Miriam Marlet Campos Morales
Expediente 504/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Miriam Marlet Campos Morales
Actuaciones
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a diez de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 504/2018-V, y la certificación de cuenta de la que se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, donde se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************, sin que se hubiere interpuesto el citado medio de impugnación. Bajo ese panorama, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida resolución ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda, que carece de relevancia documental y que en el mismo no fueron exhibidos documentos originales, se concluye que es susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones de las circunstancias indicadas con anterioridad en la carátula del presente cuaderno, así como la fecha de su archivo; y, una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto décimo primero del acuerdo en comento, procédase a la destrucción de este expediente. .......
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA.. Vista la demanda de amparo promovida por +++++, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad número Cinco, Especializada en Violencia Familiar de Escobedo, Nuevo León y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 504/2018-V que le corresponde. Una vez analizado el citado ocurso, la suscrita considera viable su desechamiento, ya que al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, debe ser examinada de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. ...... A manera de preámbulo, es preciso señalar la circunstancia que la legislación reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, establezca diversas hipótesis que motivan la improcedencia del juicio, no implica, per se, una violación del derecho humano al recurso efectivo. Ciertamente, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos fijados en las leyes, es claro, que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y así, decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación de amparo, tienen una existencia justificada, en la medida que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse o bien, a los principios reguladores, surge la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Así, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. Si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver en forma efectiva y fundada el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso, los órganos y tribunales internos deben pronunciarse sobre el fondo, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, constituyen por regla general parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y, por ende, no configuran una denegación de justicia. Antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios biinstanciales. ..... Respecto al acto denominado como: "la integración de una carpeta de investigación a mis espaldas sin haber sido citada mediante citatorio o comparecencia a la entrevista correspondiente en dicha carpeta", como se dijo, procede el desechamiento del libelo de amparo en estudio, pues se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". La parte agraviada reclama la integración de la carpeta de investigación iniciada en su contra; en ese contexto, se arriba al pleno convencimiento, dicho acto, no afecta los intereses jurídicos o legítimos del impetrante, toda vez que a la Representación Social le compete, por disposición constitucional, investigar los hechos que considere delictuosos, para lo cual, el interés particular del amparista, no puede estar por encima del interés público. Efectivamente, el acto indicado no violenta los derechos fundamentales consagrados en los preceptos 14, 16 y 20 Constitucionales, en razón de que el ejercicio de la acción penal constituye una facultad constitucionalmente conferida al Ministerio Público, misma que la sociedad está interesada en que la cumpla cabalmente. Para ello y por disposición del ordinal 21 de nuestra Carta Magna, dicha institución debe avocarse a la investigación de los acontecimientos probablemente constitutivos de delito. Debiendo practicar todas las diligencias tendientes a esclarecer los acontecimientos y una vez realizado esto, ejercer la acción en comento; lo que implica allegarse de datos de prueba que acrediten la probable participación del inculpado en la comisión de las conductas delictivas y solicitar su sanción conforme a derecho; de no permitirse alguna de estas cuestiones, se obstaculizaría la función persecutoria, lo que limitaría la función del Ministerio Público, con graves consecuencias como sería el impedirle acudir a los tribunales a ejercer la acción penal. .... Por tanto, si la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio, tiene por objeto que el Fiscal reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, es dable concluir, que dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. Ello, en virtud que el comienzo y trámite de la investigación, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso mediante el accionamiento del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esa etapa, como los aquí combatidos (integración de la carpeta de investigación o judicial), no irrogan perjuicio alguno al gobernado, pues no trasciende de manera irreparable en su esfera jurídica, en razón de ser susceptibles de anularse o contrarrestarse al momento que el Agente Investigador, formule la imputación ante el Juez de Control y se inicie la investigación formalizada. Ya que de considerar que los actos emitidos durante la sustanciación de la indagatoria afectan al interés jurídico o legítimo de la parte quejosa y con ello se estime procedente el juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la facultad del Ministerio Público de allegarse de pruebas para establecer que se ha cometido un hecho tipificado como delito y que exista la probabilidad el indiciado lo cometió o participó en su comisión. ........ En ese orden de ideas, al no haber una afectación real, actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, se estima procedente desechar la demanda en cuanto al acto combatido, que se atribuye a las autoridades responsables señaladas por el ocursante, conforme al ordinal 113, de la Ley de Amparo. ......
