Miriam Lucero Alfaro López
Expediente 308/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Miriam Lucero Alfaro López
- María Bernarda Palacios Romero
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(VI)
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por conducto de su representante común.(VI)
- Principal
Se notifica por lista a María Bernarda Palacio Romero, representante común de las quejosas, proveído de cuatro de marzo dos mil diecinueve...Ahora bien, como deriva de la certificación que antecede, analizado el escrito de demanda en su integridad, se advierte que Brenda Yarensi López Montoya, Erika Palacios Rodríguez, Mariela Caldera Monreal, María Guadalupe Barrera Martínez, Diana Karina López Macías, María Isabel Rangel Guerrero, Karina Gaitán Romo, Fátima del Carmen García Martínez, Jessica Cristina Romero Rodríguez y Arely Yaneth Ramírez Ramírez, no firmaron autógrafamente la misma ni persona distinta lo haya hecho en su ruego; en consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los preceptos antes transcritos, se afirma que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 5 de la Ley de Amparo, de ahí nace la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, esto, debidamente firmada, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo. De lo anterior se concluye, que si atendemos a que como ya se puntualizó, el juicio de amparo debe seguirse siempre a iniciativa o instancia de la parte agraviada por el acto de autoridad, el mínimo requisito que debe contener su escrito que lo contiene, es la manifestación de voluntad del promovente; esto es, la firma autógrafa que calce su solicitud, por constituir el dato que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus derechos y prerrogativas. Por tanto, si en la presente demanda de amparo, no aparece estampada expresamente las firmas autógrafas de Brenda Yarensi López Montoya, Erika Palacios Rodríguez, Mariela Caldera Monreal, María Guadalupe Barrera Martínez, Diana Karina López Macías, María Isabel Rangel Guerrero, Karina Gaitán Romo, Fátima del Carmen García Martínez, Jessica Cristina Romero Rodríguez y Arely Yaneth Ramírez Ramírez, se actualiza la causal de improcedencia invocada, y como consecuencia, el desechamiento por notoriamente improcedente de la demanda de amparo por falta de instancia de parte agraviada. Resulta aplicable en lo conducente, la tesis VI.1o.151 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Octava Época, con registro electrónico 208351, cuyo rubro y texto señala: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal. Así como por la igualdad de razones la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Sexta Parte, Séptima Época, con registro electrónico 249481, que en su rubro y texto dice: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa". Por otra parte, respecto al resto de las quejosas y por el acto reclamado destacado, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 74, fracción IV Constitucional, que respectivamente establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: (.) IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven; (.)". ** Énfasis añadido. Del precepto invocado en primer orden, se desprende que las causas de improcedencia del juicio de amparo se encuentran señaladas de forma enunciativa en las veintidós fracciones previas, más no de forma limitativa, porque pueden derivar de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo, de la Carta Magna o de criterio jurisprudencial, lo que de suyo implica que el artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establece algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esas hipótesis normativas no son las únicas en las que dicho juicio puede estimarse improcedente, dado que existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 175/2013 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 1344, del siguiente tenor literal: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." Ahora bien, de conformidad con el precepto constitucional expuesto en segundo orden, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto anual de gastos, pues a ella corresponde discutir primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrir aquél, conjuntamente con la Cámara de Senadores, mediante la expedición de la ley de ingresos anual relativa; empero, posteriormente y de manera exclusiva y soberana, la Cámara de Diputados debe aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación; facultad que se concede de esa manera, por ser la Cámara que se integra por los representantes del pueblo en el Congreso de la Unión, siendo quien debe determinar la forma de erogar el gasto público a través del ejercicio de los recursos, con lo cual se reafirma su calidad de representantes del pueblo y su principal encomienda, que es la de representar sus intereses y lograr que el gasto público se ejerza con eficacia, transparencia y honradez. Por ello, el texto constitucional confirma que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, bajo las características de reservada, primordial, básica y originaria. De manera que si para efectos del artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la