Miriam de Lourdes Zozaya Paz

Expediente 102/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
102/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
10/04/2018

Partes del expediente

  • Miriam de Lourdes Zozaya Paz

Actuaciones

  1. Principal

    DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al que anexa diverso OF/AMP/673 y actuaciones realizadas por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, de esta localidad, dentro del expediente laboral 69/2006 de su índice, promovido por MIRIAM DE LOURDES ZOZAYA PAZ en contra del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Baja California y otros, que fue recibido ante ese órgano jurisdiccional. Sin embargo, por acuerdo de uno de marzo del año en curso, se tuvo a la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, con residencia en Tijuana, aceptando la competencia declinada por este juzgado mediante acuerdo de dieciséis de febrero de esta anualidad, avocándose al conocimiento de la demanda de amparo promovida por MIRIAM DE LOURDES ZOZAYA PAZ. En tales condiciones, a fin de que no entorpecer el trámite en el juicio de origen, remítase al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, el oficio OF/AMP/673 y actuaciones realizadas por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California de esta localidad, dentro del expediente laboral 69/2006 de su índice, promovido por MIRIAM DE LOURDES ZOZAYA PAZ, para los efectos legales conducentes, debiéndose dejar copia simple del mismo en autos para constancia legal. Finalmente, hágase del conocimiento de lo anterior al Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para su conocimiento en lo subsecuente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta que remite la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, con residencia en Tijuana, mediante el cual en atención al acuerdo dictado por este juzgado el dieciséis de febrero del año en curso, informa que aceptó la competencia declinada; avocándose al conocimiento de la demanda de amparo promovida por MIRIAM DE LOURDES ZOZAYA PAZ. En tal virtud, archívese este cuaderno como totalmente concluido; ...NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de amparo que presenta MIRIAM DE LOURDES ZOZAYA PAZ, contra actos de la autoridad responsable TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con residencia en esta ciudad; por lo tanto, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de Gobierno bajo el número de orden 102/2018. Ahora, previo a proveer lo conducente respecto a la admisión de la demanda de amparo promovida por MIRIAM DE LOURDES ZOZAYA PAZ, es oportuno verificar la competencia objetiva del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, en tanto ello constituye un presupuesto procesal de orden público. Apoya lo anterior la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cincuenta y seis, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Materia Penal, Octava Época, cuyo contenido y rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo esta autoridad concluye que carece de competencia legal para conocer del presente asunto por razón de jurisdicción territorial. A fin de sustentar esa determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El citado precepto legal, prevé tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, que son las siguientes: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la lectura de tales hipótesis, se obtiene que la competencia territorial de los jueces de distrito depende directamente de la ejecución de los actos de reclamo. Así, tendría competencia para conocer de un juicio de amparo, aquél que resida en el lugar en que trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo, mientras que si éste carece de ejecución, se estará en presencia de la última regla. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1265 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Quinta Época, Materia común, cuyo rubro y texto literalmente se señalan: "COMPETENCIA EN AMPARO. De acuerdo con la fracción IX del artículo 107 constitucional, es competente para conocer del amparo, el Juez de Distrito de la jurisdicción donde actúa la autoridad que ejecuta el acto que se reclama, sin que deba tomarse en cuenta el lugar de la ubicación de la cosa sobre la cual deba recaer la acción de la autoridad ejecutora, porque el acto declarativo que da lugar a la ejecución, es distinto de las consecuencias mediatas que puedan producirse". Ahora, conviene establecer que la parte quejosa señala como acto de reclamo lo siguiente: ". IV.- ACTOS RECLAMADOS: El acuerdo de fecha 29 de enero de 2018, dentro del expediente laboral número 69/2016-V promovido por la suscrita y otros, mismo que me fue notificado el 30 de enero de 2018..." Y como antecedentes del acto reclamados los siguientes: 1.- El 02 de febrero de 2006 la suscrita y otros compañeros trabajadores del PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, comparecimos ante ese H. Tribunal a demandar del Ejecutivo del Estado, el otorgamiento de la base definitiva en el caso de la suscrita el carácter de AUXILIAR ADMINISTRATIVO adscrita a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, el reconocimiento de antigüedad que en el caso de la suscrita data del 31 de agosto de 1998; así como el entero de aportaciones de seguridad social al ISSSTCALI, con el salario y percepciones ahí señalados, radicándose bajo el número 69/2006. 2.- Durante el transcurso del juicio de basificación señalado en el antecedente anterior; el 18 de febrero de 2008, me fue rescindida la relación laboral por la patronal demandada de manera injustificada bajo el argumento de libre remoción del puesto que venía ocupando de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, bajo el argumento de que era trabajadora de confianza. 3.