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por +++++, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad número Cinco, Especializada en Violencia Familiar de Escobedo, Nuevo León y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 504/2018-V que le corresponde. Una vez analizado el citado ocurso, la suscrita considera viable su desechamiento, ya que al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, debe ser examinada de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. ...... A manera de preámbulo, es preciso señalar la circunstancia que la legislación reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, establezca diversas hipótesis que motivan la improcedencia del juicio, no implica, per se, una violación del derecho humano al recurso efectivo. Ciertamente, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos fijados en las leyes, es claro, que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y así, decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación de amparo, tienen una existencia justificada, en la medida que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse o bien, a los principios reguladores, surge la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Así, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. Si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver en forma efectiva y fundada el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso, los órganos y tribunales internos deben pronunciarse sobre el fondo, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, constituyen por regla general parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y, por ende, no configuran una denegación de justicia. Antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios biinstanciales. ..... Respecto al acto denominado como: "la integración de una carpeta de investigación a mis espaldas sin haber sido citada mediante citatorio o comparecencia a la entrevista correspondiente en dicha carpeta", como se dijo, procede el desechamiento del libelo de amparo en estudio, pues se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". La parte agraviada reclama la integración de la carpeta de investigación iniciada en su contra; en ese contexto, se arriba al pleno convencimiento, dicho acto, no afecta los intereses jurídicos o legítimos del impetrante, toda vez que a la Representación Social le compete, por disposición constitucional, investigar los hechos que considere delictuosos, para lo cual, el interés particular del amparista, no puede estar por encima del interés público. Efectivamente, el acto indicado no violenta los derechos fundamentales consagrados en los preceptos 14, 16 y 20 Constitucionales, en razón de que el ejercicio de la acción penal constituye una facultad constitucionalmente conferida al Ministerio Público, misma que la sociedad está interesada en que la cumpla cabalmente. Para ello y por disposición del ordinal 21 de nuestra Carta Magna, dicha institución debe avocarse a la investigación de los acontecimientos probablemente constitutivos de delito. Debiendo practicar todas las diligencias tendientes a esclarecer los acontecimientos y una vez realizado esto, ejercer la acción en comento; lo que implica allegarse de datos de prueba que acrediten la probable participación del inculpado en la comisión de las conductas delictivas y solicitar su sanción conforme a derecho; de no permitirse alguna de estas cuestiones, se obstaculizaría la función persecutoria, lo que limitaría la función del Ministerio Público, con graves consecuencias como sería el impedirle acudir a los tribunales a ejercer la acción penal. .... Por tanto, si la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio, tiene por objeto que el Fiscal reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, es dable concluir, que dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. Ello, en virtud que el comienzo y trámite de la investigación, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso mediante el accionamiento del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esa etapa, como los aquí combatidos (integración de la carpeta de investigación o judicial), no irrogan perjuicio alguno al gobernado, pues no trasciende de manera irreparable en su esfera jurídica, en razón de ser susceptibles de anularse o contrarrestarse al momento que el Agente Investigador, formule la imputación ante el Juez de Control y se inicie la investigación formalizada. Ya que de considerar que los actos emitidos durante la sustanciación de la indagatoria afectan al interés jurídico o legítimo de la parte quejosa y con ello se estime procedente el juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la facultad del Ministerio Público de allegarse de pruebas para establecer que se ha cometido un hecho tipificado como delito y que exista la probabilidad el indiciado lo cometió o participó en su comisión. ........ En ese orden de ideas, al no haber una afectación real, actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, se estima procedente desechar la demanda en cuanto al acto combatido, que se atribuye a las autoridades responsables señaladas por el ocursante, conforme al ordinal 113, de la Ley de Amparo. ......
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