Miriam Gutiérrez Limón
Expediente 823/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 823/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/07/2018
Partes del expediente
- Miriam Gutiérrez Limón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diecinueve de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede un término de diez días para interponer recurso de revisión, sin que la parte quejosa en dicho plazo hubiere recurrido la sentencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 102 a 104), en la que se determinó no amparar en el presente juicio de amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 2º. No es obstáculo a lo anterior determinación que no obren en autos las constancias de notificación correspondientes a los oficios 31377/2018, por los que se ordenó notificar la sentencia a la autoridad tercera interesada, toda vez que el sentido de la misma no le irroga perjuicio. En consecuencia, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Ahora bien, en razón de lo acordado líneas precedentes, de donde se desprende, que con esta fecha se ordenó el archivo del presente asunto, para todos sus efectos legales, en ese tenor, se provee conforme lo manda el capítulo quinto, punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, relacionado con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es susceptible de depuración, en mérito de la negativa de amparo; lo que acontecerá una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Realícense las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó Guillermo Aguirre Castañeda, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el diverso 111, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; por haberse concedido el primer periodo vacacional de este año al titular de este órgano Luis Armando Pérez Topete, según información contenida en el oficio CCJ/ST/2815/2018 de once de junio de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta, que certifica que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta que precede a este acuerdo, coincide en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. GAC/DANH/cjta
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el catorce de marzo de dos mil dieciocho, Miriam Gutiérrez Limón, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se precisará en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 constitucional. TECERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en auto de quince de marzo de dos mil dieciocho (fojas 7 a 10), se admitió a trámite la demanda; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; se tuvo como tercero interesado al Ayuntamiento Constitucional de Yahualica de González Gallo, Jalisco, quien fue emplazado a juicio mediante oficio recibido el cinco de abril de dos mil dieciocho (foja 67 bis); se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien formuló el alegato ministerial 314/2018, en el que indicó se debe conceder el amparo en el presente juicio; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, la cual inició el día de hoy a las trece horas con veinte minutos y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Al haber sido analizada en su integridad la demanda de amparo, se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que los actos reclamados son: Al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: La omisión de resolver el incidente de liquidación de laudo en el juicio laboral 1118/2013-G2 de su consecutivo. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, toda vez que así lo manifestó al rendir el informe justificado (fojas 26 y 27). Además, la existencia del acto se corrobora con las constancias del expediente 1118/2013-G1, que fueron exhibidas por la responsable y que obran en autos, documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°. Al haberse acreditado la existencia del acto reclamado, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Al no existir causas de improcedencia que las partes hayan invocado o se adviertan de oficio, menos aún que sean de obvia y de objetiva constatación, procede el estudio de la constitucionalidad o no de los actos reclamados. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El concepto de violación es ineficaz. De la demanda de amparo se advierte que en lo medular se argumenta la transgresión del artículo 17 de la Carta Magna, habida cuenta de que el tribunal responsable, ha sido omiso en resolver el incidente de liquidación de laudo en el juicio laboral 1118/2013-G1 de su índice. El artículo 17 constitucional dispone: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Esta disposición pertenece a las garantías de seguridad jurídica y establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicitado esos cuatro principios al realizar el análisis del derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia y respecto del que ahora interesa (justicia pronta), dijo que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes, pero además vinculó a su cumplimiento no sólo a las autoridades judiciales, sino también a las que realizan labores jurisdiccionales, como la responsable. En la especie, de la narración de antecedentes realizada por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, adminiculado con las constancias de autos, se aprecia que hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo, el tribunal responsable no ha resuelto el incidente de liquidación de laudo en el expediente de origen, sin embargo, dicha omisión no es en sí misma, inconstitucional. Ello es así, en virtud de que del análisis a las constancias enviadas por la responsable, se aprecia que mediante oficios 1524/2017 y 324/2018 de quince de junio de dos mil diecisiete y ocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 41 y 58), así como el diverso 1910/2016 de veintidós de julio de dos mil dieciséis (foja 42), dictados en el procedimiento natural, el tribunal responsable requirió al Ayuntamiento demandado así como a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, información respecto a los incrementos salariales generados en el puesto de "Secretaria de recepción en la oficina de contraloría del Ayuntamiento Constitucional de Yahualica de González Gallo, Jalisco", por los periodos comprendidos de 2013, 2014, 2015 y 2016, toda vez que en diligencia de dos de septiembre de dos mil dieciséis (foja 29), la trabajadora actora (aquí quejosa) fue reinstalada en el puesto citado, en cumplimiento al laudo dictado en el juicio de origen; sin embargo, según se señala en auto de diecinueve de abril de este año (foja 89), el Ayuntamiento demandado no ha proporcionado la información correspondiente, motivo por el cual de nueva cuenta ordenó girar comunicado a dicho ente municipal, para lo cual giró el oficio 907/2018, lo cual evidencia que es justificada la conducta omisiva que se reprocha. En consecuencia, los argumentos de la parte quejosa, aunque de inicio pudieran ser fundados, por cuanto a que es cierta la omisión, resultan jurídicamente ineficaces, pues al efectuar el análisis correspondiente se llega al convencimiento de que para poder evidenciar la pretendida ilegalidad, era indispensable, en la especie, no solo que exista un juicio en el que sea parte la solicitante del amparo, sino además, que a la fecha de presentación de la demanda, la autoridad responsable no hubiera llevado a cabo las diligencias necesarias para el cumplimiento del laudo, así como para el dictado de la resolución interlocutoria del incidente de liquidación planteado, lo cual, como se advierte en las constancias que integran el juicio de amparo que aquí se resuelve y ha sido precisado en el párrafo que antecede, no acontece, pues la autoridad ha llevado a cabo las diligencias para hacerse de la información que considera necesarias para la emisión de la resolución incidental, cuya omisión se reclama en esta instancia constitucional; por ende, esa situación justifica la omisión reprochada a la propia junta responsable. En ese orden de ideas, al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación, además de no advertirse materia de ilegalidad en el acto reclamado aun ejerciendo la suplencia de la queja deficiente en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, ni materia para ejercer el control de convencionalidad, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Finalmente, por lo que respecta al alegato ministerial formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, indíquese a la representante social que deberá estarse a lo resuelto en este fallo. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miriam Gutiérrez Limón, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos expresados en el considerando quinto de la propia sentencia. Notifíquese. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa y firma con el licenciado Dolores Araceli Navarro Huerta, secretaria que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. LAMPT/DANH/sra
- Principal
Zapopan, Jalisco, ocho de junio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio que firma la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de uno de junio de la presente anualidad (fojas 68 y 69), remite copia certificadas de lo actuado a partir del nueve de enero del año en curso dentro del expediente laboral 1118/2013-G1; documentales que se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes con las documentales de mérito, las cuales quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado, para que se impongan de su contenido, de conformidad con el artículo 66, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/DANH/agla*
- Principal
Zapopan, Jalisco, uno de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos de los que se advierte que para la correcta integración del mismo, es indispensable contar con documentación del expediente laboral 1118/2013-G1. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, remita a este juzgado copias certificadas, legibles y completas de las actuaciones a partir del nueve de enero del año en curso a la fecha dentro del expediente laboral 1118/2013-G1. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se les haga efectiva dicha sanción. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó Guillermo Aguirre Castañeda, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargado del despacho en términos del artículo 43, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el diverso 111, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; por haberse concedido una licencia académica al titular de este órgano Luis Armando Pérez Topete, por el día uno de junio del presente año, según información contenida en el oficio 2525/2018 de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta, que certifica que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta que precede a este acuerdo, coincide en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. Doy fe. GAC/DANH/cjta
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