- Con motivo de mi injustificado despido, inicie el juicio laboral # 262/2008-V, tramitado ante el mismo Tribunal de Arbitraje del Estado mediante demanda presentada el 05 de marzo de 2008, por despido injustificado y demás prestaciones ahí referida, entre ellas la reinstalación en el puesto que venía ocupando de AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 4.- Por otra parte, durante la tramitación del juicio señalado en el hecho anterior; con fecha 28 de mayo de 2010, se dictó el laudo respectivo en el expediente laboral número 69/2006, condenando a la parte demandada PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA California, entre otras cosas a: I.- Enterar a ISSSTECALI la cantidad por concepto de pago de cuotas y aportaciones desde la fecha en que las actoras entre ellas la suscrita ingresamos a laborar para la demandada, en el caso de la suscrita data del 31 de agosto de 1998. Pagaderas de manera conjunta patrón trabajador en los términos ahí señalados. Y II.- Al reconocimiento de la base en el caso particular en el puesto que venía ocupando de AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Tal como se desprende del laudo referido que obra en autos del referido juicio. 5.- No obstante, el laudo favorable a la suscrita, me era imposible pedir su ejecución o hacer manifestación alguna respecto a su cumplimiento por estar rota en ese momento la relación laboral a consecuencia de mi despido referido en el antecedente 3 de la presente demanda. 6.- Es el caso que durante la secuela procesal del juicio laboral # 262/2008-V, tramitado por la suscrito por despido injustificado ante el mismo Tribunal de Arbitraje del Estado; la demanda PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, mediante escrito presentado en referido Tribunal, con fecha 12 de enero de 2017 ofreció a la suscrita la reinstalación en los mismos términos y condiciones en que me venía desempeñando hasta el 18 de febrero de 2008, fecha en que había sido despedida de manera injustificada y; CON EL CARÁCTER DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (como se desprende del escrito de ofrecimiento de trabajo). Reinstalación que acepté y; que, se formalizó el 08 de noviembre de 2017. 7.- Derivado de lo anterior mediante escrito de fecha 23 de noviembre de 2017, ocurrí ante dicho Tribunal dentro del expediente laboral número 69/2006, a solicitar la ejecución del laudo dictado con fecha 28 de mayo de 2010 a efecto de que se tomaran las medidas necesarias para que se requiera a la demandada PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, por el cumplimiento de los puntos resolutivos de condena del laudo antes señalado se me extendiera el nombramiento de como trabajadora de base y se realizaran los cálculos actuariales para el entero de las cuotas y aportaciones a ISSSTECALI. Al cual recayó el Acuerdo de fecha 29 de enero de 2018, dentro del expediente laboral número 69/2016-V, que constituye el acto reclamado respecto del cual solamente me acuerda de conformidad el requerir al hoy tercero interesado por el entero de las cuotas y aportaciones a ISSSTECALI, bajo el argumento de que ya la demandada había dado cumplimiento al haber presentado el periódico oficial de fecha 31 de enero de 2011 donde en sus anexos 1 y 2 mediante el cual la suscrita aparecía presupuestada como trabajadora de base con el puesto de auxiliar administrativo, bajo el argumento de que se me había dado vista con auto de fecha 05 de septiembre de 2014 y que la suscrita no había manifestado nada teniendo por cumplido parcialmente el laudo por este concepto y ordenando requerir al Poder Ejecutivo del Estado por las aportaciones al ISSSTECALI sin mencionar el periodo comprendido. Lo cual constituye la violación de mis garantías individuales, toda vez que pasa desapercibido, que aun estado presupuestada mi plaza y autorizada mi base de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, no estaba debidamente cumplimentada porque en esa fecha estaba rota la relación laboral, lo cual hice notar al momento de solicitar la ejecución puesto que la responsable en ningún momento constató que la hoy tercero interesada me hubiera entregado el nombramiento a que se refiere el artículo 20 de la LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA. 8.- Debo señalar que no obstante que la hoy tercero interesada PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, al ofrecerme el trabajo con fecha 12 de enero de 2017 dentro del juicio laboral # 262/2008-V me lo ofreció en los mismos términos y condiciones en que me venía desempeñando hasta el 18 de febrero de 2008, fecha en que había sido despedida de manera injustificada y CON EL CARÁCTER DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (como se desprende del escrito de ofrecimiento de trabajo) como lo dice el laudo dictado con fecha 28 de mayo de 2010 dentro del expediente laboral número 69/2016-V; sin embargo en el inter del acuerdo a mi solicitud la hoy tercero interesada PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con fechas 20 y 21 de diciembre de 2017, expide diversas constancias la primera a solicitud de ISSSTECALI y la segunda a petición de la suscrita en las que en la primera el Delegado de Oficialía Mayor de Tijuana dependiente del PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, HACE CONSTAR: "que la suscrita presta sus servicios al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado desde el 31 de agosto de 1998 ocupando actualmente el puesto de coordinador de área como empleado de relación laboral categoría confianza adscrita a la Oficialía Mayor de Tijuana; y la segunda en similares términos pero por el Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California. Las cuales resultan contrarias al sentido del laudo dictado con fecha 28 de mayo de 2010 dentro del expediente laboral número 69/2016-V, y del ofrecimiento de trabajo de fecha 12 de enero de 2017 efectuado en el juicio laboral # 262/2008-V. De la anterior trascripción, se advierte que la parte quejosa mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete