Miriam Itzel Diaz Venegas

Expediente 1493/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1493/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Miriam Itzel Diaz Venegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que obran en este recinto judicial las pruebas que se allegaron con motivo de la tramitación del presente; atento a lo anterior, se ordena la devolución de los medios de convicción con que se formó cuaderno de pruebas, a su lugar de origen, en razón de que su permanencia en este órgano jurisdiccional ya no es necesaria.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia se declara que la sentencia aludida ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. En esas condiciones, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este juicio de amparo como asunto concluido. Ahora bien, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, tomando en consideración que se negó el amparo solicitado, es susceptible de depurarse y deberá de conservarse. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General invocado, este asunto se considera no relevante.

  3. Incidental

    Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa, por estar concluido. En términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, tomando en consideración que se concedió la suspensión definitiva solicitada, se considera susceptible de depuración el cuaderno original y susceptible de destrucción únicamente el duplicado del incidente de suspensión en que se actúa.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1493/2020-VII, promovido por Miriam Itzel Diaz Venegas, por su propio derecho, contra actos del Titular y Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Miriam Itzel Diaz Venegas, presentó demanda de amparo indirecto contra el Titular y Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco por los actos que precisó en su demanda de amparo y posterior ampliación. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, para su conocimiento, cuyo Titular, dictó el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el que acordó: admitir a trámite bajo el número de expediente 1493/2020-VII; requerir a las autoridades señaladas como responsables por su informe justificado; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. TERCERO. Ampliación de demanda. Por auto de doce de enero del año en curso, se admitió a trámite la ampliación de demanda planteada por la quejosa, por lo que se requirió a la responsable por su informe de ley. CUARTO. Audiencia Constitucional. Seguido el juicio por todos sus trámites legales, el veintidós de marzo del presente año tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 37, 107, fracción III, de la Ley de Amparo; así como el diverso 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, modificado por el Acuerdo General 24/2013, modificado por el Acuerdo General 41/2018, en virtud de que el acto reclamado, dado que se reclaman actos en materia administrativa, atribuidos a autoridades de la misma naturaleza en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, su ampliación y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: El acuerdo de inicio de veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictado en el procedimiento de responsabilidad administrativa 11/2020 (acto que se atribuye al Titular y Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco). ? El emplazamiento practicado a la quejosa mediante oficio SS/DAI/ 1823/2020 el cinco de noviembre de dos mil veinte al procedimiento de responsabilidad administrativa (acto que se reclama del Titular y Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco). El auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte en el que se tuvo por recibido el escrito de contestación de la quejosa y se determinó no admitir los incidentes de incompetencia y defecto en el emplazamiento. (acto que atribuye al Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco). Precisión que se realiza atendiendo la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". Igualmente, sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". La anterior fijación del acto reclamado, no impide a este juzgador a analizar, en su caso, las violaciones al procedimiento que se hagan valer contra las actuaciones que integran dicho procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a). Es menester puntualizar que, con independencia que la quejoso también señale como actos reclamados "La ilegalidad del acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa 11/2020 (...) toda vez que no tiene competencia para ordenar dicho inicio de procedimiento (.)" así como: "(...)La ilegalidad del acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa 11/2020 (...) toda vez que la Carpeta de Investigación a partir de la cual se justifica dicho procedimiento a quedado sobreseída y archivada con efectos de cosa juzgada(.)" y, el denominado: "La ilegalidad del acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa 11/2020 (...) toda vez que en dicho acuerdo no obra acusación concreta, debidamente motivada y fundamentada, ni especificada en un nexo causal (.)"; empero, se tiene que, a efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada y de conformidad con lo que dispone el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, deben analizarse en su conjunto, como parte de dicho procedimiento. Sustenta lo anterior, las consideraciones contenidas en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 22/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión 'procedimiento en forma de juicio', comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." Además, la vinculación que efectúa la impetrante de amparo en cuanto a los mismos, lleva a considerar que esos actos, constituyen razonamientos que se formulan en relación con el procedimiento antes indicado, para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad, de tal manera que en realidad constituyen incipientes conceptos de violación susceptibles de ser analizados.? En apoyo, se cita la jurisprudencia I.3o.A. J/26, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, enero de mil novecientos noventa y uno, página sesenta y nueve, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado 'las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión', aparece en claro que los actos reclamados los constituyen 'las órdenes de comisión o de visita', nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." (énfasis añadido) Una vez señalado cuales son los actos reclamados, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la certeza o inexistencia de éstos. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado; lo que resulta suficiente para tener acreditada la veracidad del mismo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tales afirmaciones se concatenan con las copias certificadas del procedimiento de origen, ?remitidas por las responsables, mismas con las que se ordenó formar un cuaderno de pruebas; documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su artículo 2, al tratarse de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Por tanto, al haberse acreditado la existencia de los actos reclamados, respecto de los mismos versará el estudio de procedencia y en su caso, de constitucionalidad en el presente juicio de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del juicio de amparo, es obligado el examen de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 814, localizable en el Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 553, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". El Titular y Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado, al rendir el informe justificado alegaron que debe sobreseerse en el juicio en términos del artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la ley de la materia. En dicho planteamiento, las autoridades responsables alegan, en esencia, que su actuar fue realizado en estricto apego al principio de legalidad, por ende, no existe acto que contravenga a las disposiciones constitucionales que deba ser materia de análisis dentro de la presente instancia. Al respecto, se desestima la causal de improcedencia que se invoca, toda vez que la existencia de los actos reclamados quedó acreditada con base a las afirmaciones vertidas por las responsables, las cuales concatenadas con las copias certificadas del procedimiento de origen, ponen de manifiesto la veracidad de los actos atribuidos, cuya constitucionalidad, es materia de estudio del fondo del presente asunto. No habiendo causales de improcedencia que las partes hayan hecho valer ni que de oficio se adviertan, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estricto derecho. Es oportuno precisar, que en el caso concreto, rige el principio de estricto derecho, toda vez que el acto reclamado proviene de un procedimiento de responsabilidad administrativa y no de un procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia; máxime, que no se advierte causa alguna que permita suplir la deficiencia de la queja a favor de la impetrante de amparo, en términos del numeral 79, fracciones V o VI, de la Ley de Amparo vigente. Es así, porque si bien es verdad que figura como elemento de un cuerpo de seguridad, específicamente a la Comisaria Policial Regional, dependiente