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las cuales actúan en un mismo plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose a su vez por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional, entre los que destacan las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que hace alusión el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. A partir de las premisas anteriores, se estima que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, y determinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que la o el promovente tenga el carácter de particular y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Adicionalmente, conviene señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte, al resolver el amparo en revisión 327/2017, precisó que la intervención pública es el principio que sustenta el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que con base en éste se puede determinar si un acto especifico está investido con la fuerza de imponerse unilateralmente y, por tanto, susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de las y los particulares, sin que su actuación requiriese la autorización previa de la parte afectada o la anuencia de un órgano judicial. Asimismo, precisó que no debía resultar relevante la naturaleza del órgano o autoridad responsable -si es un órgano de la administración pública centralizada o descentralizada, por ejemplo-, toda vez que lo determinante es verificar si el acto encuentra sustento en el ordenamiento jurídico con un poder suficiente para que a través de éste se pueda crear, extinguir o modificar la esfera jurídica del quejoso de manera unilateral. Con base en las premisas expuestas, puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; d. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Dicho lo anterior, a fin de determinar la procedencia o no de la acción de amparo, se debe atender al caso particular, es decir, al tipo de petición que planteó la parte quejosa, pues la protección de ese derecho fundamental a través del juicio de amparo requiere que se formule al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. En efecto, el derecho de petición constituye uno de los derechos públicos subjetivos que nuestra Constitución consagra a favor de los gobernados en las relaciones jurídicas de supra a subordinación entre éstos y el Estado, y el juicio de amparo el medio de defensa instituido para la salvaguarda de tales derechos. Entonces, el derecho de petición implica la facultad que tiene el gobernado de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe dársele a conocer en breve término. En ese orden de ideas, el derecho de petición supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente público, obligado como tal a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho. Precisado lo anterior, es relevante recordar que en el caso concreto la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación a su escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, a través del cual solicitó la rotación de manera extraordinaria de su lugar de adscripción como agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Coordinación de Módulos de Atención Express, formulada al Fiscal General del Estado de Puebla. Sin embargo, del contenido de su petición y de las constancias que obran en autos, resulta evidente que dicha petición se emitió dentro del ámbito de un relación laboral, por lo que el Fiscal General del Estado de Puebla no actúa en su carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, sino que la petición formulada en el presente asunto está relacionada con las condiciones generales del trabajo, por lo que fue efectuada a la autoridad responsable en su carácter de patrón. De ahí que, si en la especie, el acto que la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo surge dentro del ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal [relación de coordinación], es indudable que tiene el carácter de empleador y, por tanto, no resulta ser un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En esa tesitura, este juzgado federal encuentra que la petición que elevó la parte quejosa está inscrita en el marco de una relación de coordinación entre esta última y la autoridad, propia de su calidad de patrón y trabajador. De ahí que el ejercicio del derecho de petición que nos ocupa se encuentra inserto en el marco de una relación de coordinación entre la autoridad y la parte quejosa, que en realidad es propia del binomio patrón trabajador. Ahora bien, si el acto reclamado no deriva del objeto que tiene el Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla como representante de ese ente público, sino de la relación patrón-trabajador con la quejosa, como se anunció, es improcedente el juicio constitucional, pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre aquéllos es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano (de igualdad); razón por la cual, es procedente se DESECHE la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia derivada de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, cabe destacar que del escrito dirigido al Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, también se advierte que la quejosa manifestó prestar sus servicios para dicha secretaría en atención al nombramiento expedido a su favor el veintiséis de julio del año en curso e incluso que tiene asignada una clave presupuestal. Es por ello que, el funcionario señalado como responsable, en el caso concreto, no puede tener ese carácter para efectos del juicio de amparo, pues no actuó como autoridad en términos de la Ley de Amparo y, en consecuencia, el acto reclamado no puede ser combatido a través del juicio de amparo, en virtud de que se está en presencia de una controversia derivada del nombramiento de la quejosa como trabajadora y de la prestación de sus servicios