Miriam Carbajal Sanches

Expediente 608/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
608/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
18/12/2018

Partes del expediente

  • Miriam Carbajal Sanches

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    Único. Se declara sin materia la suspensión definitiva que solicita Miriam Carbajal Sánches también conocida como Mirian Carbajal Sánchez, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta resolución. Notifiquese

  2. Incidental

    Ensenada, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Vistos, agréguese a los autos con vista a las partes el informe previo rendido por la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada por conducto del Director General, con residencia en esta ciudad, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. De igual forma, se tiene a la autoridad ante mencionada señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, los que indican. Por otra parte, como lo solicita, se autoriza la reproducción por medios electrónicos de las actuaciones judiciales en el presente asunto, previa constancia que para tal efecto se deje en autos. Finalmente, con fundamento en los artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable, ofreciendo como prueba de su parte, la documental que adjuntó a su informe de cuenta, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la resolución interlocutoria respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia incidental. Notifíquese.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, once de diciembre de dos mil dieciocho. Vista, la demanda de amparo promovida por Miriam Carbajal Sánches también conocida como Mirian Carbajal Sánchez, por propio derecho, contra actos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Baja California; con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo, fórmese expediente 608/2018-IV, anótese su ingreso en el libro de este juzgado. Por separado y duplicado fórmese y tramítese el incidente de suspensión por así haberlo solicitado la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable enviándole al efecto copia simple de la demanda, al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un término de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que se les gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma; lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que al respecto opere la suplencia de la queja deficiente conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable, se tomará en consideración en su oportunidad, ya que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que prevé la impartición de justicia pronta y expedita; y conforme al principio de celeridad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.P.14K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2017604, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación." Se señalan las nueve horas con treinta minutos del diez de enero de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Asimismo, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase a la parte promovente ofreciendo como pruebas, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, así como la instrumental de actuaciones y las documentales que anexa a su demanda de amparo, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. En ese orden, tomando en cuenta que la parte quejosa exhibe original del recibo 43870621, expedido por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, por concepto de consumo de agua, número de cuenta 295000765, a nombre de Mirian Carbajal Sánchez, relativo al domicilio ubicado en calle Francisco Zarco, 1035, Villas del Prado II; por tanto, proceda el secretario a realizar el cotejo y compulsa correspondiente, a fin de agregarlo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa. Sin que sea el caso ordenar el cotejo de las documentales consistentes en impresiones fotográficas, así como copia simple de credencial para votar a nombre de la quejosa, en virtud de que las mismas no constan en original ni en copia certificada. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 7, materia común, con número de registro 163758, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver." Por otra parte, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida en tiempo y forma la inspección judicial ofrecida por la parte quejosa; en consecuencia, distribúyanse entre las partes copias simples de la demanda de amparo la cual contiene los puntos en los que versará la referida prueba, a fin de que se encuentren en posibilidad de ampliarlos, por escrito, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, en concordancia con los diversos numerales 131, 162, 163 y 164 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En ese sentido, se señalan las catorce horas del veinte de diciembre de dos mil dieciocho, para el desahogo de la misma; para lo cual se comisiona a la actuaria de este juzgado, a fin de que se traslade al domicilio identificado como calle Francisco Zarco, 1035, Villas del Prado II, de esta ciudad, y proceda a asentar lo que pueda percibir por medio de los sentidos en el momento de realizar la diligencia, respecto a los puntos que la oferente de la prueba manifiesta en el escrito inicial de demanda.

