Miriam Diaz Estrada

Expediente 102/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
102/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
25/03/2022

Partes del expediente

  • Juez de Control del Centro de Justicia Penal Oral de Tijuana, Baja California
  • Miriam Diaz Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Feneció término legal. Vista la certificación de cuenta se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de siete de enero de dos mil veintidós, en la que por una parte se sobreseyó en el presente asunto y por otra se negó el amparo y protección de la justicia federal; sin que lo hubieran hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse negado la protección constitucional por una parte respecto de algunos de los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que por una parte se concedió la suspensión provisional y definitiva; por tanto, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se depurará el expediente, conservando la resolución relativa a su otorgamiento. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 102/2021-IV; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Miriam Díaz Estrada solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos señalados en la demanda de amparo de la siguiente manera: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1) C. Juez de Control del Centro de Justicia Penal Oral de Tijuana, con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California, [.]. 2) C. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robos Zona Centro adscrito a la Fiscalía Regional de Tijuana, [.]. 3) C. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Trámite Masivo de Causas (UTMC) Zona Centro adscrito a la Fiscalía Regional de Tijuana, [.]. 4) C. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robos Zona Mariano Matamoros adscrito a la Fiscalía Regional de Tijuana, [.] 5) C. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Trámite Masivo de Causas (UTMC) Zona La Mesa adscrito a la Fiscalía Regional de Tijuana, [.]. 6) C. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robos con violencia Zona La Mesa adscrito a la Fiscalía Regional de Tijuana, [.]. 7) C. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada contra la Vida y la Integridad adscrito a la Fiscalía Regional de Tijuana, [.]. 8) C. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de 3 Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales adscrito a la Fiscalía Regional de Tijuana, [.]. 9) Unidad de Aprehensiones de la Policía Ministerial y Agentes Ministeriales, de la Zona Tijuana adscrito a la Fiscalía General del Estado de Baja California, [.]. 10) Comandancia de Zona Tijuana de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Baja California, conocida también como Comandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Baja California, [.]. IV. ACTOS RECLAMADOS: La orden de aprehensión, arresto, detención, presentación o cualquier acto que afecte mi libertad y esfera jurídica, así como su cumplimiento". SEGUNDO. Trámite del juicio. El quince de febrero de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo, registrándose bajo el número de expediente 102/2021-IV y se desechó parcialmente con relación al acto reclamado consistente en la orden de búsqueda y se admitió por los restantes; por lo que se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se solicitó a la autoridades señaladas como responsables su informe con justificación. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Justificación. Lo anterior, en razón de que se reclama una orden de detención cuyas consecuencias jurídicas y materiales tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional, lo que actualiza la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos de autoridad, con excepción por el cual se desechó parcialmente la demanda de amparo, que enseguida se precisan: No. Autoridades responsables Actos reclamados 1 Juez de Control en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana Las órdenes de aprehensión, arresto, detención o presentación, así como su ejecución. 2 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al municipio de Tijuana 3 Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana 4 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas, Zona Centro 5 Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robo con Violencia La Mesa, adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana 6 Agente del Ministerio Público Titular de la U.I. Especializada en Robos, Zona Mariano Matamoros adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana 7 Agente del Ministerio Público del Orden Común adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana, de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales 8 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas La Mesa 9 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robos