Miriam Lara Franco
Expediente 834/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/04/2021
Partes del expediente
- Miriam Lara Franco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio con anexo, proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 7/2021, promovido por ***, en contra del auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte en el que se desechó la demanda de amparo, de cuyo punto resolutivo se advierte que se declaró infundado dicho medio de impugnación. Acúsese recibo. De los que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Archivo. En esas condiciones, al no existir nada pendiente por acordar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: a) El cuaderno principal es susceptible de destrucción (Artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo). Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto de referencia, de igual forma, se precisa que en el asunto que nos ocupa no hay información reservada a la que hace referencia el diverso artículo 19. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual, acusa recibo del diverso 16391/2020, con el que se remitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa......., contra el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo, el cual registró con el número 7/2021 y solicita que se haga disponible el expediente electrónico para la vinculación respectiva; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En esas condiciones, se comisiona al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que haga disponible el expediente electrónico a la superioridad. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; uno de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el escrito de cuenta suscrito por la quejosa ********, por el que interpone recurso de queja en contra del auto de diecinueve de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, remítase vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, así como del ocurso por el que se interpone el medio de impugnación y ríndase el informe sobre la materia. Sin que sea necesario notificar a las partes la interposición del recurso, en virtud de que el presente juicio de amparo no fue admitido; por tanto, no se ha efectuado emplazamiento alguno. Notif
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Desahogo de prevención. Visto el escrito de cuenta, mediante el cual la quejosa ******, desahoga la prevención formulada en auto de diez de los cursantes; en esas condiciones, se tiene por cumplido el requerimiento de que fue objeto y se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. Desechamiento. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda y del escrito aclaratorio se desprende que la quejosa reclama: La discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil cuatro, específicamente el único párrafo del artículo 92-Bis de la citada legislación y como acto de aplicación de tal precepto legal el oficio PFC/SPS/DGP/DD/405/2020, de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual se declara la improcedencia de la solicitud del dictamen a favor de la quejosa, en el expediente PFC.MEX.B.3/002655-2018, tramitado ante la Delegación Toluca de la Procuraduría Federal del Consumidor. Al respecto, este Juzgado Federal considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos dispositivos 1°, fracción I y 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Dichos artículos establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.(.) Ahora bien, el artículo 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable, previamente aludido, para los efectos del juicio de amparo, que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado numeral, es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, la que, con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establece en las tesis de jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello, sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del precepto en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuación del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. Por tanto, como lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los elementos a tomar en cuenta para considerar que el particular se equipara a una autoridad para efectos del juicio son: - Que el particular dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. - Que omita actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. - Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Del contenido de los artículos antes mencionados, de las características que debe reunir un particular con calidad de autoridad se desprende que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al supuesto de que los hechos que en el mismo se reclamen provengan de un acto de autoridad, o bien, de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, y que además afecten los derechos supremos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos; de ahí que aquellos actos emanados de relaciones de supra ordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, cuando en estas últimas, la relación surja entre un particular y una autoridad, pero en un mismo plano de coordinación como particular, tales actos no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Precisado lo anterior, como se anticipó, es improcedente la demanda de amparo que se propone, respecto del acto de aplicación de la norma impugnada a la Delegación Toluca de la Procuraduría Federal del Consumidor, consistente en el oficio PFC/SPS/DGP/DD/405/2020, de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual se declaró la improcedencia de la solicitud del dictamen a favor de la quejosa, en el expediente PFC.MEX.B.3/002655-2018, porque dicha responsable no tienen la calidad de autoridad responsable para efectos del amparo. En efecto, la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de sus delegaciones, es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. En efecto, las Delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, tienen como funciones las de promover, asesorar, proteger y defender los derechos de los consumidores frente a los proveedores de bienes y servicios y arbitrar las diferencias, de manera imparcial, lo cual se traduce en la creación de esquemas de protección al público usuario de dichos servicios, como el procedimiento instaurado para atender las consultas y reclamaciones