Miriam Jasso Sánchez

Expediente 3142/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3142/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Miriam Jasso Sánchez
  • Guadalupe Monserrat Castillo Torres y otros

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio que remite el Subdirector de Amparos Administrativos, adscrito a la Dirección General Jurídica Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal en suplencia de la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México y de la Directora General Jurídica Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, mediante el cual informa las gestiones que se encuentran realizado en su carácter de Superior Jerárquico de la autoridad responsable Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, para acreditar dicha circunstancia exhibe el oficio DGJCISJP/DA/SAA/501/41873/2019-12 en copia certificada. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, hágase del conocimiento a la autoridad oficiante que continua el apercibimiento decretado en autos hasta en tanto quede cumplido dicho fallo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. APERTURA DEL INCIDENTE Y FIJACIÓN DE ACTOS Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 130, 138, 139, 157 y 158 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1197/2019, promovido por por xxxxxxxxxxx, por propio derecho, contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y otras autoridades. Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, con copia de la demanda se requiere a las autoridades responsables para que rindan su informe previo, el cual deberán exhibir por duplicado dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído. En dicho informe, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. De igual manera, tendrán obligación de proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que acompañen a su informe previo cualquier documento que estimen necesario para que este juzgador se pronuncie sobre la suspensión definitiva; lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo. En caso de que las autoridades responsables sean omisas en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo. Asimismo, con excepción de las autoridades legislativas, en caso de ser omisas se les impondrá una multa de cien a mil días fijada conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en el artículo 260, fracción I, del ordenamiento citado. Finalmente, se hace de su conocimiento que, en términos del artículo 262, fracción I de la Ley de Amparo, en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir su informe, podrá imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo se fijan las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial, y excepcionalmente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, la testimonial en caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. Así, este juzgador procede a determinar si en el caso concreto se surten los requisitos contenidos en los artículos 128, 138, 147 y 148 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. Ahora bien, debe precisarse, que el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar a partir de que conceda la medida cautelar; sin embargo, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 4/2019, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, cuyo rubro dice: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. Los quejosos solicitaron la suspensión, respecto de la aplicación de la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada el doce de abril de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, razón por la cual se satisface el requisito contenido en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. El segundo requisito de la suspensión consiste en verificar la existencia del acto reclamado, para lo cual, tratándose de la suspensión provisional, es necesario atender a las manifestaciones del quejoso hechas en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, así como a los demás documentos exhibidos en la demanda; lo anterior, habida cuenta que al momento de resolver sobre la provisional son los únicos elementos que tiene el juzgador. Ahora bien, la parte quejosa solicitó la suspensión únicamente de los efectos y consecuencias del decreto reclamado, por lo que este juzgador se pronunciará solamente de ello, atendiendo a la causa de pedir. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), publicada en el libro 63, febrero de 2019, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. I. Cuestión preliminar (servidor público del Poder Judicial de la Federación). En el caso, la ejecución de las normas reclamadas puede tener consecuencias jurídicas de difícil reparación en la esfera de la parte quejosa tanto a nivel personal, como en su carácter de funcionario público. Los quejosos son personas con una relación laboraladministrativa con el Estado Mexicano, dado que son servidores públicos dentro del Consejo de la Judicatura Federal, como se advierte de las documentales que acompañaron a su demanda y las manifestaciones formuladas bajo protesta de decir verdad. En efecto, la afectación en la esfera jurídica de la parte promovente se actualiza en tanto que al desempeñar el cargo otorgado, la sola vigencia de las normas reclamadas impacta no sólo en su proyecto de vida y conservación del estado de cosas, sino de protección inmediata de sus funciones que realizan, dada su participación en la actividad jurisdiccional, potencialmente menoscabadas con motivo de la sola vigencia de las normas reclamadas, pues se permea el derecho a la irreductibilidad de las percepciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, contenido en el artículo 94 constitucional, al igual que la independencia judicial, principio de rango constitucional establecido en el numeral 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, en la medida en que la sola entrada en vigor de las normas reclamadas incorporan prohibiciones y obligaciones que inciden en la esfera jurídica de derechos de los solicitantes del amparo, tales como la prohibición a todo servidor público de recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República, que se