Zona Centro 10 Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra La Vida TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, las autoridades responsables que enseguida se indicarán rindieron su informe justificado solicitado tal como se precisa a continuación: No. Autoridades Sentido del informe Foja (s) 1 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas, Zona Centro Niega 38 2 Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robo con Violencia La Mesa, adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana Niega 43 3 Agente del Ministerio Público Titular de la U.I. Especializada en Robos, Zona Mariano Matamoros adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana Niega 45 4 Agente del Ministerio Público del Orden Común adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana, de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales Niega 57 5 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas La Mesa Niega 58 6 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robos Zona Centro Niega 59 7 Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra La Vida Omisa en pronunciarse 60 Del recuadro que precede se advierte que las autoridades responsables, con excepción de la última, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyó. Ello implica, necesariamente, que no sea cierto que hayan actuado en la forma en que se les reprocha; es decir, en haber emitido alguna orden de aprehensión, arresto, detención o presentación, en contra de la parte quejosa y, por ende, que trataran de ejecutar tales mandatos. Por tanto, ante el hecho de que los referidos actos reclamados son de naturaleza positiva, aunado a la carga procesal que impone a la parte accionante el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se concluye que corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia de los actos precisados, en razón de que estos fueron negados por las autoridades responsables en cita; sin que así lo haya hecho, pues no aportó, hasta el día en que se celebró la audiencia respectiva, prueba idónea que desvirtúe tal negativa. Negativa de los actos que debe hacerse extensiva al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra La Vida, pues si bien en su informe justificado no manifestó expresamente si era cierto o no los actos que se le atribuyeron, lo cierto es que tal como lo refiere, la orden de aprehensión de la que tiene conocimiento, fue emitida en contra de la quejosa Miriam Díaz Estrada, por el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana. Circunstancia que, tal como se verá en el considerando subsecuente, es verídica, por lo que el acto reclamado consistente en la emisión de la orden de aprehensión únicamente puede ser atribuido a quien la pronunció, esto es, al Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana; lo que implica que sean inexistentes los actos que se atribuyeron al referido fiscal. Decisión. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo con relación a los actos reclamados y autoridades cuya inexistencia se analizó en este considerando, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las restantes autoridades rindieron sus informes justificados de la siguiente manera: Autoridades responsables Sentido del informe Fojas 1 Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana Cierto 54 y 55 2 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al municipio de Tijuana Niega 34 3 Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana Niega 36 Como se ve, el juez responsable reconoció expresamente la existencia del acto reclamado únicamente en cuanto a la emisión de una orden de aprehensión en contra de la quejosa Miriam Díaz Estrada, dentro de la causa penal 4005/2020, por el delito de homicidio calificado; por ende, este se tiene como plenamente probado. Certeza que se corrobora con el disco compacto que contiene la videograbación de la audiencia celebrada el treinta de octubre de dos mil veinte, en la referida causa penal, que remitió el juez responsable como apoyo a su informe justificado, de la que se advierte la emisión de la orden de aprehensión reclamada. Constancia audiovisual que adquiere el carácter de prueba documental pública, a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo. Desvirtúa negativa. Por otro lado, se desvirtúa la negativa de los actos reclamados hecha valer por las autoridades responsables Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al municipio de Tijuana y Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana, en razón de que al haber sido aceptada como cierta la emisión de la orden de aprehensión reclamada, es claro que conforme a sus facultades legales intervienen en la ejecución de tal mandato de captura. QUINTO. Causales de improcedencia. En razón que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todas las causas de improcedencia que hipotéticamente prevé tal