Miriam Neli Macías Torres
Expediente 1099/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miriam Neli Macías Torres
Actuaciones
- Principal
Cúmplase.
- Principal
CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Vista la demanda de amparo promovida por María Neli Macías Torres; se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 1099/2021-I, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Del análisis del escrito inicial de demanda se desprende que la quejosa reclama lo siguiente: "Omisión de la fiscalía de requerir nuevamente bajo un apercibimiento al titular de la notaría pública número 47 de este partido judicial Lic. ENRIQUE MACÍAS CHÁVEZ, las copias certificada de la escritura pública número 58,246 de fecha 2 de junio de 2017, 58, 246 de fecha 20 de junio de 2017 y 58,288 de 23 de junio del año 2017 y sus anexos, donde obran agregadas las firmas asentadas por Juan Antonio Ruiz Romero y Yessica Araceli Ortiz Lemus, ya que solo lo realizo de forma amable. Omisión de la fiscalía de requerir nuevamente bajo un apercibimiento al INE (instituto nacional Electoral) para que remita de forma inmediata el duplicado o copia certificada de la credencial de elector de Juan Antonio Ortiz Romero. Omisión de la fiscalía de verificar el acto de investigación consistente en la inspección del protocolo notarial donde obran las escrituras públicas 58,246 de fecha 2 de junio de 2017, 58,246 de fecha 20 de junio de 2017 y 58,288 de 23 de junio del año 2017 y sus anexos, donde obran agregadas las firmas asentadas por Juan Antonio Ruiz Romero y Yessica Araceli Ortiz Lemus. Omisión del fiscal de asegurar los indicios que se estimen pertinentes para evitar que se alteren pierdan u oculten las escrituras públicas 58,246 de fecha 2 de junio de 2017, 58,246 de fecha 20 de junio de 2017 y 58,288 de 23 de junio del año 2017 y sus anexos, donde obran agregadas las firmas asentadas por Juan Antonio Ruiz Romero y Yessica Araceli Ortiz Lemus. Precisado el acto reclamado, quien esto resuelve estima que en el presente caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previamente la parte quejosa debió haber agotado el principio de definitividad. El dispositivo legal apuntado regula el principio de definitividad respecto de actos reclamados de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley aplicable establezca para atacarlos, con la finalidad de modificarlos, revocarlos o nulificarlos. Por lo que, existiendo dichos medios ordinarios de impugnación sin que en su oportunidad sean interpuestos por el quejoso, el amparo es improcedente. Lo anterior obedece a la naturaleza del juicio de amparo, ya que es una vía extraordinaria, sui generis, para invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera cuando ya se han recorrido todas las jurisdicciones y competencias ordinarias, en virtud del ejercicio de los recursos legales que procedan. Por consiguiente, si existiese la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso o medio ordinario de defensa, y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría el segundo, al convertirlo en otro medio común de defensa; lo anterior es así, ya que si el juicio de garantías es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la pretendida actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, la parte quejosa deba agotar los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación secundaria aplicable. Así, agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante de amparo. En estas condiciones, es evidente que el medio ordinario de defensa establecido en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que al resolverse se puede obligar Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común Número 01, a actuar como pretende la parte quejosa. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 10/2014 y sus acumuladas interpretó las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales a la luz de las disposiciones constitucionales, estableciendo (entre otras cosas) que los jueces de control juegan un papel central en el nuevo sistema de justicia penal, debido a ésta sentó sus bases en el pleno respeto a los derechos humanos, por lo que es claro que estos jueces se colocan como garantes, durante las etapas de investigación criminal, del debido proceso y del respeto de los derechos de las partes que intervienen o puedan verse afectadas por las diligencias y actuaciones de la autoridad investigadora. Concluyó, que si la medida o actuación que pretenda llevar a cabo la autoridad dentro de la investigación no vulnera derechos fundamentales, no será necesaria la anuencia judicial, pero será siempre el juez de control el que califique en última instancia dicha circunstancia, de modo que el acudir ante él es la regla y solamente los actos que sean trascendentales son la excepción. Interpretación es congruente con los objetivos y diseño de la reforma que transformó el modelo procesal penal al sistema acusatorio y oral y, de mayor relevancia, es acorde con la extensa protección en materia de derechos humanos que brinda nuestra Constitución. Esta situación hace patente que el cuidado del principio de igualdad entre las partes derivado de la interpretación sistemática de los numerales 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en concordancia con los diversos 10 y 11 del mismo ordenamiento, está a cargo del Juez de Control, púes