Miriam Jaqueline Cruz Espitia
Expediente 818/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 818/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miriam Jaqueline Cruz Espitia
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE REZA: I. Causa estado. Vista la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de quince de octubre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a la quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 20/2021, respecto al periodo de su vigencia, indíquesele a la aludida parte que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 15 DE OCTUBRE DE 2021, QUE REZA: I. Quejosa. --------------------. II. Autoridades responsables. Subcomisión Mixta de Bolsa de Trabajo del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus integrantes, con sede en esta ciudad y otras. III. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 818/2021-III y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Actos reclamados. Se hacen consistir en: 1) La negativa de permitir a la quejosa ratificar su permanencia como aspirante a una plaza base en la Bolsa de Trabajo del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad; y, 2) La omisión de dar contestación a su escrito de tres de agosto de dos mil veintiuno, dirigido a la Comisión Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, a través del cual pretende promover una queja, con la finalidad de ratificar su permanencia como aspirante a una plaza base en la aludida Bolsa de Trabajo. V. Se desecha demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de dicha disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". En la especie, se estima que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ---XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La fracción I del citado artículo 103 constitucional dispone que el juicio de amparo procederá únicamente contra actos de autoridad, entendiendo como tal, para los efectos del amparo, aquella que actúa con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto que realiza tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación; por tanto, en el juicio de amparo, la parte demandada, en todo, será una autoridad actuando en ejercicio de las funciones que la ley le otorga como tal, esto porque la acción constitucional tiene por objeto resguardar los derechos fundamentales, que son limitaciones al poder del Estado, y es precisamente cuando las transgrede, que procede el juicio constitucional. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados se dan con motivo de la relación de carácter laboral acontecida entre las autoridades responsables y la quejosa, lo que pone a los actos derivados de esa relación en un plano de coordinación, y no de supra a subordinación, lo que hace concluir que el actuar de las autoridades responsables lo sería como particulares, y no constituyen actos de autoridad para los efectos del amparo, por no gozar de las características de coercibilidad, unilateralidad e imperatividad, necesarias para ese efecto, es decir, los actos no tienen su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeñan, como ya se dijo, se llevaron a cabo en un plano de igualdad, es decir desprovisto de su carácter de autoridades, de tal manera que las acciones desplegadas por los entes de gobierno no requieren observancia de los artículos 14 y 16 constitucionales, al no tratarse de actos privativos o de molestia, sino de cuestiones derivadas de una relación laboral. En la especie, los actos atribuidos a las autoridades responsables, no pueden ser considerados como actos de autoridades para los efectos del juicio de amparo, ya que se emitieron en un plano de igualdad entre aquellos organismos y la quejosa. Es así, pues se reclaman la negativa de ratificar la permanencia de la impetrante como aspirante a una plaza base dentro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la omisión de dar contestación a su escrito de tres de agosto de dos mil veintiuno, dirigido a la Comisión Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, a través del cual pretende promover una queja, con la finalidad de ratificar su permanencia como aspirante a una plaza base en la aludida Bolsa de Trabajo del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, sin embargo, dichos actos se dan en un plano de igualdad derivado de la relación laboral existente. En consecuencia, se considera improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que los actos reclamados por la quejosa, atienden a una relación de derecho privado entre ésta y las autoridades a quienes les imputa el carácter de responsables, que en el presente asunto actúan no como autoridades sino como entes laborales, si se toma en consideración que dichos actos se encuentran vinculados con la relación laboral que establecieron la agraviada (como trabajadora) y las autoridades responsables (como parte patronal); por ende, con ello constituyen derechos y obligaciones recíprocos en un plano de igualdad y coordinación, por lo que es obvio, como ya se dijo, que la actuación de las responsables no se encuentran revestidas de imperio frente a la solicitante del amparo; por tanto, los actos que mediante esta vía constitucional pretende reclamar carecen de las características de unilateralidad e imperatividad propias de los actos de autoridad. Es pertinente destacar que cuando surjan controversias derivadas de una relación de coordinación las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, mediante el procedimiento laboral respectivo, al encontrarse en un plano de igualdad y no en una relación de supra a subordinación, donde el órgano del Estado actúa con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública. En efecto, como la quejosa reclama a través del juicio de amparo, la negativa de ratificar la permanencia de la impetrante como aspirante a una plaza base dentro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la omisión de dar contestación a su escrito de tres de agosto de dos mil veintiuno, dirigido a la Comisión Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, a través del cual pretende promover una queja, con la finalidad de ratificar su permanencia como aspirante a una plaza base en la aludida Bolsa de Trabajo del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, es evidente que se está en presencia de un conflicto de naturaleza laboral, pues lo que se tendrá que definir es si le asiste o no el derecho para continuar inscrita en esa lista para ocupar una plaza laboral dentro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. A partir de ello, es posible concluir que la negativa impugnada, efectivamente no puede ser considerada como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues atendiendo a su naturaleza, es evidente que se dio en un plano de igualdad entre Organismos que funcionan dentro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y una trabajadora adscrita a la misma dependencia, y no en uno de supra a subordinación. Lo que de igual forma sucede con la omisión reclamada, toda vez que la quejosa busca con la promoción de su escrito, combatir la aludida negativa y ratificar su permanencia como aspirante a una plaza base dentro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Esto es, entidades públicas actuaron en ejercicio de las funciones que les confieren ordenamientos internos, como son las Condiciones Generales de Trabajo y el Reglamento de Bolsa de Trabajo, ambos del Instituto mencionado, en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sus empleados. Conflicto de trabajo que, le correspondería analizarlo a los tribunales ordinarios, entendidos éstos como los órganos encargados de impartir justicia en materia laboral, ya que por disposición de los artículos 1 y 124, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, respectivamente, tal ordenamiento es de observancia general, entre otros, para el titular y trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y le corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores. Ilustra a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Asimismo, por identidad de razón, la Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a la página 1956 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época, registro 2011343, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." En las relatadas condiciones, debe concluirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 y el correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su ocurso, en virtud de que no cuentan con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, téngasele proporcionando cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto en caso de que se estime necesario; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. VII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Se exhorta a la parte quejosa. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. IX. Instrucción para practicar notificación personal. En el entendido de que, en términos del artículo 23 del referido Acuerdo General 21/2020, toda notificación que se ordene de manera personal deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la Secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el trece de octubre de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos del artículo 2, fracción VIII, primer párrafo, del Acuerdo General del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, relativo al periodo de su vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento.
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