precepto. SEXTO. Conceptos de violación. Atento al principio de economía procesal no se transcribirán los conceptos de violación que se enderecen en contra del acto reclamado, porque el artículo 74 de la legislación de la materia, que prevé los requisitos que deberán contener las sentencias de amparo, no establece tal exigencia y para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es innecesaria su trascripción. Sin que esa circunstancia perjudique en forma alguna a la parte quejosa, toda vez que se dará respuesta integra a sus inconformidades. SÉPTIMO. Estudio del asunto. Son infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta queja deficiente que suplirse, conforme lo previsto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En su único motivo de inconformidad la parte quejosa sostiene, esencialmente, lo siguiente: 1. Las autoridades responsables vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad establecidos en la constitución federal, en razón de que emitieron un acto de molestia sin estar fundado ni motivado. 2. Las autoridades responsables vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales establecidos en su favor en los artículos 14 y 16 constitucionales, al no haberse citado los preceptos legales aplicables al caso, así como haberse omitido precisar cuáles pruebas actualizan la comisión del delito y la probable responsabilidad en su comisión. 3. La orden de aprehensión no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 16 y 19 constitucionales, puesto que no se citan los datos que permitan comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva. Calificativa. Los argumentos planteados son infundados. Marco normativo y constitucional. Es pertinente establecer que el mandato de captura es un acto de molestia que se rige por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como tal debe estar fundado y motivado por quien lo emite, a fin de otorgar seguridad y certeza jurídica al gobernado sobre sus alcances, y dicha línea de eficacia de los derechos fundamentales descritos se enlazan con lo que al efecto dispone el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, cabe destacar que la orden de aprehensión que se analiza en este juicio, conforme a las bases que prevén la fracción III y el párrafo quinto del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima ajustada a derecho, ello, al haberla solicitado el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada Contra la Vida y la Integridad, en contra de la quejosa Miriam Díaz Estrada, por advertirse la necesidad de cautela, así como por haber especificado la clasificación jurídica de los hechos que la ley señala como delito que se atribuyen a la impetrante; el grado de ejecución del mismo, la forma de intervención y la naturaleza dolosa de la conducta, para que finalmente el juez de control resolviera de conformidad la solicitud del órgano investigador. Así, es pertinente invocar los preceptos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en lo que interesa disponen lo siguiente: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]" Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: [.] III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. [.]" Del contenido de los numerales citados, se observa que la autoridad judicial tiene diversas facultades en el proceso penal acusatorio y, a fin de garantizar la presencia del imputado en el mismo, puede citarlo a la audiencia inicial y hacerlo comparecer por la fuerza cuando éste no acate el mandamiento judicial, e incluso ordenar su aprehensión si resiste la comparecencia, o bien cuando se trate de un caso de necesidad de cautela justificada por el ministerio público y se trate de hechos que se sancionen con pena corporal. En esa tesitura, la finalidad del mandamiento de captura se circunscribe en presentar al imputado ante el Juez de Control para poder iniciar los actos posteriores de investigación por la necesidad de cautela y tratarse de hechos que la ley señala como delitos sancionados con pena privativa de libertad, en tanto que al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un posible auto de vinculación a proceso. Por lo que se puede precisar que para emitir una orden de aprehensión es necesaria la actualización de los siguientes requisitos: 1) Que provenga de autoridad judicial. 2) Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. 3) Que de lo actuado en autos aparezcan datos suficientes que acrediten que se ha cometido ese hecho. 