de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y, por ende, le corresponde la calidad de trabajador aunque el vínculo se encuentre regido por la materia administrativa; de ninguna manera puede perderse de vista que, en el caso concreto, los actos reclamados provienen de la integración de un procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en contra del propio solicitante de amparo y, desde luego, de ello se sigue que no es factible aplicar la suplencia de la queja deficiente a su favor, pues resulta de explorado derecho que dicha institución sólo cobra vigencia cuando los reclamos derivan del propio vínculo de trabajo, pero no así cuando provienen de la integración de algún procedimiento administrativo de responsabilidad como el comentado, debido a que no se encuentran inmersos en la materia laboral. Sobre el tema, cobra exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 190/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. Para que proceda la aplicación de la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la indicada porción normativa, es menester no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino que, además, se trate de un asunto cuya materia derive de un conflicto laboral, es decir, que tenga incidencia, de manera directa e inmediata, en algún derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la relación de subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o administrativas, pues basta con que se afecte algún interés fundamental tutelado por el precepto constitucional aludido y que en el amparo intervenga un trabajador o empleado en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a su favor. Por tanto, como el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae aquel precepto constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciña a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Bajo ese tenor, el análisis de los conceptos de violación, se realizará exclusivamente en función de los específicos argumentos que aparecen vertidos por la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. Se realizará el estudio de los conceptos de violación, sin que para ello sea necesario que se transcriban, habida cuenta, que no existe precepto legal alguno que así lo señale, y en atención a lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. I. Fijación de la Litis. En principio, es menester señalar que la litis en el presente juicio de amparo, se centra en analizar la constitucionalidad del acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa, verificar sí se cumplieron las formalidades esenciales que le otorgan eficacia jurídica, así como la legalidad del emplazamiento practicado a la quejosa. II. Síntesis de los conceptos de violación. La parte quejosa en sus conceptos de violación, argumenta, en esencia, que se violaron en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente: Violaciones aducidas respecto del acuerdo inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa 11/2020: Las autoridades responsables violan en su perjuicio el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón del que el Titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, carece de facultades para emitir el acuerdo de inicio de procedimiento y que el Director de Asuntos Internos de dicha dependencia carece de facultades para substanciar el procedimiento. ? El acuerdo de inicio del procedimiento administrativo 11/2020, incumple con el principio de legalidad, en razón de que, para justificar su inicio, se tomó en consideración lo acontecido en la carpeta de investigación 39097/2020; empero, al haber quedado sobreseída y archivada con efectos de cosa juzgada por virtud del acuerdo reparatorio firmado la quejosa y el ciudadano denunciante, los hechos ahí denunciados no surten efectos legales para motivar el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa. Que se viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las responsables no fundaron ni motivaron debidamente el procedimiento sancionatorio, pues fueron omisas en precisar los hechos imputados, lo cual posiciona a la quejosa en un estado de indefensión. Violaciones aducidas respecto del emplazamiento practicado dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 11/2020: El emplazamiento practicado mediante oficio SS/DAI/ 1823/2020, incumple con las formalidades previstas en ley, dado que las copias simples con las que se le corrió traslado no se encuentran selladas ni cotejadas del procedimiento responsabilidad de origen. La actuación de emplazamiento es ilegal, porque no se le corrió traslado ni se puso a su disposición durante dicha diligencia el contenido del disco tipo CD-R, que obra en las actuaciones de la carpeta de investigación tramitada con motivo de la denuncia realizada por un ciudadano contra la elemento de seguridad quejosa, lo que trastocó su derecho de audiencia. Violaciones aducidas respecto del acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte emitido dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 11/2020 por el Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco: El acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, es ilegal y conculca sus derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, ya que fue emitido por autoridad incompetente para ello, pues, afirma, el Director de Asuntos Internos de dicha dependencia carece de facultades para conocer y resolver en torno a la admisión o desechamiento de la incidencias propuestas en su escrito de contestación. IV. Decisión sobre la litis constitucional. En primer término, es menester puntualizar que los motivos de disenso se analizarán en forma individual, conjunta, o diversa a la propuesta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, los conceptos de violación son infundados, con base en las consideraciones siguientes: Por ser una cuestión de estudio preferente, se analiza en primer término el concepto de violación sintetizado en el inciso a), en el cual el quejoso alega que las autoridades responsables carecen de facultad para incoar un procedimiento de responsabilidad y llevar a cabo la substanciación del mismo. Dicho planteamiento es infundado. Para dar contestación al argumento en disenso es necesario traer a colación las consideraciones que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió al resolver la contradicción de tesis 29/1990, que derivó la jurisprudencia P./J. 10/94, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria." Como se puede apreciar el Pleno del Máximo Tribunal del País determinó que de la interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria. En el caso, la autoridad responsable Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, emitió el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa 11/2020, con apoyo en los artículos 21, 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3, 6, 7, fracción VII, 99, 101 y 102, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 7, fracción III, 16, fracción XV, 31, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 2, 4, 118 y 119 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y 1, 2, 3, 5, y 6 fracciones III y XV del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. En esas condiciones, se procede analizar los fundamentos que utilizó el Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, para sustentar su competencia. En primer término, los artículos 21 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que le corresponde al Ministerio Público y a las policías la investigación de los delitos, quienes actuaran bajo la conducción y mando del Ministerio Público; y, que los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Luego, los artículos 1, 3, 6, 7, fracción VII, 99, 101, y 102, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a letra dicen: "Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en esta materia. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. (.) Artículo 3.- La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley. (.) Artículo 6.- Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley. Artículo 7.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para: (..) VII. Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas; (.) Artículo 99.- La actuación de los Integrantes de las Instituciones Policiales se regirá por los principios previstos en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de esta Ley. Las legislaciones de la Federación y las entidades federativas establecerán sus regímenes disciplinarios, sobre las bases mínimas previstas en el presente capítulo. La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los derechos humanos. La disciplina es la base del funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética. La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus subordinados. (.) Artículo 101.- El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución Federal, la presente Ley y los ordenamientos legales aplicables y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación. Artículo 102.