Miriam Alejandra Martínez López
Expediente 3378/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 3378/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/02/2019
Partes del expediente
- Miriam Alejandra Martínez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
CITATORIO PRINCIPAL. POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENÍDO DEL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: DE CONFORMIDAD CON EL TERCER PÁRRAFO DEL NUMERAL 196 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE ESTIMA QUE LA RESPONSABLE EN EL PRESENTE EXPEDIENTE ACATÓ EL FALLO PROTECTOR, ARCHIVESE EL EXPEDIENTE.
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee: se tiene por recibido el oficio signado por la Directora de lo Jurídico Contencioso del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, al cual adjunta los oficios DRH/OCD/050/2019, de veintinueve de enero del año en curso, TES/0298/2019, así como copia simple del comunicado DJCT/AMP-B/426/2019, mediante los cuales informa las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; además, por su conducto, la Tesorera del citado ayuntamiento solicita una prórroga de quince días, a fin de dar oportunidad a que exista un flujo de efectivo en caja que se genera en el momento del ingreso recaudado, ya que aduce que por el momento no se ha registrado el suficiente pago de contribuciones que den la solvencia necesaria para hacer frente a la totalidad de los compromisos y obligaciones pecuniarias a cargo de ese municipio. En el caso, como se indicó en el diverso proveído de uno de febrero del año en curso, que por regla general, el cumplimiento de las sentencias de amparo se torna complejo cuando deben tener intervención varias autoridades administrativas, y que el procedimiento de ejecución no debe verse desde la perspectiva sancionadora a la autoridad responsable o sobre las autoridades que estén vinculadas a acatarlo; también es cierto, que las autoridades administrativas que tienen intervención en la ejecución de la sentencia de amparo, deben eficientar los recursos humanos y económicos para acatar el fallo protector, sobre todo atendiendo a que este asunto causó ejecutoria el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en la que se requirió por el cumplimiento de la sentencia de amparo, sin que a la data se haya dado cumplimiento a la misma. Por esas razones, se hace énfasis a la autoridad vinculada al cumplimiento Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, que debe asumir en un máximo grado de responsabilidad su intervención para lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo, el cual debe reflejarse eficaz y fehacientemente. Por tanto, con fundamento en el artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración el tiempo transcurrido en la etapa de ejecución, el cual se estima prudente para que haya realizado todas las acciones que le corresponden, se le otorga un plazo razonable y estrictamente determinado de diez días hábiles, para que acate el fallo protector en el aspecto que le atañe, por lo que implica que no será válido la exposición de razones nuevas para eludir el cumplimiento, sino que, se insiste, debe eficientar al máximo sus acciones para lograrlo, so pena de incurrir en desacato. Sin que sea obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que aduzca nuevamente que no se cuente con recursos económicos para ello, dado que como se indicó precedentemente, el primer requerimiento que se le realizó para cumplir con la sentencia de amparo data desde diciembre del dos mil dieciséis, por lo que se estima que ha sido un tiempo suficientemente razonable para solventar el pago que se le requiere y cumplir con el fallo protector. Con base en las consideraciones expresadas, subsiste el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá multa de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comuníquese el contenido de este proveído al Presidente del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco y a la Tesorera Municipal del citado ayuntamiento (el primero de los nombrados en su carácter de superior jerárquico), para que cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo, persistiendo el requerimiento efectuado en auto de uno del mes y año en curso.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee, téngase por recibido el oficio firmado por el Presidente Y Actuario de la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual informa que se señaló nueva data para el verificativo de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo que se encuentra pendiente de emplazar y notificar a las partes de dicho auto, por tanto, téngasele en vías de cumplimiento. En virtud de lo anterior, requiérase a la responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, en el término de tres días siguientes al en que quede legalmente notificada del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo dictada dentro del presente juicio de amparo. Lo cual, deberá acreditar con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, lo anterior, a efecto de calificar el cumplimiento de amparo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, conforme disciplina el numeral 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, de conformidad con los artículos 238 y 258, de la ley en comento, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Miguel Ángel Herrera Valdez, que certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coincide en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/MAHV/estef *
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera el recurso de revisión que prevé la fracción I, inciso e) del artículo 81 del mismo ordenamiento legal, contra la sentencia dictada en autos el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 26 a 31), en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el fallo amparador ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de no se cuente con las constancias de notificación de los oficios 62696/2018 y 62697/2018 dirigidos a las autoridades responsables, toda vez que dichas autoridades tiene como característica esencial la imparcialidad, esto es, administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, pues es autoridad que ejerce actos materialmente jurisdiccionales por lo que carece de legitimación para interponer la revisión en el amparo indirecto. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia J/3 , de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN EL AMPARO INDIRECTO. Las autoridades responsables como parte en el juicio de garantías, en términos generales y conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracción IV y 87 de la Ley de Amparo, pueden válidamente intervenir en el juicio de garantías e interponer los recursos establecidos en la ley; sin embargo, cuando dichas autoridades responsables ejercen funciones jurisdiccionales, carecen de legitimación para recurrir las sentencias de amparo indirecto, pues desaparece su interés jurídico en el asunto que motivó la concesión del amparo, ya que en tal hipótesis las autoridades tienen como característica esencial la imparcialidad que es intrínseca a la función jurisdiccional. En efecto, estas autoridades tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica, mediante el ejercicio de la función de decir el derecho entre las partes en litigio, con la única y exclusiva pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, lo que les impide asimilarse a las partes contendientes. Por ello, las autoridades, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no pueden válidamente recurrir en revisión la sentencia dictada en el juicio biinstancial en que se declaró inconstitucional la resolución impugnada, pues con ello están favoreciendo a una de las partes contendientes con el correlativo perjuicio de la otra, demeritando así el deber de imparcialidad que la ley les impone y violando las obligaciones legales que les incumben como resolutoras, intérpretes y aplicadoras de la ley, ubicándose oficiosamente, como coadyuvantes del tercero perjudicado, lo cual resulta contrario a los principios que la ley, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido." Una vez expresado lo anterior, este órgano de control constitucional precisa sus alcances y determina qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida para su cumplimiento, ello, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno acatamiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la ley de la materia. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para que las autoridades responsables Décima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje y Actuario adscrito a la misma: "Dentro del juicio laboral 2519/2018/17-B-G de su índice, regularice el procedimiento para el único efecto de que deje insubsistente el día y hora señalados en auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, el seis de marzo de dos mil diecinueve, y fije otra dentro del plazo que prevé el mencionado numeral; de igual forma, para que el actuario adscrito emplace a la demandada y notifique a las partes dicho acuerdo." En virtud de lo anterior, requiérase a dichas autoridades responsables para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, en el término de tres días siguientes al en que quede legalmente notificado del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente juicio constitucional. Lo cual, deberá acreditar con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento de amparo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina del artículo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la propia ley. De igual manera resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 36/2011 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro IV, Tomo 4, enero de dos mil doce, visible a página 3515, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 66300 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
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