Miriam Bohórquez Santos
Expediente 1019/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1019/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Miriam Bohórquez Santos
Actuaciones
- Principal
Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la determinación de veintisiete de julio del año en curso, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por ***, contra actos atribuidos al Tribunal Laboral del Estado de Durango; por tanto, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho auto. Archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuentra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico. Notifíquese.
- Principal
AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA 27 DE JULIO DEL AÑO 2023 I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por ****, por derecho propio, contra actos del Tribunal Laboral de esta ciudad de Durango. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1019/2023. III. Decisión sobre la instancia. Desechamiento En la especie, la demanda de derechos fundamentales es notoriamente improcedente, por las siguientes consideraciones: El artículo 112 de la Ley de Amparo dispone: "Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." Por su parte el numeral 113 de la propia legislación establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el proveído de seis de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ***, del índice del Tribunal Laboral en esta ciudad, en el que desechó la prueba testimonial ofrecida por la aquí quejoso en esa controversia laboral; respecto de lo cual el juicio de amparo es improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu; y, por tanto, deberá desecharse como se explica a continuación. En tal virtud, analizado el acto reclamado descrito en la demanda en forma exhaustiva, se resuelve que carece de la característica material y formal de imposible reparación, y por ello, no procede su estudio conforme al texto actual de la Ley de Amparo. Para demostrar esta conclusión, se tiene que los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, señalan. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Se consideran actos de imposible reparación aquellos que impliquen o afecten un derecho sustantivo del gobernado, previsto en el texto supremo de nuestro país, o en un instrumento internacional obligatorio para México, como pudiera ser la vida, libertad, propiedad etcétera . Esta conclusión es acorde con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]". Así, han sido interpretados o catalogados como de imposible reparación, aquellos actos por los que excepcionalmente procede el amparo, y que tienen origen en los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; también, se ha sostenido que la imposible reparación se traduce en consecuencias susceptibles de afectar de forma inmediata algún derecho fundamental, y sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por exclusión, los actos de procesales reparable no tocan directamente los núcleos esenciales de los derechos fundamentales, sino que trasgreden normas secundarias de desarrollo normativo, como las del orden procesal que hacen efectivo el debido proceso bajo un segundo plano de desarrollo. Las afectaciones que producen el tipo de actos reparables son transitorios y desaparecen al resolverse la controversia judicial; y sólo en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, y afecten en forma trascendente la defensa son susceptibles de control constitucional. Puede decirse entonces que la diferencia entre los actos de imposible reparación y los que no tienen esta cualidad, se reduce al tipo de implicación o afectación material respecto a los derechos fundamentales del gobernado (orden normativo primario) o bien, su afectación por infracción a normas reglamentarias procesales (orden normativo secundario o de desarrollo); sirviendo como guía para ubicar su categoría, en la reparabilidad al dictarse sentencia y su transitoriedad en el proceso donde se actualizan. En ese orden de ideas, el supuesto de los actos reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias (de los actos reclamados) se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Dentro del esquema general de derechos con rango fundamental, se encuentran el debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad; sin embargo, estos derechos de rango constitucional, sólo pueden ser examinados inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, cuando su violación es directa, y no por mera infracción a normas secundarias procesales, por lo que, cuando el legislador ocupa la categoría conceptual de derecho sustantivo, lo hace para diferenciarlo de las normas adjetivas o procesales, las cuales sin duda conforman esquemas jurídicos que hacen efectiva la tutela judicial efectiva, pero en un grado operativo casuístico, mientras que las normas sustantivas representan expresiones absolutas del derecho, que obligatoriamente debe cumplir el Estado, con independencia de la posición procesal de las partes y rigen su proceder en forma permanente, y por ello, su violación es ipso facto irreparable, procediendo el control constitucional ciudadano, a través del juicio de amparo. Sobre este tema, pueden consultarse los criterios del Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 189 y 175, localizables en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS."; y, "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." En efecto, se considera que el acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, emitido en el expediente ***, por la autoridad responsable, en el que desechó la prueba testimonial ofrecida en dicha controversia laboral; no es un acto de imposible reparación, en virtud de que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino en todo caso derechos adjetivos que pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene un resolución favorable a sus intereses. De igual forma, este juzgado de Distrito atiende a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada el seis de junio de dos mil catorce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que emitió al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En este criterio, se determinó que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que los actos de imposible reparación son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual constituye una aclaración del legislador secundario que genera una mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, al establecer que esos actos, para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En consecuencia, el acto que reclama ante esta instancia constitucional, de ninguna manera es reclamable a través del amparo indirecto, puesto que no constituye un acto que sea de imposible reparación, toda vez que dicha determinación solo puede implicar una infracción que produce únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si la parte impetrante obtiene un fallo favorable a sus intereses. En efecto, de obtener una sentencia favorable, la violación procesal, de existir, no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, pero en caso de que si le fuera adversa, podría combatirla en amparo directo como violación procesal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: .III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley.". Por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejosa: **** a. Domicilio: Se le tiene señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle *****, de esta ciudad. b. Autorizados: Se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Ramiro Rodríguez Ruiz y José Humberto Rocha Marín, toda vez que sí cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. V. Habilitación de días y horas. VI. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. VII. Transparencia. Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por ****, por derecho propio, contra actos del Tribunal Laboral de esta ciudad de Durango. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1019/2023. III. Decisión sobre la instancia. Desechamiento En la especie, la demanda de derechos fundamentales es notoriamente improcedente, por las siguientes consideraciones: El artículo 112 de la Ley de Amparo dispone: "Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." Por su parte el numeral 113 de la propia legislación establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el proveído de seis de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ***, del índice del Tribunal Laboral en esta ciudad, en el que desechó la prueba testimonial ofrecida por la aquí quejoso en esa controversia laboral; respecto de lo cual el juicio de amparo es improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu; y, por tanto, deberá desecharse como se explica a continuación. En tal virtud, analizado el acto reclamado descrito en la demanda en forma exhaustiva, se resuelve que carece de la característica material y formal de imposible reparación, y por ello, no procede su estudio conforme al texto actual de la Ley de Amparo. Para demostrar esta conclusión, se tiene que los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, señalan. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Se consideran actos de imposible reparación aquellos que impliquen o afecten un derecho sustantivo del gobernado, previsto en el texto supremo de nuestro país, o en un instrumento internacional obligatorio para México, como pudiera ser la vida, libertad, propiedad etcétera . Esta conclusión es acorde con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]". Así, han sido interpretados o catalogados como de imposible reparación, aquellos actos por los que excepcionalmente procede el amparo, y que tienen origen en los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; también, se ha sostenido que la imposible reparación se traduce en consecuencias susceptibles de afectar de forma inmediata algún derecho fundamental, y sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por exclusión, los actos de procesales reparable no tocan directamente los núcleos esenciales de los derechos fundamentales, sino que trasgreden normas secundarias de desarrollo normativo, como las del orden procesal que hacen efectivo el debido proceso bajo un segundo plano de desarrollo. Las afectaciones que producen el tipo de actos reparables son transitorios y desaparecen al resolverse la controversia judicial; y sólo en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, y afecten en forma trascendente la defensa son susceptibles de control constitucional. Puede decirse entonces que la diferencia entre los actos de imposible reparación y los que no tienen esta cualidad, se reduce al tipo de implicación o afectación material respecto a los derechos fundamentales del gobernado (orden normativo primario) o bien, su afectación por infracción a normas reglamentarias procesales (orden normativo secundario o de desarrollo); sirviendo como guía para ubicar su categoría, en la reparabilidad al dictarse sentencia y su transitoriedad en el proceso donde se actualizan. En ese orden de ideas, el supuesto de los actos reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias (de los actos reclamados) se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Dentro del esquema general de derechos con rango fundamental, se encuentran el debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad; sin embargo, estos derechos de rango constitucional, sólo pueden ser examinados inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, cuando su violación es directa, y no por mera infracción a normas secundarias procesales, por lo que, cuando el legislador ocupa la categoría conceptual de derecho sustantivo, lo hace para diferenciarlo de las normas adjetivas o procesales, las cuales sin duda conforman esquemas jurídicos que hacen efectiva la tutela judicial efectiva, pero en un grado operativo casuístico, mientras que las normas sustantivas representan expresiones absolutas del derecho, que obligatoriamente debe cumplir el Estado, con independencia de la posición procesal de las partes y rigen su proceder en forma permanente, y por ello, su violación es ipso facto irreparable, procediendo el control constitucional ciudadano, a través del juicio de amparo. Sobre este tema, pueden consultarse los criterios del Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 189 y 175, localizables en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS."; y, "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." En efecto, se considera que el acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, emitido en el expediente ***, por la autoridad responsable, en el que desechó la prueba testimonial ofrecida en dicha controversia laboral; no es un acto de imposible reparación, en virtud de que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino en todo caso derechos adjetivos que pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene un resolución favorable a sus intereses. De igual forma, este juzgado de Distrito atiende a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada el seis de junio de dos mil catorce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que emitió al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En este criterio, se determinó que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que los actos de imposible reparación son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual constituye una aclaración del legislador secundario que genera una mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, al establecer que esos actos, para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En consecuencia, el acto que reclama ante esta instancia constitucional, de ninguna manera es reclamable a través del amparo indirecto, puesto que no constituye un acto que sea de imposible reparación, toda vez que dicha determinación solo puede implicar una infracción que produce únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si la parte impetrante obtiene un fallo favorable a sus intereses. En efecto, de obtener una sentencia favorable, la violación procesal, de existir, no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, pero en caso de que si le fuera adversa, podría combatirla en amparo directo como violación procesal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: .III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley.". Por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejosa: **** a. Domicilio: Se le tiene señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle *****, de esta ciudad. b. Autorizados: Se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Ramiro Rodríguez Ruiz y José Humberto Rocha Marín, toda vez que sí cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. V. Habilitación de días y horas. VI. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. VII. Transparencia. Notifíquese personalmente a la promovente.
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