Miriam Lizeth Juarez Ortega
Expediente 369/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Miriam Lizeth Juarez Ortega
- GILBERTO VEGA BARRERAS y Otros.
- MIRIAM LIZETH JUAREZ ORTEGA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de doce de julio de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de garantías promovida por Miriam Lizeth Juárez Ortega y Gilberto Vega Barreras, en su carácter de procurador judicial de Marcela Juárez Ortega; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la materia, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, fracción I, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por auto de doce de julio de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de garantías en el presente expediente; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, el once de julio de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
ES NOTIFICACION PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa Miriam Lizeth Juárez Ortega y Gilberto Vega Barreras, en su carácter de Procurador Judicial de Marcela Juárez Ortega el auto de doce de julio de dos mil dieciocho, que a la letra dice: Vista la demanda de cuenta firmada por Miriam Lizeth Juárez Ortega y Gilberto Vega Barreras, en su carácter de procurador judicial de Marcela Juárez Ortega, contra actos de la Sala Unitaria de Circuito Zona Norte, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos humanos previstos en los artículos 14, 16, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, realícense las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 369/2018-9. Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar el escrito de demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al juez de distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61; en consecuencia, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". En principio es importante destacar que, Miriam Lizeth Juárez Ortega y Gilberto Vega Barreras, en su carácter de procurador judicial de Marcela Juárez Ortega, promovieron juicio sucesorio intestamentario a bienes de OFELIA ORTEGA HERNÁNDEZ, radicado con el número 1975/2017, el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete; por su parte, ante el Juez del conocimiento, esto es, Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, el tercero interesado Francisco Javier Bisais Aguilar, se ostentó como esposo de Ofelia Ortega Hernández. En este contexto, seguido el trámite del procedimiento, el veinte de febrero de dos mil dieciocho, el juez de primera instancia, emitió un auto donde reconoció y declaró como únicas y universales herederas de la sucesión intestamentaria a Miriam Lizeth y Marcela, ambas de apellidos Juárez Ortega. Inconforme con la determinación el tercero Francisco Javier Bisais Aguilar promovió apelación, resuelto el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, por la Sala Unitaria de Circuito, Zona Norte, con sede en esta ciudad, en el toca 26/2018-F, en el sentido de modificar el auto declarativo de herederos, para el efecto de reconocer al tercero Javier Bisais Aguilar como heredero de la sucesión. Entonces, con la resolución que reconoce el carácter de heredero a Javier Bisais Aguilar, las quejosas Miriam Lizeth Juárez Ortega y Gilberto Vega Barreras, en su carácter de procurador judicial de Marcela Juárez Ortega, promueven el presente juicio de amparo. Pues bien, de lo relatado puede advertirse que las impetrantes se duelen del reconocimiento de heredero en favor del tercero interesado. Como se adelantó, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que tiene sustento en la misma fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es "improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de "tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, "respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún "recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, "por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o "nulificadas.- Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean "actos que importen peligro de privación de la vida, "ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, "incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o "destierro, extradición, desaparición forzada de personas "o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o "Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado "consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, "autos que establezcan providencias precautorias o "impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, "resolución que niegue la libertad bajo caución o que "establezca los requisitos para su disfrute, resolución que "decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, "orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad "personal del quejoso, siempre que no se trate de "sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se "trate de persona extraña al procedimiento.