Miriam Rosalba Castillo Tapia

Expediente 1667/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1667/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
28/03/2019

Partes del expediente

  • Miriam Rosalba Castillo Tapia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    vi) Toluca, Estado de México; veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. El estado procesal de autos y la certificación de cuenta, evidencian que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, ya que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. El estado procesal de los presentes autos y la certificación de cuenta evidencian que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Por tanto, a fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Miriam Rosalba Castillo Tapia, por derecho propio en contra de los actos siguientes: La omisión de pronunciarse respecto a la petición realizada el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho relativo a emitir el dictamen de pensión por jubilación de la quejosa, ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Mediante sentencia dictada por este juzgado, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 40 a 45), se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Miriam Rosalba Castillo Tapia, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, para los efectos precisados en el considerando último de la presente sentencia". La concesión del amparo fue para que cualquiera de las autoridades responsables de manera individual, en su conjunto o por conducto de una de ellas, se pronunciaran en relación a solicitud de pensión de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, con número de folio 1,182-43104., ello porque pertenecen a la misma institución, asimismo remitiera copia certificada de dicha respuesta a este Juzgado de Distrito. En proveído de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal y se requirió a las autoridades responsables diera cumplimiento a la misma (fojas 49 a 51). Finalmente, mediante oficio presentado el siete de los actuales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México (fojas 64 a 70), la apoderada legal de las autoridades responsables, remitió copia constatada del dictamen de pensión CP/50646/2018 y copia simple de una constancia de notificación de veinticuatro de enero de este año, donde se advierte que la quejosa Miriam Rosalba Castillo Tapia tiene derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios desempeñando como puesto el de Profesor Super A en el Gobierno del Estado de México al acreditar veintiocho años cuatro meses y quince días de cotizaciones al patrimonio del instituto al cual le corresponde un monto diario de pensión para el año dos mil dieciocho (2018) de $133.56.00 (ciento treinta y tres pesos 56/200 moneda nacional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, página 301, del contenido siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    vi) Toluca, Estado de México; ocho de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la apoderada legal de las autoridades responsables, por medio del cual comunica la forma en que da cumplimiento a la sentencia de amparo y para acreditar su dicho remite copia constatada del dictamen de pensión CP/50646/2018 y copia simple de una constancia de notificación de veinticuatro de enero de este año. Atento a lo anterior, con fundamento en el precepto legal 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio y anexo en mención, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho e interés convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Notifíquese y personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    vi) SE LISTA AVISO DE NOTIICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Toluca, Estado de México; ocho de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la apoderada legal de las autoridades responsables, por medio del cual comunica la forma en que da cumplimiento a la sentencia de amparo y para acreditar su dicho remite copia constatada del dictamen de pensión CP/50646/2018 y copia simple de una constancia de notificación de veinticuatro de enero de este año. Atento a lo anterior, con fundamento en el precepto legal 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio y anexo en mención, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho e interés convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Notifíquese y personalmente a la quejosa.

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