Miriam Ramírez Ramírez
Expediente 1620/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1620/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Ever Enrique Hernández Tello
- Miriam Ramírez Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
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Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. Agréguese el oficio de cuenta. Se tiene al secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito acusando recibo del oficio a través del cual se remitió el recurso de revisión interpuesto por ***, contra la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, e informando que se admitió el medio de impugnación y fue radicado bajo el número 39/2023....M-I
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Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. RECURSO DE REVISIÓN. Visto el escrito de cuenta, se tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión contra el auto mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo: 1. Distribúyanse entre las partes, a excepción de la recurrente y el agente del Ministerio Público Federal adscrito, copia del escrito de expresión de agravios. En el entendido de que, queda a disposición de la tercera interesada Miriam Ramírez Ramírez, la copia simple que le corresponde, misma que podrá recoger en la mesa I de este juzgado federal, previa toma de razón que por su recibo obre en autos; lo anterior, en atención a que se le tuvieron las listas como lugar para ser notificada; y, 2. Dentro de un plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que se integre debidamente el expediente, envíense el juicio en que se actúa y el original del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, para la substanciación y decisión del recurso interpuesto. Fórmese cuaderno de antecedentes.M-I
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Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Del estado de autos, se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. En términos de dicho precepto legal, se desprende la posibilidad de que si durante el juicio sobreviene alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, puede decretarse el sobreseimiento sin necesidad de esperar a que llegue la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es compatible con las disposiciones de la Ley de Amparo, y cuyos rubro y texto establecen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior, porque en la especie se acredita la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la misma legislación, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; . De acuerdo con lo anterior, la hipótesis de procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta a que se refiere el último precepto legal transcrito, se encuentra reservada única y exclusivamente a aquellas personas que sean extrañas al juicio del que deriva el acto reclamado. Cabe señalar que, persona extraña a juicio es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; quedando incluido en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Tal definición deriva de la jurisprudencia P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 56, Novena Época, que a la letra dice: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Por esa razón, se estima que, en aquellos casos en que el quejoso se ostente como persona extraña a juicio, por no haber sido emplazado o por haberlo sido de manera ilegal, puede acudir de manera inmediata a la tutela constitucional, sin necesidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley secundaria prevé a su favor. Lo anterior es acorde con la jurisprudencia VI.2o.C. J/282 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, página 1557, Novena Época, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. EL TERCERO EXTRAÑO NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTARLOS. El artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra las resoluciones judiciales de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales concede la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños, o sea que el primer numeral se refiere a los medios ordinarios de defensa establecidos por la ley en favor de las partes, y que deben agotar o hacer valer antes de intentar el juicio constitucional para cumplir con el principio de definitividad, y el segundo precepto establece que para los terceros extraños no opera ese principio, porque no siendo partes en el procedimiento de origen es evidente que tampoco pueden hacer uso de aquellos recursos o medios de defensa para lograr su intervención en dicho procedimiento". Es importante mencionar, que el concepto de persona extraña típica o por equiparación, obedece a la necesidad de determinar en el juicio de amparo la existencia de una violación directa al derecho fundamental de audiencia; es decir, que el agraviado se ubica en dicha hipótesis porque ha sido el Estado, por conducto de las autoridades jurisdiccionales, quien omitió o realizó una diligencia de notificación o emplazamiento de manera irregular. Dicho en otras palabras, la falta de emplazamiento o su práctica de manera irregular obedecen a un actuar ilegal, que coloca al quejoso en estado de indefensión y ello genera la necesidad de que se le ampare contra dicha irregularidad. Por ende, no puede considerarse persona extraña quien ha evadido o impedido la diligencia de emplazamiento, pues en estos casos no existe acto de autoridad que pueda someterse al escrutinio del órgano de control constitucional. Ahora bien, en el caso, de acuerdo a lo narrado por la parte peticionaria de amparo en su escrito inicial de demanda, se advierte que se duele del auto de siete de octubre de dos mil veintidós en el que se autoriza el rompimiento de chapas y cerraduras, del domicilio ubicado en ***, Hidalgo, así como el auxilio de la fuerza pública, dentro del juicio ejecutivo mercantil 679/2022, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, a fin de ejecutar el embargo ordenado en tal juicio, señalando como autoridades responsables al titular de dicho órgano jurisdiccional, así como al actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios. Sin embargo, del informe justificado que obra en autos, rendido por la referida autoridad responsable se desprende que el quejoso *** tuvo conocimiento pleno y exacto de la existencia del juicio ejecutivo mercantil 679/2022, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del cual figura como parte demandada y se dictó en su contra auto de exequendo, mismo que se pretendió ejecutar el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, por conducto del actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, quien acudió en su búsqueda. Que al encontrarlo en su domicilio, previo a identificarlo plenamente, le requirió para que realizara el pago de ciento cuarenta mil pesos por concepto de suerte principal, más intereses y al mostrarle el documento base de la acción, manifestó que no tenía para pagar, al pedirle que señalara bienes, señaló que no, por lo que se le solicitó el acceso al domicilio para que el actor los señale y dijo que no permitiría el acceso. Ante tal situación se le apercibió que en caso de oposición se haría acreedor a las medidas de apremio, consistentes en auxilio de la fuerza pública y rompimiento de chapas y cerraduras, a lo que