Miriam Ramírez Aldaba

Expediente 230/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
230/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Miriam Ramírez Aldaba
  • Miriam Ramírez Aldaba y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    De autos se advierte que se ordenó archivar el expediente como concluido y se valoró su destino en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito. Regulariza procedimiento. En atención a lo expuesto, toda vez que el presente amparo se valoró como depurarle, y se omitió valorar el incidente suspensión relativo, debiendo ser lo correcto, que toda vez que se negó la suspensión definitiva, el cuaderno original del incidente de suspensión relativo es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, anótese en la carátula del expediente a través de sello, la leyenda "Destruible". Asimismo, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. En el entendido que la referida regularización sólo comprende la valoración de este expediente y sus cuadernos incidentales; de ahí que el plazo para su destrucción empezó a transcurrir a partir de la fecha en que se ordenó archivar. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que acompaño al presente juicio de amparo; por tanto, devuélvansele los documentos de mérito, autorizando para recibirlos a los profesionistas que menciona en su escrito de cuenta. Notifíquese.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito de ***, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita la devolución de los documentos anexados al escrito inicial de demanda. Al respecto, dígasele que las cuestiones sobre las que versa su ocurso, deberán ser peticionadas por la parte quejosa. En efecto, el artículo 12 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. "En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." El primer párrafo transcrito prevé que la parte quejosa podrá autorizar a cualquier persona con capacidad legal, quien tendrá amplias facultades para realizar cualquier acto procesal relacionado con el juicio constitucional, que favorezcan los intereses del autorizante, así como el interponer recursos, inclusive. Así, en la disposición legal en comento, se hace una referencia de diversos actos que puede realizar el autorizado por el quejoso en términos amplios de dicho numeral y señala, además, que podrá "realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante", de donde se infiere que dicha autorización implica una diversidad importante de facultades, las cuales inician desde el momento de la presentación de la demanda y subsisten mientras existan actos que realizar en relación con este medio de control constitucional para defensa de los derechos del autorizante. Es aplicable, de manera ilustrativa, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXIV/98, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. LA ENUMERACIÓN DE SUS FACULTADES EN ESE PRECEPTO ES ENUNCIATIVA." Luego, es evidente que ya no existe actuación alguna que realizar dentro de este sumario para la defensa de los derechos de los autorizantes y por tanto, en el caso concreto, no subsiste la autorización otorgada al promovente. Notifíquese.

  4. Principal

    Vistos los autos de cuenta, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia dictada en este juicio ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, ****y *****, por propio derecho promovieron juicio de amparo en contra la autoridad y acto siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- ****, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE DURANGO. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- DE ****, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE DURANGO, la omisión de cumplir con la obligación que el impone el artículo 51 de la Ley de Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, de que, en la tramitación del procedimiento no jurisdiccional de queja, deberá emitir alguna de sus resoluciones en un plazo que no deberá exceder de cinco meses contados a partir de la presentación de la queja, respecto del expediente de queja ***." El cinco de abril de dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "[.] dicte resolución que en derecho corresponda en el sumario de origen [.]" En la inteligencia que, para verificar el puntual cumplimiento al fallo protector de derechos fundamentales, es necesario atender tanto a las consideraciones y lineamentos contenidos en la propia ejecutoria de amparo, como a los efectos precisados en la misma. Al respeto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 75/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 627, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de Registro digital: 2007970, de título, subtítulo y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo" En auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia, y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. Como se advierte de las constancias que fueron remitidas con el oficio de tres de mayo de dos mil veintidós, por el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, mediante el cual se informó a este órgano jurisdiccional que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo la resolución dentro del expediente ****. Con el referido oficio y con la resolución, se dio vista a las quejosas para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que manifestaran nada al respecto. Ahora bien, si los efectos de la sentencia de amparo fueron precisamente que dictara resolución que en derecho corresponda en el sumario de origen es evidente que se cumplió con lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, sin que se advierta que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que el presente juicio, concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Como está ordenado en autos el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Notifíquese personalmente.

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