- Los integrantes de las Instituciones Policiales, observarán las obligaciones previstas en los artículos 40 y 41 de esta Ley, con independencia de su adscripción orgánica.". De lo anterior se obtiene, que dicho ordenamiento es reglamentario del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en esa materia. Se menciona que la función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de supervisión condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deben contribuir directa o indirectamente al objeto de la mencionada ley. Refiere que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respecto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Se aduce que las Instituciones de Seguridad Pública, las entidades federativas y los municipios deberán coordinarse para regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas. Se establece que el régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución Federal, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como en los ordenamientos legales aplicables y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación. Luego, los artículos 7, fracción III, 16, fracción XV, 31, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, establecen que la administración pública centralizada se integra (entre otras) por la Secretaría de Seguridad. Se mencionan las facultades de la Secretaría de Seguridad que se comprenden en: " Artículo 31. 1. Las facultades de la Secretaría de Seguridad son las siguientes: I. Desarrollar y aplicar las políticas de seguridad pública en el Estado; II. Diseñar, aplicar, y evaluar, la política criminal en el Estado, tomando en consideración factores inmateriales como las condiciones sociales, económicas, y culturales de la población de la Entidad; III. Organizar, dirigir, administrar y supervisar la policía estatal, incluyendo la policía vial, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y de las demás disposiciones aplicables; IV. Organizar, dirigir y supervisar el sistema de profesionalización de las funciones de seguridad y vialidad, así como presidir y organizar las instancias disciplinarias o comisión de honor y justicia que se establezcan; V. Organizar, dirigir, supervisar, y administrar la institución de formación policial estatal; VI. Desarrollar las políticas de prevención social del delito y de seguridad pública a cargo del Poder Ejecutivo; VII. Coordinar los servicios relacionados con las tecnologías de información y comunicación de apoyo a la prevención del delito y la seguridad pública; VIII. Coordinarse conforme a las disposiciones legales aplicables con los servicios periciales de apoyo en las funciones de prevención y seguridad pública; IX. Coadyuvar en la formulación de propuestas al Ejecutivo Estatal para la elaboración del Programa Estatal de Seguridad Pública; X. Establecer un sistema integral de investigación, destinado a obtener, analizar, procesar e interpretar, técnica y científicamente, la información para la seguridad pública; XI. Fomentar la participación ciudadana para que coadyuve, entre otros, en los procesos de formulación, desarrollo, aplicación y evaluación de las políticas de seguridad pública, así como de las instituciones relacionadas; XII. Elaborar en coordinación con las distintas instancias públicas, los estudios, estadísticas, e investigaciones sobre las funciones y materias de su competencia; XIII. Participar en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, en los sistemas nacional y estatal de seguridad pública; XIV. Cumplir con las obligaciones del Estado contenidas en las leyes generales en materia de atención a víctimas, prevención y sanción del secuestro, prevención social de la violencia y la delincuencia, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y en materia de desaparición forzada de personas, en el ámbito de su competencia; XV. Establecer vínculos y relaciones con instituciones y organismos afines en el ámbito nacional e internacional para conocer las mejores prácticas y mejorar las funciones de seguridad pública; XVI. Elaborar y difundir estudios multidisciplinarios y estadísticas sobre el fenómeno delictivo; XVII. Efectuar, en coordinación con la Fiscalía Estatal y las policías municipales, estudios sobre los actos delictivos no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito; XVIII. Auxiliar al Poder Judicial del Estado, a la Fiscalía Estatal y a los Municipios, cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones; XIX. Coordinar acciones conjuntas con las policías municipales y auxiliar en el diseño de sus planes operativos; XX. Colaborar con las unidades de inteligencia, análisis táctico, así como las operaciones de los sistemas de emergencia, denuncia anónima y video-vigilancia del Estado; XXI. Proponer en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal en el Estado; XXII. Diseñar, conducir, coordinar y evaluar la política de reinserción social en el Estado, de conformidad con la normatividad aplicable; XXIII. Controlar, vigilar y administrar los centros de reclusión del Estado; XXIV. Diseñar, conducir, coordinar y evaluar las funciones de apoyo y asistencia a reos liberados, preliberados o que deban ejecutar algún sustitutivo penal en el seno social, procurando su eficaz y pronta reinserción social; XXV. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con la Secretaría de Desarrollo Económico y con el Comité Técnico del Fondo Filma en Jalisco en el cumplimiento de la Ley de Filmaciones del Estado de Jalisco; y XXVI. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales. ". Por su parte, los artículos 2, 4, 118 y 119 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, establecen la finalidad de la seguridad pública y que ésta es la función gubernamental que prestan en forma institucional, exclusiva y en el ámbito de su competencia, el Estado y los municipios, la cual se rige bajo los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficacia, profesionalismo y honradez, respectando del gobernado sus derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y la del Estado de Jalisco. Se establece que es obligación de las instituciones de seguridad pública la aplicación y el estricto cumplimiento de los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación promoción y reconocimiento, así como la separación o baja del servicio de la carrera policial para los elementos operativos de seguridad pública. Luego, refiere que se realizará el procedimiento de responsabilidad administrativa cuando un elemento operativo incurra en alguno de los supuestos previstos en el capítulo III denominado de las sanciones; del que conocerá la instancia instructora competente y lo resolverá la Comisión de Honor y Justicia o su equivalente y en casos de excepción el Presidente Municipal. Finalmente de la lectura de los artículos 1, 2, 3, 5, y 6 fracciones III y XV del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, se obtienen las siguientes consideraciones: La Secretaría de Seguridad tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomiendan diversos ordenamientos, entre ellos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, así como las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo del Estado en materia de Seguridad Pública. Para el estudio, planeación y despacho de las atribuciones que le competen, la Secretaría contará con diversas unidades administrativas y operativas. Que es competencia del Secretario originalmente la representación, trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la Secretaría, quien podrá delegar sus facultades a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo y de las atribuciones previstas en dicho reglamento. El Titular de dicha secretaría posee diversas facultades, entre las que destacan, desempeñar las comisiones y funciones que el Gobernador le confiera y mantenerlo informado sobre el desarrollo de las mismas y acordar con los Comisarios y Directores Generales, los asuntos de su respectiva competencia. Bajo ese contexto, es infundado el planteamiento en el que se alega que el Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, carece de facultades para emitir el acuerdo de inicio de procedimiento, toda vez que, como lo citó la autoridad responsable el artículo 119 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, faculta a la instancia instructora para conocer del procedimiento de responsabilidad administrativa. Cabe precisar que en términos del artículo del artículo 31, en particular su fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en relación con el diverso 7 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, el Secretario de Seguridad, quien ejerce las facultades de dicha Secretaría, tiene la facultad de presidir las instancias de disciplina; entendida ésta como la instancia que le corresponde aplicar las correcciones disciplinarias a que se haga acreedor el elemento operativo que vulnere las obligaciones, principios y demás disposiciones establecidas en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.? Aunado a lo anterior, el Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco en el acuerdo de inicio de procedimiento, con apoyo en los artículos 8, punto A, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 16, fracción XV, y 31, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 7 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y 5 del Reglamento interno de la Secretaría de Seguridad del Estado remitió el procedimiento y delegó facultades al Director de Asuntos Internos de dicha secretaría para que