Miriam Serioshka del Rocío Hellmund Egurrola
Expediente 550/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Miriam Serioshka del Rocío Hellmund Egurrola
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el auto de seis de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Intégrese a los autos el escrito de demanda signado por ***, por propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Desconcentrada en la Alcaldía de Álvaro Obregón, Lic. Iván Calderón Pérez; regístrese en el libro de gobierno con el número 550/2021. En atención a su contenido, se acuerda: Desechamiento Del análisis integral de la demanda se advierte que el acto del que se duele la parte quejosa consiste en retardar y la omisión por parte del órgano técnico investigador para integrar la carpeta de investigación **** seguida por el delito de fraude, donde la quejosa tiene el carácter de víctima u ofendida. La demanda es notoriamente improcedente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que obliga a la parte promovente, por regla general, a agotar previamente a la promoción del amparo indirecto, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse (principio de definitividad). De la reproducida disposición legal se desprende, que la procedencia del juicio de derechos está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal debe ser agotado, salvo los casos de excepción previstos, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercerlos, o en su defecto, le perjudique su omisión. El principio de definitividad encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, por lo que el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias para obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, salvo los casos de excepción previstos en la ley y la jurisprudencia. Luego, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que el inconforme, previo al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, por virtud del cual éste pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el precitado artículo 61, fracción XX. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, está condicionado a que se agote, sin distinción alguna, el recurso o medio de defensa que la ley que rija el acto establezca en contra del acto de autoridad que se estime lesivo a las garantías individuales o derechos humanos del impetrante, consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Ahora, para demostrar la causal de improcedencia en estudio es necesario transcribir el contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del precepto transcrito se desprende que corresponde a la autoridad judicial el control de legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en la investigación de los delitos, para lo cual el legislador estableció a favor de la víctima u ofendido un medio de impugnación innominado que le permite controvertir las determinaciones de la representación social en relación a cuatro hipótesis, a saber: 1) sobre la abstención de investigar, 2) el archivo temporal, 3) la aplicación de un criterio de oportunidad y 4) el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 y 1a./J. 28/2018, dilucidó que tales hipótesis en general se tratan de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; y, en este sentido consideró que bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en esos supuestos, ya que dichas conductas suponen la paralización de su función investigadora. Por ende, definió que contra cualquier omisión ministerial que paralice la investigación de los delitos, procede el citado medio de defensa innominado, para que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por tanto, se colige que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Apoyan lo anterior, los criterios de rubro siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." y "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." En esas condiciones de lo relatado se puede concluir sin lugar a dudas que la parte quejosa, en su carácter de víctima en la referida carpeta de investigación, previo a acudir al juicio de amparo, debió agotar el medio de defensa que prevé el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra del retardo y de las omisiones en la integración de la citada carpeta, pues dichos actos reclamados son impugnables ante el Juez de Control, quien debe señalar una audiencia para resolver en definitiva, citando a la parte recurrente y, en su caso, al imputado. Medio de defensa ordinario por virtud del cual puede ser confirmados, revocados o nulificados por el medio de defensa; y al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso concreto se justifique alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, en virtud de que la determinación reclamada deriva de un controvertido jurisdiccional de naturaleza administrativa, en el cual la inconforme no se ubica en alguna de las excepciones que se indican en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. En estas condiciones, la aquí quejosa en su carácter víctima u ofendido (de su demanda de amparo se desprende tal circunstancia, al manifestar que emprendió la noticia criminal con motivo de diversa conducta antisocial que refiere resintió), no hizo valer el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de la omisión de integrar y resolver la carpeta de investigación por parte del representante social, previo a la promoción del juicio de amparo (principio de definitividad), por lo que la presente acción constitucional resulta notoriamente improcedente, en la medida que de interponerlo en los plazos que prevé la norma, el Juez de Control podría obligar al agente ministerial para que integre la investigación de la notitia criminis y, en su caso, la determine en el sentido que corresponda. Sin que pasa inadvertido que la promovente refiera que el presente proceso de orden constitucional es procedente en términos del criterio sustentado en la tesis con registro 2016256 de rubro: "OMISIONES O ABSTENCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO CONSISTENTES EN RETARDAR, DEJAR DE ACTUAR O REHUSARSE A HACER LO CONDUCENTE PARA INTEGRAR DEBIDAMENTE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. AL NO ESTAR CONTEMPLADAS DENTRO DE LAS HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ES INNECESARIO AGOTARLO, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO"; sin embargo, se trata de una tesis aislada. Además, como ha quedado establecido, el máximo tribunal constitucional en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), definió que contra cualquier omisión ministerial que paralice la investigación de los delitos, procede el citado medio de defensa innominado, para que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público. Por todo lo anteriormente expuesto, y en vía de consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de esa misma Ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. De la parte quejosa: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado. Ahora, en torno a las personas que refiere para fungir como autorizados en términos amplios en este asunto, requiérase a la parte quejosa para que acredite a esta potestad que éstos se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; ya sea que lo hagan por medio del documento idóneo o bien, con el objeto de evitar homonimias, proporcionen el número de folio correspondiente a su registro en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; en caso de no hacerlo, únicamente quedarán facultados en los términos que indica la parte final del arábigo 12 de la Ley de Amparo. Exhorto a tramitar el asunto "en línea" Se exhorta a las partes que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Hágase saber a las partes que las listas de acuerdos se publicarán en internet en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Además, de que se publicarán en un acceso del edificio en que se encuentra ubicado este juzgado. Autorización de medios digitales Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Publicación de datos personales Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. Notificaciones Hágase saber a las partes que las listas de acuerdos se publicarán en internet en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Además, de que se publicarán en un acceso del edificio en que se encuentra ubicado este juzgado. Habilitación al actuario Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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