Miriam Jessica Diaz Leon
Expediente 552/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 552/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Miriam Jessica Diaz Leon
Actuaciones
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintitrés. Vista la primer certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14, fracción III del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, dado que se desechó la demanda de amparo; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción IV, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Realícense las anotaciones correspondientes en los libros de control. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 552/2023. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía.1 Instrúyase a la Secretaria a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. QUEJOSA Miriam Jessica Díaz León, por propio derecho. AUTORIDAD RESPONSABLE - Grupo Finaciero Banamex Citibanamex S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex. - Gerente General de la sucursal número 682, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez. ACTO RECLAMADO El bloqueo, cancelación, suspensión, revocación o el retiro de la totalidad de sus cuentas bancarias, así como el impedimento para disponer de los recursos que existen en la cuenta 8822 0352 3615 4097, aperturada en BANAMEX CITIBANAMEX SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANAMEX. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 5, 14, 16, 25, 31 y 133 Constitucionales. DESECHAMIENTO Con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, en el caso, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción II, del precepto 5°, de la Ley de Amparo, consistente en que las autoridades señaladas como responsables NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, por lo que DEBE DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO. Los citados preceptos disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, en el caso en específico, se advierte las referidas autoridades bancarias señaladas como responsables, se les reclama la ejecución del bloqueo, cancelación, suspensión, revocación o el retiro de la totalidad de sus cuentas bancarias y el impedimento para disponer de los recursos que existen en la cuenta número 8822 0352 3615 4097. Bajo ese contexto, es conveniente determinar qué es un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Así, el artículo 1º de la Ley de Amparo dispone: El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] En el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, del ordenamiento legal en cita se prevé: [.] Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] A su vez, el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, define el concepto de autoridad de la siguiente manera: AUTORIDAD. Los juristas entienden por autoridad: La posesión de quien se encuentre investido de facultades o funciones o la persona o cosa que goza (o se le atribuye) fuerza, ascendencia u obligatoriedad. Por extensión la expresión se aplica para designar a los individuos u órganos que participan del poder público, nombrando así a los detentadores (legítimos) del poder. De lo anterior se desprende que el significado persistente de auctoritas expresa, primeramente, ascendencia, fuerza, vínculo; en segundo lugar, manifiesta capacidad, atributo, potestad, función; por último, se refiere a los individuos o entidades investidos de estas facultades o funciones. Estos tres significados descriptivos (estrechamente relacionados entre sí) reciben la carga ritual, mágica o ideológica que rodea los usos de autoridad. El significado jurídico relevante de la noción de autoridad presupone la idea de una investidura (i.e. potestad, función). La noción de autoridad jurídica gira, así, alrededor del concepto de facultad la cual indica el poder o capacidad de un individuo (o grupo) para modificar la situación jurídica existente. En el mismo orden de ideas, acorde con la doctrina, existen tres clases de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado con sus órganos: a) De coordinación: Se refieren a los vínculos que se entablan con una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados. Son aquellas que se entablan entre particulares y que, para dirimir sus controversias, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. b) De supraordenación: Las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. c) De supra a subordinación: Las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Además, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Resulta ilustrativo como sustento de los anteriores razonamientos, el criterio contenido en la tesis aislada XXXVI/99, registro 194367 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, página trescientos siete, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado.". ... En virtud de lo expuesto, se concluye que las autoridades señaladas como responsables, no tienen tal carácter para efectos del juicio de amparo, ya que en realidad el acto que se les reclama deriva de un contrato bilateral, es decir, un acuerdo de voluntades, celebrado entre el Banco y la parte quejosa en calidad de Cliente, quien aceptó las cláusulas y firmó de conformidad al calce del citado contrato, por lo que se encuentran en un plano de igualdad. Se afirma lo anterior, ya que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, la quejosa refiere que: - El ocho de mayo de dos mil veintitrés, se le notificó