determinará en el presupuesto de egresos correspondiente, conforme al principio rector de anualidad, así como realizar reportes cuando se reciba un pago de los considerados como indebidos. II. Afectación al interés social y disposiciones de orden público. Al respecto, conviene señalar que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de carácter general y tiene por objeto regular las remuneraciones de los servidores públicos de los poderes de la Unión, sin excepción, así como todos los demás entes públicos federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. Entre otros aspectos, precisa que ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Tampoco tendrá una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, con las salvedades ahí descritas, así como que la suma de las retribuciones no exceda la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación; además, la adición que en dicha legislación se hace al Código Penal Federal, relativa a los artículos 217 Bis y 217 Ter, señala como delito el pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, en los términos precisados en los mismos. De lo anterior, se advierte que la naturaleza de la legislación impugnada permite que sea objeto de suspensión, dado que los efectos y consecuencias de ésta son de carácter positivo, pues prescribe remuneraciones de servidores públicos, quienes no podrían recibir un pago mayor que el Presidente de la República; de hacerlo, los conmina a realizar un reporte y, en caso de omisión, incurrirían en un delito. Así, es posible afirmar que la norma reclamada trasciende a la esfera jurídica la parte justiciable desde el inicio de su vigencia, ya que se acude al juicio en carácter de parte integrante de los depositarios del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este juzgador no soslaya que la concesión de la suspensión provisional, podría coadyuvar a la eventual configuración del delito de remuneración ilícita previsto en los artículos 217 Bis y 217 Ter en el Código Penal Federal; con lo cual, aparentemente, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, actualizando el supuesto descrito en la fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo. Sin embargo, se considera que negar la medida cautelar causaría una afectación mayor al interés social, en tanto que las normas impugnadas podrían transgredir los principios de división de poderes y de independencia del Poder Judicial, ya que el sistema normativo impugnado aparentemente no es conforme con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve. En cuanto al primero de los principios aludidos la división de poderes el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Señala además, en lo conducente, que no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el principio de división de poderes se desarrolla mediante la atribución de competencias expresas conferidas a los órganos superiores del Estado. En ese sentido, el principio limita la actuación de las autoridades, lo que significa que todo aquello para lo que no están expresamente facultadas se encuentra prohibido y que sólo pueden realizar los actos que el ordenamiento jurídico prevé y sobre las bases que establece la Constitución. Este criterio está contenido en la jurisprudencia: PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. SUS CARACTERÍSTICAS. El citado principio se desarrolla constitucionalmente mediante la atribución de competencias expresas conferidas a los órganos superiores del Estado; en ese sentido, el principio limita la actuación de las autoridades, lo que significa que todo aquello para lo que no están expresamente facultadas se encuentra prohibido y que sólo pueden realizar los actos que el ordenamiento jurídico prevé y, en particular, sobre las bases que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, este sistema competencial puede ser de diferentes formas, pues existen: a) prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o modalidades de ejercicio de otras competencias concedidas; b) competencias o facultades de ejercicio potestativo, en donde el órgano del Estado puede decidir si ejerce o no la atribución conferida; y, c) competencias o facultades de ejercicio obligatorio, en las que el órgano del Estado al que le fueron constitucionalmente conferidas está obligado a ejercerlas. En este orden, también es importante referirnos a la autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial, para lo cual es preciso decir que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 35/2000, el veintidós de junio de dos mil cuatro, estableció que la limitación de la autonomía de los Poderes Judiciales en la gestión presupuestal implica violación al principio de división de poderes. Las consideraciones relevantes del fallo señalan que: 1) La autonomía de la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para que los Poderes Judiciales [Locales] ejerzan sus funciones con plena independencia, pues sin ella se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial (entendida como remuneración adecuada y no disminuible), el adecuado funcionamiento de la actividad judicial. 2) Dicho principio tiene su fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuye la garantía de expeditez en la administración de justicia, su gratuidad y la obligación del legislador federal y local de garantizar la independencia de los tribunales, cuestiones que difícilmente pueden cumplirse sin la autonomía presupuestal. 