norma suprema confiere la facultad soberana a la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación -la cual sin duda es una de las facultades más importantes-, dado que le permite incidir en el proyecto que le es remitido por el Poder Ejecutivo Federal; fuerza concluir que con la aprobación se crea un acto materialmente administrativo que es de observancia general para todos los Poderes de la Unión y órganos autónomos, para ejercer el gasto público y atender las obligaciones económicas del Estado, ya que a través de ese acto de aprobación se autoriza la erogación de los ingresos públicos. En ese contexto, si la Cámara de Diputados, para expedir el Presupuesto de Egresos de la Federación hace uso de una facultad exclusiva, debe establecerse que el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, porque esa calidad es una manifestación de la voluntad soberana del Poder Constituyente, por lo cual es un acto cuyo ejercicio reviste características de soberanía y discrecionalidad, respecto de la cual no puede tener injerencia un gobernado a través del juicio de amparo. Corolario de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la Acción de Inconstitucionalidad 4/98, valoró la naturaleza jurídica del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y determinó su desechamiento, por estimar que ese medio de control constitucional sólo es procedente contra normas de carácter general. Luego, en referencia al Presupuesto de Egresos, indicó que su objeto es determinar la aplicación de una norma general (Código Financiero del Distrito Federal), por lo que lejos de considerarlo como una norma de carácter general, se le reconoce que se está en presencia de un acto materialmente administrativo. Ideas las anteriores que se contienen en la jurisprudencia 24/99 del Pleno del Alto Tribunal, visible con el registro 194259, en la página 251 del Tomo IX, Abril de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, POR NO TENER EL CARÁCTER DE NORMA GENERAL. Por "Ley del Presupuesto" se entiende el conjunto de disposiciones legales que regulan la obtención, administración y aplicación de los ingresos del Estado, otorgando competencias y estableciendo derechos y obligaciones para la administración pública y para los particulares. Por "Presupuesto de Egresos" se entiende el decreto que contempla y autoriza las erogaciones necesarias para la realización de las actividades, obras y servicios públicos durante un periodo determinado. El "Decreto del Presupuesto de Egresos" constituye un acto de aplicación de la "Ley del Presupuesto", en cuanto autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar la inversión de los fondos públicos; empero, no es el decreto el que otorga competencias o establece derechos y obligaciones, pues éstos ya están previstos en la ley que se aplica. En el ámbito del Distrito Federal, la distinción entre "Ley del Presupuesto" y "Presupuesto de Egresos" está expresamente contemplada tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. De esta manera, a diferencia de lo que sucede con la Ley de Ingresos, la Constitución, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no otorgan el carácter de ley al Presupuesto de Egresos; en cambio, la "Ley del Presupuesto del Distrito Federal", esto es, las disposiciones conducentes del Código Financiero del Distrito Federal, le dan expresamente el carácter de decreto. Es relevante señalar que el multicitado decreto contiene algunas disposiciones que pudieran estimarse como normas de carácter general, porque aparentemente otorgan competencias; sin embargo, en realidad únicamente se limitan a reiterar, y en ocasiones de manera expresa, las que ya están otorgadas en las leyes respectivas. Por otra parte, el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, en cuanto a su aspecto material, tiene el carácter de un acto administrativo y no de una ley; es decir, no participa de la generalidad, como característica esencial de ésta. Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad que se promueva en su contra resulta improcedente. Consecuencia de lo anterior, impone concluir que el Decreto de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, también es un acto de administración general y no una ley en sentido estricto, porque lo expide una sola de las Cámaras y no ambas, como sucede con las leyes que requieren de su concurrencia sucesiva. De modo que el Proyecto de Presupuesto no tiene su génesis en un estricto proceso legislativo, sino que materialmente es un acto administrativo de colaboración entre poderes, porque lo crea originariamente el Poder Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados lo aprueba anualmente, previo examen y discusión, inclusive modificación, con lo cual los representantes del pueblo electos democráticamente tienen una intervención constitucional exclusiva para determinar o fijar los montos y destinos del gasto público; máxime que al ser elaborado por el Poder Ejecutivo, no se presenta a la Cámara de Diputados como una iniciativa de ley, sino como acto de administración general, y aunque al final del proceso se aprueba con un Decreto, éste no es una norma jurídica ordinaria que tiene