Miriam Gisela Rosales Luna

Expediente 829/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
829/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Miriam Gisela Rosales Luna
  • Universidad Autonóma de Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción y hecho lo anterior realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Sin que sea el caso pronunciarse sobre el incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó el mismo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, que envía electrónicamente ELÍAS MOISÉS ROSAS RÍOS, en su carácter de delegado de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual señala que su representado se encuentra impedido para dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos, toda vez que la parte quejosa posterior a la interposición de la demanda de amparo -doce de mayo de dos mil veinte- pagó el impuesto predial en la Tesorería Municipal de dicho Ayuntamiento Constitucional, relativo a los periodos fiscales de 2017, 2018 y 2019 respecto del inmueble con número de cuenta predial U044724, señalado a demás que a la fecha la cuenta referida tiene cero adeudo. Ahora, resulta oportuno precisar que en el presente juicio se concedió el amparo y la justicia de la unión para los siguientes efectos: 1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a MORAY APPLEGATE CURIEL, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, en tanto no se modifiquen dichas normativas. 2. Asimismo, para que el Tesorero Municipal y el Jefe de Catastro Municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con sede en Valle de Banderas, apliquen el monto de menor cuantía de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones y Predios Urbanos y Rústicos para ese Municipio, por concepto de impuesto predial tomando en cuenta la ubicación del inmueble con cuenta predial U044724, correspondiente a la zona homogénea Higuera Blanca; lo anterior, hasta en tanto la autoridad legislativa no subsane los vicios de inconstitucionalidad destacados en la presente sentencia. Luego, mediante oficio recibido en este juzgado el cinco de febrero de dos mil diecinueve signado por el Delegado de las autoridades responsables, Tesorero Municipal y Jefe de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, con sede en Valle de Banderas, Nayarit, la autoridad responsable señaló que a efecto de cumplir con la ejecutoria de mérito era necesario que se le indicara cual era la cantidad que debía cobrarle a la parte quejosa, respecto del impuesto predial U044724 del inmueble con clave catastral 20-046-01-002-001-000, por lo que en auto de seis de febrero de dos mil diecinueve se dio tramito a un incídete innominado a fin de determinar tal circunstancia. El incidente de referencia fue resuelto el cuatro de marzo de dos mil veinte, y en sus puntos resolutivos se determinó lo siguiente: PRIMERO. Se declara fundado el incidente innominado relativo al juicio de amparo 854/2017. SEGUNDO. Una vez que quede firme la presente resolución, requiérase al Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para que en el término de tres días, acredite ante este órgano jurisdiccional haber realizado la modificación correspondiente y exhiba un cálculo en el que se refleje que la parte quejosa debe pagar la cantidad de $232.79 (dos cientos treinta y dos pesos 79/100 moneda nacional) por concepto de impuesto predial relativo al inmueble con cuenta predial U044724, respecto el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. En ese sentido, el incidente de mérito se declaró fundado, y se terminó que a la parte quejosa debería pagar la cantidad de $232.79 (doscientos treinta y dos pesos 79/100 moneda nacional) por concepto de impuesto predial relativo al inmueble con cuenta predial U044724, respecto el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Ahora, mediante auto de veintitrés de agosto de la presente anualidad dicha resolución quedo firme, por lo que se le requirió a las autoridades responsables a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector dictado en autos. En ese sentido, el hecho de que la parte quejosa haya pagado una cantidad mayor a la que en este juicio se determinó por concepto de impuesto predial respecto del bien inmueble con cuenta predial U044724, respecto el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, no resulta obstáculo para que las autoridades responsables Tesorero Municipal y Jefe de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, con sede en Valle de Banderas, Nayarit, acaten la ejecutoria dictada en autos, pues al encontrarse la primera a cargo de la hacienda municipal, es evidente que se encuentran en condiciones de reintegrar el excedente que pagó la parte quejosa por dicho concepto. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis IV.2o.C.8 K (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 3501, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital: 2020899, que dice: EJECUTORIA DE AMPARO. NO QUEDA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJAR LOS TÉRMINOS EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL FALLO PROTECTOR. La sentencia que concede el amparo, conlleva para el gobernado la promesa de que el orden constitucional se restablecerá y para la autoridad la obligación de acatar la orden judicial, una vez notificada, para dar eficacia práctica a los efectos que en la sentencia se precisan; cuyo procedimiento de cumplimiento y ejecución se establece en la Ley de Amparo. Así, las autoridades responsables y las vinculadas se encuentran obligadas a realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, por lo que deben actuar o dejar de actuar, en la forma exigida en la sentencia de amparo, incluso, en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto, como lo dispone el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, corresponde al juzgador federal declarar si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Estructurado así el procedimiento de cumplimiento de sentencias que conceden la protección constitucional, no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplirlas. Asimismo, sustenta lo antes expuesto, la tesis IX.1o.6 K del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 883, Tomo III, Marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital: 202875, de rubro y texto siguiente: AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele al Tesorero Municipal y Jefe