Miriam Guadalupe Carballo Beltran
Expediente 247/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 247/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 05/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Miriam Guadalupe Carballo Beltran
- Miriam Guadalupe Carballo Beltran y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
...se declara que dicho auto de sobreseimiento HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diez de agosto de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 944/5/2016, signado por la autoridad responsable Actuario adscrito a la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada del convenio de quince de julio de dos mil dieciséis, celebrado entre las partes dentro del expediente laboral 580/5/2010. Ahora, en el presente asunto resulta innecesario analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la quejosa, toda vez que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 62 de la ley en cita y en atención a la /*-/jurisprudencia VI.2o. J/323, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página ochenta y siete, tomo ochenta, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a agosto de mil novecientos noventa y cuatro, con número de registro 210784 que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." El artículo 61 en su fracción XXII del ordenamiento legal en cita establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (...)" En relación a la causa de improcedencia transcrita, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo u obligue a la responsable a dejar su conducta omisiva, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, en el caso particular, la parte quejosa reclama de la junta responsable la omisión de realizar el requerimiento de pago por la cantidad de $828,547.20 y embargo dictado el catorce de abril de dos mil dieciséis dentro del juicio laboral 580/5/2010. Mientras que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales gozan de pleno valor probatorio, conforme lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, se advierte que el quince de julio de dos mil dieciséis, las partes del juicio laboral celebraron un convenio para el cumplimiento de laudo en parcialidades. En efecto, si bien es cierto que el actuario responsable ha sido omiso en realizar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, lo cierto es que debido al convenio celebrado por las partes ya no pueda surtir efecto legal o material alguno, la eventual concesión del amparo contra el acto reclamado, esto, en atención a que las partes pactaron la forma, tiempo y lugar en que se dará cumplimiento al laudo. De ahí que resulte estéril la promoción y resolución del juicio de amparo, dado que no puede alcanzarse su objetivo protector, atento a que evidentemente el acto reclamado no puede surtir efecto alguno en la esfera jurídica de la quejosa, por haberse modificado el entorno en donde tuvo su origen. Ello es así, porque de concluirse que el acto combatido es inconstitucional, se tornaría legalmente imposible restituir al promovente en el goce de la garantía vulnerada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria del amparo, pues las partes celebraron un convenio de cumplimiento de laudo en parcialidades. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional, de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la norma legal invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de Publicación, la página 189, del tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así como la diversa jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la propia Segunda Sala, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías.
- Principal
republicacion a la parte quejosa... Reynosa, Tamaulipas, diez de agosto de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 944/5/2016, signado por la autoridad responsable Actuario adscrito a la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada del convenio de quince de julio de dos mil dieciséis, celebrado entre las partes dentro del expediente laboral 580/5/2010. Ahora, en el presente asunto resulta innecesario analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la quejosa, toda vez que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 62 de la ley en cita y en atención a la /*-/jurisprudencia VI.2o. J/323, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página ochenta y siete, tomo ochenta, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a agosto de mil novecientos noventa y cuatro, con número de registro 210784 que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." El artículo 61 en su fracción XXII del ordenamiento legal en cita establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (...)" En relación a la causa de improcedencia transcrita, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo u obligue a la responsable a dejar su conducta omisiva, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, en el caso particular, la parte quejosa reclama de la junta responsable la omisión de realizar el requerimiento de pago por la cantidad de $828,547.20 y embargo dictado el catorce de abril de dos mil dieciséis dentro del juicio laboral 580/5/2010. Mientras que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales gozan de pleno valor probatorio, conforme lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, se advierte que el quince de julio de dos mil dieciséis, las partes del juicio laboral celebraron un convenio para el cumplimiento de laudo en parcialidades. En efecto, si bien es cierto que el actuario responsable ha sido omiso en realizar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, lo cierto es que debido al convenio celebrado por las partes ya no pueda surtir efecto legal o material alguno, la eventual concesión del amparo contra el acto reclamado, esto, en atención a que las partes pactaron la forma, tiempo y lugar en que se dará cumplimiento al laudo. De ahí que resulte estéril la promoción y resolución del juicio de amparo, dado que no puede alcanzarse su objetivo protector, atento a que evidentemente el acto reclamado no puede surtir efecto alguno en la esfera jurídica de la quejosa, por haberse modificado el entorno en donde tuvo su origen. Ello es así, porque de concluirse que el acto combatido es inconstitucional, se tornaría legalmente imposible restituir al promovente en el goce de la garantía vulnerada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria del amparo, pues las partes celebraron un convenio de cumplimiento de laudo en parcialidades. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional, de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la norma legal invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de Publicación, la página 189, del tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así como la diversa jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la propia Segunda Sala, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías.
- Principal
...Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que el presente juicio de amparo no se encuentra debidamente integrado... Por tanto, para dar oportunidad a la integración de este juicio, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo.
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