- Cuando la "procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a "interpretación adicional o su fundamento legal sea "insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en "libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de "amparo;.". Del contenido del primer párrafo de la fracción antes transcrita, se desprende el principio de definitividad como requisito de procedencia para acceder al juicio constitucional, el cual exige agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley ordinaria, previo a la acción de amparo. Ahora bien, el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, en su Libro Tercero, Titulo Segundo denominado "De los Procedimientos Sucesorios", Capítulo III titulado "De los Intestados", establece en sus artículos 492 al 502, lo siguiente: "Artículo 492. Quien promueva un intestado, deberá presentar con la denuncia los justificantes de la muerte del autor de la herencia y los que acrediten su parentesco con éste si lo tuviere; además, bajo protesta de decir verdad expresará los nombres y domicilios de los parientes en línea recta y del supérstite o a falta de ellos el de los colaterales dentro del cuarto grado de que tenga conocimiento y, de serle posible, presentará también certificado de las partidas del registro civil, que demuestren el parentesco. Además, acompañará copia del escrito de denuncia y de los demás documentos. Artículo 493. Hecha la denuncia con los requisitos que expresa el artículo anterior, el juez, una vez practicadas las diligencias de aseguramiento de los bienes, como se dispone en este Capítulo, cuando así proceda, tendrá por radicado el intestado y mandará notificarlo por instructivo o por correo con acuse de recibo a las personas que se hubieren señalado como interesadas, haciéndole saber el nombre del finado, las demás particularidades que lo identifiquen y la fecha y lugar del fallecimiento, para que en un plazo improrrogable de treinta días se presenten a deducir y justificar sus derechos a la herencia y a hacer el nombramiento del albacea. Asimismo, en el auto de radicación deberá ordenar que se giren oficios al Archivo General de Notarias y al Registro Público de la Propiedad para que rindan informe sobre la existencia o no de que se haya inscrito testamento alguno por parte del autor de la sucesión. En todo caso, se mandarán fijar y publicar edictos como se dispone en el artículo 488, haciendo saber a los interesados la radicación del intestado y previniéndoles que deberán presentarse a deducir y justificar sus derechos en la forma y términos que ordena el párrafo anterior. Artículo 494. El juez podrá ampliar prudentemente el plazo que señala el artículo anterior, cuando por el origen del difunto u otra circunstancia, se presuma que puede haber parientes fuera de la República. Artículo 495. Fijados los edictos y hechas las publicaciones a que se refiere el artículo 488, lo cual certificará en los autos el secretario, una vez transcurrido el plazo concedido a los interesados para presentarse a deducir y justificar sus derechos, que se computará desde el día siguiente a la última publicación, el juez dictará auto haciendo la declaración de herederos en favor de quien lo estime pertinente en vista de los justificantes presentados o la denegará con reserva de sus derechos a los que la hubieren pretendido, para que los hagan valer en juicio ordinario. Este auto será apelable en el efecto devolutivo. Artículo 496. Al hacerse la declaración de herederos de acuerdo con los artículos precedentes, el juez en el mismo auto citará a los declarados, a una junta que deberá verificarse dentro de los ocho días siguientes, para que en ella designen al albacea. Se omitirá la junta cuando el heredero fuere único o si los interesados, desde su presentación emitieren ya su voto por escrito o en comparecencia. El juez aprobará el nombramiento en favor del que obtuviere mayoría o hará la designación que corresponda con arreglo al Código Familiar. El albacea nombrado tendrá carácter de definitivo. Artículo 497. Los herederos inconformes con el nombramiento del albacea podrán nombrar interventor con arreglo al Código Familiar. Artículo 498. Si ninguno de los pretendientes hubiere sido declarado heredero, continuará como albacea judicial el interventor que se hubiere nombrado antes o el que en su defecto se nombre. Artículo 499. Si el Ministerio Público o cualquier pretendiente se opone a la declaración de herederos o alega incapacidad de alguno de ellos, se sustanciará en juicio ordinario el pleito a que la oposición dé lugar, con el albacea o heredero, respectivamente, sin que por ello se suspenda otra cosa que la adjudicación de los bienes en la partición. Artículo 500. Después de los plazos a que se refieren los artículos 493 y 494 