3) La autonomía tiene el carácter de principio fundamental de independencia de los Poderes Judiciales y, por ende, no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, pues ello implicaría violación al principio de división de poderes. Al respecto, se emitió la jurisprudencia: PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. La autonomía de la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales ejerzan sus funciones con plena independencia, pues sin ella se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial (entendida como remuneración adecuada y no disminuible), el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores, además, dicho principio tiene su fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuye la garantía de expeditez en la administración de justicia, su gratuidad y la obligación del legislador federal y local de garantizar la independencia de los tribunales, cuestiones que difícilmente pueden cumplirse sin la referida autonomía presupuestal. Así, si se tiene en cuenta que la mencionada autonomía tiene el carácter de principio fundamental de independencia de los Poderes Judiciales Locales, es evidente que no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, pues ello implicaría violación al principio de división de poderes que establece el artículo 116 constitucional. En este orden de ideas, por cuanto ve al principio de independencia judicial el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política establece, en suma, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Del numeral 94 de la Constitución Federal se deriva que el Poder Judicial de la Federación será depositado en una Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Electoral, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito; y, Juzgados de Distrito, se observa además que la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo, a efecto de salvaguardar, entre otros, la independencia judicial. Estas consideraciones confirman el criterio de que la independencia pertenecía a todos los integrantes del Poder Judicial como funcionarios judiciales. En esa tesitura, se considera que la parte quejosa pertenece a los destinatarios que deben de cumplir con las obligaciones que establece la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el doce de abril de dos mil diecinueve, toda vez que son servidores públicos adscritos al Consejo de la Judicatura Federal, por lo que, resulta evidente que con dicho cargo son sujetos regulados por los decretos reclamados. Ahora bien, a partir de tales premisas, este órgano jurisdiccional considera que se tiene que la naturaleza de los actos reclamados permite ser objeto de suspensión, en razón de que los efectos y consecuencias de éste son de carácter positivo y constituyen actos de realización inminente, por ende, son susceptibles de paralizarse conforme al artículo 107, fracción X, constitucional, ya que prescribe las características que deben revestir las remuneraciones de ciertos sujetos, quienes no pueden recibir un pago mayor que el Presidente de la República; y de hacerlo, los conmina a realizar un reporte que, en caso de omisión, los podría vincular con la comisión de un ilícito. Por lo tanto, si como ya se ha visto de la interpretación de la ley reclamada, ésta no contempla un procedimiento para ajustar los sueldos y salarios de los servidores públicos en lo individual, razonablemente aquellos que rebasen la cuantía de los emolumentos percibidos por el Presidente de la República, serán disminuidos. De ahí que se tenga por existente el acto reclamado y se defina su naturaleza como un acto positivo de realización inminente. Ahora, como se indicó líneas arriba, para resolver respecto a los efectos y consecuencias del acto reclamado, es preciso analizar si se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, pues de no ser así, la medida debe negarse. La parte quejosa para demostrar que es sujeto de la norma que reclama, argumenta prestar sus servicios en el Consejo de la Judicatura Federal, y que los artículos que impugnan regulan su remuneración como servidores públicos, implementando un tipo penal al que podrían ajustarse en ciertos supuestos. En cuanto a la acreditación del interés suspensional de la parte quejosa, demostró tener el carácter de servidores públicos al momento de la vigencia de la ley reclamada, ya que en la demanda presentada acompaña las siguientes documentales: Anexo 1. Recibos de nómina expedidos a favor de la quejosa xxxxxxxxx, correspondientes al mes de mayo de dos mil diecinueve. 2. Recibos de nómina expedidos a favor del quejoso xxxxxxxx, correspondientes al mes de mayo de dos mil diecinueve. 3. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 4. Recibo de nómina expedido a favor del quejoso xxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 5. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa Juana xxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 6. Recibo de nómina expedido a favor del quejoso xxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 7. Recibo de nómina expedido a favor del quejoso xxxxxxxx, correspondiente a la segunda quince de mayo de dos mil diecinueve. 8. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 9. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxxx, correspondiente al mes de mayo de dos mil diecinueve 10. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 11. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 12. Recibos de nómina expedidos a favor de la quejosa xxxxxxxxxx, correspondientes al mes de mayo de dos mil diecinueve. 13. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 14. Recibo de nómina expedido a favor del quejoso xxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 15. Recibo de nómina expedido a favor del quejoso xxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 16. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 17. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 18. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 19. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 20. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 21. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 22. Recibos de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 23. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 24. Recibo de nómina expedido a favor del quejoso xxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 25. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 26. Recibo de nómina expedido a favor del quejoso xxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 27. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 28. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 29. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 30. Recibo de nómina expedido a favor del quejoso xxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 31. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 32. Recibo de nómina expedido a favor del quejoso xxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 33. Recibo de nómina expedido a favor del quejoso xxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 34. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 35. Recibo de nómina expedido a favor del quejoso xxxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 36. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 37. Recibo de nómina expedido a favor del quejoso xxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 38. Recibo de nómina expedido a favor del quejoso xxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 39. Recibo de nómina expedido a favor del quejoso xxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 40. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 41. Recibo de nómina expedido a favor del quejoso xxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 42. Recibo de nómina expedido a favor del quejoso xxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 43. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 44. Recibo de nómina expedido a favor del quejoso xxxxxxxxx , correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 45. Recibo de nómina expedido a favor del quejoso xxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 46. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. 47. Recibo de nómina expedido a favor de la quejosa xxxxxxxxx, correspondiente a la segunda quincena de mayo de dos mil diecinueve. Circunstancia que la parte quejosa demuestra mediante la exhibición de las documentales antes señaladas y que acompañaron a la demanda de amparo; de modo que con las documentales de referencia se acredita que los quejosos cuentan con la calidad de servidores públicos y que laboran en el Consejo de la Judicatura Federal. Documentos que en su conjunto se consideran suficientes para acreditar el interés suspensional que les asiste a los accionantes del amparo y de la medida suspensiva en estudio. Es así, pues mediante éstas se justifica que los interesados son servidores públicos de la institución de referencia; lo que incide en la sujeción a las normas que impugnan. Así pues, se satisface el requisito contenido en la fracción I del numeral 128 de la Ley de Amparo (que lo solicite el quejoso), con la presentación de la demanda y la petición de suspensión, aduciendo la afectación que les causa de manera directa e inmediata la sola entrada en vigor de las normas reclamadas, toda vez que, desde ese momento se incorporan prohibiciones y obligaciones que inciden en la esfera jurídica de derechos de los solicitantes del amparo, tales como la prohibición a todo servidor público de recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República, que se determinará en el presupuesto de egresos correspondiente, conforme al principio rector de anualidad, así como realizar reportes cuando se reciba un pago de los considerados como indebidos. Por otra parte, cabe mencionar que de igual manera, se estima satisfecho el requisito contenido en la fracción II del citado numeral, ya que no se causa afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Al caso debe entenderse por interés social y orden público la referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre un sistema coherente de valores y principios, estos últimos se traducen en el balance entre los derechos humanos y las libertades individuales, con los de la comunidad. Al respecto, debe recordarse que la Ley de Amparo en su artículo 128, fracción II, señala como requisitos de procedencia -regla general- que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el diverso artículo 129 de la aluda ley reglamentaria, como regla específica, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales quien resuelve no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el suscrito tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. En consecuencia, se debe analizar si el acto reclamado, por sí solo, actualiza alguna hipótesis del artículo 129 citado. Si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación establecida en la fracción X del artículo 107 constitucional, pues deberá negarse la suspensión del acto reclamado; pero si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia, para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho de la parte quejosa que pretende paralizar la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, cabe abundar en que, corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso, atendiendo desde luego, al contenido de los actos que se reclaman; ello teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretenden evitar con esta institución. Entonces, se insiste, no se tendrá colmado el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, cuando en caso de concederse la suspensión de los actos o las leyes reclamadas, implique que dejen de producirse actos o hechos tendentes a satisfacer necesidades colectivas, que reporten un beneficio a la sociedad, o bien, que eviten un trastorno o perjuicio público, esto es, que no procederá otorgar la referida medida precautoria cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Respecto a este tema, debe destacarse que el artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo dispone, en lo conducente: Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: (.) III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; (.) De lo transcrito se advierte que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, entre otros, cuando de concederse la medida suspensional se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En torno a ello, el último párrafo del aludido numeral establece que excepcionalmente podrá concederse la suspensión, a pesar de que se trate de los casos previstos en la propia norma, si a juicio del juzgador con la negativa pueda causarse mayor afectación al interés social. Entonces, al ponderar la afectación que la parte quejosa pretende evitar y el bien tutelado de la sociedad, se obtiene que de negarse la medida cautelar se ocasionarla un daño mayor que con el otorgamiento de ésta. Aunado a lo anterior, cabe destacar que la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto, entre