Miriam Barreto Montaño
Expediente 1181/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1181/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Miriam Barreto Montaño
- Joel Siordia Cela
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se desechó la demanda de amparo 1181/2021-1; para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEFINITIVO Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, al tratarse de un juicio de amparo en el que se declaró que causó estado el auto por el que se tuvo por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. V I S T O S, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1018/2020-2, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, remitido el tres siguiente por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, Alma Ruth Rodríguez Soto, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que se precisan enseguida: Autoridades responsables: Juez Primero Civil y Familiar de Actopan, Hidalgo. Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo. Acto reclamado: (.) el auto de fecha 30 de noviembre de dos mil veinte (.) en el expediente familiar 827/2018.". SEGUNDO. Trámite. Por auto de tres de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, radicó la demanda de amparo y la admitió a trámite, se requirió a la autoridad responsable la rendición de su informe justificado, se ordenó el emplazamiento a la parte tercero interesada a través de la autoridad responsable, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención que legalmente corresponde; y señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, de la Constitución Federal, 33 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en relación con lo establecido en el Acuerdo General 36/2016, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis, vigente a partir del catorce de ese propio mes y año, el cual reformó el similar 3/2013; por tratarse de un acto que se atribuye a una autoridad residente en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional en el presente asunto, es necesario precisar los actos que reclama la parte quejosa, lo que deriva de la lectura íntegra de la demanda, así como de las constancias que conforman el presente juicio. Lo anterior, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 del ordenamiento de referencia, según tratan la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P.VI/2014 plenarias, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos X y XXIX, de abril de dos mil cuatro y dos mil, Novena Época, páginas 32 y 255, respectivamente, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD y ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA y PRECISA EN SU SENTENCIA DE AMPARO". En tal virtud, para estar en aptitud de resolver la cuestión efectivamente planteada, se tiene entonces que Alma Ruth Rodríguez Soto, por derecho propio reclama lo siguiente: El auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, emitido dentro del expediente familiar 827/2020, por el Juez Primero Civil y Familiar de Actopan, Hidalgo, a través del cual se faculta al Actuario correspondiente a efecto de que se constituya en el domicilio de la ahora quejosa Alma Ruth Rodríguez Soto y le requiera para que haga entrega inmediata de la menor N.I.J.R. a su padre Aaron Jiménez Lozano, apercibiéndole que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento ordenado u oponerse a la diligencia, se le impondrá una medida de apremio, como lo establece el artículo 54 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez Civil y Familiar de Actopan, Hidalgo, así como el Actuario de su adscripción, al momento de rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados, lo cual se corrobora con las constancias que adjuntó al mismo el primero en cita, con las que se integró un tomo de prueba que obra por separado, cuyo valor probatorio es pleno en términos de lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, por tratarse de un documento público, calidad que obtiene por haber sido emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Lo que resulta suficiente para tenerlos por plenamente probados en términos de la jurisprudencia número 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la foja 830 del Tomo II, Procesal Constitucional, Común Primera Parte SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Sexta Sección, Procedimiento de amparo indirecto, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, con Registro 1002815, del Rubro Siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Oportunidad de la demanda. Conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto reclamado consistente en el auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, emitido en el expediente 827/2018 del índice del juzgado responsable; se tiene que la demanda se presentó oportunamente, pues la parte quejosa se ostenta sabedora del acto reclamado en esa misma fecha en que fue comunicada a través de su abogado, máxime que así se advierte de la constancia de notificación que obra dentro de las constancias que remitió la responsable; por lo que el lapso para la promoción del presente juicio no transcurrió, virtud que el escrito de demanda se presentó el dos de diciembre del dos mil veinte, esto es, justamente el día en que comenzó a correr el término, el cual fenecía el trece de enero de dos mil veintiuno, ello en términos del artículo 127 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. Por lo que, se reitera, si la demanda de amparo se presentó el dos de diciembre de dos mil veinte, es indudable que está dentro del término de ley. QUINTO. Causas de improcedencia. Por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen o no las partes o que este órgano de Control Constitucional advierta de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia número 814, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Previo al estudio de los conceptos de violación se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, aquellas cuya actualización se advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Así como de la jurisprudencial 228 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, visible