Miriam del Rocío Dorantes Soto

Expediente 629/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
629/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
16/07/2018

Partes del expediente

  • Miriam del Rocío Dorantes Soto

Actuaciones

  1. Principal

    ... se advierte que transcurrió el término... para interponer recurso de queja contra el proveído en que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la promovente haya hecho uso de ese derecho... se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO.... archívese este asunto como concluido...

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PROMOVENTE, EL AUTO QUE DICE: *** promueve demanda de amparo contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y regístrese el juicio de amparo con el número 629/2018 que le corresponde. HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional de amparo para que, previo análisis de la demanda, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Por otra parte, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, es decir, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Asimismo, el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé que el plazo genérico para presentar una demanda de amparo es de quince días, salvo en los siguientes casos: Treinta días cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. Ocho años cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Siete años cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Cualquier tiempo cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, se destaca que el artículo 18 de la Ley de Amparo prevé que los plazos previstos en el artículo 17 de dicha Ley se computarán a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme con la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; hipótesis legales que resultan excluyentes entre sí y carecen de prelación, por lo que la actualización de una hipótesis impide que opere alguna otra y no es necesario que se siga el orden en que fueron previstas por el legislador en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al analizar su actualización. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda y anexo que lo acompaña, se advierte que la parte quejosa hace consistir, entre otro, el acto reclamado en el auto de treinta de abril de abril del año en curso, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en el expediente laboral ***. Cabe destacar que en el acuerdo de treinta de abril del año en curso, el Tribunal responsable negó a la parte quejosa la medida cautelar solicitada consistente en la suspensión inmediata de los descuentos que le son realizados en su fuente de trabajo. Por otra parte, la promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, en el apartado que denominó HECHOS, que el acuerdo precisado en el párrafo que antecede le fue notificado por conducto de su apoderado legal el cinco de junio de dos mil dieciocho (foja 4). En otro aspecto, la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, hasta el veintiocho de junio del año en curso (foja 2). Acorde con lo anterior, se advierte que transcurrió el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción de la demanda de amparo, sin que se advierta algún caso de excepción previsto en el artículo en cita. A manera de ilustración y para mayor claridad de lo que aquí se trata de destacar, se estima pertinente exponer gráficamente el cómputo del término antes aludido. ... CONCLUSIÓN De lo anterior se advierte que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días al en que se hizo conocedora del acuerdo de treinta de abril del año en curso. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** debido a que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos al restante profesionista debido a que no cuenta con dicho registro. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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