Miriam Rayón Soriano

Expediente 1468/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1468/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Miriam Rayón Soriano

Actuaciones

  1. Principal

    V.- Vista la demanda de amparo promovida por... por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Transito de Ecatepec de Morelos del Estado de México y otras autoridades, regístrese con el número 1468/2022-V. Es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: ... Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: ... En efecto, del escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa señala como actos reclamados, la notificación practicada en el expediente... así como todo lo actuado en dicho sumario, incluida la resolución de veintiocho de noviembre del año en curso, tramitado ante la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos del Estado de México. Precisado lo anterior, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados. Lo anterior, si se toma en consideración que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Así, para acreditar la eficacia jurídica de la causal de improcedencia propuesta, es conveniente analizar el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: ... En ese contexto, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción transcritos, alude a que el juicio de garantías se tornará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Es decir, el amparo en materia administrativa únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado; sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; salvo la excepción prevista por la propia ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 156, del Tomo XII, Julio de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ... Asimismo, es importante mencionar, que de acuerdo con la interpretación que de la improcedencia en comento, ha realizado el Máximo Tribunal de Justicia en el País, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocarla, siempre que como se dijo, éstas no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. Cobra aplicación a ese respecto, la jurisprudencia 115/99, emitida por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, del Tomo X, Octubre de 1999, Materia Común, Administrativa, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: ... En ese mismo sentido, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable, que los medios de impugnación a los que alude la causal de improcedencia en comento, tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Pues bien, el estudio integral de la demanda revela que la promovente reclama la notificación practicada en el expediente... así como todo lo actuado en dicho sumario, incluida la resolución de veintiocho de noviembre del año en curso, tramitado ante la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos del Estado de México. En este sentido se puntualiza que, conforme a lo analizado, previamente a la instauración de este juicio de amparo, el quejoso debió agotar los recursos previstos por la ley que regula el procedimiento del cual emanan el acto aquí reclamado. Al respecto, es pertinente hacer mención el contenido de los artículos 186, 187, 229, 230 fracciones I, II y III, 231, 254 y 255 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México vigente: ... De lo transcrito, se concluye que el citado ordenamiento no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos reclamados. En este contexto, resulta evidente que en la especie no se cumple con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ya que el quejoso no agotó antes de promover el presente juicio, el recurso administrativo de inconformidad, ni el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, tal como lo establecen los numerales transcritos; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, ello es así, porque todos los actos y resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad deben ser combatidos mediante éste, con antelación a la presentación de la demanda de amparo, ya que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado que los previstos en la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J.24/95, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo II, Septiembre de 1995, Materia Administrativa, página: 43, de texto y rubro: ... Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 77/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, página 290, de la Novena Época, con rubro y texto siguientes: ... En ese contexto, se reitera, el juicio contencioso o los recursos previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, deben agotarse antes de promover el juicio de garantías, al no establecer dicho ordenamiento mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. Es aplicable, la jurisprudencia PC.II.A.J/3A sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Libro 24, Noviembre de dos mil quince, Tomo III, visible en la página 2936, Decima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: ... De igual manera cobra aplicación, la jurisprudencia I.6º.CJ/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, página 902, que establece ... Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo I, página 933, de la Décima Época, con rubro y texto siguientes: ... En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y atento a lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda, promovida por... por propio derecho. Sin que esta juzgadora Federal soslaye que la quejosa haga mención en su demanda de amparo a que no se le notificó actuación alguna del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sin embargo; en fecha treinta de noviembre se tuvo por recibida diversa demanda de amparo promovida por la parte quejosa, registrada con el número de juicio de amparo indirecto ..., del índice de este juzgado, en la que el acto reclamado consistió en la notificación y audiencia inicial del procedimiento administrativo... de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos del Estado de México y su notificador adscrito; la que en auto de quince del mes y año en curso, se desechó por los motivos y consideraciones ahí expuestos, lo que lo suyo implica que, contrario a lo que argumenta la quejosa, sí fue notificada del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Lo que constituye un hecho notorio para la suscrita, con apoyo en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, página 10, que establece: ... Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los cuales no pueden tenerse como tal, porque no se cumplirían con las formalidades del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, dígasele que hasta en tanto señale uno para tal efecto, preferentemente en este Municipio de Naucalpan de Juárez, o en su defecto en los conurbados a éste, en términos del artículo 3, fracciones IX y XXXVII, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que son: Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Tlalnepantla de Baz y Jilotzingo, las notificaciones que deban hacérseles, incluso las de carácter personal, se le realizaran por medio de lista de acuerdos, o bien, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Apoya esta consideración por los motivos que expone, la tesis XXII.1º.22K, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página mil sesenta y siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: ... De igual forma, se tienen como sus autorizadas a las personas que refiere en el escrito de demanda, únicamente para oír y recibir notificaciones en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo las primeras por no proporcionar los números de sus cedulas profesionales y las segundas por así haberlo solicitado. En otro orden, de conformidad con lo establecido en la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las personas para imponerse de los acuerdos dictados en el presente expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos digitales, como son las cámaras, grabadoras, lectores ópticos o cualquier otro medio similar. En relación con los correos electrónicos y teléfonos que proporciona, téngase por señalados como forma especial de contacto, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, sin que haya lugar a tenerlos para oír y recibir notificaciones, en virtud de que éstos no son un medio contemplado para esos efectos, en la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se exhorta a la parte quejosa, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (esto es, promuevan electrónicamente). De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 21, 22 y 24 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para incorporarlas al expediente impreso. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a los secretarios del juzgado a efecto de que elaboren la versión pública de la sentencia y/o resolución que al efecto se dicte en este juicio de amparo, con estricto apego a dichos ordenamientos legales y demás normatividad aplicable. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con lo que establece el diverso segundo transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indíquese a la parte quejosa el derecho que le asiste, hasta antes de dictarse sentencia, para oponerse de manera expresa, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos.

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