Miriam Alejandra Astudillo Escalante

Expediente 533/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
533/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Miriam Alejandra Astudillo Escalante

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte tercero interesada la resolución de veintiséis de julio del año en curso, que en lo conducente dice: "VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 533/2020; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. El nueve de octubre de dos mil veinte ..., por propio derecho, presentó oportunamente demanda de amparo, que por acuerdo de trece de ese mes y año se admitió; tramitado el juicio, el veintisiete de noviembre de dos mil veinte se dictó sentencia, la cual fue recurrida por la quejosa y que por razón de turno correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito quedando registrado el medio de impugnación como R.P. 23/2021, de su estadística. Mediante acuerdo de siete de mayo del presente año, dicho órgano colegiado determinó revocar la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento por las razones y para los efectos ahí precisados. Cumplida en sus términos la determinación de la superioridad, se tramitó este juicio de amparo, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio conforme con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito. SEGUNDO. El acto reclamado lo constituye el auto de vinculación a proceso de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado en la carpeta judicial 011/0655/2020, por la maestra ..., Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Once del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; autoridad que al rendir su informe justificado lo aceptó y acreditó con las copias certificadas de diversas constancias del mencionado expediente y del audio y video de la audiencia de mérito que anexó a su informe; documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, por lo que se tiene por probado. TERCERO. Las partes no alegaron causas de improcedencia, ni de oficio se advierte la actualización de alguna. CUARTO. Los antecedentes que dieron origen al acto reclamado son esencialmente los siguientes: El catorce de septiembre de dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, los policías preventivos ... y ..., vía radio recibieron la solicitud de acudir al domicilio ubicado en Hermenegildo Galeana, número 1, edificio J, departamento 102, colonia Santiago Ahuizotla, alcaldía Azcapotzalco de esta ciudad, al llegar al lugar, aproximadamente a las diecinueve horas la vecina del lugar ..., les informó que su amiga de identidad reservada con iniciales J.S.R. de setenta y tres años, momentos antes gritaba pidiendo auxilio. Así, los elementos policiales ingresaron al citado inmueble por un departamento contiguo, ya en su interior se percataron que la mujer se encontraba sin vida a un costado de la cama. El policía ..., señaló que mientras se encontraba realizando el protocolo de resguardo de indicios en el citado inmueble, advirtió que la ahora quejosa ... estaba escondida, debajo de unas cobijas, en el interior del clóset de la recámara contigua, quien portaba en su mano derecha un guante de color blanco, con manchas de sangre al igual que en sus ropas. Asimismo, refirió que al revisarla le encontró, en la bolsa derecha de su chamarra, una navaja, al parecer también con manchas hemáticas, por el cual fue trasladada a las oficinas de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ser puesta a su disposición y dar inicio a la carpeta de investigación CI-FEIDF/C/UI-C-3 S/D/00010/09-2020. Tramitada la citada investigación y una vez que fue judicializada, se formó la carpeta 011/0655/2020, de la autoridad responsable, en la cual, el diecisiete de septiembre del año en curso vinculó a proceso a la ahora quejosa, por el hecho que el Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) señala como el delito de feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 148 BIS del referido código sustantivo (acto reclamado). QUINTO. En sus conceptos de violación, la quejosa esencialmente sostiene que el acto reclamado viola en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20, apartado B, fracción I, 21 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los diversos 8, apartados 1 y 2, y 21, apartados 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconocen el derecho humano a la seguridad jurídica, debido proceso, defensa adecuada, presunción de inocencia y derecho a la verdad, toda vez que carece de la debida fundamentación y motivación, ya que la autoridad judicial responsable no expresó las razones de género a que se refiere el artículo 148 BIS del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), para encuadrar los hechos en el delito de feminicidio, y por otra parte, indebidamente consideró que existen datos de prueba suficientes para establecer su probable responsabilidad en la comisión del citado hecho delictivo. Es infundado lo alegado por la quejosa, atento a las siguientes consideraciones: Los artículos 14, 16, 17 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen diversas garantías, entre ellas, la de legalidad, conforme a la cual, la actuación de las autoridades debe estar adecuada y suficientemente fundada y motivada, así como efectuada dentro del marco de sus facultades legales; de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad y cuáles son las consecuencias de su inobservancia, así como de exacta aplicación de la ley, al tenor de lo cual solo puede castigarse penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicarse las penas preestablecidas en la ley para sancionarlas; de debido proceso, es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento", que implica la certeza de que el asunto se decidirá con una resolución que dirima las cuestiones planteadas. Para determinar si en el presente asunto se cumplió con las citadas disposiciones, en principio se destaca que para la emisión de la resolución reclamada, la autoridad judicial responsable debe analizar lo establecido en el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de los siguientes requisitos: 1) Se haya formulado imputación. Requisito que se configura a cabalidad, pues del acto reclamado se advierte que la agente del Ministerio Público en presencia de la Juez de Control, formuló imputación contra la ahora quejosa, haciéndole de su conocimiento los hechos con apariencia del delito de feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 148 bis del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). 2) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Posterior a la formulación de la imputación por parte de la agente del Ministerio Público, la Juez de Control dio el uso de la voz a la ahora quejoso, previa asistencia de su defensa para preguntarle si le quedaban claros los hechos materia de la imputación que se le atribuye y una vez hecho lo anterior, la quejosa refirió que se reservaba su derecho a declarar. Así, se estima que al emitir el auto de vinculación a proceso, la responsable únicamente tomó en consideración las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, sin que hubiera introducido nuevos temas que no fueran materia de discusión, ni tomado en cuenta la carpeta de investigación, resolviendo sólo conforme a lo que expusieron las partes. 3) Se dicte por el hecho que fue motivo de la imputación. La Juez de Control al emitir el auto de vinculación a proceso se ciñó a los hechos que motivaron la imputación, tal y como fueron narrados por la agente del Ministerio Público, sin variarlos o complementarlos, lo que se constata en el apartado siguiente. 4) Se exprese el hecho que la ley señala como delito, estableciendo el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito se cumple puesto que la Juez de Control indicó dichas circunstancias, precisando que tuvieron verificativo el catorce de septiembre de dos mil veinte, cuando siendo aproximadamente las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, los policías preventivos ... y ..., vía radio recibieron la solicitud de acudir al domicilio ubicado en Hermenegildo Galeana, número 1, edificio J, departamento 102, colonia Santiago Ahuizotla, alcaldía Azcapotzalco de esta ciudad, por lo que al llegar al lugar, aproximadamente a las diecinueve horas, una vecina María de Jesús Hernández Rangel, les informó que su amiga de identidad reservada con iniciales J.S.R. de setenta y tres años, momentos antes gritaba pidiendo auxilio. Al ingresar hallaron en una de las recamaras a la víctima, a un costado de la cama, ya sin vida. Mientras el policía ..., se encontraba realizando el protocolo de resguardo de indicios en el citado inmueble, encontró a la ahora quejosa ... escondida en el interior del clóset de una recámara contigua, quien portaba en su mano derecha un guante de color blanco, con manchas de sangre al igual que en sus ropas, por lo que al revisarla le encontró, en la bolsa derecha de su chamarra, una navaja también con manchas hemáticas. Así, la juzgadora atendiendo a la imputación ministerial, después de realizar un ensayo argumentativo simple, logró identificar, en esos hechos, aspectos estructurales que la llevaron a considerar con un grado de aproximación que incursionaban en el campo de lo ilícito, esto es, que tenían la apariencia del delito de feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 148 BIS del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). 5. Se expresen los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que la indiciada lo cometió o participó en su comisión. La Juez de Control, a partir de la relatoría de los hechos por parte de la agente del Ministerio Público, determinó que se tuvieron por colmados los requisitos constitucionales relativos al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, que existe la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión, sin que hubiese realizado juicio de valor alguno en relación con los datos de prueba expresados por la representación social, simplemente consideró su idoneidad y pertinencia, sin que la quejosa ni su defensa hubiesen aportado dato de prueba alguno, de ahí que contrario a lo expuesto por la quejosa en sus conceptos de violación, es hasta la etapa de juicio en la que, con igualdad de condiciones, se lleva a cabo la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De aquí que en esta etapa procesal resulte incorrecto pretender que la juzgadora valorara los datos de prueba ofrecidos, pues de hacerlo rebasaría las directrices constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio, aun en el caso en que se hubiese incorporado a la carpeta de investigación, ya que las pruebas en esta etapa solo sirven para integrar datos. Máxime que el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales no lo exige como requisito, por lo que solo debe sujetarse a los antecedentes de la investigación que expresa la representación social de la Federación y en su caso su refutación por parte del imputado y/o su defensa, valorando su razonabilidad. Lo anterior es así, toda vez que de la interpretación de los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la audiencia inicial el juzgador tiene la prohibición de revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria, con el fin de evitar que prejuzgue, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; de aquí que el sustento de su determinación lo constituya la valoración de la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representante social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación de la imputada o su defensor y el decantamiento por alguna de esas hipótesis, tal como ocurrió en el caso. 6. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. La Juez de Control no advirtió alguna causa de extinción de la acción penal ni causas excluyentes del delito previsto. Expuesto lo anterior, se tiene que la audiencia inicial en la que se dictó el auto de vinculación a proceso contra la quejosa, se desahogó de conformidad con lo previsto en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales sin advertirse violación a sus derechos fundamentales, ya que la responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones en que sustenta el sentido de la determinación reclamada, resolvió sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresó consideraciones contrarias entre sí, para concluir que resultaba procedente vincular a proceso a la ahora quejosa. En este punto resulta menester señalar que contrario a lo afirmado por la quejosa en sus conceptos de violación, la Juez de Control sí realizó un análisis de las razones de género a que se refiere el artículo 148 BIS del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), específicamente las establecidas en las fracciones II, V y VIII, pues señaló que la lesión que sufrió la víctima de identidad reservada con iniciales J.S.R., quien era una mujer de setenta y tres años de edad, y que le provocó la muerte, fue infamante, ya que se trató de un degollamiento. Por otra parte, refirió que por lo que respecta a la fracción V, en esa etapa procesal no tenía nada que acreditara que hubiese existido un nexo de amistad entre la imputada y la víctima, simplemente la representación social le informó que los vecinos de la occisa refirieron que llegaba una persona a visitarla y a quedarse con ella, pero no saben quién es esa persona, de ahí que no se podía determinar hasta ese momento dicha relación. Asimismo, respecto a la fracción VIII, relativa a que la víctima se haya encontrado en una situación de desprotección real que imposibilitará su defensa para recibir auxilio, estimó que sí se acreditaba ya que la víctima no se encontraba en posibilidad de ser auxiliada de manera inmediata, tan es así que fueron los vecinos del lugar quienes solicitaron el apoyo de los elementos de policía, quienes bajo su protocolo de actuación pudieron ingresar al domicilio de la víctima por el diverso de un vecino quien les autorizó su acceso. De ahí que válidamente pueda afirmarse que la autoridad judicial responsable emitió el pronunciamiento correspondiente en relación con la existencia de las razones de género que exige el mencionado dispositivo del código sustantivo de la materia y fuero. De otra guisa, debe decirse que en el presente caso no se viola en perjuicio de la quejosa el principio de presunción de inocencia, toda vez que, como ya ha sido expuesto en párrafos que preceden, el auto de vinculación a proceso se dicta en una etapa preliminar no determinante para el proceso penal, por lo que no hay pronunciamiento de fondo en cuanto a la culpabilidad de la imputada. En efecto, el auto de vinculación a proceso tiene como única finalidad determinar preliminarmente si los datos de prueba justifican la continuación del proceso por establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo cometió o participó en su comisión. Finalmente debe decirse que tampoco se advierte violación a los artículos 1° y 133 constitucional, los cuales establecen que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta Magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, así como que estos serán la Ley Suprema de la Unión, toda vez que dicha circunstancia no significa que, al ejercer la función jurisdiccional, se dejen de observar los diversos principios constitucionales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia-, o las restricciones que prevé la propia norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función; sin embargo, en la especie, como ya ha sido analizado, la responsable respetó sus garantías. Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que el acto reclamado cumple con la regularidad constitucional que exigen los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 constitucionales, sin que se adviertan violaciones a sus derechos humanos. Cabe señalar que por lo que respecta a las garantías contenidas en el artículo 27 constitucional (propiedad de tierras y aguas) que la quejosa invocó en sus conceptos de violación, ninguna relación guardan con la presente contienda constitucional, de ahí que no haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en ese sentido. Atento a todo lo anterior, lo procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. Las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, por lo que únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., por las razones precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus datos personales, en la consulta o publicación de esta determinación, en los términos del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente." toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 