Miriam Miguel Martínez

Expediente 1123/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1123/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
21/12/2017

Partes del expediente

  • Miriam Miguel Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III-A "... Vistos los autos y la certificación de cuenta; toda vez que por auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se sobreseyó el presente juicio de amparo, la cual no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente para su destrucción correspondiente, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en el libro de gobierno respectivo..."

  2. Principal

    MESA III-A "... Visto el estado de autos, se advierte que este expediente se encuentra integrado con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; asimismo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación del artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, de las constancias de autos, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, en lo de interés se advierte: La parte peticionaria de amparo reclamó, como acto destacado, la omisión de acordar y notificar su petición de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. El Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante oficio de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, informó y acreditó que ya fue acordada y notificada la solicitud de la quejosa de fecha veintitrés de agosto de esta anualidad, la cual fue debidamente notificada el seis de noviembre del año en curso, por medio de la persona que autorizó para oír y recibir notificaciones (foja 35). Lo anterior, revela que han cesado los efectos de la omisión reclamada, en virtud de que mediante acuerdo de diecinueve de octubre de esta anualidad, la responsable dio contestación a la solicitud de la quejosa de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, el cual le fue notificado el seis de noviembre pasado (foja 31 a 35). Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicha omisión, la cual, como se dijo, con el auto que dictó la autoridad responsable, quedaron insubsistentes sin dejar huella alguna en su esfera jurídica; máxime que la autoridad emitió un proveído en el que atendió su solicitud, misma que fue notificada de manera personal a la promovente el seis de noviembre del presente año. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, en relación con el diverso 63 fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de audiencia en este juicio. De ahí que resulta innecesario esperar a la audiencia constitucional para resolver este juicio de garantías; ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el contenido del informe rendido por la responsable, permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo. Tiene aplicación, por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Bajo ese contexto, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia de ley (foja 54). NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY..." (SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. CONSTE)

  3. Principal

    MESA III A "... Agréguese el oficio del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; mediante el cual rinde informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por el plazo de ocho días, se da vista a las partes. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia se admite las documentales que ofrece y anexa la responsable citada; probanza que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza. Cabe precisar, que es innecesario dar vista con el proveído de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente de origen, en el que se determinó no dar trámite al incidente de actualización de pensión alimenticia, dado que se considera que tal determinación es apelable conforme al numeral 673, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, en el que se establece que son apelables los autos que tengan fuerza de definitivos, como sucede en el particular, al no haberse dado trámite a la incidencia planteada; pues el desechamiento de plano del incidente, se equipara a la hipótesis que establece en el dispositivo legal 405 del cuerpo normativo en consulta, que establece que los autos que resuelven incidentes son apelables en el efecto devolutivo. Asimismo, resulta innecesario, requerir ampliar la demanda de amparo al respecto al diverso auto de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en el que se dijo a la promovente que para efecto de requerir al demandado la exhibición de los certificados de deposito que amparan la pensión alimenticia, primeramente debía proporcionar el domicilio en el cual debe ser notificado dicha persona. Lo anterior es así, dado que esa resolución resulta revocable en términos del numeral 666 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, pues se trata de un decreto, esto es, una simple determinación de trámite, en la que se le requiere proporcione información acerca del domicilio de la parte reo; sin que se le haya negado la petición que formuló: Lo anterior es así, toda vez que contra dichas actuaciones el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, de conformidad con la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. " Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad; que no es otra cosa que la obligación de cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que hoy se da vista a las partes con el informe justificado de la autoridad responsable y a la fecha en que está señalada la audiencia, nueve horas diez minutos del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, no transcurren los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dejan sin efecto la hora y fecha mencionadas; y se fijan las DOCE HORAS DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional..."

  4. Principal

    MESA III-A "... Vista la demanda de amparo promovida Miriam Miguel Martínez, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, presentada el once de este propio mes de octubre, tanto en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta localidad, como en este Juzgado. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1123/2017. Admisión. Por otra parte, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de garantías de cuenta, tramítese sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado. Solicitud de Informe. Con apoyo en el normativo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita y que, de ser ciertos los actos reclamados, en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibida que de no rendir el informe justificado y remitir copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para resolver este juicio; con apoyo en el artículo 260 fracción II, de Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien a mil días calculados al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación. También, cuando las partes tengan conocimiento de causa de sobreseimiento alguna, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Audiencia Constitucional. Se fijan las NUEVE HORAS DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para celebrar la audiencia constitucional. Emplazamiento al Ministerio Publico. Dése la intervención que conforme al numeral 5°, fracción IV, de la Ley de la materia, corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. Requerimiento de Diverso Juicio. Asimismo, se solicita a la responsable que en el supuesto de que acepte la existencia de los actos reclamados, informe a este Juzgado, si se ha promovido juicio de garantías diverso contra el acto aquí reclamado o cualesquiera otra resolución que verse sobre los mismos hechos y, en su caso, remita copia certificada de las constancias relativas; de existir, exprese el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de juicio de amparo; y, de existir más partes donde tienen su origen el acto aquí reclamado, también informe, en su caso, la existencia de juicios de amparo diversos, el Juzgado de Distrito correspondiente, el número de expediente y, si ya fue resuelto o se encuentra en trámite. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 2jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (951) 51 502 38 71, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Información Clasificada. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en su caso, convenga en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contiene información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". (Jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Autorización de Empleado. Se precisa a la autoridad responsable que está obligada a recibir el oficio que con motivo de este juicio de amparo se le remita, en términos del artículo 28 fracción I, de la Ley de Amparo; con apercibimiento que de no recibirlo, en términos del diverso numeral 245, se les impondrá una multa de cien a mil días calculados al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación; lo anterior, sin perjuicio que al rendir su respectivo informe, precise su denominación correcta o manifieste la inexistencia de la autoridad responsable conforme a su organigrama y/o reglamento interno; con la precisión que la sustitución de funciones de la autoridad no constituye inexistencia de la autoridad. Apercibimiento de autoridad inexistente. Se apercibe a la parte quejosa, para el caso de que la autoridad señalada como responsable no exista, conforme a lo que el destinatario del oficio manifieste al rendir su informe o devuelva el oficio que se le dirija, en lo sucesivo se les tendrá aquí como inexistente y no se le dirigirá comunicación alguna; salvo prueba en contrario. Tercero Interesado. Por la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado. Pruebas. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se admite la documental que anexa la parte quejosa, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Habilitan días inhábiles. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica, y por autorizadas, en términos amplios a Jessie Anthony Ramírez López, quien si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; en tanto que a Yntintamia Sánchez Chávez, Manuel Máximo Mejía Ramos, Jorge Iván Díaz Villanueva y Uriel Zarate Ramírez, sin las amplias facultades que prevé el artículo 12 de la Ley de la Materia, toda vez que no acreditan contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, aunado a que no se encontró registro alguno a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."

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