Miriam Jocelyn Marino Ventura y Otros.

Expediente 257/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
257/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Miriam Jocelyn Marino Ventura y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días, otorgado en auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, a la parte quejosa, para que compareciera ante este juzgado federal a ratificar su escrito presentado el catorce de marzo actual, por el que se desistió de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; sin que lo haya hecho; por tanto se le hace efectivo el apercibimiento inserto en dicho auto y se provee lo siguiente. De autos se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y otras autoridades. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por el quejoso ********************, mediante el cual manifiesta que se desiste del presente juicio de amparo y solicita la devolución de los documentos que anexó a su demanda Atento a lo anterior antes de acordar lo procedente, requiérase a dicha promovente, para que dentro del término de tres días, que establece el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, siguientes al en que le surta efectos legales la notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado Federal debidamente identificada con credencial de validez oficial que contenga su fotografía a ratificar el contenido del escrito de cuenta; en la inteligencia que de no hacerlo así en el lapso indicado, se proveerá lo que en derecho corresponda. Por otro lado, como lo solicita, hágase la devolución de los documentos que anexó a su demanda, previa identificación oficial; en el entendido que del sello de recibo ante la oficialía de partes de este juzgado federal, se advierte que únicamente fueron exhibidos con el escrito de demanda cuatro anexos en copia simple; por lo que en el presente juicio no obran documentos originales. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda firmado por Miriam Jocelyn Marino Ventura, por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y otras autoridades. ? Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 257/2023-D que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. ? Improcedencia. Ahora, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Artículos que en su orden disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto los preceptos legales en comento prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción; y, en ese tenor, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, pues no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. De lo antes expuesto se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Así, se insiste, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causales previstas en el artículo 61 de la propia Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Miriam Jocelyn Marino Ventura, por propio derecho, reclama: "a) El oficio CJE/SGC/SAA/0833/2023 de 23 de febrero de 2023, suscrito por el Mtro. Celso Ubaldo de la Sancha, SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, por el cual se da a conocer mi cambio de adscripción del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, al Juzgado de Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, con sede en Tlapa de Comonfort. b) El acuerdo de 23 de febrero de 2023, dictado y aprobado por el PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, donde ordena mi cambio de adscripción de esta ciudad a la ciudad de Tlapa de Comonfort. c) Insuficiencia de fundamentación y motivación con respecto a que sin mediar facultades y competencia legal que les determine atribuciones fuera de todo procedimiento jurisdiccional en contravención a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional, han decidido cambiarme de adscripción, sin respetar la calidad de trabajadora del Poder Judicial del Estado de Guerrero. d) La orden de ejecución contenida en el oficio y acuerdo citado. c) sic La orden y ejecución realizada por las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras para desconocer mi categoría de oficial administrativo extraordinario, que me fue otorgado por nombramiento CJE/SGC/466/2019/NM, de 22 de mayo de 2019, por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura. D) sic . la ejecución que se materialice en mi expediente laboral y en el recibo de pago de los emolumentos que recibo con motivo de la relación laboral. E) sic. todos los actos y su correspondiente ejecución que pretendan desconocer mis derechos laborales. f)sic . La omisión de implementar mediante acuerdo general, un recuso efectivo, que se pueda hacer valer medidas cautelares, ante un cambio de adscripción." Hecha la anterior precisión, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II, de la Ley de Amparo; 103, fracción 1, y 107, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extingue dichas situaciones jurídicas." Asimismo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, en la parte que interesa: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Lo anterior, dado que de la interpretación sistemática de los dispositivos transcritos, se desprende que la ley de amparo modificó el concepto tradicional de autoridad responsable, dado que se aleja de la naturaleza formal del emisor del acto, para atender a su unilateralidad, a fin de incluir a los particulares como autoridades responsables cuando éstos dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dicha situación jurídica y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, entendida ésta como aquella que es impersonal y abstracta, pero además, que deriven de una disposición jurídica de orden público y que, por ello, constituyan una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. En ese