Miriam Esthela Chavarin

Expediente 1594/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1594/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • Miriam Esthela Chavarin
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término del artículo 86 de la Ley de la Materia, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra el proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y anexo de cuenta, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de dieciséis de febrero del año en curso, remite copia certificada de las actuaciones correspondientes al juicio laboral ***, de las cuales se observa, en lo que interesa, que señaló fecha para el desahogo de las pruebas testimonial singular, testimonial colegiado, así como pericial caligrafoscopica, documentoscopica y dactiloscópica. Ahora, del estado de autos se advierte que la solicitante del amparo reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la omisión fijar fecha para continuar con el desahogo de las pruebas testimonial singular, testimonial colegiado, así como pericial caligrafoscopica, documentoscopica y dactiloscópica, que fueron admitidas y aún se encuentran pendientes de ello en el juicio laboral ***. En consecuencia, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de sobreseer el juicio de amparo, si durante su tramitación se actualiza alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia; lo anterior, sin necesidad de esperar al desahogo de la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora, como se adelantó, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual es notoria, manifiesta e indudable, ya que, como se adelantó, han cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo con lo anterior, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, la quejosa reclama que la junta ha sido omisa en fijar fecha para continuar con el desahogo de las pruebas testimonial singular, testimonial colegiado, así como pericial caligrafoscopica, documentoscopica y dactiloscópica, que fueron admitidas y aún se encuentran pendientes de ello en el juicio laboral 1-108/2016. Por su parte, de las constancias relativas al citado juicio laboral se advierte, que de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda (veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno), la autoridad responsable realizó las actuaciones que de ella es requerida. En efecto, de las constancias previamente valoradas, se observa, en lo que interesa, que la junta responsable el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, a solicitud de la parte actora y del análisis de las constancias de autos, admitió la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo del testigo Genaro Parra Ocampo, asimismo señaló las: ? Doce horas con treinta minutos de treinta de marzo de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba pericial en caligrafoscopica, documentoscopica y dactiloscópica, aportada por la parte demandada. ? Nueve horas con treinta minutos de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba testimonial singular aportada por la actora a cargo del testigo Jonathan Efraín Peña Cañedo. ? Diez horas con treinta minutos de cuatro de abril de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba testimonial aportada por la actora a cargo de los testigos Martha Denisse Medrano Haros y Martha Silvia Manzo López. ? Nueve horas con treinta minutos de primero de abril de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba testimonial aportada por la parte demandada a cargo de los testigos Pilar Meza Aceviz, Yadira Castro Inzunza y Genaro Parra Ocampos. Lo expuesto revela que los efectos dilatorios del acto reclamado han cesado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna; ello, en virtud de que, se reitera, de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda - veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno - la junta responsable el diecisiete de febrero del año que transcurre señaló nueva fecha para el desahogo de las probanzas pendientes de desahogar, ofrecidas en el juicio laboral de origen. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Por otra parte, no es óbice para emitir la presente determinación el hecho de que no se encuentre emplazado a juicio los terceros interesados Megacable, Sociedad Anónima de Capital Variable y Megaventas, Sociedad Anónima de Capital Variable, atento que, dado el sentido de este fallo, no resulta de trascendencia en su perjuicio. Justifica lo expuesto la jurisprudencia 59/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro 24, noviembre de 2015, tomo I, página 841, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con registro: 2010477 de rubro y texto: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN ESENCIAL QUE LA HACE PROCEDENTE, LA OMISIÓN DE NOTIFICAR AL MINISTERIO PÚBLICO QUE HAYA INTERVENIDO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL CUAL DERIVE EL ACTO RECLAMADO, SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, SIEMPRE QUE SU INTERVENCIÓN PUEDA TENER TRASCENDENCIA PARA EL SENTIDO DEL FALLO, PERO NO CUANDO TENGA QUE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la jurisprudencia 1a./J. 87/2012 (10a.), (1) emitida conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la omisión de notificar al Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal, sobre la presentación de la demanda en que se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que esté en posibilidad de formular alegatos, constituye una violación esencial a las reglas del procedimiento del juicio de amparo, en virtud de que su intervención podría influir en el sentido de la sentencia de amparo que deba dictarse. Dicho criterio continúa siendo aplicable, en términos del artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que no se opone a este último ordenamiento, sino que ha ampliado la participación del Ministerio Público que intervino en el proceso penal del que deriva el acto reclamado, al reconocerle el carácter de parte tercero interesada, como se advierte del contenido de los artículos 5o., 12, 115, 116 y 124 de la nueva ley". Así como la tesis aislada P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo VII, febrero de 1998, página 45, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

  3. Principal

    Agréguense a los autos con vista a las partes, el oficio y anexos de cuenta por medio del cual rinde informe justificado la autoridad responsable Junta Local de Conciliación de Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora, vistas las documentales que allegó la autoridad responsables a su informe de cuenta donde según corresponden al juicio 1-108/2016, no se encuentran completas en su impresión, como se desprende de la certificación de cuenta; por tanto, mediante oficio que derive del presente proveído, devuélvase dicha documental a su remitente, a fin de que remita a este órgano jurisdiccional dichas constancias en copia certificada completas y legibles.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que a la hora y fecha antes señalada no obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, no obstante haberle transcurrido el plazo de quince días señalado en proveído de tres de febrero del año en curso, mediante el cual se les requirió dicho informe. En consecuencia, atento que resulta necesario contar con las constancias relativas al acto reclamado para que este Juzgado de Distrito emita la resolución constitucional correspondiente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a las autoridades responsables, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de que se encuentre notificado del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada completa y legible de la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral 01-108/2016, o en su caso el impedimento leal o material que tenga para ello; APERCIBIDA que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y se señalan de nueva cuenta las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19.

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