de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia o bien en su caso, informen el seguimiento que están dando para lograr ese objetivo; apercibidas las citadas autoridades que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término que se les indica, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado artículo, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé el dispositivo 258 de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación Nayarit 1 , del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta Ciudad, mediante el cual informa que el cumplimiento al cobro de la multa impuesta a JUAN JAIME LLAMAS RIVERA, quien ocupaba el cargo de Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, se encuentra controlada en esa Unidad Administrativa con el número de resolución 3381-IV, por lo que el procedimiento administrativo de ejecución se encuentra en proceso de diligenciación, cuyo resultado se hará del conocimiento una vez que se cuente con el mismo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.-RESUELVE ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías, promovido por la Universidad Autónoma de Nayarit, contra el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, precisada en el considerando segundo de esta sentencia, conforme a los razonamientos

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, mediante el cual remite copia certificada del juicio de amparo 1317/2020 de su índice, promovido por MIRIAM GISELA ROSALES LUNA, apoderada legal de la Universidad Autónoma de Nayarit y un tomo de pruebas; acúsese recibo de estilo a la autoridad oficiante. Atento a lo anterior y vistas las constancias que se acompañan al oficio de cuenta, de las que se advierte que mediante acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno la homóloga del juzgado de Distrito de referencia admitió a trámite dicho juicio, por lo que ve a los actos que la quejosa reclama al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit. Igualmente, de la copia certificada del mencionado juicio de amparo 1317/2020, se advierte que por auto de siete de junio de dos mil veintiuno, el Titular del citado órgano jurisdiccional estimó procedente por las razones que en el mismo se indican, la separación de ese juicio de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión por parte del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit, de realizar los trámites respectivos para la diligenciación de los oficios comisorios autorizados dentro de los diversos expedientes 558/2019, 559/2019, 563/2019, 576/2019, 590/2019, 608/2019, 638/2019, 646/2019, 653/2019, 727/2019, 767/2019, 780/2019, 825/2019, 832/2019 y 834/2019. del índice de la autoridad responsable. Consecuentemente, vista la demanda de amparo de cuenta signada por MIRIAM GISELA ROSALES LUNA, apoderada legal de la Universidad Autónoma de Nayarit, personalidad que acreditó en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, con el Poder General Para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Administración Laboral, otorgado mediante instrumento público número veintidós mil noventa y cuatro, documento que acompaña; demanda que promueve contra actos de la Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit, luego, consecuentemente, con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; única y exclusivamente relacionada con la omisión por parte del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit, de realizar los trámites respectivos para la diligenciación de los oficios comisorios autorizados dentro del expediente 780/2019, que se describe en la demanda de garantías, y que fueron motivo de separación de actos por el Juez de Distrito oficiante en su acuerdo de siete de junio del año en curso. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 829/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Sin que haya necesidad de solicitar su informe justificado a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit, toda vez que de las constancias que se acompañan al oficio de cuenta, se advierte que ya rindió su informe justificado y acompañó diversas constancias. Se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida de Actualización, como lo dispone el artículo 251 de la Ley de la Materia. Como lo solicita la parte quejosa se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y, como autorizados para tal efecto, a FRANCISCO JESÚS ORTEGA FERNÁNDEZ y LUIS BAUTISTA ZAMBRANO, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo y en términos de la última parte del párrafo segundo del citado precepto legal, en relación con el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de la Materia, a las restantes personas que refiere, toda vez que no tienen registrada cédula alguna que los faculte para ejercer la profesión de Abogados o Licenciados en Derecho, en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. En atención a lo que solicita, en el sentido de que se le autorice la consulta vía electrónica del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza su firma electrónica con el nombre de usuario "BAUZAM", para la consulta del expediente en esa vía. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que la parte quejosa acompaña a su demanda de amparo, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, se autoriza la reproducción electrónica de las actuaciones que obran en el presente expediente, reproducción que deberá ser realizada mediante el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser, o cualquier otro medio electrónico de innovación tecnológica que lo permita, por conducto de la autorizada que para tal efecto autoriza, previa toma de razón que se deje en autos. En la inteligencia de que para poder comparecer a este órgano jurisdiccional, tendrá que agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea, específicamente en el micrositio "Agenda OJ", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Registro Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que proceda a llevar a cabo la diligencia ordenada en el presente auto. Finalmente cabe precisar que las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros interesados respecto de acuerdos de mero trámite que no se consideren trascendentales, les serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." No se tramite incidente de suspensión por no haberlo solicitado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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