533/2020; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. El nueve de octubre de dos mil veinte ..., por propio derecho, presentó oportunamente demanda de amparo, que por acuerdo de trece de ese mes y año se admitió; tramitado el juicio, el veintisiete de noviembre de dos mil veinte se dictó sentencia, la cual fue recurrida por la quejosa y que por razón de turno correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito quedando registrado el medio de impugnación como R.P. 23/2021, de su estadística. Mediante acuerdo de siete de mayo del presente año, dicho órgano colegiado determinó revocar la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento por las razones y para los efectos ahí precisados. Cumplida en sus términos la determinación de la superioridad, se tramitó este juicio de amparo, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio conforme con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito. SEGUNDO. El acto reclamado lo constituye el auto de vinculación a proceso de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado en la carpeta judicial 011/0655/2020, por la maestra ..., Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Once del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; autoridad que al rendir su informe justificado lo aceptó y acreditó con las copias certificadas de diversas constancias del mencionado expediente y del audio y video de la audiencia de mérito que anexó a su informe; documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, por lo que se tiene por probado. TERCERO. Las partes no alegaron causas de improcedencia, ni de oficio se advierte la actualización de alguna. CUARTO. Los antecedentes que dieron origen al acto reclamado son esencialmente los siguientes: El catorce de septiembre de dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, los policías preventivos ... y ..., vía radio recibieron la solicitud de acudir al domicilio ubicado en Hermenegildo Galeana, número 1, edificio J, departamento 102, colonia Santiago Ahuizotla, alcaldía Azcapotzalco de esta ciudad, al llegar al lugar, aproximadamente a las diecinueve horas la vecina del lugar ..., les informó que su amiga de identidad reservada con iniciales J.S.R. de setenta y tres años, momentos antes gritaba pidiendo auxilio. Así, los elementos policiales ingresaron al citado inmueble por un departamento contiguo, ya en su interior se percataron que la mujer se encontraba sin vida a un costado de la cama. El policía ..., señaló que mientras se encontraba realizando el protocolo de resguardo de indicios en el citado inmueble, advirtió que la ahora quejosa ... estaba escondida, debajo de unas cobijas, en el interior del clóset de la recámara contigua, quien portaba en su mano derecha un guante de color blanco, con manchas de sangre al igual que en sus ropas. Asimismo, refirió que al revisarla le encontró, en la bolsa derecha de su chamarra, una navaja, al parecer también con manchas hemáticas, por el cual fue trasladada a las oficinas de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ser puesta a su disposición y dar inicio a la carpeta de investigación CI-FEIDF/C/UI-C-3 S/D/00010/09-2020. Tramitada la citada investigación y una vez que fue judicializada, se formó la carpeta 011/0655/2020, de la autoridad responsable, en la cual, el diecisiete de septiembre del año en curso vinculó a proceso a la ahora quejosa, por el hecho que el Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) señala como el delito de feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 148 BIS del referido código sustantivo (acto reclamado). QUINTO. En sus conceptos de violación, la quejosa esencialmente sostiene que el acto reclamado viola en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20, apartado B, fracción I, 21 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los diversos 8, apartados 1 y 2, y 21, apartados 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconocen el derecho humano a la seguridad jurídica, debido proceso, defensa adecuada, presunción de inocencia y derecho a la verdad, toda vez que carece de la debida fundamentación y motivación, ya que la autoridad judicial responsable no expresó las razones de género a que se refiere el artículo 148 BIS del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), para encuadrar los hechos en el delito de feminicidio, y por otra parte, indebidamente consideró que existen datos de prueba suficientes para establecer su probable responsabilidad en la comisión del citado hecho delictivo. Es infundado lo alegado por la quejosa, atento a las siguientes consideraciones: Los artículos 14, 16, 17 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen diversas garantías, entre ellas, la de legalidad, conforme a la cual, la actuación de las autoridades debe estar adecuada y suficientemente fundada y motivada, así como efectuada dentro del marco de sus facultades legales; de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad y cuáles son las consecuencias de su inobservancia, así como de exacta aplicación de la ley, al tenor de lo cual solo puede castigarse penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicarse las penas preestablecidas en la ley para sancionarlas; de debido proceso, es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento", que implica la certeza de que el asunto se decidirá con una resolución que dirima las cuestiones planteadas. Para determinar si en el presente asunto se cumplió con las citadas disposiciones, en principio se destaca que para la emisión de la resolución reclamada, la autoridad judicial responsable debe analizar lo establecido en el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de los siguientes requisitos: 1) Se haya formulado imputación. Requisito que se configura a cabalidad, pues del acto reclamado se advierte que la agente del Ministerio Público en presencia de la Juez de Control, formuló imputación contra la ahora quejosa, haciéndole de su conocimiento los hechos con apariencia del delito de feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 148 bis del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). 2) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Posterior a la formulación de la imputación por parte de la agente del Ministerio Público, la Juez de Control dio el uso de la voz a la ahora quejoso, previa asistencia de su defensa para preguntarle si le quedaban claros los hechos materia de la imputación que se le atribuye y una vez hecho lo anterior, la quejosa refirió que se reservaba su derecho a declarar. Así, se estima que al emitir el auto de vinculación a proceso, la responsable únicamente tomó en consideración las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, sin que hubiera introducido nuevos temas que no fueran materia de discusión, ni tomado en cuenta la carpeta de investigación, resolviendo sólo conforme a lo que expusieron las partes. 3) Se dicte por el hecho que fue motivo de la imputación. La Juez de Control al emitir el auto de vinculación a proceso se ciñó a los hechos que motivaron la imputación, tal y como fueron narrados por la agente del Ministerio Público, sin variarlos o complementarlos, lo que se constata en el apartado siguiente. 4) Se exprese el hecho que la ley señala como delito, estableciendo el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito se cumple puesto que la Juez de Control indicó dichas circunstancias, precisando que tuvieron verificativo el catorce de septiembre de dos mil veinte, cuando siendo aproximadamente las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, los policías preventivos ... y ..., vía radio recibieron la solicitud de acudir al domicilio ubicado en Hermenegildo Galeana, número 1, edificio J, departamento 102, colonia Santiago Ahuizotla, alcaldía Azcapotzalco de esta ciudad, por lo que al llegar al lugar, aproximadamente a las diecinueve horas, una vecina María de Jesús Hernández Rangel, les informó que su amiga de identidad reservada con iniciales J.S.R. de setenta y tres años, momentos antes gritaba pidiendo auxilio. Al ingresar hallaron en una de las recamaras a la víctima, a un costado de la cama, ya sin vida. Mientras el policía ..., se encontraba realizando el protocolo de resguardo de indicios en el citado inmueble, encontró a la ahora quejosa ... escondida en el interior del clóset de una recámara contigua, quien portaba en su mano derecha un guante de color blanco, con manchas de sangre al igual que en sus ropas, por lo que al revisarla le encontró, en la bolsa derecha de su chamarra, una navaja también con manchas hemáticas. Así, la juzgadora atendiendo a la imputación ministerial, después de realizar un ensayo argumentativo simple, logró identificar, en esos hechos, aspectos estructurales que la llevaron a considerar con un grado de aproximación que incursionaban en el campo de lo ilícito, esto es, que tenían la apariencia del delito de feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 148 BIS del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). 5. Se expresen los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que la indiciada lo cometió o participó en su comisión. La Juez de Control, a partir de la relatoría de los hechos por parte de la agente del Ministerio Público, determinó que se tuvieron por colmados los requisitos constitucionales relativos al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, que existe la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión, sin que hubiese realizado juicio de valor alguno en relación con los datos de prueba expresados por la representación social, simplemente consideró su idoneidad y pertinencia, sin que la quejosa ni su defensa hubiesen aportado dato de prueba alguno, de ahí que contrario a lo expuesto por la quejosa en sus conceptos de violación, es hasta la etapa de juicio en la que, con igualdad de condiciones, se lleva a cabo la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De aquí que en esta etapa procesal resulte incorrecto pretender que la juzgadora valorara los datos de prueba ofrecidos, pues de hacerlo rebasaría las directrices constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio, aun en el caso en que se hubiese incorporado a la carpeta de investigación, ya que las pruebas en esta etapa solo sirven para integrar datos. Máxime que el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales no lo exige como requisito, por lo que solo debe sujetarse a los antecedentes de la investigación que expresa la representación social de la Federación y en su caso su refutación por parte del imputado y/o su defensa, valorando su razonabilidad. Lo anterior es así, toda vez que de la interpretación de los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la audiencia inicial el juzgador tiene la prohibición de revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria, con el fin de evitar que prejuzgue, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; de aquí que el sustento de su determinación lo constituya la valoración de la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representante social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación de la imputada o su defensor y el decantamiento por alguna de esas hipótesis, tal como ocurrió en el caso. 6. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. La Juez de Control no advirtió alguna causa de extinción de la acción penal ni causas excluyentes del delito previsto. Expuesto lo anterior, se tiene que la audiencia inicial en la que se dictó el auto de vinculación a proceso contra la quejosa, se desahogó de conformidad con lo previsto en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales sin advertirse violación a sus derechos fundamentales, ya que la responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones en que sustenta el sentido de la determinación reclamada, resolvió sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresó consideraciones contrarias entre sí, para concluir que resultaba procedente vincular a proceso a la ahora quejosa. En este punto resulta menester señalar que contrario a lo afirmado por la quejosa en sus conceptos de violación, la Juez de Control sí realizó un análisis de las razones de género a que se refiere el artículo 148 BIS del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), específicamente las establecidas en las fracciones II, V y VIII, pues señaló que la lesión que sufrió la víctima de identidad reservada con iniciales J.S.R., quien era una mujer de setenta y tres años de edad, y que le provocó la muerte, fue infamante, ya que se trató de un degollamiento. Por otra parte, refirió que por lo que respecta a la fracción V, en esa etapa procesal no tenía nada que acreditara que hubiese existido un nexo de amistad entre la imputada y la víctima, simplemente la representación social le informó que los vecinos de la occisa refirieron que llegaba una persona a visitarla y a quedarse con ella, pero no saben quién es esa persona, de ahí que no se podía determinar hasta ese momento dicha relación. Asimismo, respecto a la fracción VIII, relativa a que la víctima se haya encontrado en una situación de desprotección real que imposibilitará su defensa para recibir auxilio, estimó que sí se acreditaba ya que la víctima no se encontraba en posibilidad de ser auxiliada de manera inmediata, tan es así que fueron los vecinos del lugar quienes solicitaron el apoyo de los elementos de policía, quienes bajo su protocolo de actuación pudieron ingresar al domicilio de la víctima por el diverso de un vecino quien les autorizó su acceso. De ahí que válidamente pueda afirmarse que la autoridad judicial responsable emitió el pronunciamiento correspondiente en relación con la existencia de las razones de género que exige el mencionado dispositivo del código sustantivo de la materia y fuero. De otra guisa, debe decirse que en el presente caso no se viola en perjuicio de la quejosa el principio de presunción de inocencia, toda vez que, como ya ha sido expuesto en párrafos que preceden, el auto de vinculación a proceso se dicta en una etapa preliminar no determinante para el proceso penal, por lo que no hay pronunciamiento de fondo en cuanto a la culpabilidad de la imputada. En efecto, el auto de vinculación a proceso tiene como única finalidad determinar preliminarmente si los datos de prueba justifican la continuación del proceso por establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo cometió o participó en su comisión. Finalmente debe decirse que tampoco se advierte violación a los artículos 1° y 133 constitucional, los cuales establecen que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta Magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, así como que estos serán la Ley Suprema de la Unión, toda vez que dicha circunstancia no significa que, al ejercer la función jurisdiccional, se dejen de observar los diversos principios constitucionales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia-, o las restricciones que prevé la propia norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función; sin embargo, en la especie, como ya ha sido analizado, la responsable respetó sus garantías. Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que el acto reclamado cumple con la regularidad constitucional que exigen los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 constitucionales, sin que se adviertan violaciones a sus derechos humanos. Cabe señalar que por lo que respecta a las garantías contenidas en el artículo 27 constitucional (propiedad de tierras y aguas) que la quejosa invocó en sus conceptos de violación, ninguna relación guardan con la presente contienda constitucional, de ahí que no haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en ese sentido. Atento a todo lo anterior, lo procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. Las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, por lo que únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., por las razones precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus datos personales, en la consulta o publicación de esta determinación, en los términos del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AUDIENCIA CELEBRADA

  4. Principal

    Visto el estado que guarda el sumario en que se actúa, así como la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa se imponga del audio y video contenido en el disco compacto remitido por la autoridad responsable; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose en su lugar, las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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