Miriam Méndez Guerrero
Expediente 789/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Miriam Méndez Guerrero
Actuaciones
- Principal
MESA II. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el término de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir el acuerdo de veintiuno de octubre pasado, por el que se desechó la demanda, transcurrió para la parte quejosa del diez al diecisiete de noviembre actual, sin que haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, con fundamento en el numeral 214, de la legislación reglamentaria, se ordena archivar el presente asunto como concluido. Este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años, en virtud de que se ubica en la hipótesis del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; además de que a consideración de esta autoridad no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno.
- Principal
MESA II. IMPOSIBILIDAD NOTIFICAR (razón actuarial) Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta mediante la cual la fedataria judicial adscrita hizo constar su imposibilidad para notificar a Antonio Jesús Ramírez Cosme, representante de la quejosa *** por las razones que expone; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el presente auto y el diverso de veintiuno de octubre pasado, así como las subsecuentes determinaciones de carácter personal mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones.
- Principal
MESA II. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A, DE LA LEY DE AMPARO, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIUNO DE OCTUBRE PASADO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por *** representante de la quejosa ***, contra actos de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa Agencia del Ministerio Público IZP 9 Unidad de Investigación Cinco Sin Detenido, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 20, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el consecutivo 789/2021-II-A. DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sentado lo anterior y de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso señala, esencialmente, como acto reclamado, lo siguiente: AUTO DE VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUAL SE DESESTIMA LA APORTACIÓN DE ELEMENTOS PROBATORIOS PARA LA PROSECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DENTRO DE LOS AUTOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ***. Acto reclamado respecto del cual la suscrita estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, ya que el presente asunto se ubica en la hipótesis precisada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los artículo 107, fracción III y 20, apartado C, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;(.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" Dichos preceptos prevén el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal de la impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En el caso, se actualiza la causal en estudio, dado que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa promueve el juicio de amparo contra el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el cual se desestima la aportación de elementos probatorios para la prosecución de la investigación, dictado en la carpeta de investigación ***, contra el cual procede el recurso ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual pueden ser modificadas o revocadas las determinaciones del Ministerio Público. De ahí que, contra los actos reclamados procede el recurso citado, luego entonces, la quejosa tenía la carga procesal, previamente a la presentación de la demanda de amparo, de interponer el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." (Lo resaltado no es de origen) Una vez expuesto lo anterior, de las constancias de autos se advierte que la promovente tiene la calidad de víctima u ofendida; por tanto, de conformidad al precepto aludido puede inconformarse contra las determinaciones que: le afecten o impidan lograr sus pretensiones, tales como las omisiones o abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Ahora bien, de los artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación en los términos previstos en ese código y demás disposiciones aplicables. Recientemente, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, Apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Así, sostuvo que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal) sino en general se trata de actuaciones del Ministerio Público. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional concluye que bajo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de igual manera puede interpretarse la fracción XVII, del artículo 109, del código único, con los diversos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el 258 de la citada legislación procesal, para concluir que el acto reclamado debió analizarse por el juez de control previo a la promoción de este juicio de amparo. Así, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntivamente delictivos. Ante tales consideraciones, si en el caso, el acto reclamado consiste en una actuación que le es atribuida a un agente del Ministerio Público en la integración de una carpeta de investigación, es innegable que tal determinación debe sujetarse a revisión del juez de control. Lo anterior, toda vez que la afectación que sufre el gobernado cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones, es equiparable a dichas determinaciones, por similitud en sus efectos, por tanto, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo. En tales condiciones, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda, en términos del diverso 63, fracción V del mismo ordenamiento. Sin que pase inadvertido lo aseverado por la pare quejosa al citar las tesis aisladas con registros digitales 2023663 y 2023581, de rubros: Pues de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, únicamente son criterios orientadores y no obligatorios para la suscrita, de ahí que no se tomen en consideración para el dictado de la presente determinación. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN En términos del numeral 5, fracción IV, de la misma normatividad, se ordena notificar el presente proveído y correr traslado con copia autorizada del escrito de demanda, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional. Por otro lado, se le autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al asunto que nos ocupa, en el Sistema de Seguimientos de Expedientes (SISE), a través del usuario "sandra.colin", que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el escrito de demanda; y como autorizado en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al licenciado ***, por no contar con dicho registro y por así haberlo manifestado. Lo anterior, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Y como autorizados el número telefónico y correo electrónico el que cita el promovente en su ocurso, para cuestiones no procesales. EXHORTO A LA PARTES Conforme a lo previsto en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General plenario 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y para que proporcionen algún medio de contacto, como correo electrónico, número telefónico fijo o celular y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, en caso de contar con ellos, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, se exhorta a las partes a fin de garantizar la impartición de justicia pronta y expedita, realicen las gestiones necesarias a fin de poder llevar este juicio en línea. Para lo cual, con fundamento en el artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en la Sección Tercera del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán señalar nombre de usuario para consultar y promover en el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al secretario supervise que el analista Jurídico Especializado capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
