Miriam Dahina Rivero Estrada

Expediente 187/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
187/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Miriam Dahina Rivero Estrada
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ciudad
  • Miriam Dahina Rivero Estrada y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada, en proveído de cinco de junio del año en curso, a efecto de que de ser su intención manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria informado por la autoridad responsable en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir la resolución correspondiente, a efecto de declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En mérito a lo anterior, tenemos que, en la sentencia de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección constitucional a la parte quejosa, a efecto de que la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: ". respete el derecho de pronta administración de justicia consagrada en el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, concretamente para que, de no haberlo hecho ya, dicte laudo en el juicio laboral ********************, ciñéndose estrictamente a los plazos y en los términos establecidos, en la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248." Así, previo requerimiento de cumplimiento, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, mediante oficio 6416/2023, de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, recibido en la oficialía de partes de este Juzgado, el uno de junio del mismo año, remitió copia certificada de las constancias con las que refirió cumplir el fallo protector. Con el oficio y anexos descritos en el párrafo anterior, mediante proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada para que de ser su intención, dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado acordaría lo procedente. Tal acuerdo fue notificado a la parte quejosa de manera personal por conducto de su autorizado ******************** el seis de junio del año en curso, y a la tercera interesada por medio de oficio, el veintitrés de junio del presente año, como se advierte de la constancia que obra agregada en autos, sin que ésta hubiera hecho manifestación alguna respecto del cumplimiento informado por dicha autoridad responsable. Por lo anterior, y al ser el cumplimiento de una ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto, o si hubiera imposibilidad para cumplirla. Ahora, a fin de resolver si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio, es necesario atender a los efectos para los que se concedió la protección constitucional, efecto que ha quedado transcrito con antelación. De ahí que, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, mediante oficio 6416/2023, de treinta y uno de mayo del año en curso, recibido en la oficialía de partes de este Juzgado, el uno de junio siguiente, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en autos, remitiendo copia certificada del laudo de treinta de mayo del presente año, emitido en autos del juicio laboral ********************; documental a la cual se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitida por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. Así, de la constancia descrita en el párrafo anterior, se advierte que la autoridad responsable en treinta de mayo del presente año, dictó el laudo que corresponde al juicio laboral de origen ********************. En ese tenor, a consideración de este Juzgado, la autoridad responsable se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio; por tanto, lo que procede es DECLARAR CUMPLIDA la ejecutoria de amparo. Se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cinco de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de la materia, dese vista a las partes corriéndoles traslado con copia autorizada del oficio de cuenta y su anexo, para que de ser su intención dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así, este Juzgado, se pronunciará respecto si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, uno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa y tercero interesado hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II, y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que la sentencia que CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y notifíquese a la autoridad responsable y tercero interesado, a través de oficio que al efecto se les gire, al cual deberá anexarse copia autorizada de la sentencia, para su conocimiento y efectos legales conducentes, dado que el presente asunto se resolvió el día de la audiencia y se notificó por lista en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que dentro del término de dieciséis días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada en el presente juicio, cuyos efectos fueron los siguientes: ". concretamente para que, de no haberlo hecho ya, dicte laudo en el juicio laboral 339/2017, ciñéndose estrictamente a los plazos y en los términos establecidos en la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248." Por lo anterior, la autoridad responsable deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento; con el apercibimiento que de hacer caso omiso a lo solicitado, se hará acreedora por conducto de la persona física que desempeñe el cargo de Presidenta, a una medida de apremio consistente en multa, por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Puntualícese además a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulará por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la actual Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV , enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. Asimismo, hágase del conocimiento a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al órgano colegiado correspondiente, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Finalmente, visto el escrito de cuenta firmado por ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 187/2023, promovido por Alejandrina Guadalupe Alarcón Castellanos, Patricia Natividad Nava Hernández, Miriam Dahina Rivero Estrada y Martha Salgado Salgado, por su propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y turnado en la misma fecha a este Juzgado Séptimo de Distrito, Alejandrina Guadalupe Alarcón Castellanos, Patricia Natividad Nava Hernández, Miriam Dahina Rivero Estrada y Martha Salgado Salgado, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se especifican: "AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "1. La negativa y/o omisión de dictar el laudo en el juicio número 339/2017, por lo que se está apartando del término que establece el artículo 48 penúltimo y último parrado de la Ley 248 del estado, ley de trabajo de los servidores públicos del estado de guerrero, es decir emitirlo en el términos de doce meses". (sic) Acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se radicó la demanda como juicio de amparo indirecto 187/2023, y se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado, y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, luego de diversos diferimientos, se inició en términos de la ley y concluye en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; lo anterior en virtud de que el acto que se reclama es imputado a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así, de la lectura íntegra a la demanda de amparo y constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que de manera categórica la parte quejosa se duele de: * La dilación procesal en que incurre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al omitir dictar el laudo que corresponde en el juicio laboral 339/2017, ello dentro de los plazos de ley. