Miriam Elizabeth de la O Flores

Expediente 154/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
154/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Miriam Elizabeth de la O Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo 420/2020.. Acapulco de Juárez, Guerrero; tres de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta; se tiene por recibido el escrito signado electrónicamente por la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89 todos de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias entre las partes y remítase el original del escrito de agravios junto con el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta Ciudad, anexando copia del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al tribunal de alzada, para que se substancie el medio de defensa referido. Cabe destacar que los autos del presente expediente se remitirán al tribunal de alzada en turno, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al que se integre debidamente el expediente, esto es, que se alleguen las constancias de notificación a las partes del presente auto, dejándose al efecto copia certificada en el cuaderno de antecedentes. Por lo que, una vez que el presente expediente se encuentre debidamente integrado, deberá formarse el cuaderno de antecedentes respectivo con copia certificada de las constancias conducentes. Por cuanto hace a la petición en el sentido de que se realicen las notificaciones vía INTERCONEXIÓN, con base en el "CONVENIO de Colaboración para la interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional que celebran, por una parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, y, por la otra, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", instrúyase a la Analista Jurídico de la adscripción, a fin de que sea dado de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, correspondiente a este órgano federal para tales efectos. Notifíquese.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 150/2023. Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto; téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; de conformidad con el diverso 119, de la ley de la materia, téngase como prueba de la responsable la documental que remite, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. En ese sentido, del análisis de la documental que acompaña la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se advierte que veintiocho de febrero del año en curso, dictó auto admisorio de pruebas en el expediente laboral ********************, de su índice; en la inteligencia de que merecen valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y resultan aptas para con ellas advertir que sobrevino la actualización de una causal de improcedencia del juicio de amparo, como se verá. La parte quejosa señaló como acto reclamado la abstención de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de dictar auto admisorio de pruebas en el expediente laboral de origen; sin embargo, de las constancias remitidas por la junta responsable se aprecia que veintiocho de febrero del año en curso, emitió dicha providencia; por consiguiente, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que es de estudio preferente, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Al respecto, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De ahí que, al evidenciarse que la conducta omisiva atribuida a la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ya fue subsanada al emitir el auto admisorio de pruebas dictado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente laboral ********************, de su índice, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Finalmente, dado el sentido de la presente resolución, se deja sin efecto la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se programó para las doce horas del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    AVISO. EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE OCHO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE ESTABLECE: JUICIO DE AMPARO 150/2023. Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto; téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; de conformidad con el diverso 119, de la ley de la materia, téngase como prueba de la responsable la documental que remite, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. En ese sentido, del análisis de la documental que acompaña la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se advierte que veintiocho de febrero del año en curso, dictó auto admisorio de pruebas en el expediente laboral ********************, de su índice; en la inteligencia de que merecen valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y resultan aptas para con ellas advertir que sobrevino la actualización de una causal de improcedencia del juicio de amparo, como se verá. La parte quejosa señaló como acto reclamado la abstención de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de dictar auto admisorio de pruebas en el expediente laboral de origen; sin embargo, de las constancias remitidas por la junta responsable se aprecia que veintiocho de febrero del año en curso, emitió dicha providencia; por consiguiente, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que es de estudio preferente, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Al respecto, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De ahí que, al evidenciarse que la conducta omisiva atribuida a la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ya fue subsanada al emitir el auto admisorio de pruebas dictado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente laboral ********************, de su índice, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Finalmente, dado el sentido de la presente resolución, se deja sin efecto la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se programó para las doce horas del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.. ... NOTIFIQUESE.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 154/2023. Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la H. Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Se provee: Registro de demanda. Regístrese en el libro de gobierno con el número 154/2023, y fórmese expediente. Admisión de demanda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la demanda de amparo. Del incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente por no haberse solicitado la suspensión del acto reclamado, ni tratarse de alguno de los supuestos en los que debe proveerse de oficio. Audiencia constitucional. De conformidad con lo establecido en el ordinal 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las DOCE HORAS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS VEINTITRÉS. Requerimiento de informe. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun y cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Indíquese a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado, lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, o en caso de que se niegue a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, de la ley de la materia, se le sancionará con una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237 fracción I, 245 y 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5° de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Obligaciones de las partes. Con fundamento en los preceptos 16 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o del fallecimiento de la parte quejosa, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto; apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en los numerales 242 y 251 del citado ordenamiento legal, respectivamente. De igual forma, para que informen a este tribunal federal si existen otros juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen o bien, que pudieren estar relacionados con los reclamados en el presente sumario, a efecto de determinar la competencia de este juzgado de Distrito. Intervención del Ministerio Público. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante oficio. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio el que señala en su escrito de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, dado que el asunto es laboral y no se trata del patrón. Se autoriza la expedición de copias Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las actuaciones que integran este sumario, sin que tenga que mediar petición, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservadas o confidenciales. Asimismo, atendiendo a los medios tecnológicos con los que actualmente se cuenta y en correlación a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de queja 3/2022, también se autoriza la expedición de copias certificadas de forma electrónica mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como su envío por correo electrónico, previo escrito en el que lo hagan de conocimiento; con la restricción ya anotada, siempre y cuando las constancias estén integradas al expediente electrónico. En cualquiera de los supuestos, se deberá dejar razón de recibido para debida constancia legal. Protección de datos personales. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio. Asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido de que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.

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