en las instalaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la resolución a la queja emitida por la Institucional Bancaria, en donde la autoridad responsable confiesa que en el contrato firmado con el cliente (aquí quejosa), ésta lo autoriza para cargar a una de sus cuentas activas y que cuente con los recursos, para proceder con el abono al crédito otorgado, motivo por el cual no procede algún ajuste o reembolso. - Así, el retiro que se hizo en su cuenta, fue para pagar su crédito 8822035236154097. El sistema no detecta quién realizó el depósito, solo detecta dinero en la cuenta al no haber cubierto el saldo en automático que se realiza para el cobro del crédito. De igual forma, lo anterior, se corrobora con la copia de reclamación 2022/200/3014, que anexa el promovente a su demanda, en la que se advierte que: [.] "El día 25 de junio de 2015 se apertura el CRÉDITO DE NÓMINA CON REDISPOSICIÓN número de cuenta ... otorgando una línea de crédito por $53,000.00 a un plazo de 36 meses a una tasa anual de 24% teniendo ligada su cuenta de débito con número de contrato 955759630, existe un cargo por concepto COBRO POR INSTRUCCIÓN PAGO ADELA con fecha del 01 de abril del 2022 por $3,581.85 que corresponde al adeudo que se tiene de dicho adeudo. De dicho crédito se realizaron dos redisposiciones posiciones la primera por $1,277.20 el día 4 de julio de 2016 y la otra de por $2,800.00 el 12 de mayo 2016, por cada redisposición el contador de pagos se reinicia. En el contrato firmado, el cliente autoriza cargar a una de sus cuentas activas y que cuente con los recursos para proceder con el abono al crédito, motivo por el cual no procede algún ajuste o reembolso. El retiro de su cuenta fue para pagar su crédito .... El sistema no detecta quien realizó el depósito, solo detecta dinero en la cuenta, al no haber cubierto el sado en automático se realiza el cobro para pagar el crédito. De acuerdo con el clausulado del contrato en Decima NOVENA. COMPENSACIÓN.- Citibanamex, sin necesidad de notificación o requerimiento previo, queda expresa e irrevocablemente facultado por el cliente para compensar todas las cantidades vencidas y no pagadas del Crédito contra cualquier deuda liquida ye xigible que existiera a cargo de Citibanamex y a favor del Cliente, incluyendo sin limitación, deudas derivadas de depósitos bancarios de dinero constituidos por el Cliente Citibanamex. La compensación antes señalada procederá a partir del día inmediato siguiente a la Fecha Limite de Pago y se podrá efectuar respecto de los siguientes saldos: (i) el saldo vencido, más los intereses moratorios y demás accesorios cuyo importe se reflejará en el siguiente estado de cuenta bajo el rubro saldo vencido; y (ii) a partir de que el Crédito sea considerado Vencido para Efectos Contables, Citibanamex podrá realizar la compensación hasta por el saldo total del crédito y accesorios pactados en el Contrato." Por ende, se reitera que los actos reclamados derivan de un contrato celebrado entre la quejosa y la institución bancaria, en el que la promovente aceptó que la institución bancaria, sin necesidad de notificación o requerimiento previo, quedaba expresa e irrevocablemente facultada por el cliente para compensar todas las cantidades vencidas y no pagadas del crédito otorgado, contra cualquier deuda liquida y exigible que existiera con Citibanamex, incluyendo sin limitación, deudas derivadas de depósitos bancarios de dinero constituidos por el cliente con dicha institución. Circunstancias que corroboran que las responsables, al realizar los actos reclamados, actuaron en un plano de coordinación derivado del contrato para el otorgamiento del crédito respectivo, por lo que en el caso, las autoridades bancarias no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, y la quejosa se encuentra en aptitud de hacer valer lo que a sus intereses convenga ante los tribunales civiles o mercantiles respectivos. Máxime, que la parte quejosa no reclama ninguna controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.1o.A. J.20 (10a), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2086, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada, presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados, sin lugar a dudas, se atribuyen a una autoridad; sin embargo, cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (como por ejemplo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales), este presupuesto procesal se torna preferente, pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y después la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que, como premisa lógica para que exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Asimismo, conforme a la certificación Secretarial de cuenta, se tiene por autorizado con todas las facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Miguel Omar Lazcano Cárdenas, dado que su cédula está registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. De igual forma, se tienen por autorizados conforme al artículo 24 del citado ordenamiento, es decir, únicamente para imponerse de los autos a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. JUICIO EN LÍNEA En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; a través del cual podrán presentar promociones y realizar la consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección.... PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.
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