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no ser así, resultaría ocioso ocuparse del análisis de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el examen de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente contra los mismos. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado por conducto de su Presidente, aceptó expresamente la existencia del mismo, manifestación que, para el aspecto que en este considerando interesa, resulta suficiente para tenerlo por cierto. Al efecto, resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se acredita además, con la copia certificada relativa al expediente laboral 339/2017, que fue enviada por la responsable como complemento a su informe justificado, documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º de ésta y es suficiente para acreditar la existencia del acto reclamado. Es aplicable la Jurisprudencia 226, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, correspondiente a la Quinta Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Conceptos de violación. No existiendo la actualización de alguna causal de improcedencia, se procede al análisis del concepto de violación alegado por la parte quejosa, mismo que se tiene por reproducido en este considerando, sin que resulte necesaria su transcripción, atendiendo a lo establecido en los artículos 74, fracción II y 76 de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo lo anterior, en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Análisis de fondo. La parte quejosa medularmente se duele de la inactividad procesal en que incurre la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, al no dictar el laudo dentro del juicio laboral 339/2017, transgrediendo con ello la garantía de expedita y eficaz administración de justicia, consagrada en el párrafo segundo del artículo 17 Constitucional. El motivo de inconformidad resulta fundado, en mérito de lo siguiente: Del examen de la constancia allegada por la autoridad responsable a este juicio constitucional concretamente del proveído y certificación secretarial de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se advierte que al no haber pruebas pendientes por desahogar, la secretaria del tribunal obrero, decretó ordenó el cierre de instrucción y turnó los autos del expediente al área que corresponde para el dictado del laudo respectivo. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º de esta última. Sin que a la fecha exista alguna constancia que acredite que haya emitido la determinación correspondiente, vulnerando con su actuar lo establecido en el segundo parágrafo del precepto 17 Constitucional, que establece: "Artículo 17 (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Ahora, del análisis del citado precepto constitucional se advierte lo siguiente: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que estos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. En efecto, el precepto en análisis establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Por su parte, el artículo 121 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, estatuye: "Artículo 121. Recibidas las pruebas y formulados los alegatos de las partes, el presidente del Tribunal formulará proyecto de laudo, que presentará a los otros miembros del Tribunal Laboral en un plazo no mayor de ocho días, para su conocimiento, discusión y aprobación en su caso. Se votará a más tardar dentro de los tres días siguientes." (Énfasis añadida). Lo sostenido en párrafos precedentes, permite establecer que la autoridad en la audiencia en la que se presentaron las pruebas y alegatos de las partes, debió formular proyecto de laudo y darlo a conocer al resto de los integrantes de dicho tribunal laboral en un plazo no mayor de ocho días, para su discusión y aprobación en su caso, y deberá votarse a más tardar dentro de los tres días siguientes de que se haya dado a conocer a los representantes, sin que lo hubiere hecho no obstante de haberse llevado a cabo el cierre de instrucción desde el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, sin que a la presente fecha el tribunal laboral responsable utilizara alguno de los medios que tiene a su alcance para hacer cumplir sus determinaciones y dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral número 339/2017, promovido por los aquí quejosos en contra de la Secretaría de Educación Guerrero, omisión que, evidentemente se traduce en una violación de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que engloba el precepto 17 Constitucional, en perjuicio del impetrante de amparo, al inobservar la responsable lo que al respecto establece el artículo 121 de la Ley 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado; circunstancia, que indudablemente afecta los intereses de la parte quejosa, pues el tribunal responsable no ha respetado los plazos y términos que establece la ley de la materia, para que de manera pronta y expedita, administre justicia al trabajador de referencia. Apoya a los razonamientos expresados en parágrafos que anteceden, la Jurisprudencia P./J. 113/2001, sustentada por el Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." [Énfasis añadido] SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe precisarse que en virtud de lo relatado en el considerando que antecede, procede otorgar la protección federal solicitada, para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, respete el derecho de pronta administración de justicia, consagrado en el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, concretamente para que, de no haberlo hecho ya, dicte laudo en el juicio laboral 339/2017, ciñéndose estrictamente a los plazos y en los términos establecidos, en la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248. Cabe apuntar, que este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para analizar las subsecuentes condiciones de retardo u omisión que se originen dentro expediente natural, pues, de lo contrario, se contravendrían los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior la tesis siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." SÉPTIMO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, mismo que fue notificado el veintiuno siguiente, mediante lista publicada en los estrados de este Juzgado, como se constata de actuaciones. Por tanto, se tiene a la parte quejosa implícitamente conforme con que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de la sentencia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos, 73, 74, 79, 124 y relativos de la Ley de Amparo vigente; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Alejandrina Guadalupe Alarcón Castellanos, Patricia Natividad Nava Hernández, Miriam Dahina Rivero Estrada y Martha Salgado Salgado, contra el acto que ha quedado especificado en el segundo considerando de esta sentencia, y que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en términos de lo razonado en el considerando quinto, y para los efectos señalados en el sexto considerativo de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del último considerando del presente fallo.

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