Miriam González Castillo

Expediente 1262/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1262/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
28/03/2019

Partes del expediente

  • Miriam González Castillo
  • Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán
  • Miriam González Castillo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el siete de marzo de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido...

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil diecinueve, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1262/2018-V, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El secretario en funciones de Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni representante legal de las mismas. A continuación, la Secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho; constancias de notificación practicadas a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, e informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables. Asimismo, le informo que ya feneció el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de treinta de enero de dos mil diecinueve, en el que se le requirió para que manifestara si señalaba nuevos actos en el presente juicio de amparo, sin que a la presente fecha hubiese hecho manifestación al respecto. El secretario en funciones de Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes; y toda vez que a la presente fecha la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en el citado proveído de treinta de enero de dos mil diecinueve, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el propio acuerdo, por lo que el presente asunto se resolverá únicamente por lo que respecta al acto reclamado señalado inicialmente. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con las documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda y por las autoridades responsables en sus informes remitidos como justificación de sus actos. El secretario en funciones de Juez acuerda: con apoyo el artículo 119 de la Ley de Amparo aplicable, ténganse por admitidas las probanzas de referencia, las cuales se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Con lo que se concluye la etapa respectiva. Seguidamente, se abre el período de alegatos en el que la secretaría le informa que las partes en este juicio no formularon manifestaciones al respecto; con lo cual concluye dicho período. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el juicio de amparo 1262/2018-V, promovido por Miriam González Castillo, contra actos del Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán y otras autoridades, por violación al artículo 8 Constitucional; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Miriam González Castillo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama del Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, Director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y Gobernador Constitucional del Estado, los cuales hizo consistir en: "La falta de respuesta a los escritos de fecha 7 de diciembre del año 2018 (SIC), recibidos en la oficialía de partes de la autoridad responsable en fecha 21 y 22 (SIC) de agosto de 2018." Segundo. Admisión de demanda. Por auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de garantías, se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, la intervención legal que le compete, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1º, y 35 de la Ley de Amparo, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, al reclamarse actos omisivos que no tienen ejecución material y atribuibles a autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial donde este Juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de dar respuesta a los escritos de fecha siete de diciembre del año dos mil diecisiete, recibidos en la oficialía de partes de las autoridades responsables en fecha veintiuno y veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Apoderado General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y el Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto que se les atribuye; sin embargo, de la lectura de los mismos se advierte que realizan diversas manifestaciones que permiten presumir su existencia, por lo que se tiene por cierto el acto de molestia. Por su parte, el Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, al rendir su respectivo informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclama, por lo que se tiene por cierto el mismo. Cuarto. Estudio oficioso de las causas de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la omisión de dar respuesta a los escritos de fecha siete de diciembre del año dos mil diecisiete, recibidos en la oficialía de partes de las autoridades responsables en fecha veintiuno y veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Ahora bien, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesados los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Lo anterior es así, porque del análisis de las constancias remitidas por las autoridades responsables, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo aplicable, se advierte lo siguiente: El Apoderado General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, informó que mediante oficio ISS/SPGF/JP/0165/2018 de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se dio contestación al escrito presentado por la aquí parte quejosa, lo cual se le notificó el veintisiete de noviembre del mismo año. El Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, informó que mediante oficio CJ/DC/OC/1103/2018 de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dio contestación al escrito de la quejosa de siete de diciembre de dos mil diecisiete, presentado el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado, lo que se le notificó el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. El Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, informó que el escrito de siete de diciembre de dos mil diecisiete que refiere la parte quejosa, se encuentra dirigido a una autoridad diversa, por lo que fue canalizado a la autoridad correspondiente para su trámite y atención, lo que se corrobora de lo manifestado por el Consejero Jurídico del Gobernador Constitucional del Estado, en su informe respectivo. En esas condiciones, al haberse dado contestación a los escritos de la parte quejosa de siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficios ISS/SPGF/JP/0165/2018 de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, y CJ/DC/OC/1103/2018 de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, los cuales fueron notificados a la parte aquí quejosa el veintisiete y veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, respectivamente, esto con posterioridad a la presentación de la demanda que lo fue el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues dejó de subsistir el acto impugnado y de producir sus efectos; habida cuenta que la nueva situación repuso a la parte quejosa en el goce de su garantía individual, por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia aplicable. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Quinto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la ley. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 74 al 76 de la Ley de Amparo aplicable, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miriam González Castillo, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ... AVISO ... Mérida, Yucatán, treinta de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de las constancias remitidas por el Apoderado del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y el Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sus informes justificados, se aprecian los oficios ISS/SPGF/JP/0165/2018 de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho y CJ/DC/OC/1103/2018 veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, mediante los cuales se dio contestación a los escritos de siete de diciembre del año en curso, presentados por la aquí quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en relación con el 17 de la Ley en comento, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo antes citado, manifieste por escrito, si señala como nuevos actos reclamados los citados oficios ISS/SPGF/JP/0165/2018 de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho y CJ/DC/OC/1103/2018 de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Apoderado del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y el Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán; con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, el presente asunto se resolverá únicamente por lo que respecta al acto reclamado señalado inicialmente. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 801 del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada". Con motivo de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las nueve horas con cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de las constancias remitidas por el Apoderado del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y el Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sus informes justificados, se aprecian los oficios ISS/SPGF/JP/0165/2018 de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho y CJ/DC/OC/1103/2018 veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, mediante los cuales se dio contestación a los escritos de siete de diciembre del año en curso, presentados por la aquí quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en relación con el 17 de la Ley en comento, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo antes citado, manifieste por escrito, si señala como nuevos actos reclamados los citados oficios ISS/SPGF/JP/0165/2018 de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho y CJ/DC/OC/1103/2018 de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Apoderado del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y el Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán; con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, el presente asunto se resolverá únicamente por lo que respecta al acto reclamado señalado inicialmente. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 801 del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada". Con motivo de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las nueve horas con cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

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