es la institución rectora del nuevo sistema procesal penal ante quien deben dilucidarse los actos de los que se duelan los intervinientes, ya sean positivos, omisivos o negativos. Por tanto, se considera que se actualiza la referida causa de improcedencia, toda vez que la quejosa estaba obligada a promover el medio de impugnación correspondiente contra las omisiones a que hace referencia dentro de la carpeta de investigación de origen, antes de acudir a la instancia del amparo, pues de considerar lo contrario se dejaría al arbitrio de las partes la procedencia o no de un medio ordinario de defensa contemplado en la legislación aplicable; sin que se advierta que los peticionarios del amparo se ubiquen en alguna de las excepciones al principio de definitividad. En consecuencia, es dable sostener que en el caso particular se actualiza de manera manifiesta e indudable el citado motivo de improcedencia, por lo que se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de trato, acorde con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de la quejosa par oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Villa Espinela número 236 Residencial Esmeralda de esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan José Ortega Vargas, quién tiene registrada su cédula profesional, en el portal de internet http://consultatucedula.mx/, perteneciente a la Secretaria de Educación Pública. NO HA LUGAR. Ahora bien, en relación a su solicitud de que se registre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no ha lugar, en virtud que deberá cumplir con los requisitos del manual del aludido sistema, acudir a las instalaciones del tribunal y llenar el formato de solicitud de registro para litigantes. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción realice la notificación personal del presente auto, así como las subsecuentes que resulten durante la tramitación del juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias del presente acuerdo y de todas y cada una de las actuaciones posteriores que se vayan generando, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo, la cual deberá entregarse al momento de su notificación. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO MEDIANTE DEL USO DE SU FIREL O e.firma (ANTES FIEL). Se requiere a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En su caso, podrán solicitar la autorización para el acceso al expediente electrónico, señalar el nombre su usuario y podrán autorizar de igual forma que las notificaciones subsecuentes se realicen de forma electrónica. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las notificaciones que se ordenen de manera personal durante la substanciación del procedimiento, deberán desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Vista la demanda de amparo promovida por María Neli Macías Torres; se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 1099/2021-I, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Del análisis del escrito inicial de demanda se desprende que la quejosa reclama lo siguiente: "Omisión de la fiscalía de requerir nuevamente bajo un apercibimiento al titular de la notaría pública número 47 de este partido judicial Lic. ENRIQUE MACÍAS CHÁVEZ, las copias certificada de la escritura pública número 58,246 de fecha 2 de junio de 2017, 58, 246 de fecha 20 de junio de 2017 y 58,288 de 23 de junio del año 2017 y sus anexos, donde obran agregadas las firmas asentadas por Juan Antonio Ruiz Romero y Yessica Araceli Ortiz Lemus, ya que solo lo realizo de forma amable. Omisión de la fiscalía de requerir nuevamente bajo un apercibimiento al INE (instituto nacional Electoral) para que remita de forma inmediata el duplicado o copia certificada de la credencial de elector de Juan Antonio Ortiz Romero. Omisión de la fiscalía de verificar el acto de investigación consistente en la inspección del protocolo notarial donde obran las escrituras públicas 58,246 de fecha 2 de junio de 2017, 58,246 de fecha 20 de junio de 2017 y 58,288 de 23 de junio del año 2017 y sus anexos, donde obran agregadas las firmas asentadas por Juan Antonio Ruiz Romero y Yessica Araceli Ortiz Lemus. Omisión del fiscal de asegurar los indicios que se estimen pertinentes para evitar que se alteren pierdan u oculten las escrituras públicas 58,246 de fecha 2 de junio de 2017, 58,246 de fecha 20 de junio de 2017 y 58,288 de 23 de junio del año 2017 y sus anexos, donde obran agregadas las firmas asentadas por Juan Antonio Ruiz Romero y Yessica Araceli Ortiz Lemus. Precisado el acto reclamado, quien esto resuelve estima que en el presente caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previamente la parte quejosa debió haber agotado el principio de definitividad. El dispositivo legal apuntado regula el principio de definitividad respecto de actos reclamados de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley aplicable establezca para atacarlos, con la finalidad de modificarlos, revocarlos o nulificarlos. Por lo que, existiendo dichos medios ordinarios de impugnación sin que en su oportunidad sean interpuestos por el quejoso, el amparo es improcedente. Lo anterior obedece a la naturaleza del juicio de amparo, ya que es una vía extraordinaria, sui generis, para invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera cuando ya se han recorrido todas las jurisdicciones y competencias ordinarias, en