de aquellos consumidores, donde la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor puede actuar de manera limitada como conciliador en la solución de conflictos, instancia que sólo constituye una vía de solución alterna a los procedimientos judiciales, para contribuir a eliminar las irregularidades que se cometan en la comercialización de bienes o servicios, de manera que se trata de un medio organizado de heterocomposición voluntaria, en prevención de controversias judiciales entre los consumidores y los proveedores, por lo que en el caso, el acto reclamado emitido por la autoridad que la quejosa señaló como responsable, no se adecuan a alguno de los supuestos previstos en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, porque no realizaron actos equivalentes de autoridad al emitir el acto que aquí se le reclama. Tal conclusión se apoya en los artículos 1° y 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que disponen: "Artículo 1o.- La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario. El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores." "Artículo 20.- La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto." Ahora bien, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece un mecanismo de solución de conflictos optativo para las partes, y otorga facultades a las Delegaciones para que dirijan tal procedimiento, de acuerdo con las etapas y condiciones previstas en los artículos 99 a 116 del citado ordenamiento legal. El procedimiento conciliatorio del que conocen las Delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor inicia a instancia de parte, por la solicitud expresa del consumidor. En él debe citarse a las partes a una audiencia de conciliación, que celebrara cuatro días después de la fecha de notificación de la reclamación al proveedor, el objetivo de la audiencia es que las partes concilien sus intereses, para ello, el conciliador formulará las propuestas de solución y procurará que la diligencia se desarrolle en forma ordenada y congruente. Ahora bien, debe distinguirse la etapa de conciliación de la emisión del dictamen pues aun cuando la posibilidad de elaborarlo aparece en el artículo 114 de la ley en estudio, lo cierto es que no constituye un paso dentro de la conciliación, ya que ésta se agota en la audiencia respectiva. Así, se advierte, como se dijo, que el objeto de la ley que nos ocupa no es el de establecer una instancia jurisdiccional que deba deducirse en el ámbito de la autoridad administrativa, sino dentro de aquél, un medio organizado de solución voluntaria de conflictos en prevención de controversias judiciales entre los consumidores y los proveedores. Como un principio rector de la organización y funcionamiento de este sistema, existe la garantía de los derechos de los consumidores frente a los intereses económicamente dominantes de los proveedores, cuyo equilibrio sustenta el sentido de las actuaciones de la Procuraduría Federla del Consumidor, por la vía de la conciliación y en su caso, del arbitraje voluntario. Luego, la ley no contempla el procedimiento ante esa autoridad como una instancia judicial, sino como un medio institucional de prevención de conflictos cuya resolución de fondo corresponde constitucionalmente a aquélla, la circunstancia de que en el ámbito administrativo el contenido de las funciones de conciliación y arbitraje se definan más por la calidad de los particulares accionantes que por la resolución objetiva de conflictos entre iguales, desde el punto de vista procesal no es más que la manifestación, entre otras, de una potestad del Estado en favor de los intereses más desprotegidos. En tal virtud, las funciones de conciliación y arbitraje, en la esfera administrativa, no prejuzgan ni podrían prejuzgar acerca del fondo de las cuestiones planteadas, ni el pronunciamiento de la Procuraduría Federal del Consumidor a través de sus delegaciones constituye una resolución jurisdiccional, pues sus efectos propios no coinciden con los de una sentencia ni formal ni materialmente, la consecuencia de ello es, entre otras, que el derecho de los consumidores permanece intacto y, por tanto, accionable ante las instancias judiciales; por ello, la tramitación de la reclamación ante la Delegación de la Procuraduría no agrega ni disminuye en nada dicho derecho, como tampoco al del usuario. Así es, en el caso, como se advierte de la propia ley, el procedimiento conciliatorio y por ende los actos realizados para llegar a él, y aun la emisión del dictamen y la resolución que en su caso se emita en la reclamación del consumidor, no autoriza a la Procuraduría Federal del Consumidor el ejercicio de una función jurisdiccional, ni constituyen actos de autoridad con facultad de imperio, pues se insiste, se trata de una instancia de mera conciliación en el ámbito administrativo, sus pronunciamientos, carentes de la fuerza ejecutoria de una sentencia judicial, se limitan a lo más a una decisión arbitral que, como un pronunciamiento administrativo prejudicial, que no tiene las características de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no constituye un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ni se da en una relación jurídica de supra a subordinación en la que, el gobernado como titular de derechos fundamentales se vea afectado por la procuraduría en cita, por acto unilaterales con poder de imperio. Así, la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de sus delegaciones, no realiza una función jurisdiccional ni desde el punto de vista orgánico (porque no es un tribunal), ni desde el punto de vista de la materia (porque no resuelve imperativamente una controversia), su determinación final y por ende, incluso que no se emita el dictamen peticionado y que se señala como acto reclamado, sólo constituye una determinación administrativa, emanado de un procedimiento de esa misma clase, sin la eficacia de una sentencia judicial o de la jurisdicción contencioso-administrativa. De lo aquí expuesto es posible concluir que el acto de aplicación reclamado consistente en el oficio PFC/SPS/DGP/DD/405/2020, de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual se declaró la improcedencia de la solicitud del dictamen a favor de la quejosa, en el expediente PFC.MEX.B.3/002655-2018; se encuentra desprovisto de los atributos que definen el acto de autoridad para efecto del amparo, pues con