otros, resolver toda controversia que se suscite con motivo de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esto es, la finalidad de dicha ley reglamentaria de la Constitución, es proteger los derechos humanos consagrados en ésta y en los pactos internacionales en los que México sea parte, de las transgresiones de que fueren objeto con motivo de normas generales, actos y omisiones de las autoridades. En ese sentido, se recuerda que la referida fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo, establece que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, entre otros, cuando de concederse la medida suspensional se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En el caso, cabe precisar que, entre otros aspectos, el decreto tildado de inconstitucional prevé el delito de remuneración ilícita, cuando se reciba un pago no autorizado, de conformidad con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, o bien, cuando éste sea indebido, en términos de la fracción I del artículo 217 Bis adicionado en el aludido decreto, sin realizar su reporte. Ahora, es obligación de este órgano jurisdiccional realizar una interpretación conforme, como lo mandata el segundo párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: Artículo 1°. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favorablemente en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En ese sentido, no pasa inadvertido para quien resuelve que las normas reclamadas están contenidas en una legislación reglamentaria de la Constitución Federal, esto es, de los artículos 75 y 127 de la Carta Magna; sin embargo, al ser un mandato constitucional se debe realizar una interpretación conforme, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, por lo que se considera que la interpretación conforme del artículo 129, fracción III, respecto al artículo 100 constitucional, implica un espectro de protección más amplio para los peticionarios de amparo, en los términos referidos precedentemente. Con lo que se tienen por satisfechos los requisitos contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. En el caso, la aplicación de las normas reclamadas puede tener consecuencias jurídicas de difícil reparación en la esfera de la parte quejosa tanto a nivel personal, como en su carácter de funcionarios públicos. Al respecto, es de reiterarse, que los quejosos son personas con una relación laboraladministrativa para con el Estado Mexicano, dado que son servidores públicos pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal, como se advierte de las documentales descritas en párrafos precedentes. Luego, vista la afectación subjetiva de manera aislada, es decir, un particular que no desempeñe un cargo revestido de protección constitucional, cuya función se desenvuelve en un principio de división de poderes, pudiera pensarse que es necesario que materialmente resienta un perjuicio económico. Sin embargo, como se dijo, los quejosos son servidores públicos pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal, por lo que la sola vigencia de las normas reclamadas, por su contenido y fin, le irradian una afectación, dado que su posición no se limita a su proyecto de vida y conservación de las cosas, sino de protección inmediata de sus funciones dentro del órgano desconcentrado al cual se encuentran adscritos, potencialmente menoscabadas con motivo de la sola vigencia de las normas reclamadas, como enseguida se expone. De manera ilustrativa se acude a las tesis emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que determinó que la existencia de una norma que penalice de inicio la búsqueda de información puede constituir un efecto amedrentador (tener un chilling effect), hacia los periodistas; cuyo efecto previsible (con las consabidas diferencias entre la actividad periodística y la jurisdiccional), es factible que se actualice en el caso, con relación a las sanciones punitivas descritas en el decreto reclamado. El criterio invocado se encuentra contenido en las tesis aislada 1a. XXXIII/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, de la décima época, materia común, visible a página 680, de texto y rubro siguiente: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LOS PERIODISTAS CUENTAN CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO, SIN ACTO DE APLICACIÓN PREVIO, EL ARTÍCULO 398 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, POR SU POTENCIAL DE AFECTACIÓN EN LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA.. Entonces, a través de la suspensión del acto que se reclama, se evita el peligro en la demora, considerando esto como la posible frustración de los derechos de los pretendientes de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo; pues mientras ello no suceda, la estabilidad y funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal puede resultar menoscabada. Luego, si los quejosos acreditan su interés suspensional con las documentales exhibidas, por lo que a nivel subjetivo cuenta con la protección constitucional a la independencia administrativa, toda vez que acreditan indiciariamente que son destinatarios de la normatividad reclamada, y que de negarse la medida cautelar se podría causar un perjuicio de difícil reparación; así las cosas, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley de Amparo, se concede a los quejosos la suspensión provisional solicitada, para los efectos siguientes: ? Para que permanezcan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se le apliquen las normas generales que combate, ni alguna diversa que tenga concordancia y suponga la operatividad de las reclamadas; esto es, que el parámetro de cálculo para las remuneraciones de ejercicios fiscales subsecuentes, relativas al puesto que ocupan como trabajadores del Consejo de la Judicatura, no sea el salario del Presidente de la República; que las autoridades responsables se abstengan de eliminar, menoscabar, reducir o alterar en perjuicio de los accionantes las remuneraciones que actualmente perciben, conforme al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal vigente, en los términos y plazos establecidos antes de la entrada en vigor del decreto