como destino directo regular una situación de la realidad para los gobernados. En conclusión, se trata de un Decreto expedido por los representantes del pueblo que los eligió en un sistema democrático, como una facultad exclusiva que es soberana y discrecional porque no tiene intervención la otra Cámara del Congreso, y ningún otro órgano ni poder. Asimismo, en la medida en que es una facultad exclusiva, se rige como una potestad soberana y discrecional porque únicamente puede ser ejercida por la Cámara de Diputados con exclusión de la Cámara de Senadores que en este rubro deja de ser colegisladora, por la sencilla razón de que no se está aprobando una iniciativa de ley, que dé origen a una ley en sentido formal y material. De modo que por tener la naturaleza de una facultad exclusiva reservada expresamente a la Cámara de Diputados en el artículo 74, fracción IV constitucional que implica una facultad con ejercicio soberano, el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclama exclusivamente como acto de autoridad la aprobación del presupuesto, su publicación y ejecución; lo que surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, por lo que la demanda de amparo debe desecharse de plano con base en el artículo 113 del precitado ordenamiento jurídico. Ilustrativa de lo así expuesto, la tesis I.8o.A.4 CS (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible con el registro IUS 2015444, en la página 25126 del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su contenido literal dice lo siguiente: "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. CONTRA SU APROBACIÓN (DECRETO) POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, prevista en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, el presupuesto está dirigido a regular el ejercicio del gasto público y, en ese sentido, es un acto materialmente administrativo con contenido y finalidad de administración de los recursos públicos, que proviene de una colaboración entre el Poder Ejecutivo Federal que lo proyecta y la Cámara de Diputados que lo aprueba. Así, en la medida en que es una facultad exclusiva, se erige como una potestad soberana y discrecional, porque únicamente puede ser ejercida por la Cámara de Diputados, con exclusión de la de Senadores que, en este rubro, deja de ser colegisladora, porque no participa en la aprobación de una iniciativa que origine una ley en sentido formal y material. En estas condiciones, si la aprobación (decreto) del presupuesto es un acto de colaboración republicana y su ejercicio es exclusivo de la Cámara de Diputados, se trata de un acto soberano, inherente a la representación que ésta ostenta. Por tanto, contra dicho acto el juicio de amparo es improcedente, porque la acción constitucional no puede incidir en el ejercicio de esa facultad exclusiva." Sin que lo resuelto con antelación implique desconocer que el Presupuesto de Egresos de la Federación, es un acto de ejecución de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyas disposiciones tienen por objeto reglamentar, entre otros, el artículo 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Así como el mandato expreso para que los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de dicha Ley, como es la Cámara de Diputados, observen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. Ello, en la medida que las afectaciones a los derechos constitucionalmente reconocidos que pudieran resentir en lo individual o colectivo los gobernados, por el incumplimiento del objeto de dicha ley Federal y los criterios que deben ser observados a partir de ella, en el caso, respecto de los "programas de subsidio" y aquellos que deban sujetarse a reglas de operación (en el particular, conforme al artículo 77 de la indicada ley), como el que aducen las quejosas, por la supresión o modificación de los recursos asignados a los anexos transversales que se señalan en la demanda de amparo, pueden ser fiscalizados por la Auditoria Superior de la Federación conforme a sus atribuciones, o en su caso, controlados en su constitucionalidad por los jueces. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente al demanda de amparo promovida por Miriam Lucero Alfaro López, Elidia Bernal Sánchez, Paola Martínez De Luna, Cynthya Cristina García Martínez, Fernanda Alison Loera Bernal, Juana Fátima Palacios Rodríguez, Araceli Bernal Jiménez, Eriady Lizette Muñoz Macías, Hada Aguilar Marín, Juana María Rodríguez Moreno, Ma. Guadalupe Villanueva Delgado, María Lizbeth Muñoz Martínez, María Bernarda Palacios Romero, Maricela Flores Martínez, María Cristina Pérez Mendoza, Leidy Jazmín Muñoz Macías y María del Refugio Guerrero Loera. (VI)
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · 13,388 expedientes
- Miriam Guadalupe García Alvarado2012/2014
- Miriam Jeanette Delgado Padilla735/2016
- Miriam Jeanette Delgado Padilla508/2016
- Miriam Leticia Brand de Lara919/2021
- Miriam Leticia Brand de Lara1108/2017
- Miriam Leticia Peredo Rodríguez1706/2010
- Miriam Mendez Muñoz315/2019
- Miriam Nathaly Martínez Reyes576/2023
- Miriam Rivas Pitalua753/2020
- Miriam Rivas Pitalua1012/2022
- Miriam Rivas Pitalua159/2021
- Miriam Rivas Pitalua24/2023