4) Que esos datos demuestren la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 5) Que la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada. En la especie, se encuentran acreditadas la totalidad de las exigencias precitadas por las consideraciones siguientes: Primero. Que provenga de autoridad judicial. El primero de los requisitos en análisis se estima satisfecho, en razón que del disco compacto que contiene la audiencia celebrada el treinta de octubre de dos mil veinte, en la causa penal 4005/2020, se advierte que la orden de aprehensión reclamada fue librada por el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, por el delito de homicidio calificado en agravio de Arnulfo Chávez Delgadillo, por hechos acontecidos en el municipio de Tijuana, Baja California. Por tanto, se estima que la autoridad judicial en cita es legalmente competente para su emisión, ya que el hecho delictuoso de homicidio se encuentra tipificado en el Código Penal del Estado de Baja California, y fue cometido en esta ciudad, actualizándose el supuesto de territorialidad establecido en el artículo 6 de dicha legislación. Además, el juez responsable es competente para la aplicación de las disposiciones que establece el Código Penal del Estado de Baja California, en términos de los artículos 1, fracción IV, 53, fracción VIII, y 81 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California. Segundo. Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. El citado requisito se encuentra cumplido en atención a que de los datos de prueba analizados por el juez de control responsable al emitir la orden de captura combatida se desprende que el agente del ministerio público tuvo conocimiento de los hechos investigados, tal como lo refirió el juez responsable, con motivo de los siguientes antecedentes de investigación: 1. Informe policial homologado de doce de agosto de dos mil veinte, suscrito por los policías municipales Vázquez Flores César y Lara Zapata Israel Zepeda, en donde sustancialmente indicaron: "Que siendo el día doce de agosto, aproximadamente a las 15:23 horas realizaban su recorrido de vigilancia y la central de radio les indica se trasladen a la avenida Felipe Carrillo, lateral avenida Maclovio Rojas del Ejido Maclovio Rojas en el área de las vías para atender el reporte de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego. Llegadas las 15:25 horas se realizó búsqueda de la persona en dicha área concluyendo a lado de la colonia Lomas de Tlatelolco, no ubicando a nadie; ya transcurridas las 15:40 horas al transitar nuevamente por las vías del tren del Ejido Maclovio Rojas los abordó la parte reportante de nombre Víctor Manuel Peña Maldovinos quien manifiesta que se encontraba en compañía de su amigo Arnulfo, y éste no recuerda bien la hora, tal vez las 15:20 horas; estaban instalando un cerco de madero a un costado de las vías del lugar ya mencionado por la central de radio, cuando arribó un vehículo tipo vagoneta, color negro, descendiendo del mismo dos personas: una del sexo femenino, así como una del sexo masculino de estatura baja, pantalón color negro, camisa azul, tez morena y cabello pardo el cual discutió con Arnulfo. Manifestando que quitara el cerco porque esa propiedad le pertenecía y al no hacer caso Arnulfo, ésta persona sacó un arma de fuego color plateado disparándole a su amigo Arnulfo en tres ocasiones, por lo que corrió para resguardarse y desconoce que más pasó. Ya siendo las 15:55 horas, central de radio les indica que en instalaciones de Cruz Roja Mexicana que se ubica en el camino vecinal y carretera libre de la colonia Florido Primero Parque Industrial se encontraba una persona al parecer lesionada por proyectil de arma de fuego, el cual arribó por sus propios medios, siendo esto al parecer la persona que había sido lesionada en avenida Felipe Carrillo, lateral avenida Maclovio Rojas del Ejido Maclovio Rojas y siendo así la persona de nombre Arnulfo Chávez Delgadillo, el cual es trasladado a las instalaciones del Hospital General de Tijuana a las 16:20 horas lugar donde es internado en el área de urgencias". 2. Acta de inspección a persona sin vida de trece de agosto de dos mil veinte, llevada a cabo por los agentes de la policía ministerial Padilla Aragón Ernesto Guadalupe y Armenta Castro Rosenda Carolina, en la que se hizo constar que tales agentes se constituyeron en el Hospital General de Tijuana a las doce horas con veinticinco minutos; lugar en el que localizaron un cadáver. Por lo que realizaron una inspección del cuerpo, encontrando las siguientes lesiones: a) Herida suturada en pared lateral del tórax; b) herida en abdomen del lado derecho; c) herida irregular en el muslo derecho; d) herida circular en abdomen de lado izquierdo; e) herida irregular en antebrazo izquierdo; f) herida en cara externa y en antebrazo izquierdo; g) herida circular en cara externa rodilla izquierda; h) herida regular en coxis; y i) herida irregular en cara posterior de pantorrilla izquierda. Circunstancias que motivaron a la representación social a investigar la posible comisión de un hecho que la ley señale como delito, conforme a su obligación establecida en el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales; hechos que a consideración de la fiscal configuraron el ilícito de homicidio calificado