Miriam Hernandez García
Expediente 768/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 768/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Miriam Hernandez García
- Agente del Ministerio Publico Federal Adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca
- Dra. Mayra Ramírez López Directora de la Unidad Médica Familiar #65
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva, y dado que fue concedida la suspensión de plano a la parte quejosa; por tanto, por analogía se ubica en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso a), por lo que: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, siendo susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, la resolución que concedió la suspensión de plano, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. d) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 768/2020; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. MIRIAM HERNÁNDEZ GARCÍA, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los siguientes actos y autoridades: Actos que estima violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 16, 22, 73 fracción XVI, 103 fracción III y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, concedió la suspensión de plano para que se considere a la quejosa persona vulnerable, y se le permita el resguardo domiciliario por encontrarse embarazada; de igual forma, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de otorgar el resguardo domiciliario por considerarse persona vulnerable al encontrarse embarazada; la omisión de dotarle equipo de seguridad sanitaria; los efectos y consecuencias de tales omisiones. TERCERO. Previo a determinar si el acto reclamado a la Directora, jefa de Enfermeras, Administradora de la Unidad Médica, encargada del área del personal, todas de la Unidad Médica Familiar número 65; el titular del Departamento de Servicios de Prevención y Promoción de Salud para Trabajadores, Director de Prestaciones Médicas, titular de la Unidad de Atención Primaria a la Salud en Primer Nivel, y titular de la Coordinación Auxiliar Delegacional de los Servicios de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, es existente o no, conviene precisar si revisten la calidad de autoridades responsables. Ello es así, pues por regla general el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, presupone que los actos reclamados emanan de una autoridad; por el contrario, cuando dichos actos se atribuyen a alguien que no tiene esa calidad para los efectos del amparo, tal presupuesto se torna preferente, pues de no tenerla, es irrelevante analizar si el acto que se le atribuye existe o no. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, visible a página 2086, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada, presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados, sin lugar a dudas, se atribuyen a una autoridad; sin embargo, cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (como por ejemplo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales), este presupuesto procesal se torna preferente, pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo, es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y después la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que, como premisa lógica para que exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal." Así, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5º, fracción II, éste en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, resulta menester precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el ordinal 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Concomitante con lo anterior, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Por otra parte, es pertinente precisar que no basta estimar que los actos reclamados violenten derechos fundamentales, para estimar que fueron emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que para estimar realizado un acto de autoridad, es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no sea necesario acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior se contiene en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Conforme a lo anterior, resulta evidente que la relación existente entre la quejosa y las autoridades que señaló como responsables, Directora, jefa de Enfermeras, Administradora de la Unidad Médica, encargada del área del personal, todas de la Unidad Médica Familiar número 65; titular del Departamento de Servicios de Prevención y Promoción de Salud para Trabajadores, Director de Prestaciones Médicas, titular de la Unidad de Atención Primaria a la Salud en Primer Nivel, y titular de la Coordinación Auxiliar Delegacional de los Servicios de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado lo constituye, en esencia, la omisión de otorgar el resguardo domiciliario por considerarse persona vulnerable al encontrarse embarazada; la omisión de dotarle equipo de seguridad sanitaria; así como los efectos y consecuencias de tales omisiones, lo que evidentemente no es un acto de autoridad; considerando que existe un vínculo laboral entre las partes, en el cual se encuentran en un plano de igualdad en cuanto a la relación patrón-trabajador. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por los artículos 132 fracción XIX Bis, y 168, de la Ley Federal del Trabajo, que disponen: "Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: (.) XIX Bis Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria; (.)" "Artículo 168. En caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, no podrá utilizarse el trabajo de mujeres en periodos de gestación o de lactancia. Las trabajadoras que se encuentren en este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de labores, a las mujeres en periodos de gestación o de lactancia les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley." Como se aprecia de los numerales transcritos, las omisiones que reclama la quejosa de las dependencias de salud que tilda de responsables, son cuestiones inherentes a sus derechos como trabajadora, por tanto, esa relación no tiene su nacimiento en la ley, sino en el contrato de prestación de servicios que tengan celebrado, de ahí que su potestad no es de naturaleza pública. Así, es evidente que la omisión de otorgar el resguardo domiciliario y proveer de equipo de seguridad sanitaria, atribuido a los referidos entes, incide en todo caso, en la esfera de sus derechos como trabajadora; por lo que no se está en el caso de tener a aquéllas como responsables para efectos del juicio de amparo, al ser una cuestión, se reitera, de carácter laboral que debe exigirse ante la junta federal correspondiente. En las relatadas consideraciones, y al actualizándose la causa de improcedencia invocada, conlleva a sobreseer en el juicio con fundamento en el precepto 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 768/2020, promovido por MIRIAM HERNÁNDEZ GARCÍA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, mediante el cual remite el diverso oficio suscrito por la Directora, Administradora, Jefa de Enfermeras y Encargada del Área de Personal, todas de la Unidad Médica Familiar Número 65 en Oaxaca del Instituto Mexicanos del Seguro Social, por haberse remitido en forma equivocada a ese Juzgado; por tanto agréguese el oficio de las responsables, mediante el cual rinden su informe justificado, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados así como domicilio para oír y recibir notificaciones los indicados en el oficio referido. En cuanto a su petición de que se autorice a sus delegados imponerse de los autos mediante el empleo de medios electrónicos, en auto de veinticinco de noviembre del año en curso, se acordó al respecto. Con apoyo en el artículo 119 de la citada ley, se admiten como pruebas documentales las que se anexan al informe de cuenta, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. En cuanto a la prueba instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrecen, al no tener vida propia, llegado el momento procesal oportuno, este resolutor tomará en consideración la totalidad de las actuaciones del presente juicio y deducirá las presunciones que en su favor se aprecien. Apoya la consideración anterior, la tesis sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 291 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 1995, que dice: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere, y se fijan nuevamente las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos se advierte, las autoridades responsables no han rendido su informe justificado, ni obra constancia de que hayan quedado notificadas de su petición; por tanto, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Por otra parte, vista la razón signada por el Actuario adscrito, por la que informa que los oficios 38/2020 y 41/2020 dirigidos al Titular del Departamento de Servicios de Prevención y Promoción de la Salud para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y Titular de la Coordinación Auxiliar Delegacional de los Servicios de Prevención y Promoción de la Salud para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que respecto a la primera, no se especifica a qué unidad pertenece y en cuanto al segundo, no se indica a qué Jefatura pertenece; en tal circunstancia, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dése vista a la quejosa, para que dentro del término de tres días, siguientes al que le surta efectos la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro del término que se indica, se tendrá a dichas autoridades como inexistentes y se suspenderán comunicaciones oficiales con las mismas. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.
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