en el Volumen ciento treinta y nueve guión ciento cuarenta y cuatro, primera parte, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". En el caso concreto, este órgano jurisdiccional, de oficio advierte que respecto del acto reclamado consistente en el auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, emitido dentro del expediente familiar 827/2020, por el Juez Primero Civil y Familiar de Actopan, Hidalgo, a través del cual se faculta al Actuario correspondiente a efecto de que se constituya en el domicilio de la ahora quejosa Alma Ruth Rodríguez Soto y le requiera para que haga entrega inmediata de la menor N.I.J.R. a su padre Aaron Jiménez Lozano, apercibiéndole que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento ordenado u oponerse a la diligencia, se le impondrá una medida de apremio, como lo establece el artículo 54 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo, se actualiza la causa de improcedencia de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, precepto que en lo atinente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]." Del texto apuntado se desprende medularmente que el juicio de amparo es improcedente contra actos de tribunales judiciales, respecto de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En efecto, el precepto invocado contiene el llamado principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción. De ahí que, previo a la presentación de la demanda de amparo deben agotarse todos los recursos ordinarios o medios legales de defensa que tiendan a anular, modificar o revocar el acto reclamado, entendiendo por agotar esas instancias, la presentación del escrito en que se hagan valer y el desahogo del proceso o procedimiento respectivo en todas sus partes. En ese contexto, conviene señalar que en el caso a estudio el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo dictado el treinta de noviembre de dos mil veinte, emitido dentro del expediente familiar 827/2020, por el Juez Primero Civil y Familiar de Actopan, Hidalgo, a través del cual se faculta al Actuario correspondiente a efecto de que se constituya en el domicilio de la ahora quejosa Alma Ruth Rodríguez Soto y le requiera para que haga entrega inmediata de la menor N.I.J.R. a su padre Aaron Jiménez Lozano, apercibiéndole que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento ordenado u oponerse a la diligencia, se le impondrá una medida de apremio, como lo establece el artículo 54 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo. Determinación contra la cual, la parte quejosa tuvo a su alcance el medio de impugnación ordinario que prevé el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, a través del cual, el acto que en esta vía excepcional se combate puede ser revocado o modificado. En efecto, para dilucidar la existencia del medio de defensa que hace improcedente el presente juicio de derechos fundamentales, es preciso citar el contenido de los preceptos 379, 382, 385, 386 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, los cuales disponen: "Artículo 379.- El Tribunal Superior de Justicia, es el competente para conocer y resolver del recurso de apelación. (.) Artículo 382.- El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. (.) Artículo 385.- La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la resolución impugnada en la forma y términos que se señala en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias. (.) Artículo 386.- El litigante al interponer la apelación ante el juez, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida Las apelaciones que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días, y las que se interpongan contra sentencia definitiva, dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones. (.) Artículo 395.- De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señalará los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. El juez deberá resolver si la admite en ambos efectos conforme a lo solicitado, exhibiendo garantía conforme a lo establecido en el Artículo 398 de este ordenamiento." De tales preceptos, se advierte que contra autos e interlocutorias dictados dentro de los juicios familiares de los que derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, la legislación en comento prevé el recurso ordinario de apelación; de ahí que, es evidente que contra el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veinte, emitido dentro del expediente familiar 827/2020, por el Juez Primero Civil y Familiar de Actopan, Hidalgo, a través del cual se faculta al Actuario correspondiente a efecto de que se constituya en el domicilio de la ahora quejosa Alma Ruth Rodríguez Soto y le requiera para que haga entrega inmediata de la menor N.I.J.R. a su padre Aaron Jiménez Lozano, apercibiéndole que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento ordenado u oponerse a la diligencia, se le impondrá una medida de apremio, como lo establece el artículo 54 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo y que constituye la materia de reclamo en el presente juicio de amparo, procede el recurso de apelación, a través del cual el auto reclamado puede ser modificado o revocado a través de dicho medio de impugnación. En consecuencia, si en el caso a estudio se está ante un acto que es susceptible de ser modificado o revocado, a través de la interposición del recurso ordinario mencionado en el párrafo precedente, es inconcuso que el amparo promovido en contra de aquél resulta improcedente por no haberse agotado el principio de definitividad. En mérito de lo anterior, es inequívoco que previo a la presentación de este juicio se debió agotar el principio de definitividad del acto reclamado, a través de la interposición del recurso de apelación; pues éste es idóneo para modificar o revocar el auto combatido, y al no haberlo hecho así, resulta inconcuso que la demanda de amparo presentada deviene improcedente. En las relatadas condiciones, ante la actualización de dicha causa de improcedencia, lo procedente será sobreseer en este juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Máxime que el acto que a través de esta vía