Miriam Lucina Muñoz Cabrera

Expediente 512/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
512/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
09/10/2018

Partes del expediente

  • Hilda Mejia Posada
  • Miriam Lucina Muñoz Cabrera
  • MIRIAM LUCINA MUÑOZ CABRERA y Otros.
  • HILDA MEJIA POSADA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, deriva que la parte quejosa y tercero interesado no desahogaron la vista relativa al cumplimiento del fallo protector, por tanto, es procedente examinar y determinar si la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, lo cual se realiza en los términos siguientes. En principio, conviene citar el contenido del artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". El precitado numeral señala que, para determinar si en el caso las autoridades responsables cumplieron o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas y complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Es aplicable la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, visible en el la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, cuyo texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". En efecto, para estar en condiciones de analizar el cumplimiento del fallo protector, es necesario establecer los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, los cuales son los siguientes: "1. Dejar sin efecto la resolución de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, emitida en los autos de la causa penal 27/2013 de su índice. 2. Dictar otra en la que prescinda de tener como obstáculo para el cierre de la instrucción, el hecho de que aún se encuentra pendiente la investigación ordenada por la responsable a los órganos de procuración de justicia para deslindar responsabilidades por los actos de tortura denunciados por los quejosos y, con plenitud de jurisdicción, resuelva el recurso de revocación planteado ante su potestad como en derecho corresponda". Precisado lo anterior, esta juzgadora estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, pues del oficio remitido por la autoridad responsable Juez Tercero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, el cual goza de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad dejó insubsistente la resolución de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, dentro de los autos de la causa penal 27/2013, emitiendo una nueva en la que declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por el defensor particular de los procesados Hilda Posada, Miriam Lucina Muñoz Cabrera y Fernando Martínez Casas, en contra del auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, por ello, revocó la parte conducente del proveído impugnado (fojas 101 a 105). Lo anterior, sin que haya inconformidad con el cumplimiento decretado por la precitada autoridad responsable, pese a que se le dio vista del mismo al quejoso y tercero interesado, en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (foja 106). Consecuentemente, al quedar acreditado que el agravio sufrido por los solicitantes del amparo fue reparado conforme al fallo protector en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo, ha quedado cumplida. Sin que esta juzgadora advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Por tales motivos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Conforme al prudente arbitrio de esta juzgadora este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, otorgó la protección constitucional y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO:Agréguese a los presentes autos el oficio del Juez Tercero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con el oficio precisado, dése vista al quejoso y tercero interesado por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que en caso de no hacerlo, este juzgado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere el presente proveído.

  3. Principal

    Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere respetuosamente a la autoridad responsable Juez Tercero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días contados a partir del momento en que haya quedado legalmente notificado del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo, esto es: 1) Deje sin efecto la resolución de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, emitida en los autos de la causa penal 27/2013 de su índice. 2) Dicte otra en la que prescinda de tener como obstáculo para el cierre de la instrucción, el hecho de que aún se encuentra pendiente la investigación ordenada por la responsable a los órganos de procuración de justicia para deslindar responsabilidades por los actos de tortura denunciados por los quejosos y, con plenitud de jurisdicción, resuelva el recurso de revocación planteado ante su potestad como en derecho corresponda. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad.

  4. Principal

    Se notifica por lista a los quejosos Agréguese el oficio de cuenta del Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad México, mediante el cual da respuesta a la consulta de turno planteada en el presente asunto. Acúsese el recibo de estilo, sin que se glosen las constancias que se acompañan a la comunicación de cuenta, por tratarse de copias certificadas del presente juicio de amparo. Ahora bien, del citado oficio se obtiene que en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil quince, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos al aprobar la consulta 62/2015-XIV, determinó entre otras cosas instruir a dicha Secretaría Ejecutiva, a fin de que dé respuesta a las consultas de turno relacionado, a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de mayo de dos mil quince y su reforma publicada en el mismo medio de difusión el catorce de marzo de dos mil dieciséis. Así, el secretario técnico mencionado, advirtió que tanto los juicios de amparo indirecto 1334/2017, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, como el diverso número 512/2018-II, en que se actúa, no se reclaman actos vinculados a la causa penal 27/2013, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, por lo que determinó que el turno de la demanda que motivó este juicio y que fue realizado a este órgano jurisdiccional, es correcto, toda vez que encuadra en el supuesto de la fracción II, del artículo 46, del Acuerdo General vigente. Por tanto, el citado secretario técnico concluyó que es a este juzgado a quien corresponde continuar con el conocimiento de este juicio. Consecuentemente, continúese con la secuela procesal del presente juicio de amparo; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes a la audiencia constitucional, la que se verificará a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por otro lado, considerando que mediante proveído de veintitrés de mayo del año en curso, se recibió el informe justificado rendido por el Juez Tercero de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, dése vista con el mismo a las partes del presente juicio de amparo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, en dicho acuerdo se ordenó obtener copia certificada de diversas constancias de la causa penal 27/2013, de la cual emana la resolución reclamada; por tanto, con dichas documentales fórmese por separado cuaderno de pruebas identificado con el tomo I, para los efectos legales conducentes. Se autoriza al secretario firmar los oficios relativos al presente procedimiento.

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