substanciara las etapas del procedimiento. ? En ese tenor, es necesario analizar los fundamentos que utilizó la responsable para delegar las facultades al Director de Asuntos Internos, para substanciar las etapas del procedimiento. ? Al respecto, el artículo 31, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, establece que es facultad de la Secretaría de Seguridad organizar, dirigir y supervisar el sistema de profesionalización de las funciones de seguridad y vialidad, así como presidir y organizar las instancias disciplinarias o comisión de honor y justicia que se establezcan. ? Luego, el artículo 7 de Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, establece que el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública ejercerá las facultades que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, otorgue a dicha Secretaría. ? Por su parte, conforme al artículo 5 del Reglamento interno de la Secretaría de Seguridad del Estado, otorga al Titular de dicha dependencia, la posibilidad de delegar sus facultades a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo y de las atribuciones previstas en dicho Reglamento. Asimismo, de la lectura el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en específico, en el quinto y sexto punto, se advierte lo siguiente: ".QUINTO. Por otra parte, en uso de las facultades que me confieren como Titular de esta institución, ordeno remitir las constancias que integran el presente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa a la Dirección de Asuntos Internos, para que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 119 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, 66 y 67, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, funja como autoridad instructora y agote todas y cada una de las etapas procedimentales, audiencias y/o diligencias necesarias para el procedimiento que nos ocupa. SEXTO.- Asimismo, en uso de las facultades que se me confieren como Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, en el artículo 8, apartado A, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 16, fracción XV, y 31, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; el numeral 7 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; articulo 5 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, además de los relativos y aplicables a los ordenamientos legales invocados, otorgo la facultad a los Licenciados Manuel Benjamín Contreras Naranjo, Director de Asuntos Internos (..) para que funjan como autoridad instructora conjunta o separadamente y agoten todas y cada una de las etapas procedimentales, audiencias y/o diligencias necesarias para el procedimiento que nos ocupa, lo anterior se asienta para los efectos legales conducentes.". De lo anterior se advierte que en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de que se trata, el Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, en términos del artículo 66 y 67, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, facultó al Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, para que en su carácter de autoridad instructora, agotara todas y cada una de la etapas procedimentales, es decir, por el momento dicha autoridad es la que substancia el procedimiento. En esas condiciones, es infundado el planteamiento del quejoso en el que alega que el Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad carece de facultades para substanciar el procedimiento. ? Con lo cual, se cumplieron las formalidades esenciales que dan eficacia jurídica al acuerdo de inicio de procedimiento, así como su substanciación, ya que el primero se emitió por autoridad competente y facultada para ello y, se substanció por autoridad facultada para hacerlo. ? Por tanto, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que en el acuerdo de inicio de procedimiento se dieron a conocer los fundamentos que facultan a la autoridad que lo emitió y a la autoridad que lo substanciaría. ? Sobre el tópico en similar criterio se pronunció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 294/2019, en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Continuando con el estudio de los motivos de disenso, es infundado concepto de violación sintetizado en el inciso f), por el cual se alega que el acuerdo de acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado dentro del procedimiento de origen, fue emitido por autoridad incompetente para ello. El planteamiento en estudio merece dicha calificación en razón de que como se evidenció en párrafos que anteceden, en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de que se trata, con apoyo los artículos 66 y 67, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública, y el diverso 119 de La Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, el Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco facultó al Director de Asuntos Internos para substanciar procedimientos de responsabilidad administrativa, por ende, al momento de emitir el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en cual se tuvo a la quejosa dando contestación al procedimiento instado en su contra y se determinó no admitir los incidentes propuestos, la autoridad se encontraba facultada para dictar dicha determinación. En virtud de lo anterior, es pertinente puntualizar que conforme al numeral 66 y 67 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría tendrá a su cargo el investigar faltas administrativas e incumplimiento a los requisitos de permanencia de los elementos operativos de la Secretaría y proponer sanciones. Adicionalmente, le corresponde entre otras, fungir como autoridad instructora y dar cauce a todos los procedimientos del sistema disciplinario y de responsabilidad administrativa, previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, debiendo turnar para resolución a la Comisión de Honor y Justicia, para los elementos operativos de la Secretaría, así como designar servidores públicos para ejecutar tal atribución y las demás que determine el Secretario, de conformidad a la normatividad aplicable. Con lo anterior se evidencia que, contrario a lo alegado por las quejosas, el acuerdo reclamado fue emitid por autoridad competente para ello, pues existe un acuerdo delegatorio de facultades a favor de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad del Estado, para que procediera al desahogo del procedimiento de responsabilidad de origen, tal como lo establece el arábigo 67 del Reglamento Interno de la Secretaria de Seguridad Pública. Máxime, como se mencionó en líneas que anteceden, los propios artículos que se citaron (119 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y 66 y 67 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco) otorgan facultades expresas a dicha Dirección para que lleve a cabo el desahogo de todo el procedimiento de responsabilidad administrativa 11/2020, de ahí que si cuente con facultades legales para ello. Por las razones que la informan, tiene aplicación la tesis que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUTORIDAD COMPETENTE PARA SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los artículos 108, 109, 111, 113 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, no especifican qué autoridad es la facultada para sustanciar el procedimiento respectivo y decidir sobre la sanción correspondiente, sino que tal determinación se deja a las leyes de responsabilidades emitidas al efecto; sin embargo, si se atiende a la naturaleza de las infracciones o responsabilidades administrativas y a los fines perseguidos con su sanción (salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de todo servidor público en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones), se infiere que tanto el procedimiento como la sanción deben ser administrativos, de manera que, por regla general, es al superior jerárquico del servidor público infractor, o a un órgano específico del propio nivel de gobierno, al que incumbe corregir las irregularidades cometidas, a fin de preservar el correcto y eficiente servicio público que debe prestarse en la dependencia u organismo a su cargo, por lo que también corresponde a ellos sustanciar el procedimiento administrativo de responsabilidades y emitir la sanción respectiva, siendo competente la autoridad administrativa que conforme a la distribución de competencias entre los sujetos encargados de la aplicación de dicha ley, tenga la atribución de imponerla, de acuerdo con los criterios relativos a la gravedad de la infracción, monto del daño causado y demás circunstancias previstas en la propia legislación." Bajo ese contexto, el Director de Asuntos Internos bajo el carácter que le fue delgado como "autoridad instructora" debe agotar todas y cada una de las etapas procedimentales, y al ser la contestación de una de las etapas procedimentales, es evidente que debía pronunciarse al respecto; de ahí lo infundado del concepto de violación que se estudia. Por otra parte, el concepto de violación sintetizado en el inciso c), mediante el cual, la quejosa en esencia, refiere que las responsables vulneraron las formalidades esenciales del procedimiento, e infringieron las garantías de fundamentación y motivación en la emisión del auto de inicio de procedimiento dado que no se especifica qué conducta se reclama o pretende acreditar, omitiendo datos que pudieran arrojar un señalamiento concreto y preciso de la conducta que se le atribuye, deviene infundado ello a la luz de las siguientes consideraciones. Para evidenciar lo anterior, resulta necesario destacar el contenido del artículo 14 de la Carta Magna, que, en lo que interesa, dispone: "Artículo 14. [.]. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho [.]" En el precepto transcrito se contiene una previsión normativa tutelar de los derechos fundamentales que tiene toda persona, al garantizar que la privación de bienes o derechos susceptibles de afectación procederá únicamente si se respetan las formas y los procedimientos que la propia constitución establece. La serie de requisitos, condiciones, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad autoritaria para generar una afectación válida, es lo que constituye el derecho fundamental de seguridad jurídica, integrado por el conjunto de derechos subjetivos, oponibles y exigibles al Estado y a sus autoridades, quienes tienen la obligación de acatarlos u observarlos, como son los de legalidad, audiencia y exacta aplicación de la ley en materia judicial, o debido proceso. En esa tesitura, en observancia a tales imperativos, todo procedimiento ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen ineludiblemente distintas etapas que configuren el derecho formal de audiencia a favor de las personas, a saber: a) Se notifique al interesado el inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias; b) Se dé la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa; c) Se le dé la oportunidad de formular alegatos; y, d) Se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Tienen aplicación al presente razonamiento, las consideraciones jurídicas plasmadas en la jurisprudencia 47/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." En otras palabras, en el derecho humano de audiencia lo fundamental es adecuar los derechos de las personas a un procedimiento de defensa, frente a los actos del poder público previo a privarlos de esos derechos e intereses; el propósito de esta prerrogativa es evitar que las autoridades incurran en arbitrariedades. Por su parte, el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, establece los requisitos que deben satisfacerse al iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado contra un elemento operativo adscrito a una de las instituciones de seguridad pública. Para mejor claridad, se transcribe el numeral mencionado. "Artículo 120. El procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia con la correspondiente notificación al elemento operativo de que se ha instaurado en su contra el mismo, haciendo de su conocimiento lo siguiente: a) La conducta que se le atribuye; b) La sanción que en su caso podría ser impuesta; c) El plazo que tiene para apersonarse al procedimiento, que será de cinco días hábiles; d) Así como las pruebas que existen en su contra; e) El derecho de ofrecer y desahogar probanzas, así como alegar a su favor; y f) Deberá señalar domicilio en el lugar donde se instaura el procedimiento para recibir notificaciones o correo electrónico, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, éstas le serán notificadas por estrados, incluyendo la resolución definitiva. Lo anterior con la finalidad de que se encuentre en posibilidades de ejercer su garantía de audiencia y defensa dentro del procedimiento. La prescripción para interponer la denuncia o iniciar el procedimiento de oficio a que se refiere este artículo, será de un año a partir de la fecha en que se cometió la conducta. En el caso de no apersonarse dentro del término establecido para ello, se tendrán por ciertos los hechos que se le atribuyen, y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, así como realizar alegatos. En el procedimiento no será admitida la prueba confesional a cargo de la autoridad mediante absolución de posiciones, ni incidente alguno; la valoración de las pruebas será conforme al código supletorio del presente procedimiento. En el caso de la prueba testimonial, cuando los testigos sean servidores públicos de la dependencia serán citados por la instancia que instruya el procedimiento; en el caso de que los testigos sean personas ajenas a la institución el oferente, deberá presentarlos el día y hora señalados para el desahogo de la diligencia; en caso de no presentarlos se le tendrá por perdido el derecho al desahogo de la prueba. Será supletorio para el presente procedimiento el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.". Como puede verse del anterior dispositivo legal, el procedimiento de responsabilidad administrativa se iniciará de oficio o por denuncia con la correspondiente notificación al elemento operativo de que se ha instaurado en su contra el mismo, haciendo de su conocimiento lo siguiente: a) la conducta que se le atribuye; b) la sanción que en su caso podría ser impuesta; c) el plazo que tiene para apersonarse al procedimiento; d) las pruebas que existen en su contra; e) el derecho de ofrecer y desahogar pruebas, así como alegar a su favor, y f) el derecho de señalar domicilio para recibir notificaciones o correo electrónico. Ahora, en el caso concreto, del contenido del acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa 11/2020, de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte se advierte que este reúne todos los requisitos previstos en el numeral 120 la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, ello es así porque en lo tocante a la conducta que se les atribuye, se indicó en el mismo lo siguiente: "a) Conducta que se le atribuye : Una vez analizados conforme a derecho los documentos allegados a estas actuaciones, se desprende que presuntivamente el elemento operativo MIRIAM ITZEL DÍAZ VENEGAS, Policía A, adscrita a la Comisaria Policial Regional, ubicada físicamente en la Comisaría de Agrupamientos, dependientes de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, dejó de actuar bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez (.) (.) incurriendo en las causales de sanción establecidas en el numeral 106 fracciones XIV y XV del Ordenamiento Legal antes invocado, que a continuación se describen (.) (.) Lo anterior, toda vez que como se advierte de las copias autentificadas de la carpeta de investigación D-I/39097/2020, proveniente de la Agencia del Ministerio Público número 05 de Investigación y Litigación Oral, de la Dirección General de Visitaduría de la Fiscalía del Estado de Jalisco, así como de las copias certificadas de la queja 9963/2019/IV procedente de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Estatal del Derechos Humanos, las cuales fueron remitidas con propósito de que se instaure procedimiento en contra del elemento MIRIAM ITZEL DÍAZ VENEGAS, ya que de las mismas de manera conjunta señalan la conducta sancionable realizada por la elemento operativo antes mencionada; en virtud de que presuntamente no cumplió con los principios de actuación a los que esta sujeta como integrante de esta institución, ya que como se desprende de actuaciones el C. Daniel García Guzmán, denunció que el día 14 catorce de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, siendo aproximadamente las 12:50 doce horas con cincuenta minutos, al encontrase estacionado afuera de los tacos "EL RANCHERO" esto, en avenida Manuel M. Diéguez a una cuadra del Centro Cultural Constitución, en el municipio de Zapopan, Jalisco, fue visto por la policía MIRIAM ITZEL DÍAZ VENEGAS, quien descendió de la unidad oficial que tripulaba en compañía de otro elemento operativo, abordándolo para cuestionarle sobre la hija que había tenido con su ex pareja quien es amiga de la incoada, a la cual en ese momento le marcó por teléfono para decirle" que qué le hacía, que ahí lo tenía", acto seguido lo revisó a él, así como a su vehículo y cartera, posteriormente la multicitada lo amenazó diciéndole que si no iba ver a su hija, lo iba a buscar y que iba a valer madre. Robusteciendo lo anterior, obra en autos registro de la entrevista realizado al encargado del negocio "EL RANCHERO", quien señaló que el día de los hechos observó que una patrulla que se estacionó a fuera del negocio, para revisar un automóvil, persona que facilitó los videos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con las cámaras de grabaciones con las que cuenta dicho establecimiento, de las cuales se realizó un registro de inspección de objetos (visible a fojas 82 a la 85 de la Carpeta de Investigación señalada, en el párrafo anterior, desprendiéndose que al lugar de los acontecimientos arribó una patrulla dependiente de esta Secretaría, de la que descendieron dos personas, una del sexo femenino y otra del sexo masculino, ambos con uniforme de color negro, quienes se acercaron al vehículo que estaba estacionado a fuera del establecimiento antes mencionado, los cuales aparentemente dialogan con el conductor, asimismo se describe que la elemento operativo y el quejoso intercalaron el celular de la elemento en repetidas ocasiones, y cuando el denunciante sale del vehículo es revisado en su persona por la procedimentada, la cual introduce sus manos en las bolsas del pantalón que vestía el quejoso; circunstancias que presuntamente fortalecen lo manifestado por el quejoso en su