que tiene como origen la existencia de una relación laboral, por lo que en el caso, la señalada como autoridad responsable no está investida con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa; y, por ello, no pueden hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva ya que, en el caso, se trata de una cuestión derivada de su calidad de ente patronal equiparado. En ese sentido, cabe mencionar que al ser el punto principal de la controversia la omisión de dar respuesta a su escrito en el que la quejosa solicitó al Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, le informara por qué no le era pagado su salario, dicho aspecto se encuentra regulado específicamente en las leyes aplicables, por lo que, en su caso, si se considera que tal acto o los subsecuentes contravienen sus derechos, la vía procedente para su impugnación es el procedimiento respectivo ante la autoridad laboral competente, a fin de hacer valer lo que a su interés convenga. De ahí que ese acto debe considerarse dado entre un trabajador y su patrón, pues la autoridad que lo emitió actuó en un plano de coordinación y no de supra-subordinación, por lo que sus actos quedan comprendidos dentro de aquéllos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones laborales el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruentemente con la doble función del Estado; por tanto -se reitera-, los actos indicados no pueden ser considerados como provenientes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues ésta no actuó con potestad de imperio. En las relatadas condiciones, como se anunció, es improcedente el juicio de amparo, por lo que procede es que deseche la demanda que aquí se examina, ello, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Pero además, porque en el presente caso no se requiere hacer un análisis profundo sobre la naturaleza del acto reclamado, pues basta analizar las documentales que obran en autos, para advertir que en este caso se reprocha una omisión que surgió en una relación laboral entre la parte quejosa y la autoridad señalada como responsable, lo que no podría desvirtuarse con algún medio de prueba, cuestiones que ponen de manifiesto la causa de improcedencia invocada. Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Por último, no pasa desapercibido que en el oficio de cuenta la representación de la autoridad responsable, Fiscal General del Estado, en atención al requerimiento de aclaración de informe justificado que obra en autos, manifiesta que quien es el encargado de atender la petición de la parte quejosa es el Oficial Mayor adscrito a dicha fiscalía, pues, como se expuso en párrafos que preceden, dicha solicitud deriva de la relación patrón-trabajador de la parte quejosa y la institución a la que se encuentra adscrita, en contra de la cual, como se anunció, es improcedente el juicio constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta minutos del once de abril de dos mil veintitrés. Finalmente, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Informe justificado de ampliación. El Fiscal de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por conducto de su representación, rinde informe justificado respecto de la ampliación de demanda admitida el veinte de febrero de dos mil veintitrés, el cual se tiene por rendido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Vista con informe. Con el contenido de lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que adjunta de manera digital a su oficio de cuenta, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Ahora bien, de la lectura del informe justificado de cuenta, se advierte que la autoridad responsable, Fiscal de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, manifestó que tomando en consideración los apartados tercero, cuarto y quinto del Manual M/002/2022 para la rotación del personal de las Unidades Administrativas de la Fiscalía General del Estado de Puebla, correspondientes a los objetivos, elementos, tipos y periodicidad de la rotación, determinó que sí es factible realizas las gestiones para la rotación de la parte quejosa; sin embargo, mediante comunicación ..., de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado hizo del conocimiento del fiscal en comento que el cambio de adscripción del personal de la fiscalía es una facultad indelegable del Fiscal General del Estado, de modo que es a éste a quien, en apariencia, le corresponde pronunciarse. Tal como se advierte de la siguiente digitalización: ........... Requerimiento a autoridad responsable. En consecuencia, con copia del oficio anteriormente digitalizado, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Fiscal General del Estado, para que realice lo siguiente: En el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, subsane y aclare su informe justificado, esto es, indiqué cuál es la autoridad competente para pronunciarse sobre la petición de la parte quejosa contenida en el escrito de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, relacionada con la rotación de su lugar de adscripción por los motivos que expuso. Lo anterior, pues al rendir su informe de ley hizo del conocimiento que por conducto del oficial mayor remitió el ocurso de la parte quejosa al Fiscal de Investigación Metropolitana, quien, como se observa de lo anteriormente narrado, en principio no es la autoridad competente para dar respuesta a lo peticionado por la parte quejosa. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente. Se reserva vista. Finalmente, de estimarse que procede dar vista con un nuevo acto reclamado, derivado de la respuesta dada por el Fiscal de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, resérvese hacer el pronunciamiento que corresponda hasta que se cuente con la información solicitada en párrafos anteriores. Notifíquese.
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