  4. Incidental

    Ensenada, Baja California, once de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la copia simple de la demanda de amparo, fórmese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 608/2018-IV, promovido por Miriam Carbajal Sánches también conocida como Mirian Carbajal Sánchez, por propio derecho, contra actos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Baja California. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; de lo contrario, con fundamento en el artículo 260 fracción I, de la Ley de Amparo, se hará acreedora en lo particular, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación. Se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Ahora, en el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "A).- De la autoridad responsable ordenadora que emitiera la orden de la suspensión TOTAL del servicio que presta al suscrito relativo al agua potable de uso doméstico con número de cuenta 295000765 a nombre de MIRIAM CARBAJAL SÁNCHEZ también conocida como Mirian Carbajal Sánchez y con domicilio en Calle Francisco Zarco, número 1035, Col. Villas del Prado II, dejando a la suscrita sin acceso al vital liquido" Asimismo, solicita la medida cautelar para el efecto siguiente: "ÚNICO.-Se ordene a la autoridad responsable ordenadora suspender el acto de autoridad relativo al mandato respecto del corte total del suministro de agua potable de mi uso doméstico a efecto de que se reconecte a la brevedad mi servicio de agua con número de cuenta 295000765 a nombre de MIRIAM CARBAJAL SÁNCHEZ también conocida como Mirian Carbajal Sánchez y con domicilio en Calle Francisco Zarco, número 1035, Col. Villas del Prado II, en ésta ciudad de Ensenada, Baja California. Por tanto, se proveerá al respecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 128, fracción I de la Ley de Amparo. Ahora, en el caso concreto, se reúnen los requisitos establecidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa, además de que, con su concesión no se causan perjuicios al orden público ni se contravienen disposiciones de interés social, sino que, por el contrario, la sociedad está interesada en que se satisfagan las necesidades básicas necesarias para preservar la salud y subsistencia de sus integrantes, cuyo derecho al acceso disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible se encuentra tutelado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, con fundamento en la fracción X del artículo 107 constitucional, se procede a analizar la naturaleza de la violación alegada, atendiendo a la apariencia del buen derecho que rige en materia de suspensión, a fin de determinar el grado de afectación que sufriría la parte quejosa en caso de seguir ejecutándose el acto respecto del cual solicita la medida cautelar, para lo cual, resulta necesario que objetivamente se encuentre tutelado el derecho invocado, y que no se trate de una pretensión infundada o temeraria, sino que exista una credibilidad objetiva sobre aquél, por tratarse de un análisis preliminar sobre la constitucionalidad del acto reclamado, para efectos exclusivos del incidente de suspensión. En el caso, la parte quejosa aduce como derecho afectado el consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a acceso de agua potable, y a fin de acreditar la titularidad de dicho derecho y su interés suspensional exhibe original de recibo 43870621, expedido por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, por concepto de consumo de agua, número de cuenta 295000765, a nombre de Mirian Carbajal Sánchez, relativo al domicilio ubicado en calle Francisco Zarco, 1035, Villas del Prado II. Luego, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo conducente: "[.] Artículo 4. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines [.]". Por tanto, por disposición constitucional, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Por su parte, el artículo 17 de la Ley que reglamenta el servicio de Agua Potable en el estado de Baja California, en lo que interesa, establece: "Artículo 17. [.] Tratándose de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado para uso doméstico, ante la falta de pago de más de tres meses, únicamente podrá reducirse el suministro de agua en un 50% del diámetro de la toma contratada y ante la falta de pago de más de seis meses, sólo podrá reducirse el suministro de agua en un 70% del diámetro de la toma contratada, en tanto el usuario cubra el importe correspondiente, o en su caso, celebre el convenio respectivo, en términos de las disposiciones fiscales, en el que se considerará su capacidad de pago [.]". En ese sentido, se tiene que en el estado de Baja California, tratándose de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado para uso doméstico, ante la falta de pago de más de tres meses, únicamente podrá reducirse el suministro de agua en un 50% del diámetro de la toma contratada y ante la falta de pago de más de seis meses, sólo podrá reducirse el suministro de agua en un 70% del diámetro de la toma contratada, en tanto el usuario cubra el importe correspondiente, o en su caso, celebre el convenio respectivo. En ese contexto, la existencia del derecho que la quejosa Miriam Carbajal Sánches también conocida como Mirian Carbajal Sánchez, invoca como violado, se desprende del artículo 4° Constitucional, pues resulta destinataria del derecho fundamental irrenunciable e intransmisible de acceso al agua potable, así como de las prerrogativas establecidas en la Ley que reglamenta el servicio de Agua Potable en el estado de Baja California, al haber acreditado ser usuario del servicio de agua potable de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, con el recibo del agua de cuenta número 295000765, a nombre de la quejosa. Entonces, se encuentran acreditados los elementos establecidos a efecto de otorgar efectos restitutorios provisionales en el incidente de suspensión, de acuerdo a lo establecido por el artículo 147 de la Ley de Amparo, pues, como se evidencia en párrafos precedentes, la parte quejosa acreditó la apariencia del buen derecho alegado, con la documental que exhibió, consistente en el recibo 43870621, expedido por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, por concepto de consumo de agua, número de cuenta 295000765, a nombre de Mirian Carbajal Sánchez, relativo al domicilio ubicado en calle Francisco Zarco, 1035, Villas del Prado II. De igual manera se evidencia el peligro en la demora derivado de la suspensión total por parte de la autoridad responsable de suministro de agua potable, puesto que, de negarse la medida suspensiva, se impediría que se satisficieran las necesidades básicas necesarias para preservar la salud y subsistencia de la quejosa, cuyo derecho al acceso disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible se encuentra tutelado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Efectos de la suspensión. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 125, 128, 129, 147 y149 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que, con motivo del adeudo contraído por la quejosa Miriam Carbajal Sánches también conocida como Mirian Carbajal Sánchez, que corresponde a más de seis meses, se le suministre sólo la cantidad de agua potable que establece el artículo 17 de la Ley que reglamenta el Servicio de Agua Potable en el estado de Baja California, que es del setenta por ciento (70%) del diámetro de la toma contratada, para asegurar su subsistencia, consumo personal y doméstico, en el inmueble ubicado calle Francisco Zarco, 1035, Villas del Prado II de esta ciudad, relativo al número de cuenta 295000765; lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, en el entendido que esta medida cautelar no surtirá efecto alguno, si se trata del cumplimiento de alguna ejecutoria de amparo en ese sentido.

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