virtud del ejercicio de los recursos legales que procedan. Por consiguiente, si existiese la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso o medio ordinario de defensa, y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría el segundo, al convertirlo en otro medio común de defensa; lo anterior es así, ya que si el juicio de garantías es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la pretendida actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, la parte quejosa deba agotar los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación secundaria aplicable. Así, agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante de amparo. En estas condiciones, es evidente que el medio ordinario de defensa establecido en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que al resolverse se puede obligar Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común Número 01, a actuar como pretende la parte quejosa. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 10/2014 y sus acumuladas interpretó las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales a la luz de las disposiciones constitucionales, estableciendo (entre otras cosas) que los jueces de control juegan un papel central en el nuevo sistema de justicia penal, debido a ésta sentó sus bases en el pleno respeto a los derechos humanos, por lo que es claro que estos jueces se colocan como garantes, durante las etapas de investigación criminal, del debido proceso y del respeto de los derechos de las partes que intervienen o puedan verse afectadas por las diligencias y actuaciones de la autoridad investigadora. Concluyó, que si la medida o actuación que pretenda llevar a cabo la autoridad dentro de la investigación no vulnera derechos fundamentales, no será necesaria la anuencia judicial, pero será siempre el juez de control el que califique en última instancia dicha circunstancia, de modo que el acudir ante él es la regla y solamente los actos que sean trascendentales son la excepción. Interpretación es congruente con los objetivos y diseño de la reforma que transformó el modelo procesal penal al sistema acusatorio y oral y, de mayor relevancia, es acorde con la extensa protección en materia de derechos humanos que brinda nuestra Constitución. Esta situación hace patente que el cuidado del principio de igualdad entre las partes derivado de la interpretación sistemática de los numerales 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en concordancia con los diversos 10 y 11 del mismo ordenamiento, está a cargo del Juez de Control, púes es la institución rectora del nuevo sistema procesal penal ante quien deben dilucidarse los actos de los que se duelan los intervinientes, ya sean positivos, omisivos o negativos. Por tanto, se considera que se actualiza la referida causa de improcedencia, toda vez que la quejosa estaba obligada a promover el medio de impugnación correspondiente contra las omisiones a que hace referencia dentro de la carpeta de investigación de origen, antes de acudir a la instancia del amparo, pues de considerar lo contrario se dejaría al arbitrio de las partes la procedencia o no de un medio ordinario de defensa contemplado en la legislación aplicable; sin que se advierta que los peticionarios del amparo se ubiquen en alguna de las excepciones al principio de definitividad. En consecuencia, es dable sostener que en el caso particular se actualiza de manera manifiesta e indudable el citado motivo de improcedencia, por lo que se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de trato, acorde con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de la quejosa par oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Villa Espinela número 236 Residencial Esmeralda de esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan José Ortega Vargas, quién tiene registrada su cédula profesional, en el portal de internet http://consultatucedula.mx/, perteneciente a la Secretaria de Educación Pública. NO HA LUGAR. Ahora bien, en relación a su solicitud de que se registre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no ha lugar, en virtud que deberá cumplir con los requisitos del manual del aludido sistema, acudir a las instalaciones del tribunal y llenar el formato de solicitud de registro para litigantes. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción realice la notificación personal del presente auto, así como las subsecuentes que resulten durante la tramitación del juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias del presente acuerdo y de todas y cada una de las actuaciones posteriores que se vayan generando, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo, la cual deberá entregarse al momento de su notificación. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO MEDIANTE DEL USO DE SU FIREL O e.firma (ANTES FIEL). Se requiere a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En su caso, podrán solicitar la autorización para el acceso al expediente electrónico, señalar el nombre su usuario y podrán autorizar de igual forma que las notificaciones subsecuentes se realicen de forma electrónica. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las notificaciones que se ordenen de manera personal durante la substanciación del procedimiento, deberán desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
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