Miriam Escorcia Ponce

Expediente 42/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 11 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
42/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
11/02/2021

Partes del expediente

  • Miriam Escorcia Ponce

Actuaciones

  1. Principal

    Vista, la circular SECNO/9/2021, de seis de febrero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que comunica que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 10 al 15 de febrero de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", con salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que derivado de ello, se regresaría al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Con base en lo anterior, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1º fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos, por lo que se da el trámite respetivo. Por lo anterior, vista la demanda promovida por Miriam Escorcia Ponce, contra actos del Presidente Municipal de Tlalmanalco, Estado de México y otra autoridad, ello por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 4, y 8 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 42/2021-II, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, del contenido integral de la demanda que se analiza, se advierte que resulta notoriamente improcedente, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: Artículo 113: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. La parte quejosa en su demanda de amparo reclama de las autoridades responsables lo siguiente: «La violación al derecho humano a la vida, la salud y la petición, materializada en la omisión de dar respuesta a la solicitud escrita de respetar el resguardo domiciliario decretado por el Secretario de Salud Federal». Petición que este juzgador advierte se formuló en fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, es decir, dos días previos a la promoción del juicio de amparo. En ese tenor, como se dijo este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. [...] La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Estas porciones normativas disponen que el juicio de amparo procede solamente contra "actos u omisiones de autoridad". En ese tenor, resulta indispensable precisar los conceptos de "autoridad responsable" y "acto de autoridad", así como lo tocante a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitada con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis siguiente, que reza: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De lo anterior se colige que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público otorgadas por la norma jurídica tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. En otras palabras, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la Federación, los Estados o los municipios, que con facultades de facto o de iure, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: - Que su emisor tenga características de órgano público; - Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, - Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Bajo esta óptica, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo, sobre los cuales, el juicio de amparo resulta improcedente. Así, en cuanto a los actos reclamados por la quejosa, consistentes en: «La violación al derecho humano a la vida, la salud y la petición, materializada en la omisión de dar respuesta a la solicitud escrita de respetar el resguardo domiciliario decretado por el Secretario de Salud Federal». No son actos que provengan de una autoridad para los efectos del juicio de amparo; lo anterior es así, pues cuando el Estado, actúa en su calidad de patrón equiparado, la demanda de amparo que se interpone en contra de los actos que dicta con esa calidad, resulta improcedente en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que el juicio constitucional sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 Constitucional, en relación con el 5° fracción II de la legislación en cita, pues el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad en ejercicio de las facultades que le otorga la ley, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador y representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter, puede entablar relaciones de carácter laboral con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquéllos que cualquier gobernado ejecuta, y bajo esa condición, el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; congruente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, que en el plano del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación, y carece de tal calidad, esto es, de imperio, cuando los actos que ejecuta derivan de una relación laboral (patrón-trabajador) en la que como ya se dijo, asume la función de un patrón equiparado, que está sujeto a las prevenciones del derecho laboral. Apoya a lo anterior por las razones que indica la tesis I.6o.T.26 L, visible en la página 347, Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito. También, apoya a lo anterior por las razones que indica la tesis de jurisprudencia visible en la página 232, Tomo X, Septiembre de 1992, Octava Época, Instancia, Tribunales Colegiados de Circuito, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y contenido dicen: AMPARO IMPROCEDENTE. BAJA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. Es improcedente el juicio de garantías cuando el acto reclamado consiste en la baja de un trabajador del Estado, pues proviene de una relación laboral entre el quejoso y la autoridad a quien se irroga el carácter de responsable, como es un organismo del gobierno del Estado sujeto a un contrato de trabajo, ya que es claro que al separar o dar de baja a uno de sus servidores no obra como autoridad sino como patrón; sin que ello implique estimar que los trabajadores al servicio del Estado, municipios u organismos públicos no están en aptitud de reclamar los derechos surgidos de la relación laboral que los une con alguna de las entidades públicas, pues para ello se cuenta con un estatuto jurídico aplicable y un tribunal de arbitraje ante quien dirimir esas controversias. Bajo ese contexto, y tomando en consideración que la parte quejosa en su escrito de demanda señaló bajo protesta de decir verdad que es elemento de la Policía Municipal de Tlalmanalco, Estado de México y que con dicho carácter solicitó a las autoridades responsables le permitieran cumplir con el resguardo domiciliario decretado por las autoridades federales, ello ante el riesgo de contagiarse y por tanto exponer a su menor hijo de tres años, quien aduce se encuentra dentro del grupo vulnerable ante la pandemia por la que actualmente atraviesa el país. En relación con lo anterior, las legislaciones burocráticas colocan al Estado en una posición jurídica similar como ya se dijo, a la de un patrón, puesto que se instituyen determinados Tribunales de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, se encuentra en aptitud de acudir para hacer valer sus derechos, tales como demandar al titular de la dependencia de la administración de que se trate, las prestaciones o cambios que soliciten conforme a sus condiciones generales de trabajo; pues en este tipo de relaciones, como se dijo, el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, página 1006, Décima Época, con número de registro 2012980, que dice: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE específicamente a alguno de ellos [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de) trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas ocales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial." Por tanto, al no tener el carácter de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, las que indica la parte quejosa en su demanda que se acuerda, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1° y 5 fracción II de la Ley de Amparo, procede desechar de plano, la demanda que se analiza, con fundamento en lo señalado por el artículo 113 de la Ley de la materia. Por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista Iván Emmanuel Chávez Espejel, en razón de tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que precisa, por así manifestarlo expresamente el promovente. En razón que la parte quejosa, solicita la notificación y consulta vía electrónica de las actuaciones de este sumario, se ordena notificar electrónicamente las determinaciones emitidas en el presente asunto, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes conforme al nombre de usuario que se proporciona en el escrito que se provee, ello de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por lo que se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este órgano jurisdiccional, para que proceda a registrar dicha solicitud y se permita el acceso a la consulta respectiva, a su autorizado Iván Emmanuel Chávez Espejel. En la inteligencia que se deberá ingresar al sistema electrónico para obtener la constancia de la consulta realizada en un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir de que este juzgado de Distrito la hubiere enviado; hecho que sea, digitalícese la constancia generada para el expediente electrónico y agréguese una copia al expediente impreso como constancia de notificación; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación respectiva; lo anterior de conformidad con los artículos 30, fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República y 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor.

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