Miriam Guadalupe Monroy Rincón
Expediente 898/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 898/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/07/2018
Partes del expediente
- Miriam Guadalupe Monroy Rincón
- Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio suscrito por la Administradora de la Oficina Postal número Seis del Servicio Postal Mexicano, comunicado que se ordena únicamente agregar sin mayor acuerdo substancial de conformidad con el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, toda vez que en auto de dieciséis de julio de dos mil dieciocho (foja 87), causó estado la sentencia dictada el veintiuno de junio de dos mil dieciocho (foja 77 a 83), ordenándose el archivo del asunto como totalmente concluido. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Kavdxary Youdvary Gonzalez Macedo, que certifica que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta que precede a este acuerdo, coincide en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/KYGM/mala*
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de los autos y el contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 83, fracción IV, de la ley en cita, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada el veintiuno de junio de dos mil dieciocho (fojas 77 a 83), en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; por lo tanto, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Con apoyo en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Tribunal Federal considera que el presente juicio es susceptible de destrucción; por tanto, se procederá a la misma una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Finalmente, se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó Guillermo Aguirre Castañeda, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el diverso 111, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; por haberse concedido el primer periodo vacacional de este año al titular de este órgano Luis Armando Pérez Topete, según información contenida en el oficio CCJ/ST/2815/2018 de once de junio de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario Kavdxary Youdvary Gonzalez Macedo quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. GAC/KYGM/mala* Así lo proveyó Guillermo Aguirre Castañeda, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el diverso 111, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; por haberse concedido el primer periodo vacacional de este año al titular de este órgano Luis Armando Pérez Topete, según información contenida en el oficio CCJ/ST/2815/2018 de once de junio de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario Kavdxary Youdvary Gonzalez Macedo quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. GAC/KYGM/mala*
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veinte de marzo dos mil dieciocho, Miriam Guadalupe Monroy Guzmán, por conducto de su representante legal Raúl Arellano Guzmán, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 constitucional. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de veintidós veintisiete de marzo dos mil dieciocho (fojas 42 a 45), se admitió a trámite; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló el pedimento 502/2018; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que, previo diferimiento, inició a las once horas con diez minutos de veintiuno de junio de dos mil dieciocho (foja 62, vuelta) y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El acto reclamado a la Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: La omisión de emitir auto de requerimiento y embargo en los autos del juicio laboral 729/2012-E. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, no obstante que en el informe justificado hubiere manifestado que sí es cierto (foja 49 y 50). Lo anterior es así pues el quejoso reclama en esta instancia constitucional la omisión por parte de la junta responsable en emitir auto de requerimiento de pago y embargo en los autos del procedimiento natural; sin embargo, para que haya una omisión, tiene que existir un deber o una conducta que deba ser cumplida y, que esta derive de algún precepto o mandato que lo exija. Al respecto es aplicable, en lo conducente y por las razones jurídicas que la informan, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, correspondiente al mes de junio de 1998, página 53, registro IUS 196080, del rubro y contenido: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos". Sentado lo anterior, a fin de evidenciar la inexistencia jurídica de la conducta omisiva atribuida a la responsable, es útil imponerse de los artículos 939, 940, 945, 946, 949 y 950 939, 940, 945, 946, 949 y 950, de la Ley Federal del Trabajo, que prevén el procedimiento de ejecución de laudo en un juicio laboral. "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas. Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. Artículo 946.- La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo. Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo. Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." Del contenido de los preceptos trascritos se advierte que la ejecución de los laudos corresponde a los presidentes de las juntas, quienes dictarán las medidas necesarias para que la ejecución de esas resoluciones sea pronta y expedita; que los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación correspondiente, así como que las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. Asimismo, dispone que la ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo. Además, que transcurrido el término de quince días arriba señalado, el presidente, a petición de la parte que obtuvo sentencia favorable, dictará auto de requerimiento y embargo. En el caso concreto, el quejoso aduce que la junta responsable no ha dictado las medidas necesarias a fin de lograr la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 729/2012/11-E-A. En este punto se debe hacer referencia a las consideraciones que sustentan la contradicción de tesis 339/2011, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un tópico similar al que ahora se analiza. Criterio cuyo rubro y contenido dicen: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse" En aquel asunto, la Corte realizó una interpretación de la Ley Federal del Trabajo, en el título quince "Procedimientos de ejecución", capítulo I, sección primera, "Disposiciones generales", que comprende del artículo 939 al numeral 946, en su redacción vigente hasta el treinta de noviembre de dos mil doce. Al respecto, se estableció que de la interpretación sistemática de los preceptos citados, se advertía que la ejecución de los laudos, corresponde al presidente de la junta, en dos momentos y modalidades diferentes. En primer término, el presidente, para el logro de tal fin y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo, debe dictar, dentro de las setenta y dos horas siguientes (en la redacción actual de los preceptos indicados son quince días, según quedó explicado) a la en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa pues, en esta etapa, la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. En la resolución de referencia se explicó que esta primera etapa oficiosa se agota -con independencia de que el presidente haya efectuado actuación alguna tendente al cumplimiento del laudo o no- una vez transcurrido el término de setenta y dos horas (en la redacción actual quince días) a que se refiere el artículo 945 precitado; así se infiere de la interpretación concatenada del indicado numeral, con el contenido del diverso 950, pues éste dispone tajantemente que transcurrido el término señalado en el artículo 945, el presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento y embargo, lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución. En ese contexto, y ya propiamente dentro de la etapa de ejecución forzosa, la Segunda Sala del Alto Tribunal explicó el procedimiento que se debe seguir y, al efecto determinó que para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento de ejecución de un laudo, sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Como apoyo a la determinación citó la tesis CXVIII/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 207, que dice: "EJECUCIÓN DE LAUDOS. EL ARTÍCULO 945 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE LA ESTABLECE EN UN PLAZO MENOR A LOS QUINCE DÍAS QUE SE TIENEN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, al disponer que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos su notificación, si bien establece un plazo menor al de quince días hábiles previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para impugnar tales resoluciones, no implica que a la parte condenada en el juicio laboral se le limite su acceso al juicio de garantías y, por tanto, se viole en su perjuicio la garantía de audiencia, debido a que, en primer lugar, la Ley Federal del Trabajo tiende a garantizar que quien sea demandado, comparezca como parte en el conflicto laboral de origen, con la oportunidad de contestar la demanda instaurada en su contra, enderezar las defensas y excepciones que estime pertinentes, ofrecer pruebas y formular alegatos, lo cual hace patente que si el demandado en un juicio reclamatorio es oído y vencido, no se vulnera la garantía de audiencia, si la ley dispone que la ejecución de los laudos deba cumplirse dentro del plazo antes señalado; en segundo lugar, la instancia ordinaria con que culmina un juicio laboral es con el dictado del laudo, que se equipara a una sentencia definitiva, y, para el supuesto de que las partes contendientes estimen que éste lesiona su esfera jurídica, tendrán expedito su derecho para promover el juicio de garantías, concebido como un medio de defensa extraordinario que, por su naturaleza, es independiente de los ordenamientos reguladores de las materias de las que pueda derivar, por tanto, quien considere que el laudo no debe ejecutarse, está en posibilidad de promover el amparo de inmediato, solicitando la suspensión, lo que, en su caso, impedirá su ejecución. En tales condiciones, el referido artículo 945 cumple con la garantía de audiencia consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" Por lo que después de realizar un estudio en forma específica de los preceptos que regulan el procedimiento de ejecución de los laudos dictados por las juntas de conciliación y arbitraje, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del presidente de la junta laboral correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor. La Corte estableció que de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de garantías y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Las consideraciones anteriores se encuentran reflejadas en la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4, página 2772, que dispone: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Conforme lo anterior, debe decirse que el peticionario de amparo, a efecto de demostrar la existencia del acto reclamado, esto es, la omisión por parte de la junta en dictar las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo, debió acreditar que ya se encuentra en condiciones de ejecutarlo, lo cual, como pudo verse, no fue evidenciado por el promovente, ya que no demostró haber elevado petición expresa en la que solicitara la intervención de la junta para continuar el procedimiento de ejecución, posterior a las ya acordadas en los autos del expediente de origen. Los antecedentes expuestos en el escrito de demanda tampoco refieren que el promovente haya presentado escrito ante la responsable con el propósito de impulsar el procedimiento de ejecución relativo, ya que solo refiere que se desahogó el juicio en todas sus etapas hasta la emisión de una resolución de liquidación, lo que no refleja impulso alguno de su parte, tendente a obtener las cantidades a las que fue condenada la demandada en el procedimiento natural. En otras palabras, para el efecto de que este resolutor federal estuviera en aptitud legal de evidenciar la existencia de la omisión reclamada, era menester que acreditara que la responsable, ya se encuentra en aptitud legal de ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral. Por tanto, atendiendo las consideraciones alcanzadas en esta sentencia, lo procedente conforme a derecho es sobreseer el juicio de amparo de que se trata, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse la hipótesis contemplada en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio. Cobra además aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por los Plenos de Circuito , del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante. PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO." El sobreseimiento debe hacerse extensivo al acto reclamado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hostotipaquillo, al ser la autoridad que corresponde llevar a cabo la ejecución del laudo. Atento al sentido del fallo, jurídicamente no es posible el estudio de los conceptos de violación, con base en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, volumen 24, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 239006, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". No pasa inadvertido el alegato ministerial formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual formuló alegatos; sin embargo, este juzgado se abstiene de analizar tales manifestaciones, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, ya que la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, los informes justificados y los datos observados en las constancias de los actos o procedimiento de origen, salvo los casos en que se hagan valer causas de improcedencia, y no se haya decretado previamente el sobreseimiento; ello, de acuerdo con la jurisprudencia P./J.27/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Miriam Guadalupe Monroy Guzmán.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veinte de marzo dos mil dieciocho, Miriam Guadalupe Monroy Guzmán, por conducto de su representante legal Raúl Arellano Guzmán, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 constitucional. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de veintidós veintisiete de marzo dos mil dieciocho (fojas 42 a 45), se admitió a trámite; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló el pedimento 502/2018; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que, previo diferimiento, inició a las once horas con diez minutos de veintiuno de junio de dos mil dieciocho (foja 62, vuelta) y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El acto reclamado a la Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: La omisión de emitir auto de requerimiento y embargo en los autos del juicio laboral 729/2012-E. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, no obstante que en el informe justificado hubiere manifestado que sí es cierto (foja 49 y 50). Lo anterior es así pues el quejoso reclama en esta instancia constitucional la omisión por parte de la junta responsable en emitir auto de requerimiento de pago y embargo en los autos del procedimiento natural; sin embargo, para que haya una omisión, tiene que existir un deber o una conducta que deba ser cumplida y, que esta derive de algún precepto o mandato que lo exija. Al respecto es aplicable, en lo conducente y por las razones jurídicas que la informan, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, correspondiente al mes de junio de 1998, página 53, registro IUS 196080, del rubro y contenido: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos". Sentado lo anterior, a fin de evidenciar la inexistencia jurídica de la conducta omisiva atribuida a la responsable, es útil imponerse de los artículos 939, 940, 945, 946, 949 y 950 939, 940, 945, 946, 949 y 950, de la Ley Federal del Trabajo, que prevén el procedimiento de ejecución de laudo en un juicio laboral. "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas. Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. Artículo 946.- La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo. Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo. Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." Del contenido de los preceptos trascritos se advierte que la ejecución de los laudos corresponde a los presidentes de las juntas, quienes dictarán las medidas necesarias para que la ejecución de esas resoluciones sea pronta y expedita; que los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación correspondiente, así como que las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. Asimismo, dispone que la ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo. Además, que transcurrido el término de quince días arriba señalado, el presidente, a petición de la parte que obtuvo sentencia favorable, dictará auto de requerimiento y embargo. En el caso concreto, el quejoso aduce que la junta responsable no ha dictado las medidas necesarias a fin de lograr la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 729/2012/11-E-A. En este punto se debe hacer referencia a las consideraciones que sustentan la contradicción de tesis 339/2011, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un tópico similar al que ahora se analiza. Criterio cuyo rubro y contenido dicen: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse" En aquel asunto, la Corte realizó una interpretación de la Ley Federal del Trabajo, en el título quince "Procedimientos de ejecución", capítulo I, sección primera, "Disposiciones generales", que comprende del artículo 939 al numeral 946, en su redacción vigente hasta el treinta de noviembre de dos mil doce. Al respecto, se estableció que de la interpretación sistemática de los preceptos citados, se advertía que la ejecución de los laudos, corresponde al presidente de la junta, en dos momentos y modalidades diferentes. En primer término, el presidente, para el logro de tal fin y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo, debe dictar, dentro de las setenta y dos horas siguientes (en la redacción actual de los preceptos indicados son quince días, según quedó explicado) a la en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa pues, en esta etapa, la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. En la resolución de referencia se explicó que esta primera etapa oficiosa se agota -con independencia de que el presidente haya efectuado actuación alguna tendente al cumplimiento del laudo o no- una vez transcurrido el término de setenta y dos horas (en la redacción actual quince días) a que se refiere el artículo 945 precitado; así se infiere de la interpretación concatenada del indicado numeral, con el contenido del diverso 950, pues éste dispone tajantemente que transcurrido el término señalado en el artículo 945, el presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento y embargo, lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución. En ese contexto, y ya