previsto y sancionado en los artículos 123, 126, y 148, fracción IV, del Código Penal del Estado de Baja California. Hecho delictuoso que se encuentra sancionado con pena privativa de la libertad de treinta a sesenta años en términos del artículo 126 del código sustantivo penal de esta entidad federativa. De ahí, que se estime colmado el segundo de los requisitos en análisis, como fue considerado por el juez responsable. Tercero. Que de lo actuado en autos aparezcan datos suficientes que acrediten que se ha cometido ese hecho. Del mismo modo la precitada hipótesis se encuentra actualizada, ya que del disco compacto que contiene la audiencia celebrada el treinta de octubre de dos mil veinte, en la causa penal 4005/2020, se advierte que al librar la orden de aprehensión, el juez responsable resolvió que obraban datos suficientes para establecer que se había cometido el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja, previsto y sancionado en los artículos 123, 126 y 148, fracción IV, del Código Penal del Estado de Baja California, en perjuicio de la víctima Arnulfo Chávez Delgadillo, tal como lo clasificó el agente del ministerio público; además, que existía la probabilidad de que la quejosa Miriam Díaz Estrada y otro había participado en su comisión. Así, el juez responsable consideró que los antecedentes de investigación invocados por el agente del Ministerio Público dentro de la audiencia privada celebrada en la causa penal de origen, en la que se solicitó la orden de captura reclamada, adminiculados entre sí y analizados de manera libre y lógica eran suficientes para tener por acreditado el hecho por el que la representación social solicitó la emisión de la orden de aprehensión en contra de la aquí quejosa Miriam Díaz Estrada y otro, así como la probable participación de ésta en su comisión. Es decir, para determinar que hasta dicha etapa procesal y a nivel de probabilidad la quejosa Miriam Díaz Estrada y otro, fue quienes cometieron el hecho con apariencia de delito consistente en homicidio calificado con ventaja previsto y sancionado en los artículos 123, 126 y 148, fracción IV, del Código Penal del Estado de Baja California, en perjuicio de la víctima Arnulfo Chávez Delgadillo; ello, al valorar los siguientes datos de prueba: 1. Informe policial homologado de doce de agosto de dos mil veinte, suscrito por los policías municipales Vázquez Flores César y Lara Zapata Israel Zepeda, en donde narraron los hechos materia de la imputación. 2. Acta de inspección a persona sin vida de trece de agosto de dos mil veinte, llevada a cabo por los agentes de la policía ministerial Padilla Aragón Ernesto Guadalupe y Armenta Castro Rosenda Carolina, en la que se hizo constar que tales agentes se constituyeron en el Hospital General de Tijuana a las doce horas con veinticinco minutos; lugar en el que localizaron un cadáver. 3. Acta de entrevista a la testigo Magali Chávez Delgadillo de diecisiete de agosto de dos mil veinte, realizada por la policía ministerial Alarcón Martínez Aurora, en la que, refirió: "que en relación a los hechos del miércoles doce de agosto del presente año, eran aproximadamente como las 3:30 horas de la tarde, su marido Arnulfo se encontraba limpiando el terreno que adjudicaron hace trece años, el cual se ubica a un costado de las vías del tren, en avenida Maclovio Rojas; se encontraba en compañía de un amigo; al ir caminando la misma y pasar frente al terreno donde se encontraba su marido le llama la atención que su marido estaba hablando molesto con un hombre, con el de nombre Joel Santos, quien es una persona de treinta y cinco a cuarenta años de edad, de 1.65 a 1.70 metros aproximadamente de altura, de complexión robusta, moreno claro, bigote recortado y barba creciente, mismo que trabaja en "los granos y semillas". Logró escuchar que su marido le decía que quitara su malla porque vamos a hacer los pozos ahí para colocar mi malla; Joel le responde no quites esa malla, y su marido le refiere aquí estaba mi malla mi cerco y ustedes la quitaron, en eso claramente escucha cuando Joel le gritó a Miriam Díaz Estrada, una persona de treinta a treinta y cinco años; de complexión regular; estatura 1.70 aproximadamente; cabello largo color castaño y tez blanca; ojos claros y a quien conoce desde hace aproximadamente tres años, porque es vecina de la colonia y atiende el granero. Le refiere Joel, manifiesta: "pásame esa madre, la pistola". En ese momento ella sale del negocio, es decir, la joven Miriam Díaz, sale del negocio "granos y semillas" con una bolsa y se la entrega a Joel, mientras que Joel abre la bolsa y saca una pistola de color plateado; con la cual le dispara a Arnulfo en cinco ocasiones aproximadamente; siendo el primer disparo a la altura del abdomen, del lado derecho. En ese momento, ella corre hacia su marido pero al ver que Joel Santos continuaba disparándole, se detiene, y al dejar de escuchar los disparos se tira al suelo, toma a su marido y lo arrastra como medio metro, empezando a gritar por ayuda; asimismo, menciona que llega una vecina de nombre Perla, quien se acerca y le ayuda a subir a su marido a su carro para posteriormente trasladarlo a la Cruz Roja, donde solo lo estabilizan y posteriormente lo trasladan al Hospital General, donde al siguiente día, en la tarde, el doctor le da la noticia de que su marido había fallecido". 