Miriam Erika Flores Hernandez

Expediente 1401/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1401/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Miriam Erika Flores Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibida la demanda promovida. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 1401-2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Con relación al acto reclamado consistente en la investigación, este Juzgado Federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de la Materia. En el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, del propio ordenamiento legal. Dichos artículos establecen: Tales preceptos, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Lo anterior es así pues, del análisis del referido artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo solamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida implica que tenga que ser real y no de carácter subjetivo. Por lo que, para que se actualice un agravio, este debe afectar algún derecho jurídicamente tutelado en favor del directo quejoso, es decir, de quien acude a la demanda de amparo, a efecto de salvaguardar aquel derecho; por lo que ese agravio debe concretarse en aquél y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. En ese sentido, para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle, habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Ahora bien, para que proceda la acción constitucional no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Por lo anterior, se arriba a la conclusión que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica; lo anterior de conformidad con lo expuesto en la fracción I, del numeral 107 de la Carta Magna. En el caso, como ya se estableció, la quejosa entre otros actos combate la orden de investigación. En ese sentido, si bien dicho acto reclamado está encaminado a la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos por parte del Ministerio Público, lo cierto es que no se ocasiona un perjuicio a la esfera jurídica de la quejosa, dado que no se ha ocasionado alguna afectación en sus derechos fundamentales, como el de gozar de libertad o algún otro. Lo anterior, no implica que la aquí quejosa hubiere participado en la comisión de hechos probablemente constitutivos de algún ilícito, ya que simplemente representa una actuación orientada a la investigación de hechos probablemente delictuosos, esto es, la representación social, únicamente está actuando en estricto apego a las facultades que tiene conferidas, de tal modo que a la promovente del amparo no se le causa un perjuicio de índole jurídico. Por lo que, no puede considerarse que dicho acto ocasione un perjuicio a la esfera de derechos de la quejosa, pues la emisión de tal perjuicio, en su caso, se trata de un acto futuro de realización incierta ya que el agente del Ministerio Público correspondiente podría determinar que el hoy quejoso no tendría responsabilidad alguna o injerencia con los hechos que se investigan, caso en el cual, ninguna afectación resentirá en su esfera de derechos. Ante este panorama no existe un acto tendente de manera inmediata a afectar derechos del quejoso, ya que en todo caso será hasta que la autoridad jurisdiccional -en el caso que, derivado de la judicialización que en su momento realice el Ministerio Publico-, determine que existe la posibilidad de que el o los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión; y derivado de la petición que formule el órgano técnico de investigación, se ordene entonces librar una orden de aprehensión, momento en el cual, de forma real y efectiva se afectará su esfera jurídica. Así, la representación social únicamente busca investigar la verdad detrás de los probables hechos delictuosos de los cuales se le dé noticia y quién participó en la comisión de aquéllos, más no así, privarlo de su libertad, siendo que el Ministerio Público, no hace sino cumplir con una función de su cargo, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito. Por lo cual, considerar que la orden de investigación de la quejosa, transgrede su derecho de libertad, resulta improcedente, pues lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. Consecuentemente al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede desechar parcialmente la demanda por cuanto hace al acto consistente en la orden de investigación, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo. Efectuada esa precisión, se admite la demanda de amparo, respecto de los diversos actos consistentes en la orden de aprehensión, presentación, detención o comparecencia; y su ejecución. Conforme en lo dispuesto por los artículos 115 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, este órgano jurisdiccional ordena la apertura del incidente de suspensión, por haberlo solicitado la parte quejosa. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención que le confiere el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se señalan las diez horas con diez minutos del veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional.

  2. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1401-2023, promovido. Pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, el cual deberá rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al en que queden notificadas del presente acuerdo, remitiéndoles para ello copia simple de la demanda. En dicho informe deberá precisar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, además de los datos que tengan a su alcance y permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se solicita a la autoridad responsable remita su informe previo por cualquier medio a disposición de las oficinas públicas de comunicaciones, o bien, mediante fax, sin perjuicio de hacerlo posteriormente por el conducto oficial correspondiente, ello con la finalidad de celebrar la audiencia incidental evitando diferimientos, así como para una pronta y expedita administración de justicia, como lo dispone el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es menester señalar que la falta de informe previo tiene por consecuencia que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, y si la autoridad responsable incurre en tal omisión, se le impondrá una multa equivalente a cien días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con el numeral 238, primera parte, de la misma legislación. Apercibimiento relativo a la denominación de autoridades Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la quejosa que el supuesto de señalar autoridades responsables que, previa razón o constancia actuarial, informe que aquéllas no existen jurídica o materialmente, previa vista que se le otorgue, declarar su inexistencia, continuándose con el trámite del incidente, sin perjuicio de que con posterioridad pueda precisar su denominación correcta. Audiencia Incidental Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se fija como fecha para la celebración de la audiencia incidental, las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés.

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