propiamente dentro de la etapa de ejecución forzosa, la Segunda Sala del Alto Tribunal explicó el procedimiento que se debe seguir y, al efecto determinó que para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento de ejecución de un laudo, sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Como apoyo a la determinación citó la tesis CXVIII/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 207, que dice: "EJECUCIÓN DE LAUDOS. EL ARTÍCULO 945 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE LA ESTABLECE EN UN PLAZO MENOR A LOS QUINCE DÍAS QUE SE TIENEN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, al disponer que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos su notificación, si bien establece un plazo menor al de quince días hábiles previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para impugnar tales resoluciones, no implica que a la parte condenada en el juicio laboral se le limite su acceso al juicio de garantías y, por tanto, se viole en su perjuicio la garantía de audiencia, debido a que, en primer lugar, la Ley Federal del Trabajo tiende a garantizar que quien sea demandado, comparezca como parte en el conflicto laboral de origen, con la oportunidad de contestar la demanda instaurada en su contra, enderezar las defensas y excepciones que estime pertinentes, ofrecer pruebas y formular alegatos, lo cual hace patente que si el demandado en un juicio reclamatorio es oído y vencido, no se vulnera la garantía de audiencia, si la ley dispone que la ejecución de los laudos deba cumplirse dentro del plazo antes señalado; en segundo lugar, la instancia ordinaria con que culmina un juicio laboral es con el dictado del laudo, que se equipara a una sentencia definitiva, y, para el supuesto de que las partes contendientes estimen que éste lesiona su esfera jurídica, tendrán expedito su derecho para promover el juicio de garantías, concebido como un medio de defensa extraordinario que, por su naturaleza, es independiente de los ordenamientos reguladores de las materias de las que pueda derivar, por tanto, quien considere que el laudo no debe ejecutarse, está en posibilidad de promover el amparo de inmediato, solicitando la suspensión, lo que, en su caso, impedirá su ejecución. En tales condiciones, el referido artículo 945 cumple con la garantía de audiencia consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" Por lo que después de realizar un estudio en forma específica de los preceptos que regulan el procedimiento de ejecución de los laudos dictados por las juntas de conciliación y arbitraje, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del presidente de la junta laboral correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor. La Corte estableció que de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de garantías y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Las consideraciones anteriores se encuentran reflejadas en la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4, página 2772, que dispone: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Conforme lo anterior, debe decirse que el peticionario de amparo, a efecto de demostrar la existencia del acto reclamado, esto es, la omisión por parte de la junta en dictar las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo, debió acreditar que ya se encuentra en condiciones de ejecutarlo, lo cual, como pudo verse, no fue evidenciado por el promovente, ya que no demostró haber elevado petición expresa en la que solicitara la intervención de la junta para continuar el procedimiento de ejecución, posterior a las ya acordadas en los autos del expediente de origen. Los antecedentes expuestos en el escrito de demanda tampoco refieren que el promovente haya presentado escrito ante la responsable con el propósito de impulsar el procedimiento de ejecución relativo, ya que solo refiere que se desahogó el juicio en todas sus etapas hasta la emisión de una resolución de liquidación, lo que no refleja impulso alguno de su parte, tendente a obtener las cantidades a las que fue condenada la demandada en el procedimiento natural. En otras palabras, para el efecto de que este resolutor federal estuviera en aptitud legal de evidenciar la existencia de la omisión reclamada, era menester que acreditara que la responsable, ya se encuentra en aptitud legal de ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral. Por tanto, atendiendo las consideraciones alcanzadas en esta sentencia, lo procedente conforme a derecho es sobreseer el juicio de amparo de que se trata, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse la hipótesis contemplada en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio. Cobra además aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por los Plenos de Circuito, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante. PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO." El sobreseimiento debe hacerse extensivo al acto reclamado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hostotipaquillo, al ser la autoridad que corresponde llevar a cabo la ejecución del laudo. Atento al sentido del fallo, jurídicamente no es posible el estudio de los conceptos de violación, con base en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, volumen 24, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 239006, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". No pasa inadvertido el alegato ministerial formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual formuló alegatos; sin embargo, este juzgado se abstiene de analizar tales manifestaciones, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, ya que la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, los informes justificados y los datos observados en las constancias de los actos o procedimiento de origen, salvo los casos en que se hagan valer causas de improcedencia, y no se haya decretado previamente el sobreseimiento; ello, de acuerdo con la jurisprudencia P./J.27/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Miriam Guadalupe Monroy Guzmán. Notifíquese. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa y firma con el licenciado Kavdxary Youdvary González Macedo, secretario que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. LAPT/KYGM
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