4. Acta de entrevista al testigo Víctor Manuel Peña Valdovinos, el veintinueve de octubre de dos mil veinte, realizada por la misma agente de la policía ministerial Alarcón Martínez Aurora, quien manifestó: "Que siendo el día doce de agosto de dos mil veinte, aproximadamente a las 15:20 horas se encontraba en compañía del de nombre Arnulfo Chávez Delgadillo, apoyándolo a poner un cerco en su terreno ubicado en calle 5 de mayo de la colonia Maclovio Rojas, cerca de las vías del tren; que toma la "pocera" para realizar los hoyos y poner el cerco; que fue en ese momento que miró salir del "granero" a quien conoce con el nombre de Joel Santos, que se aproxima y lo tomó del brazo, y con una actitud arrogante le dice: "aquí no vas a hacer nada"; él le dijo: "conmigo no es la cosa, dirígete con él, es decir, con Arnulfo, ya que yo solo estoy trabajando. En eso, se dirige con Arnulfo y le arrebató de las manos el alambre que él tenía, y Joel le dice a Arnulfo: "te dije que no vas a poner esa chingadera"; Arnulfo le responde: "como chingados no y le vuelve a jalar al alambre"; en eso Joel con una voz fuerte le dijo: "ah sí cabrón"; y en eso le grita a su esposa: "tráeme esa madre"; su esposa entra al "granero" y sale con una bolsa, se dirige con Joel mientras ella sostenía la bolsa Joel metió su mano y sacó una pistola color plateada, con la cual le apuntó a Arnulfo y le jaló al gatillo, logrando ver que Arnulfo fue lesionado a la altura del estómago. Recuerda que le dispararon en cuatro o cinco ocasiones, ya que el mismo se encontraba como a medio metro de Joel y Arnulfo como a tres metros; al pasar los minutos, los otros locales que estaban a un costado del "granero" empezaron a decirles que se fueran del lugar; para eso Joel Santos y su esposa Miriam se subieron a una camioneta Explorer, color negra, como del año noventa y ocho o noventa y nueve aproximadamente, misma que estaba estacionada frente al "granero" y se fueron en dirección a las canchas de futbol mientras que la esposa de Arnulfo iba arrastrando el cuerpo de Arnulfo hacia las vías del tren y gritando por ayuda, pero nadie la ayudaba, hasta que salió la hija del llantero de nombre Perla, la cual le ofreció ayuda para llevar a Arnulfo al hospital y según yo lo trasladaron al hospital. Al pasar diez minutos es como que llegaron las patrullas al lugar donde un policía municipal lo entrevistó". 5. Entrevista a la testigo María Alejandra Venegas Vera, de veintiocho de agosto de dos mil veinte, realizada por el agente ministerial Godínez Sierra Gulmaro, la cual manifestó: "que el día doce de agosto del presente año, cuando se encontraba en su casa, escuchó cuatro balazos aproximadamente, pero como ya es normal no se asustó, lo único que hizo fue cuidar a sus hijos y no salir de la casa. Pasando dos horas aproximadamente llegó su vecina de nombre María del Refugio quien le dijo que habían lesionado a Arnulfo alias el Pitufo; motivo por el cual le marca a su amiga Magali, esposa de Arnulfo a quien le comenta que se encontraba en la Cruz Roja, ya que el "vato" Joel del "granero" le había disparado en varias ocasiones y lo estaban estabilizando para llevarlo al Hospital General ya que estaba muy grave de salud. Refiere que a Joel del "granero" lo tienen conociendo desde hace cuatro a cinco años en la colonia y que su nombre completo es Joel Santos Guzmán; sabe que trabaja en "el granero" en compañía de su señora de nombre Miriam Díaz Estrada, misma que conoce desde hace cuatro a cinco años en la colonia. 6. Diligencia de reconocimiento por fotografías llevada a cabo conforme a los requisitos numerales 267 y 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por Juan Orozco Gama, agente del ministerio público diverso al que dirige la investigación. Diligencia que se llevó a cabo por la testigo Magali Chávez Delgadillo a fin de reconocer a quien en sus declaraciones señala como Joel Santos; y en la que al ponérsele diversas fotografías manifestó: que sí lo conoce y que en diversas ocasiones amenazó a su esposo para que salieran de los terrenos de invasión. 7. Certificado de necropsia médico legal a la víctima de catorce de agosto de dos mil veinte, misma que fue suscrita por César Humberto Márquez Romero, perito médico legista adscrito a Tijuana, en el que determinó que la causa determinante de la víctima fue: "por choque hipovolémico secundario a herida por proyectil de arma de fuego penetrante en abdomen y tórax". 