denuncia en el sentido de que la C. MIRIAM ITZEL, lo conocía en razón de ser amiga de su ex pareja, tal y como se advierte de las conversaciones vía Facebook que obran en el dictamen pericial de informática forense, realizado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses visible a fojas de la 97 a la 100 de la Carpeta de Investigación ya mencionada con antelación, mismas que de manera circunstancial robustecen la denuncia del doliente por las acciones realizadas por la incoada, ya que utilizando investidura pública y vehículos oficiales amedrentó a un ciudadano al intervenir en cuestiones personales independientes a las funciones que tiene a su cargo como elemento de seguridad. Por lo narrado en líneas que anteceden, se observa que de acuerdo a la conducta realizada por la C. MIRIAM ITZEL DÍAZ VENEGAS, Policía A, adscrita a la Comisaria Policial Regional, ubicada físicamente en la Comisaría de Agrupamientos, dependientes de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, el día 14 catorce de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, presumiblemente realizó acciones que resultan no acordes con las leyes y reglamentos que la rigen como elemento operativo, ya que su actuación resultó ser contraria a los principios en que se basa esta Secretaría como lo son la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución, toda vez que el día de los hechos, estando en servicio tal y como se desprende de las fatigas que obran en actuaciones, presuntamente la incoada se aprovecho de su cargo para acercarse al ciudadano Daniel García Guzmán, con el fin de amedrentarlo y amenazarlo, revisando tanto su vehículo como sus pertenencias, aparentemente sin motivo alguno, actos que claramente se desacreditaron tanto a su persona como a la imagen de esta Institución, debido a que en todo momento debió conducirse con dedicación y apego al orden jurídico, respetando las garantías individuales y derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución, por lo que al no proceder rectamente con las funciones que tiene encomendadas como elemento operativo y procediendo en contra de las mismas incurrió en faltas de probidad u honradez, presuntamente transgredió sus obligaciones establecidas en los artículos 6, 40, fracciones I, XVIII, XXVI, y XXVIII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, numeral 8 apartado A de la Constitución Política del Estado de Jalisco; arábigos 57, 59 fracciones I, XVI y XIX de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, incurriendo en las causales de sanción establecidas en el numeral 106 fracciones XIV y XV del Ordenamiento Legal sancionado con antelación." En esas condiciones, en oposición a lo sostenido por la parte quejosa, no se infringieron las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, pues como se vio, la autoridad responsable especificó la conducta que se la atribuye al quejosa, esto es, el aprovechamiento de su cargo para acercarse a un ciudadano con el fin de amedrentarlo y amenazarlo, revisando tanto su vehículo como sus pertenencias, aparentemente sin motivo alguno. Asimismo, de las transcripción anterior se desprende que se especificaron los datos dieron origen al señalamiento concreto y preciso de la conducta que se le atribuye; de ahí que, se cumplió con la primera de las exigencias a que se refiere ese numeral. Además, del análisis íntegro del auto de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, se advierte que se encuentra suficientemente fundado y motivado, pues en este, se cumplieron con el resto de los requisitos previstos en la ley, para lo cual se precisaron las sanciones que en su caso podrían ser impuesta a la quejosa, el plazo de cinco días hábiles que tiene para apersonarse al procedimiento, las pruebas que hasta el momento existen en su contra, el derecho de ofrecer y desahogar pruebas, así como alegar a su favor, y de señalar domicilio para recibir notificaciones o correo electrónico, lo cual se considera suficiente para cumplir con las garantías de fundamentación y motivación. En otro tema, es infundado el concepto de violación sintetizado en el inciso b), en el cual la quejosa afirma que el acuerdo de incoación al procedimiento administrativo 11/2020, incumple con el principio de legalidad, en razón de que, para justificar su inicio, se tomaron en consideración los hechos denunciados en la carpeta de investigación 39097/2020; sin embargo, al haberse celebrado un acuerdo reparatorio entre la quejosa y el ciudadano denunciante, no surten efectos legales para motivar el comienzo de dicho procedimiento. En primer término, es necesario mencionar de nueva cuenta, que el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, establece que el procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia con la correspondiente notificación al elemento operativo de que se ha instaurado en su contra el mismo. De esta manera, en el caso en concreto, se tiene que el gobernado hizo valer la denuncia correspondiente en contra de la elemento de seguridad quejosa, por los hechos de corrupción y amenazas desplegados en su contra, susceptibles de configurarse como un hecho que la ley establece como delito de "Amenazas", previsto por el artículo 188 del Código Penal del Estado de Jalisco; lo que dio origen a la carpeta de investigación 39097/2020. Asimismo, el veinticinco de junio de dos mil veinte, las partes suscribieron un acuerdo reparatorio, por el cual solucionaron la controversia que dio origen a la mencionada carpeta, comprometiéndose la aquí quejosa a pagar a favor del denunciante diversa cantidad, lo que implicaría la extinción penal de la quejosa por la posible comisión del delito de amenazas. Así, una vez que la quejoso efectuó el último pago en favor del ciudadano, el primero de septiembre de dos mil veinte, se emitió un registro de cumplimiento total del acuerdo reparatorio. En ese orden de ideas, el hecho de la quejosa haya suscrito un acuerdo en el que de alguna manera reparó el daño ocasionado, no la exime de la responsabilidad en que puede incurrir al haber desplegado una conducta que se aparta de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución federal y la particular del Estado, que deben regir en su función durante el desempeño de sus labores, ni impide que la Secretaría de Seguridad del Estado, en al ámbito de su competencia revisar, investigar y adoptar las medidas necesarias a fin de esclarecer sí efectivamente el elemento de seguridad es acreedor a una sanción con motivo de su actuar, pues, de no hacerlo, atentaría contra el propio fin y objeto de dicha dependencia. En apoyo a lo anterior, es pertinente traer a colación el contenido de las porciones normativas que señalan las directrices y obligaciones que rigen la actuación de los elementos de seguridad en el ejercicio de sus funciones, así como las sanciones en la que incurre en caso de no cumplirlas: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO. Artículo 53. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. (REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) La investigación de los delitos del fuero común y concurrentes, así como el ejercicio de la acción penal que compete al Ministerio Público ante los tribunales se realizará a través de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y la ley. (REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], P.O. 18 DE JULIO DE 2017) La Fiscalía General del Estado es un Organismo Público Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO. Artículo 57. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán basar su actuación en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución federal y la particular del Estado, que les permita realizar, dentro del ámbito de su competencia, acciones encaminadas a combatir la impunidad, disminuir los niveles de incidencia delictiva y fomentar la cultura de la legalidad, garantizando a la ciudadanía el goce de sus derechos y libertades. Los servicios que presten los elementos operativos de las instituciones de seguridad pública, estatales o municipales, así como el personal ministerial y peritos se regirán por el horario que para tal efecto haya sido establecido en sus respectivos reglamentos y demás disposiciones aplicables, sin que en ningún caso se deba cubrir contraprestación económica excedente a la remuneración que se perciba por el servicio prestado. La actuación de los elementos operativos buscará prevenir la comisión de delitos e identificar tendencias que alteren el orden público y la paz social, en los términos de esta ley y las demás disposiciones legales. Lo anterior a partir del establecimiento de metodologías, procedimientos y sistemas de actuación a través de protocolos y procedimientos de operación homogéneos, con la finalidad de llevar a cabo la recopilación, análisis y explotación de información criminal de manera uniforme para generar inteligencia policial susceptible de ser operada con oportunidad y eficacia en el desarrollo de tareas policíacas específicas, así como para la toma de decisiones. Artículo 59. Los principios de actuación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán realizarse fundamentalmente bajo los siguientes lineamientos: I. Velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y de las garantías para su protección y los otorgados en la particular del Estado; II. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminación alguna; XVI. Actuar en el marco legal de las obligaciones señaladas en los ordenamientos correspondientes; XIX. Los demás que se deriven de otras disposiciones legales aplicables. Artículo 106. Son causales de sanción las siguientes: I. No prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito, así como no brindar protección a sus bienes y derechos, de conformidad con el ámbito de su competencia; XV. Incurrir en faltas de probidad u honradez, o en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra de sus superiores jerárquicos o compañeros, o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio; XXVII. No desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sin sujetarse a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos;". Finalmente, se hace mención de que el auto de incoación al procedimiento de responsabilidad administrativa, no era necesario que estuviera demostrada la plena responsabilidad de la imputada, pues dicha valoración debe realizarse hasta el momento en que se dicta la resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa, Por lo tanto, para efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa solo es necesario que existan elementos de prueba de los que se desprenda que existe la probabilidad de que un miembro operativo de una institución de seguridad pública cometió unas de las causales de sanción previstas en el artículo 106 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco o en alguno de los reglamentos o legislaciones de las instituciones de seguridad pública, pues ello es suficiente para justificar la incoación al procedimiento, siendo hasta la resolución definitiva cuando deba acreditarse la plena responsabilidad del incoado en la comisión de la conducta atribuida, en la cual puede ser validada y tomada en consideración en la resolución que al efecto se emita dentro del procedimiento. Por otra parte, es infundado concepto de violación sintetizado en el inciso d), por el cual se alega que el emplazamiento practicado mediante oficio SS/DAI/ 1823/2020, es ilegal, ya que no se le corrió traslado con copias selladas y cotejadas de las actuaciones que integran el procedimiento administrativo de origen, lo que la coloca en estado de indefensión. Para el análisis de dicho argumento, cabe precisar que como se mencionó en párrafos que anteceden, las formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo y se traducen en los siguientes requisitos: ?1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; ?2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; ?3) La oportunidad de alegar; y, ?4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. ? Resulta conveniente definir la figura jurídica del emplazamiento o llamamiento a juicio, así como sus efectos legales. El emplazamiento del demandado constituye una de las formalidades esenciales del procedimiento a que alude el artículo 14 constitucional, el cual establece el llamado derecho fundamental de audiencia. El derecho constitucional a la defensa en juicio tiene como una manifestación fundamental el derecho al conocimiento adecuado del proceso, a través de un sistema eficaz de notificaciones. ? Al respecto, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en cualquier contienda en la que se practique un emplazamiento o llamamiento a juicio, existe la presunción legal de que en ella se cumple con la garantía constitucional de referencia, pues con ello se da inicio al derecho que tiene la parte demandada de ser oída y vencida en un juicio. Dicho en otras palabras, el emplazamiento es un acto procesal de vital importancia en toda contienda judicial, pues mediante este medio se hace del conocimiento a la parte demandada de la existencia de una demanda instaurada en su contra, con el objeto de que pueda oportunamente apersonarse y producir su contestación. ? De lo antes expuesto se concluye, que mediante este medio procedimental las autoridades jurisdiccionales cumplen en un proceso, o en un procedimiento seguido en forma de juicio, con el derecho fundamental de audiencia consagrado en el precepto constitucional 14, pues como de su contenido se advierte, dispone que nadie puede ser privado de la vida, de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que deberán de ser observadas las formalidades esenciales del procedimiento. ? Ahora bien, el emplazamiento o llamamiento a juicio que se hace al demandado, así como todos los actos procesales que en él se producen, deberán realizarse en los términos previstos por la legislación procesal que resulte aplicable conforme al principio de seguridad jurídica consagrado en el párrafo segundo del artículo 14 de la ?Constitución, en el que textualmente se establece: "... en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento ...". Ahora,el capítulo IV denominado "Del procedimiento de responsabilidad administrativa" de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, comprendido por los artículos 118 al 128, se contempla el derecho fundamental de audiencia para el elemento operativo que incurra, entre otros, en el supuesto de la remoción. ? En dichas porciones normativas, se menciona que cuando un elemento operativo incurra en alguno de las sanciones previstas en el capítulo III del Título Sexto "Del sistema disciplinario y responsabilidad administrativa", se realizará el procedimiento de responsabilidad administrativa (Artículo 118). Dicho procedimiento lo conocerá la instancia instructora y lo resolverá la Comisión de Honor y Justicia o su equivalente (Artículo 119). ? Así, acorde al numeral 120 de dicho ordenamiento, el procedimiento de responsabilidad administrativa se iniciará de oficio o por denuncia con la correspondiente notificación al elemento operativo de que se le ha instaurado en su contra el mismo, bajo una serie de requisitos que deben satisfacerse al iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado contra un elemento operativo adscrito a una de las instituciones de seguridad pública. Por tanto, resulta evidente que la notificación del inicio del procedimiento es la formalidad que implica mayor relevancia, dado que en ésta se sustenta el ejercicio del derecho respecto de las restantes, pues una persona que conoce sobre la existencia de un procedimiento y las consecuencias que el mismo le depara, se encuentra en aptitud de comparecer ante la autoridad previamente a la emisión del acto privativo, para aportar las pruebas que estime pertinentes, alegar a su favor y ejercer, en su caso, los medios de defensa que prevean las leyes secundarias. En esa medida, es que el análisis de constitucionalidad sobre el emplazamiento es uno de los que debe realizarse con mayor rigor, pues sólo si se encuentran satisfechas todas las formalidades que señala la ley, podrá concluirse, con certidumbre, que al elemento operativo no se le dejó en estado de indefensión. Precisado lo anterior, es infundado el concepto de violación en estudio, porque si bien al momento de ser emplazado, se omitió realizar la certificación relativa a sobre cuáles copias son las que le fueron entregadas, ello no produce su nulidad. Para explicar esa calificativa, es necesario tener presente que de las constancias relativas al emplazamiento del quejoso al procedimiento de origen, se advierte lo siguiente: La quejosa fue emplazada mediante oficio SS/DAI/1823/2020, el cinco de noviembre de dos mil veinte, quien constó de manera autógrafa, la recepción de copias simples del expediente que conforma el procedimiento y acuerdo de inicio del mismo. En el citado oficio, se le hizo de su conocimiento que anexaban copias simples de la totalidad de las actuaciones que hasta el momento integraban el expediente de responsabilidad administrativa. Además, en dicho oficio se ordenó notificar a la quejosa ubicada físicamente en la Comisaria de Agrupamientos dependiente de la Secretaría responsable, y se hizo constar que se le entregaría copia del acuerdo de inicio y de la totalidad de constancias y anexos que integran el procedimiento de origen. De lo antedicho, este Juzgado toma nota de que al entender la diligencia de emplazamiento, la autoridad instructora entregó copias de todo lo actuado en la instancia natural, entre las que obran las constancias de la carpeta de investigación; asimismo, se le entregó copia del acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veinte, mediante el cual se ordenó la instauración del referido procedimiento. Por tanto, no asiste la razón a la parte quejosa, al aseverar que, no tiene certeza de que las copias entregadas efectivamente son reproducción de las actuaciones que componen el procedimiento administrativo de origen, porque de las constancias respectivas se aprecia que se le corrió traslado con la totalidad de constancias obrantes en dicho procedimiento, mismas que fueron debidamente descritas en el oficio con el que se le corrió traslado; además, el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, no exige que sean entregadas copias certificadas o cotejadas del procedimiento correspondiente. En comunión a lo anterior, es infundado el concepto de violación sintetizado en el inciso e), en el que combate la legalidad del emplazamiento porque no se le