Miriam Sánchez Vargas
Expediente 17/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 17/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/02/2018
Partes del expediente
- Miriam Sánchez Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación secretarial que antecede y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que se interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en el presente juicio, en donde se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición del artículo 2º del ordenamiento legal invocado, se declara que ha quedado firme, para todos los efectos legales; comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, como se aprecia del sumario que a la fecha no existe trámite pendiente que realizar en el mismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo, como asunto enteramente concluido, una vez que se encuentre debidamente integrado. Por otra parte, y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, en consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, en términos del artículo Vigésimo Primero, fracción II del citado Acuerdo, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...II
- Principal
V I S T A la razón actuarial de cuenta levantada por el licenciado *** Actuario adscrito a éste Juzgado Federal, en la que asienta que no le fue posible realizar la notificación ordenada por auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, a la parte quejosa, por las razones que alude; por lo tanto, se ordena a dicho fedatario público a efectuar la notificación de dicho proveído, por medio de lista, que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, se señalan los estrados de este Juzgado, para efectuar cualquier notificación personal que surja, para la parte quejosa, dentro de la tramitación del presente sumario, hasta en tanto no señale un diverso domicilio para tal efecto....II SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARETE QUEJOSA EL AUTO DE 24/01/2018 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: AUTO DE 24/01/2018 Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la Jueza Octavo de Primera Instancia Penal en San José El Alto, Querétaro, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de quince de enero de dos mil dieciocho, y al efecto, remite copias certificadas del auto de formal prisión de cinco de enero de dos mil dieciocho, dictado dentro de la causa penal 33/2017, en contra de la inculpada MIRIAM SÁNCHEZ VARGAS, aquí quejosa, por la probable comisión del delito de Robo Calificado, previsto y sancionado por los artículos 182, fracción I, en relación con el 183 fracción II, del Código Penal vigente del Estado, en agravio de Edgar Chávez Oliva. Ahora bien, cabe destacar que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la nueva Ley de Amparo, que establece la obligación del Juzgador Federal de realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, se advierte que de la lectura integral de la demanda de garantías y de las constancias remitidas por la citada juzgadora se desprende que el acto que por esta vía combate MIRIAM SÁNCHEZ VARGAS, se hace consistir en la orden de aprehensión, presentación forzosa o comparecencia, giradas en contra de la quejosa de mérito. Así las cosas, de las constancias que remitió la Juez Octavo responsable, se advierte que el cinco de enero de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 33/2017, se dictó auto de formal prisión en contra de la aquí quejosa MIRIAM SÁNCHEZ VARGAS, por la probable comisión del delito de Robo Calificado, previsto y sancionado por los artículos 182, fracción I, en relación con el 183 fracción II, del Código Penal vigente del Estado, en agravio de Edgar Chávez Oliva. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, Tomo I, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como, por su sentido y alcance, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la nueva Ley de Amparo, se analiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61, que sobrevino respecto del acto reclamado por la multicitada quejosa. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la improcedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías." El artículo 61, fracción XVII, de la nueva Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deba considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." En efecto, la improcedencia del amparo es una institución jurídica por virtud de la cual el juzgado federal se encuentra imposibilitado para determinar si el acto reclamado es constitucional o inconstitucional. Su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes. Ahora, en los procedimientos penales, una situación jurídica es el conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, o bien, puede ser catalogada como una etapa procesal en el juicio. Y el cambio de situación jurídica se presenta cuando se complementa una en todas sus partes, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. En la materia que ocupa la atención, una situación jurídica se crea con motivo de la emisión del alguno de los siguientes actos: a) Orden de aprehensión; b) Auto de formal prisión; y, c) Sentencia definitiva. Situaciones jurídicas concretas que se encuentran dentro de los diversos procedimientos penales, ya sea porque ahí están contenidas o porque inician o terminan con ellos; por ejemplo, la preinstrucción, la instrucción o el juicio; sin embargo, de una u otra forma el aspecto a destacar, lo es que no pueden converger para el estudio de fondo toda vez que esas situaciones jurídicas son preclusivas, esto es, el nacimiento de la segunda deja irreparablemente consumada la primera; y el de la tercera la segunda. Expuesto lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, así