Miriam Guerrero Martínez y Otros.

Expediente 1030/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1030/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
02/12/2019

Partes del expediente

  • Miriam Guerrero Martínez y Otros.
  • Miriam Guerrero Martínez
  • Andrés Mateo García Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por ******, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual desahoga la vista que se dio en proveído de trece de noviembre del año en curso, con los informes justificados rendidos por el Juez y Primer Secretario de Acuerdos, ambos del Juzgado Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, y vierte diversas manifestaciones al respecto. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos al celebrarse la audiencia constitucional, y de que sean tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Cobra aplicación al respecto la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO. GARANTIA DE AUDIENCIA. Es indiscutible que el derecho a formular alegatos constituye un elemento básico que de acuerdo con nuestro sistema de derecho constitucional y procesal, contribuye a configurar dicha garantía de audiencia. En efecto, si por garantía constitucional de audiencia entendemos la seguridad que nuestra Carta Magna otorga a toda persona, en su artículo 14, en el sentido de que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, debe concluirse lógicamente que para satisfacer dicha garantía constitucional no basta con que a una persona se le cite legalmente o se le dé la oportunidad de iniciar un juicio, antes de resultar afectada en sus propiedades, posesiones o derechos, sino que, además, es indispensable que en dicho juicio se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Tratándose del juicio de garantías ante un Juez de Distrito, las formalidades del procedimiento son las establecidas por la Ley de Amparo, en el capítulo IV, de su título segundo, y, entre ellas, resultan particularmente esenciales las preceptuadas por su artículo 155, que regula la conducción de la audiencia constitucional, audiencia que también suele llamarse de "pruebas, alegatos y sentencia", para destacar con claros caracteres los tres elementos o etapas básicamente estructurales de la misma. Por otra parte, es conveniente dejar bien sentado que el orden de tales etapas en la celebración de la audiencia constitucional, no es un orden caprichoso o arbitrario, sino que constituye un orden lógico que, en tanto que tal, es también configurativo de la garantía de audiencia, ya que, por una parte, resulta obvio que los alegatos, siendo aquellas argumentaciones que las partes tienen derecho a producir respecto de los elementos de prueba aportados al juicio, en relación con los hechos que cada una de ellas ha tratado de demostrar en la secuela del procedimiento, sea para llevar al juzgador al convencimiento sobre la legitimidad de sus propias pretensiones, o bien sobre la improcedencia o ausencia de fundamento legal de las de su contraparte, sólo podrán producirse una vez que hayan sido desahogadas todas las pruebas admitidas de las ofrecidas por las partes en el juicio; y que, por otra parte, el juzgador no podrá emitir su fallo definitivo sin antes tener a su disposición debidamente requisitados, todos los elementos que la ley prescribe (los alegatos entre otros), como estructurantes del procedimiento en cuestión". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Materia Común, Volumen LXXXII, Primera Parte, página 9).

  2. Principal

    Visto; se tiene por recibido el oficio signado por la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 945/2019 enviado para emplazar a juicio al tercero interesado *****. Atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, sin que haya lugar a dictar mayor proveído al respecto, toda vez que por acuerdo de veintiséis de noviembre del año en curso, se tuvo a dicha parte procesal apersonándose al presente sumario. Hágase la anotación correspondiente en el libro de comunicaciones oficiales que se lleva en este órgano de control constitucional.

  3. Principal

    Visto; acorde a la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que en proveído de veintiuno de noviembre del año en curso (foja 259), se tuvo por rendido el informe justificado del Jefe del Departamento de Personal Delegacional, de la Delegación Estatal Guerrero, por conducto del apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y con su contenido se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal convenga, acuerdo que se notificó por lista el día veintidós de noviembre actual (foja 260), el cual surtió efectos el veinticinco siguiente, lo que evidencia que aún no fenece el término de ocho días que señala el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 29/98-PL, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Materia Común, Novena Época, página 5) Por tanto, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito firmado por ****, a través del cual se apersona a juicio; en atención a su contenido, téngasele por apersonado al presente juicio en su carácter de tercero interesado. Asimismo, se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso, y como sus autorizados a ******, con todas las facultades que les confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional respectiva en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a ******, por no contar con dicho requisito. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas las manifestaciones que vierte en calidad de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos al celebrarse la audiencia constitucional, y de que sean tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Finalmente, con independencia de lo anterior, requiérase vía telegráfica a los Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, ambos con sede en Zihuatanejo, Guerrero, para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este acuerdo, por la misma vía, por fax al teléfono 01-744-4-88-51-72, o incluso por correo electrónico a la cuenta 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, aquél al que se le haya turnado el despacho 945/2019, que se giró para emplazar a juicio al tercero interesado *****, informe cuál es el estado procesal que guarda y, en el supuesto de que ya se haya diligenciado lo devuelva de inmediato. Apercibidos que de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad que tengan, se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, en términos de los numerales 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

  4. Principal

    Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del Jefe del Departamento de Personal Delegacional, de la Delegación Estatal Guerrero, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 9 de la ley de la materia, téngase como delegados a las personas que indica la autoridad de referencia y por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; y con fundamento en el artículo 119 de la ley invocada, se tiene por anunciada como prueba de su parte la documental que exhibe, misma que será tomada en consideración en la etapa procesal oportuna.

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