reclamado. ? Asimismo, que no se le finque responsabilidad penal o administrativa por el pago que reciba sobre esos conceptos, lo que implica que tampoco podrá ser detenido con motivo de hechos derivados de la percepción de sus remuneraciones, ni iniciarse en su contra alguna carpeta de investigación por tal razón. ? Lo anterior, hasta que se dicte la suspensión definitiva en este asunto. En la inteligencia de que dicha medida surte sus efectos de inmediato y se otorga sin garantía, dada la naturaleza de los actos reclamados y al no advertirse la existencia de terceros interesados. Además, conviene precisar que todas las autoridades responsables se encuentran vinculadas al cumplimiento de la medida suspensiva otorgada, las que deberán pasar por ésta en forma puntual en la totalidad de los actos subsecuentes que emitan. Una vez analizados los requisitos para conceder o negar la suspensión provisional de los actos reclamados por los quejosos, y atendiendo a lo expuesto en líneas anteriores, se concede la suspensión provisional, respecto de la aplicación de la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada el doce de abril de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación. Cabe destacar que la medida cautelar surtirá sus efectos desde luego y siempre que las disposiciones legales reclamadas no se hayan aplicado en perjuicio de la parte quejosa de manera irreparable, ello en virtud que la naturaleza de la medida suspensional impide que sus efectos sean restitutorios e incluso que puedan retrotraerse a actos anteriores a la fecha de presentación de la demanda de amparo, máxime que ello, en todo caso, será materia de la sentencia que se dicte en el cuaderno principal, respecto de la restitución de derecho que pueden verse afectados con la aplicación de la ley reclamada. Sirve de sustento a lo anterior, Tesis: XIII.P.A.3 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con número de registro 2016125, de rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS, SIEMPRE QUE EL ACTO RECLAMADO NO SE HUBIERA CONSUMADO IRREPARABLEMENTE, PREVIA PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL INTERÉS SOCIAL. III. Concesión de la medida. Por tanto, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN solicitada a la parte quejosa, en su carácter de integrantes de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, para el efecto de que permanezcan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se les aplique la normativa secundaria que reclama, es decir, los artículos que tilda de inconstitucionales de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ni alguna diversa que tenga concordancia y suponga la operatividad reclamada, esto es, que se mantengan todas las remuneraciones nominales y las adicionales que percibe actualmente y que no se le finque responsabilidad penal o administrativa por el pago que reciba sobre esos conceptos, lo que implica que tampoco podrá ser detenido con motivo de hechos derivados de la percepción de sus remuneraciones, ni iniciarse en su contra alguna carpeta de investigación por tal razón; hasta que se dicte la suspensión definitiva. La suspensión surtirá sus efectos desde luego pero dejará de hacerlo en el caso de que concluyan sus servicios en esa categoría, subsistiendo únicamente en caso de que cuenten con nombramiento en cualquier otra categoría de las que integran la carrera judicial. IV. Garantía. De conformidad con lo establecido en el artículo 136, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la medida cautelar que se concede surte efectos desde luego, sin que sea el caso de exigir garantía alguna como medida de efectividad, debido a que este asunto se encuentra fuera de la hipótesis a que se refieren los artículos 132 y 135 de la ley de la materia. Comuníquese esta resolución a las autoridades responsables, para que estén en aptitud de acatarla. En consecuencia, con fundamento en los artículos 128, 129, 131, 138 y 146, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión solicitada, para el efecto de que no se aplique a la parte quejosa las disposiciones legales reclamadas. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y al Ministerio Público de la Federación adscrito (hoy Fiscal Ejecutivo Titular).

  3. Principal

    Ciudad de México, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito del quejoso mediante el cual desahoga la vista que le dio mediante proveído de veintiuno de noviembre del año en curso e informa que la autoridad responsable, no ha dado cumplimiento a la suspensión definitiva. En consecuencia, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado para que el trece de diciembre del año en curso, a las doce horas, se constituya en el domicilio ubicado en Dakota 366, colonia ampliación Nápoles, alcaldía Benito Juárez, código postal 03840, en esta Ciudad, a efecto de que previa acta circunstanciada, se cerciore de que la autoridad responsable haya retirado los sellos de clausura y se permita al quejoso el acceso sin ningún tipo de restricción a su vivienda, en el entendido de que lo que se pretende es que en ningún momento se impida al quejoso la entrada a su vivienda, y que los sellos de clausura puedan afectar, en una eventualidad, su derecho a la libre disposición de bienes; de lo contrario deberá proceder al levantamiento de dichos sellos de clausura. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio recibido vía juicio en línea remitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México; mediante el cual informa el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en donde admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en autos; asimismo, dado a las cargas de trabajo, solicita se notifique el proveído en comento a las autoridades responsables y una vez practicadas las mismas le sean enviadas las constancias respectivas. Atento a lo solicitado, se ordena girar los oficios correspondientes a las autoridades responsables dicho acuerdo, una vez que se cuente con las constancias de notificación respectivas, sin ulterior proveído, remítanse las mismas de inmediato al Tribunal Auxiliar oficiante. Notifíquese.

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