contexto, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa en esencia reclama de las autoridades responsables el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictado y aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, donde se ordena su cambio de adscripción del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, al Juzgado de Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, con sede en Tlapa de Comonfort, notificado mediante oficio CJE/SGC/SAA/0833/2023, suscrito por el Mtro. Celso Ubaldo de la Sancha, Secretario General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, así como su ejecución. Asimismo, de lo expuesto bajo protesta de decir verdad por la quejosa en su demanda de amparo, se advierte que es trabajadora del Poder Judicial y Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, con nombramiento de Oficial Administrativo Extraordinario, lo que revela la existencia de una relación laboral entre la parte quejosa y las autoridades que señala como responsables. En efecto, de la confrontación que se realiza de las manifestaciones de la quejosa, no se evidencia que la orden de cambio de adscripción, se deba a una orden unilateral de dicha dependencia de privarlo del ejercicio de su función pública, sino por el contrario, se colige que existe un conflicto de naturaleza laboral. De lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1 fracción I y 5 fracciones II, de la Ley de Amparo, dado la orden de traslado de su centro de trabajo, no constituye un acto de autoridad para efectos de amparo, ya que se trata de un acto que deviene de una relación meramente laboral. Toda vez que de los mencionados preceptos se advierte que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y que es autoridad, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De ahí que, el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. Por lo cual, a contrario sensu, cuando se reclame un acto atribuido a una que no es considerada como tal para efectos del juicio constitucional, éste es improcedente. Ello es así, porque si bien el juicio de amparo constituye un medio de control de la constitucionalidad de los actos del poder público, que se inicia y prosigue siempre a instancia de los gobernados con el propósito de verificar su apego a la Constitución Federal; también lo es, que a través de dicho proceso constitucional, se pueden reclamar actos u omisiones que provengan de autoridad. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máxima intérprete de la ley, a través de diversos criterios, ha definido lo que debe entenderse por autoridad para los efectos del juicio constitucional, estableciendo sus características o notas distintivas. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, con número de registro 161133, fijó las notas distintivas de las autoridades para efectos del amparo. Dicho criterio es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Respecto a la primera nota distintiva que refiere la citada jurisprudencia, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer que, en el caso, el acto que la quejosa hace consistir en el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se ordena el cambio de adscripción de esta ciudad a la diversa de Tlapa de Comonfort, Guerrero, no es un acto de autoridad para los efectos del amparo, pues se insiste entre ésta y el Poder Judicial y Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, existe una relación laboral, en tanto le presta sus servicios como trabajadora. Luego, el acto reclamado en este asunto, no puede ser motivo de estudio en el juicio de amparo, atento a que proviene de una relación obrero-patronal que los vincula, regida por ordenamientos propios de esa materia, siendo claro que en ese supuesto la posición de la quejosa frente a la autoridad mencionada, no es la de un gobernado, por derivarse del desempeño de las labores que presta. Esto, dado que sí se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, toda vez que al manifestar la parte quejosa en su escrito de demanda que es trabajadora de las autoridades que señala como responsable, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican toda vez que existe una relación obrero-patronal; por lo que frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo, ya que el acto impugnado no se emitió por una autoridad para los efectos del amparo, Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre en el caso. De ahí que, este órgano jurisdiccional considera que el acto impugnado no se emitió por una autoridad para los efectos del amparo, por lo que es indudable se actualiza la causa de improcedencia a que refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos normativos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo, por considerar que no constituye un acto de autoridad el acto reclamado para los efectos del amparo. Por tanto, no es obstáculo a las consideraciones anteriores, la jurisprudencia 2ª./J.54/2012 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, página 929, con número de registro 2001071, de rubro y texto siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos. De tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; es decir, en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, que no quepa duda alguna de que se actualiza la misma. ? Domicilio. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda de amparo. ? Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Noé González García, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que cita en su escrito toda vez que no cuentan con tal registro. ? Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. ? Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. ? Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

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