ello la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, no desarrolla tareas propias del Estado frente al gobernado, que afecten derechos o impongan obligaciones, pues de ninguna manera modifica, restringe o altera los derechos del usuario, ya que conforme a la legislación aplicable, al no avenir los intereses de las partes, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes; en consecuencia se insiste que los actos reclamados, no son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 146/2012 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1050, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y 1a./J. 84/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 48, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubros y textos siguientes: "COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 68, FRACCIÓN VII, 68 BIS Y 68 BIS 1 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO ORGANISMO, NO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos citados establecen que la Comisión Nacional podrá emitir un dictamen técnico -en los casos en que resulte procedente- cuando, agotada la conciliación, las partes no se sometan al arbitraje. Ahora bien, dicho dictamen no forma parte del procedimiento de conciliación, pues la facultad de emitirlo surge ante la falta de acuerdo conciliatorio, además, porque de las aludidas disposiciones legales se advierte que aquél es sólo una opinión técnico-jurídica desprovista de los atributos que definen al acto de autoridad, pues a través de ésta la Comisión no desarrolla tareas propias del Estado frente a los gobernados que afecten derechos e impongan obligaciones, esto es, se trata de una prueba preconstituida que puede aportarse a juicio, quedando sujeta a las reglas propias de la valoración de pruebas y que no determina por sí sola la procedencia de lo reclamado; de ahí que el acuerdo que declara improcedente su emisión no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto." "COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EN EL PROCEDIMIENTO INSTAURADO PARA ATENDER LAS CONSULTAS Y RECLAMACIONES DE AQUÉLLOS, NO REALIZA FUNCIONES JURISDICCIONALES, SINO DE MERA CONCILIACIÓN EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO. De lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, se desprende que la referida comisión tiene como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos de los usuarios frente a las instituciones financieras y arbitrar las diferencias, de manera imparcial, lo cual se traduce en la creación de esquemas de protección al público usuario de dichos servicios, como el procedimiento instaurado para atender las consultas y reclamaciones de aquellos usuarios, donde la comisión sólo puede actuar de manera limitada como conciliador y árbitro en la solución de conflictos, instancia que sólo constituye una vía de solución alterna a los procedimientos judiciales, para contribuir a eliminar las irregularidades que se cometan en la prestación de los servicios financieros, de manera que se trata de un medio organizado de heterocomposición voluntaria, en prevención de controversias judiciales entre las instituciones financieras y los particulares usuarios del servicio, esto es, el procedimiento que la mencionada ley prevé ante la referida comisión fue creado como un medio institucional de prevención de conflictos, porque la circunstancia de que, en el ámbito administrativo, el contenido de las funciones de conciliación y arbitraje, se defina más por la calidad de los particulares accionistas, que por la resolución objetiva de conflictos entre iguales, desde el punto de vista procesal, no es más que la manifestación tuitiva del Estado, a favor de los intereses más desprotegidos, lo cual se corrobora si se atiende a que así también acontece en el campo de la procuración de los consumidores, los trabajadores y los campesinos. Lo anterior implica que las funciones de conciliación no prejuzgan en cuanto al fondo de las cuestiones planteadas, ni el pronunciamiento de la citada comisión constituye una resolución jurisdiccional, pues sus efectos propios no coinciden con los de una sentencia, y la consecuencia de ello es que el derecho de los usuarios y de las instituciones financieras permanece intacto y expedito para accionarlo ante las instancias judiciales; de ahí que la tramitación de la reclamación ante la citada comisión, no agrega ni disminuye el derecho de las partes. De lo anterior debe concluirse que el mencionado ordenamiento legal no autoriza a aquella comisión a ejercitar una función jurisdiccional, pues se trata sólo de una instancia de mera conciliación en el ámbito administrativo, tan es así que sus pronunciamientos carecen de la fuerza ejecutoria de una sentencia judicial, ya que se limitan a una decisión arbitral. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo interpuesta. No pasa desapercibido que la quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 92-Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor; sin embargo, el amparo contra leyes, es improcedente si el acto de aplicación de la ley que se reclama, no proviene de una autoridad para efectos del amparo, al no poderse desvincular el análisis de la ley, al acto; y si en el caso, como ya quedó puntualizado, el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, proviene de la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, la cual no es autoridad para los efectos del amparo indirecto, requisito indispensable para la procedencia de dicho juicio; torna improcedente a éste, tanto por lo que respecta al aludido acto de aplicación, como por lo que hace a la norma impugnada, pues, como se dijo, el análisis de la ley respectiva no puede desvincularse del que concierne a su acto de aplicación. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, publicada en la página 235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.". Estimar lo contrario, conduciría a tener como acto de aplicación de un precepto su simple cita en algún escrito formulado por cualquier particular, sin las atribuciones legales que de una autoridad prevé la propia Ley de Amparo, lo que trastocaría las reglas para el estudio del juicio de amparo indirecto contra leyes, cuando se promueve con motivo de un acto de aplicación. Notifíquese y de manera electrónica a la parte quejosa.
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