Miriam Altamirano Galicia

Expediente 1037/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1037/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
23/02/2021

Partes del expediente

  • Miriam Altamirano Galicia

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, signadas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo de conocimiento que la Comisión Especial decretó la suspensión de plazos y términos procesales en este Circuito -con las salvedades ahí apuntadas-, durante el periodo comprendido del diecinueve de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno. Con base en lo expuesto, las medidas que debieron adoptarse en ese periodo, de manera destacada, son las siguientes: 1. Regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Esto implicó dar trámite a los escritos iniciales que se calificaron como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y dar seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, recibir y tramitar los casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones. Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Asimismo, cabe precisar que a través de la Circular SECNO/10/2021, de trece de febrero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, entre las que destacan las marcadas con los números 16 y 17, que indican: A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/20202 y 37/2020. Se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. Atento a lo anterior, se reanudan plazos y términos procesales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020 y 37/2020. En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se reanuda el presente procedimiento en la etapa en que se encontraba. Por lo antes expuesto, téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por el actuario judicial adscrito al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que remite diligenciado el exhorto 887/2020-II con número de orden 894/2020 del índice de este juzgado; agréguese a los autos, dese de baja en el libro correspondiente, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes para los efectos estadísticos correspondientes; sin necesidad de acusar recibo, dado que éste se generó al momento en que la autoridad exhortado remitió la presente comunicación por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) En esa virtud, se tiene debidamente notificada a la quejosa Miriam Altamirano Galicia, del proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Por recibido el oficio del secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional mediante proveído de veinticuatro de noviembre del año en curso; ante ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y en cuanto a su contenido, este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con base en el artículo 214 de Ley de Amparo y previas las anotaciones respectivas; archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.

  3. Principal

    Visto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta del Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que remite diligenciado el exhorto 887/2020-II, orden 894/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, agréguese a los autos, dése de baja en el libro correspondiente el exhorto de referencia, así como en el sistema de seguimiento de expedientes para los efectos estadísticos correspondientes; acúsese recibo. Por lo anterior, se tiene debidamente notificada a la quejosa Miriam Altamirano Galicia, del proveído de veinticuatro de noviembre pasado, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    V I S T A la demanda de amparo promovida por Miriam Altamirano Galicia, contra actos de la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y otras autoridades; por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 18 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1037/2020-lI, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Analizada la demanda, debe de indicarse previamente, que la competencia es de suma importancia y de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer como obligación de todo juez de Distrito, la contenida en su primer párrafo. Dispositivo que en la parte conducente, establece lo siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Como se obtiene del citado precepto, cuando un juez de Distrito, estime carecer de competencia para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia, por lo que, el juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. En términos generales, la competencia en materia de amparo puede determinarse por tres circunstancias, a saber, por razón de la vía, por territorio y por materia. En ese contexto, la competencia en atención a la vía se subdivide en aquella para conocer del amparo indirecto o bi-instancial, o bien del amparo directo o uni-instancial; la primera se encuentra establecida en el artículo 107, fracción VII, de la constitución, así como por el numeral 107 de la Ley de Amparo; mientras que la segunda se contempla en el precepto 107, fracción V, de la Carta Magna, y en el ordinal 48 y 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales. La competencia por materia se encuentra subdividida en las siguientes clases: penal, administrativa, civil y laboral, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 51, 52, 54 y 55 respectivamente, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por último, la competencia por territorio, se prevé en el numeral 37 de la ley en la materia y, para establecerse, se debe tomar en cuenta si el acto reclamado tiene ejecución o carece de ella. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, numeral que en lo conducente establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ello, puede advertirse que la competencia para conocer de la demanda, se fija de acuerdo a la ejecución del acto reclamado, criterio del cual surgen dos hipótesis distintas: 1. Aquella en la que el acto está pendiente de ejecutarse; o bien, 2. Aquella en que la ejecución fue llevada a cabo o se esté efectuando, por lo que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio. De esas hipótesis pueden desprenderse cuatro supuestos específicos, en los que se establece la competencia del juez de Distrito, de acuerdo a: a) El lugar donde al acto deba tener ejecución. b) En donde trate de ejecutarse. c) En donde se ejecute, o d) En donde se haya ejecutado. Al respecto, se considera necesario formular las siguientes precisiones: 1) El Lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquél en donde: a) El acto aún no ha sido ejecutado, y b) Cuando las circunstancias del acto, las autoridades responsables y del análisis de la demanda, conlleven necesariamente a la conclusión de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. 2) El lugar donde trate de ejecutarse, es aquél donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero no se ejecutó en su totalidad; ello en virtud que del conjunto de los actos tendentes a consumarlo, ha hecho imposible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. 3) El Lugar donde se haya ejecutado, es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y, por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos. a) Actos de tracto sucesivo: que son aquéllos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. b) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo que, como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse. 4) En donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o ésta siendo actualizada en el momento de la presentación de la demanda. 5) En el último párrafo del precepto en comento se establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución; en este último supuesto, basta que de autos se evidencie que la responsable emisora del acto o resolución reclamada (que no requiera de ejecución material), resida o radique dentro del ámbito territorial de jurisdicción del juez federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de garantías. En ese orden de ideas, del análisis de la demanda, se obtiene que la peticionaria del amparo, reclama en esta instancia como acto destacado la orden de traslado a otro dormitorio y estancia, a un diverso dormitorio B, estancia 214, cama 1 dentro del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, lugar en donde refiere la impetrante que actualmente se encuentra privada de su libertad, pues así se advierte del contexto integral de su demanda. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis III.1o.A.31 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable a página 647, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO». Por tanto, atento a la naturaleza de los actos reclamados, éstos se efectuarán sobre la persona de la aquí quejosa Miriam Altamirano Galicia, quien se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Ciudad de México, lo que indudablemente que conlleva ejecución material, lo cual, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en su párrafo primero, se ejecutará fuera de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción y, por ende, competente; por lo que, el acto que en esta vía constitucional reclama la parte quejosa tiene lugar en donde esta se encuentra recluida; esto es, en la Ciudad de México; de ahí que resulta ser competente un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para resolver este asunto, en términos de la primera parte del artículo 37 de la ley en la materia, que en la parte conducente establece lo siguiente: «[.] Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.]» En las relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, declina la competencia para conocer del asunto a favor de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se ordena remitir lo actuado en el presente expediente para que conforme a sus atribuciones legales determine lo que en derecho corresponda; debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente en este juzgado y requerir el acuse de recibo respectivo e informe si acepta o no la competencia planteada. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión que solicita, toda vez que no se está en presencia de actos inminentes que importen peligro de privación de la vida, sino futuros e inciertos. Toda vez que la directa quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, líbrese exhorto a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique en el lugar de su reclusión la presente determinación a la impetrante Miriam Altamirano Galicia, quien refirió estar recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Ciudad de México, y una vez realizado lo anterior, devuelva la presente comunicación oficial a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de proveer lo que corresponda. Se resalta, que la directa quejosa Miriam Altamirano Galicia, no realizó designación alguna de autorizados en su escrito de demanda, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República y 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor.

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