Miriam Aracely Acuña Ordoña
Expediente 464/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Miriam Aracely Acuña Ordoña
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de los autos y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 9 a 13), mediante el cual se desechó su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo de cuenta que promueve Miriam Aracely Acuña Orduña, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. A efecto de acordar lo que en derecho corresponda respecto de la admisión o desechamiento de la presente demanda, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé: De dicho precepto se advierte que este órgano jurisdiccional se encuentra facultado para desechar la demanda de amparo cuando, al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, de la demanda de amparo, en lo de interés se advierte: 1. Mediante auto de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, se dio entrada a la demanda instaurada por José Alfredo Acuña Orduña, en contra de la quejosa, formándose el expediente 34/2016, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Salina Cruz, Oaxaca; 2. El catorce de marzo de dos mil dieciséis, se notificó y emplazó a la quejosa; 3. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se mandó abrir a prueba el incidente de falta de personalidad interpuesto por la impetrante del amparo, y en proveído de catorce de marzo de dos mil diecisiete, se señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba confesional a cargo del demandado incidentista; 4. Durante el desahogo de la prueba confesional referida en el punto que antecede, el Secretario encargado del Juzgado por Ministerio de Ley, no calificó de legales las posiciones marcadas con los números 1, por ser confusa, 3 y 7 por contener hechos que no son propios del absolvente, por lo cual la quejosa interpuso recurso de apelación contra esa determinación; 5. El diez de agosto de dos mil diecisiete, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, resolvió el recurso de apelación planteado dentro del incidente de falta de personalidad. Esta última determinación, constituye el acto reclamado en esta instancia. En la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo; este precepto, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: El segundo de los preceptos legales transcritos, interpretado en sentido contrario, conduce a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: ? La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En esta línea argumentativa, la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando como ya se dijo, qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". Por tanto, se advierte que la determinación reclamada en este juicio de amparo, no es de imposible reparación, ya que no se trata de violaciones directas a la Constitución, sino al procedimiento; además, el que no se califiquen de legales las posiciones que señala la quejosa, de ninguna manera la genera un perjuicio irreparable pues en el caso, todavía existe la posibilidad que obtenga resolución favorable al momento de resolverse el incidente de falta de personalidad planteado, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica de la parte afectada, pero de no ser así, estará en aptitud de controvertir dicho acto a través del juicio de amparo que corresponda, sin que sea el caso en este asunto, verificar si contra la determinación que resuelva dicho incidente procede el amparo directo o indirecto, porque lo que se está analizando aquí, es la improcedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, a la luz del acto reclamado, por ser un acto que no lesiona derechos sustantivos. Así las cosas, se insiste, la parte quejosa podrá hacer valer lo que corresponda sólo hasta el momento en que se resuelva el incidente de falta de personalidad que hizo valer. Por tanto, queda de manifiesto que el acto reclamado, consistente en la resolución dictada dentro del toca civil 170/2017, de diez de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por Miriam Aracely Acuña Orduña, en contra de la determinación dictada por el secretario de acuerdos encargado por ministerio de ley del Juzgado Primero de lo Civil de Salina Cruz, Oaxaca en el expediente número 34/2016, indefectiblemente no es de modo alguno irreparable y no afecta a la parte quejosa en grado predominante o superior, lo que impone que se actualice de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, de ahí que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo; asimismo, se tiene por autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alejandro Clicerio Ramos Medina, quien justifica estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, dado que se encuentra registrado en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red de Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Martha Angélica Avendaño Vega, toda vez que no acredita contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual está obligada en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia civil.
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