Miriam Sayani Vidrio Calderón

Expediente 536/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 24 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
536/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
09/09/2019

Partes del expediente

  • Miriam Sayani Vidrio Calderón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el auto de quince de agosto de año en curso (folio 135 a 138), en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho, en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. II. Valoración del expediente. El presente expediente, así como el original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, serán susceptibles de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones I y III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo citado con anterioridad, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y se negó la suspensión respecto de todos los actos reclamados. En atención al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, se ordena glosar el incidente de suspensión a los autos del juicio en que se actúa. III. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    aviso por este medio de lista se notifica al quejoso el auto que dice: En Zapopan, Jalisco a quince de agosto de dos mil diecinueve, Alejandro Torres Ángel, secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, da cuenta al Juez con dos oficios con anexos, registrados con los números 20005. Conste. El secretario. Zapopan, Jalisco, quince de agosto de dos mil diecinueve. I. Cumple requerimiento. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta signado por la Directora de Trabajo Social de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, mediante el cual remite copia certificada del estudio socioeconómico realizado a Ricardo Arrondiz Ibarra, de doce de julio de la presente anualidad, por lo que se le tiene cumpliendo con el requerimiento de siete de agosto de dos mil diecinueve; con fundamento en lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la prueba documental que anexa, que será tomado en consideración en el momento procesal oportuno; con el libelo y anexos dese vista a las partes. II. Señalan domicilio procesal y delegados. Por otra parte, se le tiene como sus delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a las personas que refiere, por así solicitarlo expresamente. II. Se sobresee fuera de audiencia. Ahora, del aludido oficio, así como de las constancias certificadas que adjuntó la funcionaria de referencia, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado consiste en la omisión por parte de la Directora de Trabajo Social de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, de realizar el estudio socioeconómico a Ricardo Arrondiz Ibarra, conforme a lo requerido en autos del juicio civil ordinario 705/2017, del índice del Juzgado Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Luego, de las constancias que acompañó al oficio de cuenta la referida autoridad se advierte que han cesado los efectos de tales actos reclamados, dado que el doce de julio de dos mil diecinueve emitió el estudio socioenomico requisitado. Tal y como se ilustra a continuación: Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, el acto del que se duele parte quejosa en su demanda de garantías, fue cubierta con estudio socioeconómico realizado a Ricardo Arroniz Ibarra, de doce de julio de dos mil diecinueve, por parte de la Directora de Trabajo Social de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V , del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional que estaba señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Helmuth Gerd Putz Botello, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante, Alejandro Torres Ángel, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el ocurso signado por la Directora de Trabajo Social de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, mediante el cual informa que ya dio cumplimiento con lo solicitado y remite un legajo simple, con fundamento en lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la prueba documental que anexa para acreditar su dicho, la cual, será tomada en consideración en el momento procesal oportuno.II. Precisiones. Cabe destacar que en autos obra copia certificada de los documentos ahora allegados por la directora en comento, remitidos estos por la Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, así como el proveído recaído a esas constancias, dentro de los autos del juicio civil ordinario 705/2017, del índice del juzgado de referencia, mediante el cual la autoridad jurisdiccional en comento, acordó tener a la Directora de Trabajo Social de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, cumpliendo parcialmente con lo ordenado, por lo que la requirió a efecto de que señalara fecha y hora para llevar a cabo el estudio socioeconómico a Ricardo Arrondiz Ibarra y hacerlo de su conocimiento. En razón de lo anterior es que este juzgado de Distrito mediante proveído de diecisiete de junio de la presente anualidad requirió a la directora en comento a fin de que informara las gestiones realizadas en relación del multicitado informe; en razón al ocurso presentado por la directora el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve en el que señaló que no contaba con expediente alguno de Ricardo Arrondiz Ibarra es que el veinticinco de junio del año en curso, se precisó que el estudio socioeconómico requisitado deriva del juicio civil ordinario 705/2017, del índice del Juzgado Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y se requirió de nueva cuenta a la dependencia administrativa informara sobre el mismo, a lo que el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se le tuvo comunicando que el estudio socioeconómico se llevaría a cabo el pasado ocho de julio de dos mil diecinueve. En razón de ser necesario para la debida integración del presente expediente el diez de julio de dos mil diecinueve se requirió a la citada autoridad administrativa a fin de que informara en relación del informe socioeconómico solicitado, a lo que el once de julio del año en curso, informó que se efectuó la entrevista, omitiendo remitir el informe solicitado por esta autoridad federal; por lo que de nueva cuenta el uno de este mes y año se requirió a fin de que remitiera el informe socioeconómico efectuado a Ricardo Arrondiz Ibarra. Toda vez que el juicio de garantías no puede quedar paralizado y es obligación del juzgador conminar a la autoridad a fin de que se cumpla con lo solicitado, requiérasele por última vez la Directora de Trabajo Social de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, para que dentro de tres días acorde al numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remita copia certificada y legible del estudio socioeconómico ordenado dentro de los autos del juicio civil ordinario 705/2017, del índice del Juzgado Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco efectuado a Ricardo Arrondiz Ibarra el ocho de julio de dos mil diecinueve, todo esto conforme lo dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo. Apercibida que de no cumplir, o de no informar las causas que se lo impidan, se le impondrá a la omisa una multa de ciento veinte Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción conforme disciplina los arábigos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación. Notifíquese.

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