de este Código, no serán admitidos los que se presenten deduciendo derechos hereditarios; pero tendrán a salvo su derecho para hacerlo valer en los términos de este Código contra los que fueren declarados herederos. Artículo 501. Al albacea se le entregarán los bienes sucesorios, así como los libros y papeles, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99 del Código Familiar, debiendo rendirle cuentas el interventor. Artículo 502. Si nadie se presenta reclamando la herencia o si no fuere reconocido el derecho de los presentados, se declararán herederas a la Beneficencia Pública y a las Instituciones Públicas de Educación Superior. De los anteriores numerales se desprende que podrán presentarse, al juicio sucesorio intestamentario, las personas que se crean con derecho a la herencia, quienes exhibirán las pruebas que acrediten su parentesco con el autor de la sucesión, para que el Juez, una vez transcurridos los plazos, realice la declaratoria de herederos y la citación para junta a efecto de elegir al albacea. Asimismo, el artículo 499 del ordenamiento ya citado, establece que cualquier pretendiente puede oponerse a aquélla declaración de herederos, a través del juicio ordinario de oposición con el heredero; previendo, asimismo, la figura de la suspensión, pues se suspenderá el juicio en su periodo de adjudicación de bienes. En ese contexto, el código procesal familiar para esta entidad federativa, prevé expresamente un medio defensa dentro del procedimiento sucesorio intestamentario, por medio del cual, quien haya comparecido al juicio sucesorio y pretenda oponerse a una persona señalada como herera con derechos sobre la sucesión, puede impugnar la declaración de herederos a través del juicio ordinario de oposición, con el que evidentemente se puede modificar, revocar o nulificar aquélla determinación. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Febrero de 1993, página 261, registro 217308, del rubro y texto siguientes: "HEREDEROS. DECLARATORIA DE. NO "PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO LA "OPOSICION DE LOS RESTANTES PRETENDIENTES "A LA HERENCIA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE "TLAXCALA). No es en el juicio de amparo en donde se "puede determinar de primera intención, la oposición de "los pretendientes a la herencia a que se le reconozcan "derechos a un determinado heredero en la primera junta "de herederos en un juicio sucesorio intestamentario; "dado que esas facultades están reservadas para la "potestad común, ya que expresamente en los artículos "1194 y 1212 del Código de Procedimientos Civiles para "el Estado de Tlaxcala, se establece el procedimiento "especial, que puede tramitarse en el juicio natural "siendo éste (el juicio de oposición) que es el idóneo "para hacer la declaración sobre la designación o no de "herederos, y una vez agotado tal procedimiento será "como pueda acudirse al juicio de amparo. Por ende, si "se señala como acto reclamado la resolución del juez "que conoce del juicio sucesorio, dictada en la primera "junta de herederos, en donde reconoce derechos "hereditarios a un pretendiente a la herencia no obstante "la oposición de los restantes herederos, el juicio de "amparo es improcedente en términos de lo dispuesto "por el artículo 73 fracción V de la Ley de Amparo, pues "mientras no exista la declaratoria de ser procedente la "oposición formulada por la autoridad competente, no se "afectan los intereses jurídicos de los quejosos. En el presente caso, el acto reclamado en el juicio de amparo, es precisamente la determinación sobre el recurso de apelación, en la que se declaró heredero al tercero Francisco Javier Bisais. Ahora bien, si la intención de los promoventes del amparo, no es otra que la de impugnar el derecho del declarado heredero, al considerar que éste no tiene el carácter con el que se ostentó en el juicio sucesorio intestamentario de origen, es decir, el de esposo de la de cujus; y, por tanto, esa controversia no es una cuestión que se pueda ventilar dentro del juicio sucesorio. En efecto, la acción sucesoria únicamente opera mediante la comprobación de las relaciones de parentesco habidas con el autor de la herencia, que persigue solamente una cuestión declarativa; por lo que quien aspira a ser heredero sólo debe demostrar su parentesco con aquél. De ahí que, si dentro de los juicios sucesorios fuere impugnado el derecho de alguno de los declarados herederos, surge entonces una controversia entre las partes en conflicto que no puede tener lugar en el juicio sucesorio, sino que obliga a aquéllas a ventilar tal conflicto en un juicio contradictorio. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLVIII, página 2186, registro 358657, del rubro y texto siguientes: "HEREDEROS, OPOSICION A LA "DECLARACION DE (LEGISLACION DE TLAXCALA). "El artículo 1596 del Código de Procedimientos Civiles "del Estado de Tlaxcala, dispone que si el Ministerio "Público o cualquier pretendiente, se oponen a la "declaración de herederos o alegan incapacidad de "alguno de ellos, se sustanciará en el juicio "correspondiente, el pleito a que la oposición diere lugar, "de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1580 del "propio ordenamiento; de lo que se deduce que el "estudio de tal oposición debe sustanciarse en juicio "contradictorio con el albacea, y en él calificarse la "oposición, dando oportunidad a las partes a que se les "oiga y rindan, en el mismo juicio, sus pruebas y "contrapruebas, sin que jurídicamente pueda aceptarse "que el estudio de tal oposición, deba tener verificativo "en el procedimiento de los juicios sucesorios, pues aun "cuando es cierto que éstos, por su propia naturaleza, "tienen el carácter de juicios universales, dentro de la "antigua clasificación, que reconoció esta característica a "los procedimientos judiciales en los que se ejercitaban "las acciones de familia ercicundae, comuni dividundo y "finium regundorun, en los que se perseguía además de "una cuestión declarativa, la determinación de los "derechos en ellos ejercitados, pudiendo perseguirse ya "exclusivamente el reconocimiento de un derecho de "familia, y a la partición de un bien común, o el crédito "sobre el deudor común, exigiendo además las "consecuencias de esos derechos, también es verdad "que tanto la doctrina como la jurisprudencia se han "pronunciado en el sentido de que los procedimientos "establecidos para transmitir los bienes en una sucesión, "no son verdaderos juicios, en los que la contradicción "entre las partes constituya la cuestión sustancial que "debe decidirse, sino solo la ejecución de diversas "formalidades establecidas en la ley, para obtener, a "título de herencia, los bienes, derechos y acciones del "autor de la sucesión, y es indudable que todas las leyes "procesales vigentes, contienen disposiciones por las "que envían a los presuntos herederos, a ventilar la "cuestión que sobre sus respectivos derechos pretendan "sustentar, a un juicio contradictorio, en el que debe "decidirse con todas las formalidades legales; y como el "derecho a la sucesión legítima, se opera mediante la "comprobación de las relaciones de parentesco habidas "con el autor de la herencia, tal principio establece la "necesidad de que quien aspira a heredar, deba "comprobar su parentesco por los medios y "procedimientos estatuidos por la ley, de lo que se "concluye que si dentro de los juicios sucesorios fuere "impugnado el derecho de alguno de los presuntos "herederos, por el Ministerio Público o por cualquier otro "pretendiente a la herencia, o se alega incapacidad de "alguno de ellos, tal oposición debe definirse en el juicio "contradictorio correspondiente, de acuerdo con lo "dispuesto por el artículo 1596 citado, en relación con el "1580, puesto que es precisamente en dicho juicio en el "que debe calificarse de manera definitiva, el derecho a "la herencia". Precisado lo anterior, resulta evidente que la parte quejosa estaba obligada a agotar el juicio ordinario de oposición, previsto en el artículo 499 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, antes de acudir al juicio biinstancial, por ser el medio de defensa que la ley ordinaria prevé dentro del procedimiento, por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar, el acto recamado. Aunado a lo anterior, en el caso, no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en los incisos a) al c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; menos aún afecta la libertad personal; ni estamos ante la presencia de que el juicio de amparo lo promueva persona extraña a juicio, pues conforme a los antecedentes del acto reclamado, es evidente que las quejosas formaron parte del procedimiento sucesorio de origen, al ser quienes denunciaron la sucesión y, el propio artículo 499 prevé la figura de la suspensión, sin mayores requisitos que los de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en el artículo 61, fracción XVIII; procede desechar de plano la demanda formulada por Miriam Lizeth Juárez Ortega y Gilberto Vega Barreras, en su carácter de procurador judicial de Marcela Juárez Ortega al ser notoriamente improcedente en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la citada legislación. Es aplicable la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Por último, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Santos Degollado número 517 sur altos, local 4, sector Centro, de esta ciudad y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Francisco Sandoval Cota y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan Santes Pérez, en atención a que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito.
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