8. Acta de inspección al lugar de los hechos de dieciocho de agosto de dos mil veinte, realizada por el agente de la policía ministerial Alarcón Martínez Aurora, en la que describe el lugar de los hechos, anexando ocho imágenes y croquis de geolocalización. De los datos de prueba reseñados, de manera correcta, el juez de control concluyó que se acreditaba la existencia del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja previsto y sancionado en los artículos 123, 126 y 148, fracción IV, del Código Penal del Estado de Baja California, como a continuación se relata. En efecto, el juez responsable consideró acreditada la existencia del hecho delictuoso de homicidio calificado con ventaja a que se hizo alusión, al quedar demostradas las circunstancias narradas por la agente del ministerio público en el hecho materia de su imputación. Con base en ese hecho, el juez consideró actualizada la hipótesis de los numerales 123, 126 y 148, fracción IV, del Código Penal del Estado de Baja California, ya que estimó que los sujetos activos privaron de la vida a Arnulfo Chávez Delgadillo, al dispararle con un arma de fuego. Además, determinó que se encontraba actualizada la calificativa de ventaja prevista en el artículo 148, fracción IV del código sustantivo penal de esta entidad federativa, ya que el sujeto pasivo se encontraba desarmado, como lo refirieron los testigos Magali Chávez Delgadillo y Víctor Manuel Peña Valdovinos. De igual manera, el juez adecuadamente consideró que no se advirtió que los sujetos activos hubiesen sufrido alguna agresión previa, ni que estuviera en peligro su vida, o hubiera legítima defensa. Por tanto, el juez responsable acertadamente resolvió que se acreditaban los elementos del tipo penal en análisis, es decir, que existía una vida previamente; la cesación de esa vida y la relación de causalidad entre la conducta desplegada por los sujetos activos y el resultado final (material), es decir, la muerte de quien respondía al nombre de Arnulfo Chávez Delgadillo. Cuarto. Que esos datos demuestren la probabilidad de que la indiciada lo cometió o participó en su comisión. Tal requisito se demostró de forma debida, en razón de que el juez responsable, al momento de la emisión del acto reclamado, resolvió que existían datos de prueba para tener por acreditada la probable participación de la quejosa Miriam Díaz Estrada y otro, en la comisión del hecho delictuoso que se le atribuye; principalmente, con los mismos antecedentes de investigación a los que se hizo alusión al tener por acreditado el hecho delictuoso de homicidio calificado, los que con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos. Sin embargo, se tomó de manera preponderante los testimonios rendidos por los testigos Magali Chávez Delgadillo y Víctor Manuel Peña Valdovinos, quienes fueron claros y consistentes en señalar a los sujetos activos como quienes el día y hora de los hechos participaron en la privación de la vida de Arnulfo Chávez Delgadillo. Abundando, respecto a la quejosa Miriam Díaz Estrada, que su participación se constreñía al hecho de haber entregado a su esposo Joel Santos el arma de fuego con el que se privó de la vida al sujeto pasivo, puesto que los testigos fueron claros en señalar que éste le pidió que se la pasara y ésta entró al local respectivo y sacó el paquete que en su interior ternía el objeto bélico con el que se privó de la vida a Arnulfo Chávez Delgadillo. Razonamiento que este órgano jurisdiccional considera correcto. Por tanto, el juez de control estimó, correctamente, que la conducta desplegada por los sujetos activos se encontraba encuadrada en las hipótesis de los artículos 14, fracción I y 16 fracción II del Código Penal del Estado, puesto que se trató de un actuar de naturaleza dolosa, porque es de común conocimiento que el utilizar un arma de fuego en contra de otra persona genera lesiones que ponen en peligro su vida; sin embargo, aun así decidieron ejecutar esa acción de manera consciente y voluntaria. Además, a título de coautores pues de las mecánica de los hechos se advierte que se tuvo el codominio funcional del hecho por los imputados mencionados, pues mientras que uno de ellos le disparó al sujeto pasivo, la aquí quejosa, proporcionó el objeto bélico que fue utilizado para tal fin, lo cual los convierte, probablemente, en coautores. Quinto. Que la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada (necesidad de cautela). Esta exigencia se tiene por actualizada, ya que la orden de aprehensión reclamada fue emitida a fin de conducir a la imputada, aquí quejosa, Miriam Díaz Estrada, ante la presencia del jueza de control a efecto de desahogar la audiencia de formulación de imputación. Por tanto, como lo consideró la jueza responsable, la orden de aprehensión al librarse por el delito de homicidio calificado, el cual tiene una pena mínima de treinta años haría improbable