Miriam Vanesa Domínguez Elizola
Expediente 469/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 469/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Miriam Vanesa Domínguez Elizola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Téngase recibido el oficio 747/2023, signado autógrafamente por la Titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a través del cual informa que por un error involuntario recibió el comunicado 13205/2023, dirigido al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito antes citado, en tal virtud, gírese atento oficio a la autoridad anotada en orden final, al que deberá acompañarse copia electrónica de la citada determinación judicial, para los efectos legales a que ésta se contrae.
- Incidental
Visto el estado de los autos, se obtiene como hecho notorio que en esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo 469/2023, del que deriva el incidente en que se actúa y, que en dicho cuaderno incidental, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, el cuaderno original del incidente de suspensión es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que no se encuentra registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia dictada por este juzgado, el seis de julio de dos mil veintitrés, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la quejosa y la Agente del Ministerio Público adscrita, fueron notificadas el siete siguiente, quedando comprendido dicho lapso del once al veinticuatro de los cursantes. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Sin que para ello resulte inadvertido, que las autoridades responsables foráneas no se encuentran notificadas de los oficios en los que se les comunicó dicha determinación judicial; sin embargo, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto que les fue reclamado; lo que en la especie no ocurre, en virtud de que se decretó el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 20, fracción I), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que se decretó el sobreseimiento en el juicio. De igual manera, realícese la valoración documental en el cuaderno incidental, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido en el párrafo precedente.
- Principal
Audiencia constitucional. En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las once horas con veinte minutos del seis de julio de dos mil veintitrés, hora y día señalados en auto de treinta y uno de mayo del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 469/2023. El licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de la secretaria de juzgado, licenciada Karín Patricia Rodríguez Morán, con quien actúa y da fe, la declaró abierta, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no se desprende promoción dirigida a este sumario con el propósito de comparecer a la presente audiencia, en términos de lo establecido en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Acto seguido, la secretaria realiza una lectura íntegra del escrito relativo a la demanda de amparo y procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos: escrito inicial de demanda promovida por Miriam Vanesa Domínguez Elizola, auto admisorio de treinta y uno de mayo del año en curso, e informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria, así como por la Actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional, Juez Primero Interina de Primera Instancia en Materia Civil y constancias de notificación de los oficios 10413/2023, 10415/2023 y 10416/2023, dirigidos al Juez Segundo Letrado en Materia Civil y Actuarios adscritos a este último órgano jurisdiccional y al Juzgado Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, todos ellos con sede en Torreón Coahuila; así como las constancias de emplazamiento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y del tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Acto seguido, el Juez acuerda: ténganse relacionadas las constancias que obran en autos y de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, rendidos los informes justificados de referencia. Abierto el período probatorio: la secretaria da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria, con sede en Torreón, Coahuila, al rendir su informe justificado. Acto seguido, el Juez acuerda: con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 del ordenamiento legal en cita, se tienen admitidos y desahogados los anotados medios de convicción, los que serán tomados en consideración en su oportunidad, con lo que concluye la presente fase. Abierta la etapa de alegatos: la secretaria hace constar que la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita a este juzgado, no presentó pedimento ni las demás partes hicieran uso de ese derecho, con lo que se concluye el periodo de referencia. Sin que exista diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 469/2023, promovido por Miriam Vanesa Domínguez Elizola; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el treinta de mayo de dos mil veintitrés, Miriam Vanesa Domínguez Elizola solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó de los Jueces Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria, Primero Interina de Primera Instancia en Materia Civil y Segundo Letrado en Materia Civil, así como de los actuarios adscritos a dichos órganos jurisdiccionales, todos con residencia en Torreón, Coahuila, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Correspondió conocer de la demanda, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, donde se registró con el número de expediente 469/2023, y por acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien formuló pedimento. Finalmente, las responsables rindieron sus respectivos informes justificados y la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de la presente sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 50 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; así como, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, toda vez que el acto reclamado pudiera tener ejecución en la circunscripción territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia. La aplicación de los criterios jurisprudenciales que se citan a lo largo de esta ejecutoria, emitidos con anterioridad al tres de abril de dos mil trece, tienen como fundamento el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir de esa fecha, habida cuenta que no se oponen a la legislación en consulta, conforme a la Jurisprudencia 2a./J.10/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. TERCERO. Fijación de la litis. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, y los criterios contenidos en la jurisprudencia número P./J.40/2000 y la tesis P.VI/2004, se obtiene que la quejosa reclama la falta de emplazamiento a juicio del que desconoce su radicación y lo actuado en ejecución a la sentencia ahí emitida, que tenga por objeto desposeerla del inmueble ubicado en avenida Río Baluarte número 18,237 del Fraccionamiento Pradera Dorada V, de esta ciudad. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos controvertidos, ya que en toda sentencia de amparo debe primarse su análisis, tal como se corrobora de la jurisprudencia número XVII.2o. J/10. Al rendir sus informes justificados los Jueces Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria, la Actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional y la Juez Primero Interina de Primera Instancia en Materia Civil, residentes en Torreón Coahuila, negaron categóricamente los actos que les fueron reclamados. Por su parte, el Juez Segundo Letrado en Materia Civil y los actuarios adscritos a dicho órgano jurisdiccional como al Juzgado Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, todos con sede en Torreón Coahuila, fueron omisos en rendir sus informes justificados, no obstante encontrarse debidamente notificados de los oficios 10413/2023, 10415/2023 y 10416/2023. Sin embargo, no es dable presumir la certeza del acto reclamado a la autoridad ordenadora de referencia, en principio, porque la quejosa no aportó ninguna constancia con la que se infiera la existencia de los actos que le fueron atribuidos, aunado que, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, que en el expediente electrónico correspondiente al incidente de suspensión deducido, a su vez, de este sumario, se advierte que el Juez Segundo Letrado en Materia Civil, con asiento en Torreón Coahuila, negó categóricamente el acto reclamado al rendir su informe previo. Por consiguiente, si no son ciertos los actos reclamados a las autoridades ordenadoras, tampoco lo son los atribuidos a las ejecutoras omisas, en virtud de que no existe juicio alguno, donde la aquí quejosa haya sido demandada y emplazada incorrectamente en los términos que refiere. En ese contexto, si del análisis practicado a las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que la parte quejosa no aportó medios probatorios que vinculen a las autoridades antes precisadas con los actos que les son reclamados o con los que se desvirtúen las negativas de que se da noticia, siendo que ésta tiene la carga procesal de aportar aquellos medios de convicción idóneos y encaminados a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para afirmar que las responsables transgredieron su esfera jurídica. Apoya lo anterior, las tesis VI.2o.A.4 K y la jurisprudencia 310. Por tanto, al no haberse allegado al presente sumario prueba alguna con la cual se acredite la certeza de los actos endilgados a las autoridades responsables, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de las anotadas autoridades. QUINTO. Transparencia y acceso a la información pública. Conforme establece el artículo 6°, Apartado "A", fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales deben proteger la vida privada y los datos personales en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos, sirve de apoyo, el criterio 01/2011. Por lo expuesto y fundado en los artículos 63 al 74 de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Miriam Vanesa Domínguez Elizola, contra los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables por las razones dadas en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Cúmplase con lo ordenado en el considerando quinto de este fallo.
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