como siguiendo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO", se advierte que efectivamente en el proceso penal 33/2017, el cinco de enero del año en curso, se decretó auto de plazo constitucional en contra de la inculpada, aquí quejosa MIRIAM SÁNCHEZ VARGAS, por el delito en comento. Por lo que resulta evidente que cambió la situación jurídica del demandante del amparo, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 del ordenamiento legal invocado; por tanto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas por no poder decidirse en el procedimiento aludido, sin afectar la nueva situación jurídica originada con el auto de formal prisión en comento. Consecuentemente, al actualizarse dicha hipótesis legal, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XVII, del diverso 61, ambos de la nueva Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". De igual forma, por analogía, tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Determinación que se extiende al acto de ejecución atribuido a las autoridades a quienes se les otorgó ese carácter, de conformidad con la jurisprudencia visible en la página 647, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Séptima Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, así como de los diversos informes justificados rendidos por las demás autoridades responsables ordenadoras, se advierte que los actos reclamados por la quejosa no existen; en esa virtud, y tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." De la anterior transcripción legal se desprende que en el juicio de amparo se sobresee cuando aparece de autos que el acto reclamado es inexistente. Ahora, en el caso que nos ocupa la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la orden de aprehensión, presentación forzosa o comparecencia, giradas en contra del quejoso de mérito, así como los actos tendientes a ejecutarla, a las autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DE INFORME JUSTIFICADO FOJA (s) 1 Juez Cuarto de Primera Instancia Penal en San José el Alto, Querétaro. NIEGA 15 2 Juez Sexto de Primera Instancia Penal en San José el Alto, Querétaro. NIEGA 16 3 Juez Séptimo de Primera Instancia Penal en San José el Alto, Querétaro. NIEGA 17 5 Juez Noveno de Primera Instancia Penal en San José el Alto, Querétaro. NIEGA 18 En mérito de lo anterior, de los informes justificados, rendidos por las autoridades responsables, se desprende claramente que los actos reclamados son inexistentes, asimismo, la parte quejosa no probó la existencia del mismo. De ahí que, el acto que en esta vía se combate, al día en que insto el juicio constitucional, no existe. Esto es así, tomando en consideración que la promoción del presente juicio de amparo por parte de la quejosa, fue por existir simple sospecha de la existencia del acto reclamado, el cual, como se ve, no es cierto. Consecuentemente, al actualizarse dicha hipótesis legal, lo que procede es sobreseer el presente juicio de garantías, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo del 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras, Fiscal General del Estado y Director de Policía de Investigación del Delito, ambas con residencia en esta ciudad, conforme a la jurisprudencia 7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la federación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada en este juicio, para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la Jueza Octavo de Primera Instancia Penal en San José El Alto, Querétaro, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de quince de enero de dos mil dieciocho, y al efecto, remite copias certificadas del auto de formal prisión de cinco de enero de dos mil dieciocho, dictado dentro de la causa penal 33/2017, en contra de la inculpada MIRIAM SÁNCHEZ VARGAS, aquí quejosa, por la probable comisión del delito de Robo Calificado, previsto y sancionado por los artículos 182, fracción I, en relación con el 183 fracción II, del Código Penal vigente del Estado, en agravio de Edgar Chávez Oliva. Ahora bien, cabe destacar que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la nueva Ley de Amparo, que establece la obligación del Juzgador Federal de realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, se advierte que de la lectura integral de la demanda de garantías y de las constancias remitidas por la citada juzgadora se desprende que el acto que por esta vía combate MIRIAM SÁNCHEZ VARGAS, se hace consistir en la orden de aprehensión, presentación forzosa o comparecencia, giradas en contra de la quejosa de mérito. Así las cosas, de las constancias que remitió la Juez Octavo responsable, se advierte que el cinco de enero de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 33/2017, se dictó auto de formal prisión en contra de la aquí quejosa MIRIAM SÁNCHEZ VARGAS, por la probable comisión del delito de Robo Calificado, previsto y sancionado por los artículos 182, fracción I, en relación con el 183 fracción II, del Código Penal vigente del Estado, en agravio de Edgar Chávez Oliva. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, Tomo I, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como, por su sentido y alcance, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la nueva Ley de Amparo, se analiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61, que sobrevino respecto del acto reclamado por la multicitada quejosa. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la improcedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías." El artículo 61, fracción XVII, de la nueva Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deba considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." En efecto, la improcedencia del amparo es una institución jurídica por virtud de la cual el juzgado federal se encuentra imposibilitado para determinar si el acto reclamado es constitucional o inconstitucional. Su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes. Ahora, en los procedimientos penales, una situación jurídica es el conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, o bien, puede ser catalogada como una etapa procesal en el juicio. Y el cambio de situación jurídica se presenta cuando se complementa una en todas sus partes, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. En la materia que ocupa la atención, una situación jurídica se crea con motivo de la emisión del alguno de los siguientes actos: a) Orden de aprehensión; b) Auto de formal prisión; y, c) Sentencia definitiva. Situaciones jurídicas concretas que se encuentran dentro de los diversos procedimientos penales, ya sea porque ahí están contenidas o porque inician o terminan con ellos; por ejemplo, la preinstrucción, la instrucción o el juicio; sin embargo, de una u otra forma el aspecto a destacar, lo es que no pueden converger para el estudio de fondo toda vez que esas situaciones jurídicas son preclusivas, esto es, el nacimiento de la segunda deja irreparablemente consumada la primera; y el de la tercera la segunda. Expuesto lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, así como siguiendo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO", se advierte que efectivamente en el proceso penal 33/2017, el cinco de enero del año en curso, se decretó auto de plazo constitucional en contra de la inculpada, aquí quejosa MIRIAM SÁNCHEZ VARGAS, por el delito en comento. Por lo que resulta evidente que cambió la situación jurídica del demandante del amparo, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 del ordenamiento legal invocado; por tanto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas por no poder decidirse en el procedimiento aludido, sin afectar la nueva situación jurídica originada con el auto de formal prisión en comento. Consecuentemente, al actualizarse dicha hipótesis legal, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XVII, del diverso 61, ambos de la nueva Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". De igual forma, por analogía, tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Determinación que se extiende al acto de ejecución atribuido a las autoridades a quienes se les otorgó ese carácter, de conformidad con la jurisprudencia visible en la página 647, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Séptima Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, así como de los diversos informes justificados rendidos por las demás autoridades responsables ordenadoras, se advierte que los actos reclamados por la quejosa no existen; en esa virtud, y tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." De la anterior transcripción legal se desprende que en el juicio de amparo se sobresee cuando aparece de autos que el acto reclamado es inexistente. Ahora, en el caso que nos ocupa la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la orden de aprehensión, presentación forzosa o comparecencia, giradas en contra del quejoso de mérito, así como los actos tendientes a ejecutarla, a las autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DE INFORME JUSTIFICADO FOJA (s) 1 Juez Cuarto de Primera Instancia Penal en San José el Alto, Querétaro. NIEGA 15 2 Juez Sexto de Primera Instancia Penal en San José el Alto, Querétaro. NIEGA 16 3 Juez Séptimo de Primera Instancia Penal en San José el Alto, Querétaro. NIEGA 17 5 Juez Noveno de Primera Instancia Penal en San José el Alto, Querétaro. NIEGA 18 En mérito de lo anterior, de los informes justificados, rendidos por las autoridades responsables, se desprende claramente que los actos reclamados son inexistentes, asimismo, la parte quejosa no probó la existencia del mismo. De ahí que, el acto que en esta vía se combate, al día en que insto el juicio constitucional, no existe. Esto es así, tomando en consideración que la promoción del presente juicio de amparo por parte de la quejosa, fue por existir simple sospecha de la existencia del acto reclamado, el cual, como se ve, no es cierto. Consecuentemente, al actualizarse dicha hipótesis legal, lo que procede es sobreseer el presente juicio de garantías, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo del 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras, Fiscal General del Estado y Director de Policía de Investigación del Delito, ambas con residencia en esta ciudad, conforme a la jurisprudencia 7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la federación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada en este juicio, para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO......II NP
- Incidental
. Visto lo de cuenta, se tiene que el día la fecha se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en los autos del juicio de amparo del que derivan los cuadernos incidentales en que se actúan, por lo que resulta evidente que en el particular se agotó la materia de la suspensión. En consecuencia, se dejan sin efectos las medidas decretadas en autos, sin que resulte indispensable celebrar la audiencia incidental programada para las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. En términos de lo dispuesto por el artículo vigésimo fracción lll del Acuerdo general conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la presente resolución. Y se establece que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración en términos del primer párrafo de la fracción lll del artículo Vigésimo Primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede.......II
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