insistió en oponerse, por lo que el actor solicitó se hicieran efectivas las medidas de apremio. Posterior a ello, mediante acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós el Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, con fundamento en los numerales 1054, 1055, 1057, 1294, 1391 y 1392, del Código de Comercio, así como el 59 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación mercantil en comento, facultó al actuario para realizar la diligencia respectiva haciéndose efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de dieciséis de agosto del año en curso, autorizándose el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de chapas y cerraduras en caso de ser necesario. Constancias que merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo antes reseñado es procedente sostener que, no se puede considerar a la parte quejosa como persona extraña al procedimiento génesis de los actos reclamados, pues es parte en sentido material en el juicio ejecutivo mercantil en el que se emitió la orden de embargo. Asimismo, que en dicho juicio aún no se ha dictado sentencia y, si bien es cierto que no se ha verificado la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, tal circunstancia no obedece a una irregularidad o ilegalidad atribuible a las autoridades responsables, sino que la parte quejosa no ha permitido la diligencia, misma que es el medio idóneo para que pueda comparecer a juicio a defender sus derechos. En ese sentido, es evidente que la parte peticionaria del amparo no tiene el carácter de persona extraña a juicio, motivo por el cual, una vez que sea emplazada puede promover dentro del juicio los medios ordinarios de defensa en contra de las actuaciones que le generen un agravio; sobre todo, porque al tener el carácter de demandada en el controvertido de origen, tiene derecho a hacer valer los recursos que la ley secundaria establece a su favor. Esto, ya que el juicio de amparo no puede erigirse en instrumento para evitar que una persona sea llamada a juicio, porque ello desnaturalizaría su esencia. En esas condiciones, de acuerdo con lo razonado, el hecho de que la quejosa tenga conocimiento exacto del juicio que se sigue en su contra, al que se le emplazó de manera personal, es suficiente para considerar que no tiene el carácter de persona extraña. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 729, Décima Época, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Sin que se soslaye, que el embargo, por su naturaleza y los efectos que produce, puede generar violaciones de imposible reparación; no obstante, como se dijo, al tener la parte quejosa el carácter de parte demandada en sentido material dentro del juicio ejecutivo mercantil del que derivan los actos reclamados, una vez emplazada debe hacer valer los recursos o medios ordinarios de defensa que las leyes establecen en su favor, en tanto que la irreparabilidad de las violaciones no constituye una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Lo anterior es acorde con la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de tesis 25/2015, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, Décima Época, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la misma legislación, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho cuerpo normativo. En atención a lo anterior, se deja sin efectos el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, que se programó a las nueve horas con cinco minutos del día de hoy....M-I
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Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de noviembre de dos mil veintidós. SUPERIORIDAD SOLICITA CONSTANCIA. Agréguese el oficio de cuenta signado por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, a través del cual solicita la constancia de notificación respecto al oficio 4955-2, a efecto de determinar la oportunidad del recurso de revisión interpuesto por el Secretario de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Director General de Epidemiología, todos del Gobierno Federal. Así, al tener a la vista la totalidad de constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el acuse postal aducido en el párrafo que antecede no obra en autos. SE REQUIERE REMISIÓN DE ACUSE POSTAL. Por lo anterior, se requiere al Administrador Postal de Correos de México, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, para que, dentro del término de veinticuatro horas, siguiente al de la notificación del presente proveído, informe a este juzgado federal el destino que haya dado al oficio 4955-2, dirigido al Secretario de Salud del Gobierno Federal (se agrega copia autorizada de la factura de depósito correspondiente), y en caso de que haya sido entregado, remita la pieza postal que así lo acredite, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De igual manera, atendiendo a las circunstancias del caso, se requiere al Secretario de Salud del Gobierno Federal para que, en el término de veinticuatro horas, siguiente al de la notificación del presente proveído, informe la fecha en la que fue notificado de la sentencia definitiva dictada el catorce de junio de dos mil veintidós, y, en su caso, remita copia certificada de las constancias que lo acrediten, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las autoridades aducidas en los párrafos precedentes que, de no cumplir con los anteriores requerimientos dentro de los términos otorgados para tal efecto, se les impondrá una multa en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. INFORME A LA SUPERIORIDAD. Finalmente, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, hágase del conocimiento de la superioridad que la diversa tarjeta postal que ampara la entrega diverso oficio 4955-1, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, obra a foja 176 de autos; constancia que acredita que tal ocurso le fue entregado por conducto del Secretario de Salud del Gobierno Federal, quien actuó en el presente asunto en su representación; autoridad que fue notificada de la sentencia definitiva emitida en el presente asunto el doce de julio de dos mil veintidós. De igual manera, infórmese a la autoridad oficiante que, por auto de siete de noviembre del año en curso, dictado en el incidente de suspensión que emanó del juicio en que se actúa, se tuvo a las autoridades responsables Gobernador Constitucional, Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud, y Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo, todos del Estado de Hidalgo, remitiendo copias certificadas de la impresión del comprobante de la aplicación de la segunda dosis de vacunación contra el virus SARS-COV2, al menor quejoso ***, que aconteció el quince de septiembre de dos mil veintidós; circunstancia que puede ser tomada en consideración para la substanciación del recurso de revisión 274/2022, de su índice. Remítase copia certificada de lo anterior para los efectos legales procedentes. Así, por lo expuesto en el presente acuerdo, hágase del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito que, una vez que se encuentren debidamente integradas las constancias aludidas en este proveído, se le remitirá sin demora el expediente en que se actúa para la debida substanciación del recurso de revisión citado con antelación....M-VII
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