excepcional se combate, no es de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, de algún auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, ni tampoco se reclama un auto de vinculación a proceso. Del mismo modo, en el caso que nos ocupa, no se advierte que el promovente sea persona extraña al procedimiento, pues de sus propias manifestaciones se advierte que es la parte demandada en el controvertido legal de origen; de ahí que, no le asista tal carácter. En el entendido de que, la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia, se tiene por acreditado con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, expresadas en la demanda de amparo, las cuales constituyen una confesión que para esta Juzgadora es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin que se soslayen las manifestaciones realizadas por el promovente en el sentido de que el auto combatido, así como su ejecución violan derechos subjetivos, pues, el hecho de que el impetrante considere que el acto reclamado se trata de aquellos considerados como de imposible reparación, no constituye, per se, una excepción al principio de definitividad, ya que ambos constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto; por tanto, al no haberse agotado el principio de definitividad, se reitera, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Se invoca por identidad de razón la Jurisprudencia por contradicción de tesis P./J.11/2018 (10ª.), con número de registro 2017117, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el veintiocho de mayo de la presente anualidad, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo, no pasa inadvertido que en el caso se encuentre involucrado una menor de edad, pues aún y cuando se estime que el acto reclamado pudiera considerarse como de aquellos de imposible reparación, esto es, susceptible de afectar derechos sustantivos del citado menor, ese sólo hecho no constituye, per se, una excepción al principio de definitividad, ya que ambos se tratan de presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J.113/2013(10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia Común, visible en la página 350, Libro 1, Tomo I, Diciembre de 2013, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Asimismo, conviene señalar que en el caso, no se actualiza la excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, relativa a que tratándose de asuntos donde se encuentren involucrados derechos de menores, la parte quejosa no está obligada a agotar el principio de definitividad cuando los medios ordinarios de defensa no tengan efectos suspensivos, pues como se advierte de párrafos precedentes, el artículo 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, prevé que tratándose de autos de los que derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable -como en el caso acontece de acuerdo a lo manifestado por la parte quejosa-, el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, es decir, con efectos suspensivos, si el apelante lo solicita al interponer el recurso y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación; virtud de lo cual, la parte quejosa sí estaba obligada a promover dicho medio de impugnación antes de acudir a la presente instancia constitucional. En suma, atendiendo a los razonamientos antes expuestos, al no haberse observado el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se reitera, lo procedente será sobreseer en este juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo que genera este Órgano jurisdiccional se encuentre imposibilitado para analizar los conceptos de violación planteados por la parte quejosa en su demanda de conformidad con la jurisprudencia de rubro "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" SEXTO. Publicación de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Asimismo, en términos de las disposiciones primera y segunda del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de tres de septiembre de dos mil siete, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; este Juzgador Federal considera que la presente sentencia debe capturarse en el módulo referido; asimismo una vez capturada la sentencia emitida, procédase a glosar al presente expediente la constancia de captura generada por el sistema antes aludido. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de derechos promovido por Alma Ruth Rodriguez Soto, en contra del acto reclamado al Juez Primero Civil y Familiar de Actopan, Hidalgo, consistente en la emisión del auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, por los motivos expuestos en esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene como no opuesta a la parte quejosa a que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de esta resolución, en tanto este fallo no sea impugnado, pues de ser así, se estará a lo que la parte exprese durante la substanciación del recurso que haga valer. TERCERO. Una vez publicada la presente determinación, procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. CUARTO. Desde este momento, de conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, este ultimo de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para una mejor y pronta impartición de justicia, se autoriza expedir copia simple a las partes que así lo soliciten de manera verbal (al momento de la notificación o con motivo de esta) y acrediten estar autorizadas para recoger las mismas, previa toma de razón y constancia quede en autos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante la licenciada Sandra Silva Jaimes, Secretaria que autoriza y da fe, el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno en que las labores del juzgado lo permiten. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes
- Mireya Cervantes Cortes1706/2023
- Mireya Delgado Jaimes1427/2022
- Mireya Zepeda Martínez472/2023
- Mireya Zepeda Martínez1909/2022
- Miria Cerón Mendoza85/2021
- Miriam Arith Granillo Lopez662/2018
- Miriam Campa Sanchez618/2017
- Miriam Flores Hernandez356/2018
- Miriam Flores Hernandez766/2018
- Miriam Flores Hernandez27/2019
- Miriam García Ordaz430/2019
- Miriam Jovanna Vera Ramírez673/2019