MESA II. Vista la demanda de amparo promovida por *** representante de la quejosa ***, contra actos de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa Agencia del Ministerio Público IZP 9 Unidad de Investigación Cinco Sin Detenido, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 20, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el consecutivo 789/2021-II-A. DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sentado lo anterior y de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso señala, esencialmente, como acto reclamado, lo siguiente: AUTO DE VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUAL SE DESESTIMA LA APORTACIÓN DE ELEMENTOS PROBATORIOS PARA LA PROSECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DENTRO DE LOS AUTOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ***. Acto reclamado respecto del cual la suscrita estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, ya que el presente asunto se ubica en la hipótesis precisada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los artículo 107, fracción III y 20, apartado C, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;(.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" Dichos preceptos prevén el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal de la impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En el caso, se actualiza la causal en estudio, dado que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa promueve el juicio de amparo contra el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el cual se desestima la aportación de elementos probatorios para la prosecución de la investigación, dictado en la carpeta de investigación ***, contra el cual procede el recurso ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual pueden ser modificadas o revocadas las determinaciones del Ministerio Público. De ahí que, contra los actos reclamados procede el recurso citado, luego entonces, la quejosa tenía la carga procesal, previamente a la presentación de la demanda de amparo, de interponer el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." (Lo resaltado no es de origen) Una vez expuesto lo anterior, de las constancias de autos se advierte que la promovente tiene la calidad de víctima u ofendida; por tanto, de conformidad al precepto aludido puede inconformarse contra las determinaciones que: le afecten o impidan lograr sus pretensiones, tales como las omisiones o abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Ahora bien, de los artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación en los términos previstos en ese código y demás disposiciones aplicables. Recientemente, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, Apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Así, sostuvo que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal) sino en general se trata de actuaciones del Ministerio Público. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional concluye que bajo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de igual manera puede interpretarse la fracción XVII, del artículo 109, del código único, con los diversos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el 258 de la citada legislación procesal, para concluir que el acto reclamado debió analizarse por el juez de control previo a la promoción de este juicio de amparo. Así, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntivamente delictivos. Ante tales consideraciones, si en el caso, el acto reclamado consiste en una actuación que le es atribuida a un agente del Ministerio Público en la integración de una carpeta de investigación, es innegable que tal determinación debe sujetarse a revisión del juez de control. Lo anterior, toda vez que la afectación que sufre el gobernado cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones, es equiparable a dichas determinaciones, por similitud en sus efectos, por tanto, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo. En tales condiciones, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda, en términos del diverso 63, fracción V del mismo ordenamiento. Sin que pase inadvertido lo aseverado por la pare quejosa al citar las tesis aisladas con registros digitales 2023663 y 2023581, de rubros: Pues de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, únicamente son criterios orientadores y no obligatorios para la suscrita, de ahí que no se tomen en consideración para el dictado de la presente determinación. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN En términos del numeral 5, fracción IV, de la misma normatividad, se ordena notificar el presente proveído y correr traslado con copia autorizada del escrito de demanda, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional. Por otro lado, se le autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al asunto que nos ocupa, en el Sistema de Seguimientos de Expedientes (SISE), a través del usuario "sandra.colin", que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el escrito de demanda; y como autorizado en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al licenciado ***, por no contar con dicho registro y por así haberlo manifestado. Lo anterior, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Y como autorizados el número telefónico y correo electrónico el que cita el promovente en su ocurso, para cuestiones no procesales. EXHORTO A LA PARTES Conforme a lo previsto en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General plenario 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y para que proporcionen algún medio de contacto, como correo electrónico, número telefónico fijo o celular y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, en caso de contar con ellos, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, se exhorta a las partes a fin de garantizar la impartición de justicia pronta y expedita, realicen las gestiones necesarias a fin de poder llevar este juicio en línea. Para lo cual, con fundamento en el artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en la Sección Tercera del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán señalar nombre de usuario para consultar y promover en el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al secretario supervise que el analista Jurídico Especializado capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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