corrió traslado ni se puso a su disposición durante dicha diligencia el contenido del disco tipo CD-R, que obra en las actuaciones de la carpeta de investigación tramitada con motivo de la denuncia realizada por un ciudadano contra la elemento de seguridad quejosa, lo que trastocó su derecho de audiencia. Para evidenciarlo, es conveniente traer a cuenta nuevamente las constancias del procedimiento de origen, de las que se advierte que en relación a las pruebas existentes en contra de la impetrante, se asentó lo siguiente: En el acuerdo de inicio de procedimiento de veintinueve de octubre de dos mil veinte, que se adjuntó al emplazamiento, se hizo constar las pruebas existentes en su contra, consistentes en: Legajo de copias autentificadas de carpeta de investigación D-I/33097/2020, procedente de la Agencia del Ministerio Público número cinco de Investigación y Litigación Oral de la Dirección General de Visitaduria de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Oficio SS/DGA/DRH/4377/2020, de fecha diez de julio de dos mil veinte, mediante el cual se informó sobre la adscripción y domicilio registrado dentro del expediente personal de la quejosa y sueldo mensual que percibe. Copia certificada del nombramiento de Policía A, expedido a favor de la quejosa. Dos copias certificadas de la hoja laboral. Una copia certificada de la nómina. Copia simple de constancia de nivel académico. Una fotografía digitalizada de la elemento operativo quejosa. Oficio SSE/DGC/DH/ 740/2020, de veintitrés de septiembre de dos mil veinte. Un legajo de copias certificadas de las actuaciones que integran la queja 9963/2019/IV, procedente de la Cuarta Visitaduria General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Oficio SSE/CGSE/CA/ 5781/2020, mediante el cual se remite copia certificada de la fatiga de catorce de noviembre de dos mil diecinueve. De lo anterior, se concluye que, al emplazarse a la quejoso a la instancia natural, se le hizo saber que los medios de convicción que existe en su contra, de los cuales no se hizo mención del disco compacto que refiere; de ahí que adverso a lo alegado por la impetrante, no era obligatorio que la autoridad instructora corriera traslado con dicho disco, pues no específico que el mismo formara parte de las probanzas existentes en su contra. No obstante lo anterior, si bien es cierto dentro del acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, por el cual se dio inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, en contra de la quejosa, se hizo relación de que en la carpeta de investigación D-I/39097/2020, uno de los testigos de los hechos facilitó los videos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con las cámaras de grabaciones del establecimiento que encuentra cerca al lugar donde ocurrieron los sucesos denunciados, también lo es, que las responsables efectuaron dichas precisiones con base en el registro de inspección de objetos (visible a fojas 82 a la 85 de la Carpeta de Investigación) que obra en las copias autentificadas de la carpeta de investigación proveniente de la Agencia del Ministerio Público número 05 de Investigación y Litigación Oral, de la Dirección General de Visitaduría de la Fiscalía del Estado de Jalisco, que fueron remitidas con propósito de que se instaure procedimiento en contra del elemento, no propiamente al imponerse del contenido del disco compacto que refiere la quejosa, Además, respecto del contenido de las constancias, que integran dicha carpeta de investigación la quejosa tiene pleno conocimiento, tan es así que suscribió un acuerdo preparatorio con la victima a fin de concluir con el trámite de la carpeta de investigación en comento. En tales condiciones, al cumplirse con el requisito legal establecido en el numeral 120, inciso d), de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, esto es, hacer del conocimiento de la quejosa los elementos de prueba existentes en su contra que obran en los autos del procedimiento de origen y correrle traslado con copia de los mismos, es evidente que tuvo a su alcance los medios necesarios preparar una adecuada defensa. Aunado a lo anterior, en caso de que dicho disco compacto formara parte de los medios de convicción existentes en contra de las quejosa, se hubiera hecho relación del mismo durante la audiencia de desahogo de pruebas y expresión de alegatos, lo que en el caso, no aconteció. Por lo anterior, se colige que el legislador determinó en el numeral 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública de esta entidad, que, al momento de iniciarse un procedimiento en contra de un elemento perteneciente a los cuerpos de seguridad pública de la entidad, debían cumplirse ciertos requisitos, mismos que se encuentra enumerados en los incisos a) al f). Con lo anterior, se puede corroborar que la finalidad de tal actuar es garantizar que los miembros de las fuerzas policiacas y de las instituciones de procuración de justicia, puedan tener conocimiento completo e íntegro del actuar que se les atribuya, a efecto de que puedan preparar una defensa adecuada, oponer sus excepciones y defensas, así como de ofrecer las pruebas que estimen necesarias a fin de desvirtuar los hechos que se les reprochan. En ese sentido, de una intelección de dicho artículo se puede advertir que el legislador determinó únicamente que se debía hacer del conocimiento al posible infractor, entre otras cosas, de las pruebas que obren en su contra, a fin de que pueda ofertar los medios que estime pertinentes a efecto de desvirtuar os cargos o probar su inocencia en el procedimiento que se le instaura. De ahí que la interpretación a dicho numeral se debe hacer en el sentido de que la expresión "haciendo de su conocimiento", implica invariablemente la obligación, por parte de la autoridad instructora, de informar al presunto infractor del caudal probatorio que obra en su contra, sin que se pueda llegar al extremo de sostener que se le deba correr traslado con las copias de dichos medios de convicción o con diversos, como discos compactos, pues no se encuentra contemplado tal supuesto. Sin que se soslaye el hecho de que el último párrafo del multicitado artículo 120 contemple la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, para la substanciación del mismo. Ello, pues debe tomarse en cuenta que la supletoriedad de un determinado ordenamiento legal sólo opera cuando se reúne lo siguiente: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; asimismo, cuando el legislador disponga en una ley que determinado ordenamiento debe entenderse supletorio de otros ordenamientos, ya sea total o parcialmente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente; c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. Por tanto, si la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco no contempla que en la notificación del procedimiento al elemento policiaco se le deba correr traslado con copia alguna del mismo ni con otros como podría ser el dicto compacto, resultaría equívoco tratar de llenar un vacío respecto de una disposición que no resulta aplicable. Esto es así, dado que la notificación del procedimiento administrativo tiene como finalidad que se haga del conocimiento de éste, así como de la conducta que se le atribuye, la sanción a la que se puede hacer acreedor, el plazo que tiene para apersonarse, las pruebas que obran en su contra y el derecho que le asiste para ofrecer los medios de convicción que estime pertinentes. De ahí que se estima que tal actuar no vulnera en forma alguna el derecho a una defensa adecuada, pues incluso, tal circunstancia se encuentra prevista en el segundo párrafo del artículo 120 de la legislación de la materia. Inclusive, se puede corroborar que en la diligencia de notificación de inicio del procedimiento administrativo, la autoridad instructora manifestó la posibilidad de que el aquí quejoso acudiera a las instalaciones de la dependencia a fin de que pudiera revisar las actuaciones del subyacente el tiempo y veces que estimare necesario. De lo que se obtiene que la solicitante del amparo sí tuvo conocimiento y acceso a la totalidad de las constancias que integran el subyacente. Por tanto, adverso a lo que arguye la parte promovente, se estima que la autoridad actuó de forma correcta al momento de practicar la notificación por la que se hizo de su conocimiento el inicio del proceso iniciado en su contra, pues cumplió a cabalidad con los requisitos que establece el referido arábigo 120. En consecuencia, al no haber prosperado ninguno de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa en el presente juicio y ser improcedente la suplencia de la queja en este juicio, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Miriam Itzel Díaz Venegas, contra actos de Titular y Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, por las razones y motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma Edgar Israel Flores del Toro, Juez Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien actúa en unión de Aida Elizabeth Alferez Flores, Secretario que autoriza y da fe, hoy, en que lo permitieron las labores del juzgado. *Elaboró: Bertha Leticia Velarde Salgado. Captura SISEElaboró citatorioActuario encargado de la notificación 19833 y 19834

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