Miriam Soto Jimenez

Expediente 456/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
456/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Miriam Soto Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos del original del juicio de amparo ***; asimismo, remite el testimonio de la ejecutoria de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictada dentro del amparo en revisión ***, en cuyos puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida, de conformidad con lo dispuesto en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, contra el acto consistente en el cómputo de la antigüedad generada por la quejosa al dictar el decreto ***, por el cual se le concedió la pensión por jubilación, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, reclamado de las autoridad (sic) responsables Congreso y Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso, ambas del Estado de Morelos; por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución." Integración del cuaderno de antecedentes, notificación a las partes y anotaciones relativas a la ejecutoria de mérito Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, glósense a los autos las actuaciones que en original obran en el cuaderno de antecedentes, toda vez que las restantes son copias simples de actuaciones que obran en autos y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, inciso b), del acuerdo general citado; por tanto, es susceptible de depuración. Transferencia del expediente principal En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "TRIBUNAL COLEGIADO REMITE TESTIMONIO, REVOCA Y NIEGA AMPARO, SE ORDENA EL ARCHIVO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de septiembre de dos mil veintidós. Admisión de recurso. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, mediante el cual informa el contenido del proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia terminada de dictar el veintiocho de junio de dos mil veintidós, registrándolo con el número de expediente 396/2022. Al respecto, se tiene por hecho del conocimiento lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de julio de dos mil veintidós. Parte quejosa interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito firmado por ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de terminada de dictar el veintiocho de junio de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo. Se tiene por interpuesto recurso de revisión y notificación a las partes. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88, y demás relativos a la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación, por lo que se ordena distribuir entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios, esto es, a la autoridad responsable y agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Remisión del citado medio de impugnación. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítase el mismo, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para lo que tenga a bien determinar en relación al referido medio de impugnación. Cuaderno de antecedentes. Bajo esa tesitura, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Puesta a disposición del expediente electrónico. Además, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes para que, tan pronto se tenga conocimiento que el citado tribunal colegiado admitió el citado medio de impugnación, ponga a su disposición el expediente electrónico formado con motivo del sumario en que se actúa. Notifíquese y personalmente al Agente del Ministerio Público de la adscripción y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O: I Presentación de la demanda: El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. II Admisión de la demanda. El cuatro de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El cinco de abril de dos mil veintidós. IV Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 8, 17 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables se hace consistir en: a El incorrecto cómputo de la antigüedad generada por la quejosa al dictar el decreto 3201, por el cual se le concedió pensión por jubilación, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. III Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados pues así lo manifestaron las autoridades responsables Congreso y Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso al momento de rendir su respectivo informe justificado. La certeza de actos además se corrobora, precisamente con el precitado decreto, publicado en el periódico oficial. IV Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser ésta una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo anterior, en virtud de que se trata de un acto consentido tácitamente por la quejosa, al no haber promovido el juicio constitucional, dentro de los plazos que para tal fin establece la ley de la materia, según se verá a continuación. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que en el caso concreto, se reclama el decreto 3201 (tres mil doscientos uno), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se concede pensión por jubilación a Miriam Soto Jiménez; el que en su artículo tercero transitorio establece que entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico "Tierra y Libertad", Órgano de difusión del Gobierno difusión del Gobierno del Estado de Morelos, es decir, el veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los términos que la ley de la materia señala, porque en ese supuesto, a consideración del legislador, opera una presunción legal contra el peticionario, en el sentido de considerar que éste, se encuentra conforme con el acto violatorio y por ello no lo reclamó oportunamente, aplicando en esa hipótesis el principio de instancia de parte agraviada, presunción iuris tantum que, desde luego, admite prueba en contrario. Al respecto, conviene reproducir el contenido de los artículos 17 y 18, de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III.Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.." Del contenido sistemático de los preceptos transcritos, se evidencia que el plazo para presentar la demanda de amparo, es de quince días, como término genérico. Así, tomando en consideración que el acto reclamado no es una ley, sino es un decreto por el que se otorgó pensión por jubilación a favor de la quejosa; por ende, es un acto administrativo, ya que no participa de las características esenciales de generalidad, abstracción e impersonalidad propias de las normas generales, en cambio el acto administrativo, crea situaciones jurídicas particulares y concretas, como en el caso lo es el decreto impugnado, al tratarse de una determinación recaída a una solicitud presentada por la aquí quejosa en la que se le concedió una pensión por jubilación exclusivamente a ésta, de ahí que resulta evidente que dicho acto reclamado carece de las características de generalidad, abstracción e impersonalidad propias de las normas generales. En las relatadas condiciones, resulta que el término para promover la demanda de amparo es de quince días y no de treinta, ello en términos del primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, dicho término se computará a partir del momento en que entró en vigor el decreto de referencia. En el caso el decreto reclamado fue publicado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, y entró en vigor al día siguiente, por lo que es patente que el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió en exceso, tomando en consideración que la fecha de la presentación de la demanda de amparo aconteció el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, como se desprende del sello de oficialía de partes, sin necesidad de hacer un cómputo pormenorizado para evidenciar que la demanda de amparo deviene extemporánea respecto de la impugnación del precepto legal reclamado ya que ésta se presentó tres años después. Consecuentemente, si la demanda de amparo fue recibida fuera del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, su presentación es inoportuna. En esa condición, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en términos del artículo 63 fracción V, de la Ley de la materia. No pasa inadvertido para este juzgador que la parte quejosa cita las tesis de rubro siguientes: "PENSIÓN POR VIUDEZ OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA PRIVACIÓN DE SU PAGO O LA CONCESIÓN DE UNA INFERIOR PUEDE IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN EL JUICIO DE AMPARO."; "PENSIÓN Y JUBILACIÓN. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN LA CUAL SE FIJA INCORRECTAMENTE AQUÉLLA O EL SALARIO BASE PARA CALCULARLA, PODRÁ IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO."; "SALARIO. EL DERECHO A RECLAMAR SU PAGO ÍNTEGRO SE GENERA DE MOMENTO A MOMENTO MIENTRAS SUBSISTA LA DISMINUCIÓN ALEGADA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SAN LUIS POTOSÍ Y BAJA CALIFORNIA)."; "SALARIOS. CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN CUANDO SE RECLAMA SU DISMINUCIÓN.", no obstante, no son aplicables para el caso concreto, toda vez que las legislaciones analizadas son de diversos fueros, a saber: La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Además, se refieren a hipótesis diversas, pues van relacionadas con la imprescriptibilidad del derecho a reclamar el pago de pensión, sus incrementos y diferencias y no así para el cómputo del plazo que marca la ley para promover juicio de amparo indirecto contra el decreto por el que se otorgó pensión por jubilación. Luego, al derivar de diversos fueros y aplicarse a sujetos diferentes, no se actualiza el supuesto de que se traten de jurisprudencias temáticas. No es obstáculo a la conclusión anterior el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, puesto que su simple admisión no representa un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que éste juzgador está obligado a proceder en tales términos, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. En apoyo a las consideraciones expuestas resulta aplicable la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 544, con registro 211352, que establece lo siguiente: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, más dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." De igual forma, no se considera necesario analizar los argumentos alegados por el impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Similares consideraciones emitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa al resolver el recurso de revisión 99/2019, de su índice, en sesión de once de julio de dos mil diecinueve. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, en los términos del considerando IV de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

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