Miriam Itzel Chavez Vargas

Expediente 4568/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
4568/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Miriam Itzel Chavez Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México; veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/474/2022, de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la determinación tomada en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, por el Pleno del propio Consejo, en la que acordó la adscripción de Blanca Alicia Ochoa Hernández, como titular de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con el fin de atender lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia señalada, para que puedan alegar lo que a su derecho e interés convenga. Promoción. Por otra parte, agréguese el oficio remitido por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, a través del cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada en el Q.A. 1273/2022 de su índice; en ese sentido, dicho Tribunal Colegiado, resolvió declarar infundado el recurso interpuesto, confirmar el auto recurrido y desechar la demanda de amparo. De lo anterior, se toma conocimiento, y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, con respecto al legajo de copias remitidas por el tribunal revisor, toda vez que se encuentran disponibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), destrúyase el mismo. Archivo del asunto, valoración del expediente y anotación en el Libro Electrónico. Toda vez, que no existe nada pendiente por acordar archívese el asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Atento a lo anterior, colóquese en la carátula el sello de fecha de archivo y destino final. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México; veintidós de agosto de dos mil veintidós. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los autos y la primera certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto del oficio presentado por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en el que informó que desincorporó de la esfera jurídica de las quejosas Inmobiliaria Mavasal Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Salvaz, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable y Silos Tysa, Sociedad Anónima de Capital Variable, la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org, a los que hace referencia el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil quince; asimismo, que a las citadas quejosas, no les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación; por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de la Materia, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Con base a lo anterior, y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. Pronunciamiento de cumplimiento En ese sentido, resulta relevante tomar en consideración que los efectos del amparo y concesión fueron los siguientes: Concesión respecto del Tribunal revisor: ".se desincorpore de la esfera jurídica de las quejosa (sic), la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., así como de cualquier requerimiento que hiciera a autoridad con base en dichos lineamientos, hasta que los vicios fueron subsanados." Y conforme a lo determinado por este juzgado, lo que quedó firme al no ser materia de impugnación: "artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." De la anterior transcripción, cabe destacar la porción subrayada, pues a partir de ahí se advierte la posibilidad de que no se hubiera instaurado el procedimiento de revisión electrónica. En el mismo sentido está estructurada la jurisprudencia 2ª./J.161/2016 (10ª.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, con número de registro 2012935, de rubro: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015." Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, autoridad vinculada al cumplimiento, mediante la cual informa que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación de atender a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio W3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., a los que hace referencia en el anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2015, máxime que la misma ha dejado de tener vigencia. Asimismo, comunicó que no ha emitido actos tendientes a conseguir el cobro de una preliquidación, en términos del artículo declarado inconstitucional. Así pues, la autoridad manifestó que no aplicó la norma, pues no le instauró a la quejosa un procedimiento de revisión electrónica con base en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Luego, tomando en cuenta las manifestaciones de la autoridad, en el sentido de que la norma no ha sido aplicada a la parte quejosa, aunado al hecho de que ésta última no formuló manifestaciones en relación con el cumplimiento, se declara que la sentencia concesoria está cumplida, en relación con el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015. Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.) con registro 2023104, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1891, Undécima Época, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, dos de junio de dos mil veintidós. Estado procesal. Del estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado entre otros el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Ahora bien, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que cuando se reclamen normas generales, el quejoso deberá señalar como autoridades responsables a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación, porque no puede desvincularse su expedición de su promulgación, en atención a que esos actos son indisociables, dada su naturaleza. Asimismo, de acuerdo con la jurisprudencia 11/2020 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la República tiene la calidad de autoridad responsable en los procedimientos en los que se cuestione la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículo 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionó el Código Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, la cual no podrá estar supeditada al señalamiento o no que haga la parte quejosa en la demanda. En ese sentido, tomando en cuenta que la parte quejosa combate esa Ley, con la finalidad de integrar correctamente la litis del presente asunto, se tiene como acto reclamado del Presidente de la República, la promulgación del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Sin que sea necesario, requerir el informe justificado a dicha autoridad, pues se tuvo por rendido el diez de febrero de dos mil veinte, en el que se pronunció respecto de la promulgación del Decreto que se impugna. En esa tesitura, dese vista a las partes con el referido informe justificado. Relaciónese en la audiencia constitucional. Fundamento: Artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento Por tal motivo se difiere la audiencia señalada para celebrarse hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Adicionalmente, se considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado dicha audiencia, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia constitucional no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 124, segundo párrafo de la Ley de Amparo aquéllas, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) supuesto normativo que no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Notificación a las autoridades responsables y a la parte quejosa. Cabe destacar que se ordena notificar este auto a las autoridades responsables y a la parte quejosa, por medio de lista, al no ubicarse el auto de diferimiento de la audiencia constitucional en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese y lista a la parte quejosa, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve de febrero de dos mil veinte.

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