ante la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio laboral 69/2016-V, solicitó la ejecución del citado laudo dictado el veintiocho de mayo de dos mil diez, a efecto de que se tomaran las medidas necesarias para que se requiriera a la demandada PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, por el cumplimiento de los puntos resolutivos del laudo en comento, esto es, se le extendiera el nombramiento como trabajadora de base y se realizaran los cálculos actuariales para el entero de las cuotas y aportaciones a ISSSTECALI. A lo que en atención a ello, la citada autoridad responsable, mediante acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, que es lo que constituye el acto reclamado, acordó de conformidad requerir a la parte demandada PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, por el entero de las cuotas y aportaciones a ISSSTECALI, bajo el argumento de que la citada demandada ya había dado cumplimiento al haber presentado el periódico oficial de fecha 31 de enero de 2011 donde en sus anexos 1 y 2 mediante el cual la quejosa aparecía presupuestada como trabajadora de base con el puesto de auxiliar administrativo, con el argumento de que se le había dado vista con el auto de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce y que no había realizado manifestación alguna al respecto, teniendo por cumplido parcialmente el laudo por ese concepto y ordenando requerir al Poder Ejecutivo del Estado por las aportaciones al ISSSTECALI sin mencionar el periodo comprendido. Aunado a ello, la promovente de amparo en el número ocho del capítulo correspondiente de los conceptos de violación de la demanda de amparo, refiere que con fecha doce de enero de dos mil diecisiete, la parte demandada en el juicio laboral 262/2008-V del índice de la responsable, le ofreció trabajo en los mismos términos y condiciones que venía desempeñando hasta el dieciocho de febrero de dos mil ocho, con el carácter de auxiliar administrativo; lo que se corrobora con la diligencia de reinstalación que exhibe como anexo a la demanda de amparo y que obra agregada a foja cuarenta y tres de autos, de la que se advierte que ello ocurrió en Tijuana, Baja California, cuando el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, llevó a cabo la diligencia de reinstalación a la promovente de amparo MIRIAM DE LOURDES ZOZAYA PAZ, en el domicilio ubicado en Vía Oriente, 10252, Zona Río de aquélla ciudad; luego, será en dicha ciudad en la que, en su caso, habrán de acatarse las condiciones de trabajo que derivan de la ejecución del juicio laboral 262/2008-V del índice de la responsable. De lo que se colige, en el caso, que la ejecución del laudo emitido en el expediente laborar 69/2006, se traduce en el requerimiento a la parte demandada de requerir al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado por el cumplimiento de los puntos resolutivos de condena, consistentes en el nombramiento como trabajadora de base y los cálculos actuariales para el entero de las cuotas y aportaciones de ISSTECALI, tendrán ejecución en la Ciudad de Tijuana, Baja California, que es donde labora la quejosa. En esa intelección, es claro que las consecuencias jurídicas que derivan del juicio laboral 69/206, tendrán que ser acatadas en el lugar donde ésta presta sus servicios; pues será ahí en que se llevaría la ejecución del acto que reclama. En este orden de ideas, se concreta que en el caso a estudio cobra aplicación la regla estatuida en el primer párrafo del referido artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto indica que será competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deben acatarse las consecuencias del acto reclamado, lo cual, en su caso, tendrá verificativo en Tijuana, Baja California, pues es en dicho lugar donde labora la promovente. En consecuencia, se declina la competencia legal a favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales, en Turno, con sede en Tijuana, Baja California, en los términos del numeral antes citada y de conformidad al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo esa tesitura, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, remítase la demanda de amparo promovida por MIRIAM DE LOURDES ZOZAYA PAZ, sus anexos y cuatro copias simples de ella, al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales, en Turno, con sede en Tijuana, Baja California, previo cuaderno de antecedentes que se forme, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto; solicítese que, de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, lo haga del conocimiento de esta autoridad, para los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio; y en su caso, entregue los oficios derivados del mismo. Se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en Pasaje Oaxaca, número 526, Centro Cívico y Comercial de esta ciudad; por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de amparo, a los licenciados MIGUEL LEDESMA GÓMEZ y JUAN MARTÍN GARCÍA ELIZARRARAZ. De conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, y 5 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en nueve de mayo de dos mil dieciséis y reformada en veintisiete de enero de dos mil diecisiete; además con las disposiciones aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como 8º delReglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por lo que, se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicada el seis de febrero de dos mil catorce, en el diario oficial de la federación. Por último, dígase a las partes y sus representantes que en el presente asunto podrán acceder electrónicamente para consultar, presentar recursos y promociones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el -nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica y surtirá efectos únicamente en el presente expediente, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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