que la imputada se presentara voluntariamente; además, tomó en cuenta el antecedente de investigación consistente en el informe rendido por la policía ministerial Alarcón Martínez Aurora, en la que hizo constar que se constituyó en diversas ocasiones en el domicilio de los sujetos activos sin localizarlos en ningún momento; lo que denota que se mantienen ocultos. De ahí que, resulta correcto lo determinado por el juez responsable, puesto que la resolución reclamada cumplió con los extremos previstos por los artículo 16 constitucional y 141 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que dentro de la misma se citaron los preceptos legales aplicables al caso, se expresaron las razones particulares y causas inmediatas que condujeron a la autoridad a decidir en el sentido en el que lo hizo y se adecuaron a los motivos aducidos a las normas aplicables al caso, esto es, se explicaron razonadamente por qué se surtían las hipótesis invocadas. Por lo anterior, se concluye que la orden de aprehensión librada en contra de la quejosa no es violatoria de alguno de sus derechos fundamentales, ya que la misma reúne los requisitos del artículo 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los del precepto 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Alegatos. En diversa línea argumentativa, no procede incorporar al análisis de la litis constitucional antes efectuado, el conjunto de manifestaciones vertidas por las partes en vía de alegatos; como se desprende de la jurisprudencia P./J. 27/94 de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Decisión. En las relatadas condiciones, al ser infundados los conceptos de violación, y no advertirse queja deficiente que suplir, se impone negar el amparo y la protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio, respecto a los actos reclamados a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas, Zona Centro; Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robo con Violencia La Mesa, adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana; Agente del Ministerio Público Titular de la U.I. Especializada en Robos, Zona Mariano Matamoros adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana; Agente del Ministerio Público del Orden Común adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana, de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas La Mesa y Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra La Vida, consistentes en las órdenes de aprehensión, arresto, detención o presentación, así como su ejecución; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miriam Díaz Estrada, contra los actos que reclama de las autoridades responsables Juez de Control en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana; Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al municipio de Tijuana y Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana, consistentes en la orden de aprehensión emitida en su contra, dentro de la causa penal 4005/2020, por el delito de homicidio calificado, así como su ejecución; por las razones y fundamentos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con el secretario José Alejandro Velázquez Aguilar que firma y da fe, hasta el día de hoy siete de enero de dos mil veintidós, en que así lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. siete de enero de dos mil veintidós

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Señala domicilio y autorizados. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por la quejosa Miriam Díaz Estrada, en atención a su contenido, se le tiene revocando el domicilio señalado anteriormente para oír y recibir notificaciones y en su lugar téngasele el que indica. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista Armando Espinosa Ayala dado que sí cuenta con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la constancia que se glosa. CLAUDIA DE HARO ARELLANO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7a.03 07/04/24 23:02:13 Revoca autorizados. Por otra parte, como lo solicita la quejosa, se revoca la designación de autorizados efectuada en autos. Notifíquese.

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente juicio se encuentra pendiente de dictar sentencia, ya que la audiencia constitucional se celebró a las doce horas con diez minutos del cuatro de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, fórmese cuadernillo de antecedentes. Solicitud de copias e informe. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, remítasele copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo. De igual forma, se hace de su conocimiento que en el presente juicio se celebró la audiencia constitucional el cuatro de agosto de dos mil veintiuno y se encuentra pendiente dictar la sentencia correspondiente; lo anterior para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

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